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La propalación es un delito que está penado en la Ley 779. LA PRENSA/Internet

Joven tiene tres años esperando justicia, luego de que su exnovio compartió sus fotos íntimas en redes sociales

La propalación es un delito penado con dos a cuatro años de cárcel. Una joven de 19 años espera que su caso no quede en el olvido por las autoridades

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En 2018 comenzó el calvario para la joven B.M.M. Después que en 2016 la joven terminó su relación de noviazgo con Denis Soriano Pérez se enteró, dos años después, en agosto de 2018, que este había compartido fotos íntimas de ella en Facebook.

La joven, quien en la actualidad tiene 19 años, junto con su mamá interpuso denuncia y llevaron el caso hasta los tribunales de Managua. Tres años después, B.M.M. se lamenta de que sigue esperando resolución de su caso. “Llevo tres años buscando justicia, reprograman las audiencias, que la muchacha (una de las acusadas) se enferma, que todos se enferman”, cuenta la joven.

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Por este mismo caso también son acusadas Luz Huete Bermúdez, quien tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos y Stephany Alejandra Herrera, de 19 años en ese entonces. Según la Fiscalía, Huete Bermúdez recibió las fotos en el grupo de WhatsApp, donde las compartió Denis Soriano, y se las pasó a su amiga Alejandra Herrera quien publicó las imágenes en su perfil de Facebook y a través de un perfil falso. Además, hizo comentarios denigrantes hacia la menor. Esto instó a que otros excompañeros de clase realizaran también comentarios obscenos de la adolescente.

¿Cómo comenzó todo?

Los hechos se dieron a partir de 2014, cuando la víctima, de 12 años, inició un noviazgo con Soriano, quien tenía 15 años en ese entonces. La Fiscalía estableció que en abril de 2015 el acusado le pidió fotos íntimas a la menor como regalo de aniversario del noviazgo.

La adolescente le envió dos fotos por Messenger de Facebook y entonces Soriano comenzó a chantajearla que si no sostenía relaciones sexuales con él, haría públicas las imágenes. A inicios de 2016 la menor terminó la relación.

En agosto de 2018, la joven se enteró que su exnovio había compartido las imágenes, lo que le provocó ansiedad, depresión e ideas suicidas, según el dictamen emitido por el Instituto de Medicina Legal (IML).

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En septiembre de 2019, en una entrevista a LA PRENSA, la mamá de la víctima relató: “Mi hija pasó tres semanas sin ir a clases, lloraba todo el tiempo, se aruñaba la cara, se daba golpes en el pecho. Se cortaba las piernas, los brazos y quería ahorcarse. Esta situación ha sido muy difícil y decidí acusar porque no quiero que otras adolescentes pasen lo mismo que mi hija. Confío en que se hará justicia y que otras mamás se animen a denunciar porque sí hay castigo para quienes hacen esto con las adolescentes”.

Las imágenes fueron compartidas por Facebook y WhatsApp. LA PRENSA/Archivo

Enfermedades y reprogramaciones

Han pasado dos años desde esa entrevista y la situación no ha cambiado. El proceso se ha reprogramado en incontables ocasiones. En el sistema electrónico judicial existen al menos cinco causas distintas por el caso: una por un desestimiento de apelación que había interpuesto la abogada acusadora particular, otra donde la Fiscalía apela porque el caso fue remitido a un Juzgado de Violencia, una tercera donde un juez se inhibe de conocer el caso y lo envía a un juzgado penal, otra donde el Tribunal de Apelaciones resuelve el recurso de inhibición y envía el caso al Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio y una más donde el Juzgado Local manda a ver el caso al Juzgado Especializado en Violencia.

También están las reprogramaciones por enfermedad o por cambio de abogados, lo que ha hecho que el proceso se haya alargado hasta octubre de 2021.

En agosto pasado, la justificación que dieron en los juzgados es que una de las acusadas tuvo un accidente en caponera. Para el 20 de septiembre estaba programada otra audiencia y una de las acusadas presentó constancia del Centro de Salud Francisco Morazán, donde presuntamente la diagnosticaron con covid-19. Los otros dos acusados no se presentaron.

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Para B.M.M. cada llegada al juzgado es tortuosa, porque le hacen recordar los hechos y también frustrante, porque cada vez que va sabe que no habrá audiencia porque la reprogramarán por alguna razón. La joven de 19 años continúa con atención psicológica. “He tenido problemas de ansiedad, cada vez que voy a los juzgados se me ha hecho difícil porque no son personas que quiera ver, pero sí me molesta que cada vez que voy no hay ningún resultado, siempre estoy en lo mismo. Y tres años en este caso siento que es demasiado”, se lamenta B.M.M.

Propalación

Soriano, Huete y Herrera son acusados de propalación, que está penado según el artículo 195 de la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres), el cual refiere: “Quien hallándose legítimamente en posesión de una
comunicación, de documentos o grabaciones de carácter privado, los haga públicos sin la debida autorización, aunque le hayan sido dirigidos, será penado de sesenta a ciento ochenta días multa. Si las grabaciones, imágenes, comunicaciones o documentos hechos públicos, son de contenido sexual o erótico, aunque hayan sido obtenidos con el consentimiento, la pena será de dos a cuatro años de prisión”.

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Los tres señalados también son acusados de lesiones psicológicas.

La última audiencia estaba programada para el pasado 20 de septiembre en el Juzgado Primero Especializado en Violencia de Managua. Denis Gabriel Soriano y Luz Huete no se presentaron, Stephany Herrera tampoco, pero esta última envió justificación al tribunal.

Orden de captura

De los juzgados se le notificó a la madre de la víctima que la jueza Primero de Violencia declaró rebelde a Soriano y Huete por no presentarse a la audiencia inicial con fines de preliminar, por lo que giró orden de captura para ambos y allanamientos a sus viviendas.

La judicial giró orden de captura y allanamiento de morada para dos de los acusados. LA PRENSA/Cortesía

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B.M.M. y su mamá interpusieron un escrito mediante un abogado, donde esperan que las autoridades brinden los resultados de los movimientos migratorios de Soriano y Huete, porque temen que hayan huido del país.

Para la joven, el calvario aún no ha terminado, “demasiado fue andar en Facebook y todo”, y lamenta que a pesar que han transcurrido tres años, sigue esperando que la justicia tome cartas en el asunto en su caso.

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