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El valor superior del Estado de Derecho

Este jueves 14 de octubre LA PRENSA publicó la información de que, según la organización Proyecto de Justicia Mundial, Nicaragua ha bajado en el último año tres escalones más en el ranking del Estado de Derecho en el Mundo. Y ahora está penosamente ubicado entre los tres últimos lugares, junto con Haití y Venezuela.

Este informe confirma lo que juristas profesionales, analistas independientes y políticos democráticos han venido afirmando desde las protestas sociales de abril de 2018 que fueron reprimidas por el régimen con violencia desmedida. Y desde entonces fueron suspendidas de hecho las garantías constitucionales.

Pero, ¿qué es el Proyecto de Justicia Mundial y qué tanta confianza se puede tener en sus datos y clasificaciones?

Se trata de una organización independiente, internacional y multidisciplinaria que investiga los avances y retrocesos del Estado de Derecho en el mundo. Existe y funciona desde 2006 y tiene sus oficinas de trabajo en las ciudades de Washington DC y Seattle, en Estados Unidos, y Ciudad de México en Iberoamérica.

El Proyecto de Justicia Mundial define el Estado de Derecho como un sistema de gobernanza que se fundamenta en cuatro principios que trascienden las fronteras de los países: Uno es la rendición de cuentas. Dos, las leyes justas. Tres, los gobiernos abiertos y transparentes. Y cuatro, mecanismos accesibles, imparciales y fáciles para resolver los conflictos y disputas.

Considera este organismo de investigación jurídica y política que el Estado de Derecho reduce la corrupción, protege a las personas de las injusticias y combate eficazmente la pobreza. “El Estado de Derecho —dice el Proyecto de Justicia Mundial en la presentación de sus fines— es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades y paz, y funge como la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales”.

Los gobiernos que aspiran a mejorar la gobernanza de sus países —porque el sistema democrático nunca es perfecto y siempre es susceptible de mejoramiento—, aprecian los estudios y clasificaciones del Proyecto de Justicia Mundial. Pero los regímenes autoritarios los desprecian y descalifican, pues lo que les interesa no es ejercer el poder para beneficio del país y las personas, sino detentarlo para enriquecerse sin importarles mantener a sus países en el atraso y a sus pueblos en la pobreza, carentes de libertades y derechos.

La importancia del Estado de Derecho se puede apreciar con facilidad en el hecho de que, por ejemplo en América Latina, los países con mejor puntaje en ese ranking son Uruguay, Costa Rica y Chile, que por eso mismo son los más libres, democráticos y prósperos. En tanto que a nivel mundial los países con el puntaje más alto este año en Estado de Derecho, son Dinamarca, Noruega y Finlandia, que son a la vez los más libres y prósperos.

En cambio, los pueblos de los países que ocupan los lugares más bajos en la lista clasificatoria del Estado de Derecho en el mundo, que como ya hemos dicho son Nicaragua, Haití y Venezuela, son los más atrasados, empobrecidos y desgraciados de las Américas. Cuba no aparece en ese ranking porque en ese país el Estado de Derecho no existe ni siquiera como concepto del lenguaje oficial.

La verdad es que no hay dónde ni cómo perderse. La cuestión no es que para que haya Estado de Derecho los países tienen que ser desarrollados y ricos. El punto es que para crear riqueza y vivir en prosperidad, hay que tener Estado de Derecho, el cual significa libertad, democracia y justicia. Pero no en el papel, donde es fácil ponerlo, sino en la realidad donde es difícil construirlo.

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