Nicaragua está a 20 días de las votaciones presidenciales y legislativas, sin embargo de lo que menos se habla en el país es de los candidatos y sus propuestas.
Los temas en el ámbito político se centran en los opositores detenidos, las rabietas de la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, contra los obispos, los países democráticos, organismos internacionales y contra todo aquel que demande elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua.
La opositora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, aseguró que en Nicaragua no se puede hablar ni siquiera de proceso electoral o elecciones, porque sería negar la realidad política del país.
“Lo que va a haber es un evento para prácticamente llenar las apariencias de ratificar lo que ya está decidido, que es precisamente la continuidad de la dictadura actual, integrada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, para un próximo período de cinco años”, valoró Núñez.
Para la defensora, no hay nada que indique que en Nicaragua hay un proceso electoral en marcha, porque todos los nicaragüenses saben que Daniel Ortega se va a mantener en el poder.
“Yo no siento que haya un ánimo en la población a 20 días. Aún en los momentos más difíciles de situaciones antidemocráticas que hemos vivido, ya por lo menos hacían la bulla en las calles, ahora no hay nada de eso”, dijo Núñez.
Por otra parte, señaló que en la campaña electoral en marcha, el régimen orteguista usa todos los recursos del Estado para promover su proyecto político, lo que contraviene la prohibición que se castiga con uno o dos años de cárcel “a quien usare bienes de propiedad del Estado para fines de propaganda política” y “a quien hiciere proselitismo político en las oficinas públicas”, según el Reglamento de Ética Electoral.
“El mismo Gobierno se ha dedicado a entrar en una carrera de proyección de las obras públicas que está realizando y que debe realizar, porque son parte de su responsabilidad y para lo cual vive pidiendo dinero y vive cobrando impuestos, pero lo está presentado como logros o como parte de una campaña electoral”, expresó.
“Es la utilización permanente y reiterada del uso de los recursos públicos, de los bienes del Estado, incluso los empleados públicos y los niños de las escuelas como instrumento de la campaña de propaganda, de culto a la personalidad”, agregó la defensora de DD. HH.
“Votaciones, pero no elecciones”
Un opositor y exfuncionario público que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato afirmó que “el fraude electoral ya está consumado en estas votaciones, al haber sido prohibidos los partidos políticos de oposición democrática y encarcelados sus principales líderes y candidatos”.
Este año fueron detenidos 37 opositores destacados, entre ellos sietes aspirantes presidenciales, dos líderes estudiantiles, tres líderes campesinos, exdiplomáticos, periodistas, dueños de medios de comunicación, empresarios, un banquero, entre otros, además de la cancelación de tres partidos políticos opositores y el cierre de medios de comunicación.
“Estas podrán ser votaciones, pero no elecciones, porque el único propósito de las mismas será acreditar a Ortega y Murillo por cinco años más, pero se tratará, como es evidente, de una acreditación falsa, amañada y sin ningún valor jurídico, político o moral”, manifestó el opositor.
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Otro tema que ha sobresalido en los últimos días es el llamado del orteguismo a un diálogo con el “gran capital” después de las votaciones, lo que también confirma que Ortega se va a mantener en el poder debido al control que ejerce su partido, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el sistema electoral.
El pasado 12 de octubre, el diputado oficialista y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, reiteró la apertura del régimen orteguista a un diálogo con el “gran capital”, posterior a las votaciones del 7 de noviembre.
Gutiérrez dijo que si el “gran capital” quiere unirse a los esfuerzos del gobierno de Ortega después de las votaciones de noviembre, “bienvenidos sean”.
“Ya lo dijo el presidente Ortega también, después de que el pueblo reafirme este próximo 7 de noviembre que va a continuar gobernando en este país, después de que nosotros como pueblo organizado ganemos las elecciones este 7 de noviembre, se abre un gran diálogo nacional donde van a caber todos”, manifestó el diputado sandinista.
