CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.El Consejo Supremo Electoral (CSE) ya aprobó el diseño de la boleta electoral que se usará el próximo 7 de noviembre, pero se desconoce la empresa que fue contratada para el trabajo de impresión de este material electoral.
Un experto en contratación pública, que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, señaló que por ley los magistrados electorales debieron convocar a una licitación pública para recibir varias ofertas de empresas que ofrecen el servicio de impresión.
Según el experto, con ese procedimiento —establecido en la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley 737)— el CSE tendría diferentes opciones de precios para la impresión de la boleta electoral y, en consecuencia, puede elegir el más favorable para el gasto público.
Lea además: Aprueban boleta electoral sin conocerse detalles del proceso de impresión
Sin embargo, ni la convocatoria ni la contratación del servicio aparecen publicados en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) o en el portal digital www.nicaraguacompra.gob.ni, lo que abre sospechas sobre si se está faltando a la Ley 737.
“Es una obligación del CSE publicar la convocatoria, pliego de bases y condiciones, resoluciones; también el mismo contrato firmado con la empresa que se va a adjudicar este tipo de servicios. Este tipo de servicios debe de estar público en el portal Nicaragua Compra, además que debe haber un expediente administrativo, que seguramente lo hay, pero además se debe publicar”, precisó el experto.
¿Cuándo se hace una licitación pública según la Ley 737?
El artículo 27 de la Ley 737, sobre Procedimientos de Contratación, establece que se hace una licitación pública en aquellas contrataciones que superen los tres millones de córdobas. Aunque no se conoce el costo del servicio de impresión de las boletas, el especialista señaló que por experiencias electorales pasadas, se sabe que esta compra supera los 3 millones de córdobas.
LA PRENSA consultó a un experto en artes gráficas y conocedor del mercado de imprenta comercial, quien accedió a hacer un cálculo bajo condición de anonimato. Valoró que si se hace un trabajo de calidad, como es necesario por las medidas de seguridad que amerita la boleta electoral (el mejor papel bond, imprimir en imprenta plana, colocar detalles con otras máquinas pequeñas), el costo andaría por unos 11 millones de córdobas, incluyendo un monto adicional que establece la empresa contratada porque solo se dedicará a este trabajo y perderá otras contrataciones.
Oficialmente se sabe que este año serán habilitadas 13,459 Juntas Receptoras de Votos (JRV). A cada JRV le corresponden 400 boletas electorales, lo que significaría que este año se tendrían que imprimir 5,383,600 boletas para el día de la votación, lo que fue tomado en cuenta por el experto en artes gráficas al momento de hacer su cálculo.
Las votaciones son para elegir presidente y vicepresidente; diputados nacionales, diputados departamentales y diputados ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pero aunque son cuatro votaciones diferentes, nuevamente se usará una sola boleta por ciudadano, donde aparecerán juntas las cuatro votaciones, según las muestras publicadas por los partidos políticos.
El experto en contratación pública aseguró que con la ausencia de los procedimientos de contratación y la falta de información, se está violentando el principio de publicidad de la convocatoria. A la vez, según el experto, se está violentando el principio de transparencia, porque se trata de las gestiones de una institución pública, en un momento clave para el país, como es una elección nacional.
“Cuando es dinero público la ley es muy clara y dice que debe pasar por estos procedimientos de contratación”, enfatizó.
Se afecta la libre competencia
Además, se violentan los principios de libre competencia y eficiencia del uso de recursos del Estado, según el experto en contratación.
“Si no sale convocatoria ni el pliego de bases y condiciones, significa que se está limitando la potencial competencia de los proveedores del mercado de empresa que pueden imprimir, y esto significa que (el CSE) está direccionando a un único proveedor con el que está teniendo una negociación de carácter directa”, explicó.
Aún más grave para el especialista es incumplir el principio de eficiencia, en un momento en que el país necesita recursos económicos para superar la pandemia de covid-19.
“Estamos viviendo una crisis sanitaria en la que están muriendo personas y nosotros gastando recursos y no siendo competitivos, no buscando diversidad de ofertas que nos pueden dar precios más favorables”, expresó.
¿Quién es el proveedor?
También señaló que esta falta de información abre varias dudas sobre quién es el proveedor, por qué ocultarlo, cuánto le van a pagar, sabiendo que el CSE tiene un fondo millonario para estas elecciones.
El Estado destinó 773.4 millones de córdobas del Presupuesto General de la República para organizar y dirigir las elecciones de este año.
“Podrían estar ocultando al proveedor, porque puede ser que esté prohibido dentro del régimen de prohibiciones, es decir, es un proveedor que está asociado a un funcionario público de manera directa o indirecta. De manera directa me estoy refiriendo a algún testaferro o de manera indirecta por grado de afinidad o consanguinidad con un funcionario de alto nivel que esté dirigiendo esta empresa también”, valoró.
Apre: CSE no ha dado esta información
LA PRENSA preguntó sobre este tema a los representantes legales de los partidos políticos participantes en el proceso electoral —a excepción del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional que no tiene un puente de comunicación con los medios independientes—.
Solo el representante legal del partido Alianza por la República (Apre), Carlos Canales, contestó que todavía el CSE no les ha dado esta información. Los demás ni siquiera contestaron el mensaje, mientras que el secretario de comunicación del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Christiam López, prometió conseguir la información, pero luego de varios días no ha respondido.
No obstante, los representantes legales de los partidos fueron parte de la aprobación del diseño de la boleta, así que obligatoriamente tienen que estar enterados de la empresa que la está elaborando.
¿Qué se sabe oficialmente de la boleta electoral?
El pasado miércoles 13 de octubre se conoció, a través de los medios de comunicación oficialistas, que el CSE había dado inicio al proceso de revisión y aprobación técnica de las boletas electorales, en compañía de todos los representantes legales y fiscales nacionales de los partidos. Ese mismo día aprobaron el diseño de la boleta.
En los últimos procesos de votación desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, el CSE ha contratado para imprimir la boleta electoral a la empresa Artes Digitales SA (Ardisa), que era propiedad del extinto El Nuevo Diario, y también a la empresa Inversiones Papeleras SA (Inpasa).
El proceso electoral se ha desarrollado en un clima de tensiones políticas por la detención de líderes opositores, entre estos siete aspirantes presidenciales, además del hostigamiento a medios de comunicación y cancelación de personería jurídica a tres partidos políticos.
Además, el CSE es una institución integrada por magistrados afines al régimen de Daniel Ortega, lo que ha generado señalamientos de los sectores opositores.