CID-Gallup dio a conocer esta semana los resultados de una encuesta hecha en septiembre pasado, en la cual se recoge la opinión de los ciudadanos sobre la coyuntura política nacional, en particular sobre la cuestión electoral
Se sabe muy bien que las encuestas reflejan la opinión ciudadana en el momento que se hacen las preguntas a los entrevistados y se obtienen sus respuestas. Pero esa opinión puede cambiar en el lapso de tiempo que va del momento en que se hizo la encuesta al de la emisión del voto.
Nos referimos a las encuestas serias y profesionales, no a las chapuzas que mandan a hacer algunos políticos carentes de ética para presentar una imagen falsa de sí mismos.
Ahora bien, aunque las encuestas responsables y por lo tanto confiables, como las de CID-Gallup, muestran el estado de opinión pública política en el momento en que son hechas y respondidas las preguntas, también reflejan una tendencia general cuando se refieren, por ejemplo, a la intención de voto en una próxima elección. Esa intención puede cambiar a veces, en algunos casos incluso de manera dramática, pero generalmente los resultados de las votaciones confirman más o menos lo que dijeron los encuestados en el momento en que fueron entrevistados.
Por supuesto que nada de eso tiene que ver con lo que ocurrirá el próximo 7 de noviembre, cuando se podrá votar, pero no elegir y los resultados ya se conocen. Lo importante de esta encuesta de CID-Gallup es que muestra la realidad del desplome de Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, la señora Rosario Murillo, en cuanto a confianza política y respaldo electoral.
Según la encuesta, si el 7 de noviembre hubiera elecciones libres, competitivas, transparentes y observadas por los organismos internacionales competentes, Ortega y Murillo recibirían solo un 16 por ciento de los votos; mientras que la oposición —cualquiera de los candidatos opositores que ahora están encarcelados en condición de presos políticos—, ganaría con alrededor del 65 por ciento.
Estos datos no pueden sorprender a ninguna persona que razona normalmente, que puede ver la realidad sin sesgo político ni deformaciones ideológicas, porque es la consecuencia lógica e inevitable de todo lo que ha ocurrido en el país y lo que ha hecho el régimen, desde el 18 de abril de 2018.
Lo que no sorprende, pero sí es admirable, es el talante civilista y democrático que muestra la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses. La gente está clara de que el 7 de noviembre no podrá elegir, solo votar, pero mantiene su aspiración a elecciones libres, competitivas y transparentes.
El 79 por ciento de los entrevistados —según la encuesta de CID-Gallup— opinó que las elecciones libres son importantes para el bienestar familiar, dicho con otras palabras, para la bienandanza del país.
Eso significa que la mayoría de los nicaragüenses tiene claro que la historia política y electoral de este país no terminará el próximo 7 de noviembre. Y que después del 10 de enero del año siguiente, cuando Ortega y Murillo renueven formalmente su posesión de los sillones presidencial y vicepresidencial, se volverá a plantear la necesidad histórica e ineludible de elecciones verdaderas para recuperar la democracia y retomar el camino de las naciones civilizadas.