¿Buscando a sus antiguos aliados?
El sociólogo Oscar René Vargas manifestó que Ortega sabe que su próximo gobierno tendrá una profunda crisis de legitimidad, por eso debe buscar a sus antiguos aliados económicos, que podrían llenar ese vacío.
La proyección de Vargas es que el gran capital cederá a este coqueteo porque este sector no ha superado su codependencia de las bondades que le ofreció el régimen cuando eran aliados oficiales.
“Esta gente tiene negocios con ellos y dependen de los favores del Estado por todas las políticas de exoneraciones de impuestos que han aplicado desde el 2007 hasta la fecha”, valoró el sociólogo. “Ha habido aspectos represivos, pero no ha eliminado la posibilidad de volver atrás o renegociar un acuerdo”, agrega.
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Entre los 37 opositores detenidos este año, están el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, quien este lunes cumple 132 preso en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como el nuevo Chipote, y el presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Alberto Rivas Anduray, quien cumple 125 días preso.
Iglesia católica ya sentó su posición
Uno de los sectores más influyentes en la opinión pública nicaragüense, como son los líderes de la Iglesia católica, ya sentaron su posición de rechazo a los comicios de noviembre, a pesar de las amenazas y diatribas del régimen.
El pasado viernes 15 de octubre, la Arquidiócesis de Managua, encabezada por el cardenal Leopoldo José Brenes, emitió un mensaje desde su Comisión de Justicia y Paz, en la que expresó que se perdió la oportunidad de “dar cabida a la pluralidad de pensamiento de todos los sectores” en este proceso electoral.
“Sentimos que hemos perdido una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo de nuestra patria y solucionar los problemas sociales, políticos y económicos, al no dar cabida a la pluralidad de pensamiento de todos los sectores; al contrario, se les ha excluido”, expresó el mensaje.
En sus últimas intervenciones, el gobernante Daniel Ortega ha emprendido fuertes señalamientos contra los sacerdotes y obispos de la Iglesia católica. El pasado 4 de octubre los acusó de ser “cómplices de terrorismo” y justificó este ataque porque, según él, le quisieron quitar su poder para entregárselo a imperialistas.
“Los obispos firmando allí en nombre de los terroristas, sirviendo al imperio en medio de la sangre, de los incendios, en medio del dolor; exigiendo, no pedían, exigían el retiro de las autoridades y que se instalaran los terroristas en el gobierno al servicio de los yanquis”, dijo Ortega.
A la vez, diversos grupos opositores en el exilio, reunidos en Costa Rica, hicieron una declaración conjunta el pasado 7 de octubre, en la que sentaron su posición de repudiar y desconocer el proceso electoral que se lleva a cabo en Nicaragua.
“Hacemos un llamado al repudio total de la farsa del 7 de noviembre, a quedarse en sus casas quienes están dentro del país y a quienes estamos fuera a mostrar nuestro repudio públicamente, que en Nicaragua las calles estén vacías y que en el resto del mundo las calles muestren el repudio a esta farsa, muestren que ellos están solos”, dijeron.
También exhortaron a la comunidad internacional “a ejercer presiones efectivas sobre la dictadura Ortega Murillo”, que incluyan “el condicionamiento de la aprobación y desembolso de recursos financieros”.
Los grupos opositores demandan como prioridad la liberación de todos los presos políticos, la anulación de los juicios ilegales para preservar sus derechos constitucionales; el restablecimiento de las libertades constitucionales para todos los nicaragüenses; la realización de una verdadera reforma electoral y elecciones legítimas bajo los parámetros y garantías de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el retorno seguro de los exiliados bajo garantías internacionales.
La defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, destacó que pese al contexto adverso del país, todos estos eventos han tenido “la virtud de unificar voces y criterios” tanto nacionales como internacionales, en cuanto a creer que estos no serán comicios libres, ni justos ni transparentes.