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La nueva Ley da al CNU el control del registro de títulos emitidos a nivel nacional y el reconocimiento de los otorgados en el extranjero. LA PRENSA/ARCHIVO

Nueva ley atenta con la poca autonomía que le quedaba a universidades, señalan especialistas

La reducción del arancel por la emisión de los títulos beneficiará a los estudiantes, pero roza con la autonomía universitaria, señalan expertos

Hace una semana, el 14 de octubre, los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional anunciaron con júbilo la aprobación de una ley que pone fin a los onerosos aranceles que cobraban algunas universidades privadas por la emisión de los títulos. Efectivamente en muchos casos estos cobros eran tan altos que impedían a muchos egresados obtenerlos. Sin embargo, especialistas en educación superior consideran que más allá de la medida «electorera» de reducir ese arancel, la nueva ley borró de un plumazo la poca autonomía que le quedaba a las universidades.

«El tema del valor de los títulos es lo de menos, porque cada institución ha creado un espectro vinculado al mercado con el que trabaja. Obviamente han existido abusos, pero también eso ya se había resuelto mediante el Acuerdo 001-2013 del Consejo Nacional de Rectores, que ahora tristemente el Estado desconoce y que fue aprobado por consenso entre todas las universidades privadas y el Consejo Nacional de Universidades, en la época de Telémaco Talavera», dice Adrian Meza, rector de la Universidad Universidad Paulo Freire.

Carlos Tünnermann coincide en que el costo de los título en algunas universidades era tan alto que podría alcanzar dos mil dólares. Esto impedía a algunos egresados obtenerlo. No obstante, admite que la forma en que se reguló el arancel roza con la autonomía financiera de las universidades privadas, ya que son ellas las señaladas de abusar de los cobros. La nueva ley establece que el arancel por emisión de títulos no podrá superar los 1,500 córdobas (menos de 45 dólares al cambio actual).

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Universidades son despojadas de su valor

El artículo 16 de la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, establece que le corresponde al consejo universitario de cada casa de estudios establecer los aranceles. Y el artículo 9 dice que la «autonomía» les confiere entre otras potestades la de expedir certificados de estudio; cartas de egresados; constancias, diplomas, títulos y grados académicos y equivalencia de estudios del mismo nivel realizados en otras universidades y centros de Educación Superior, nacional o extranjeros.

Para Meza, el «sabor electoral» que le dieron al valor de los títulos hizo que se perdiera de vista la verdadera intención de la nueva ley, porque no se tomó en cuenta el estado real de la condición de la educación superior, ya que una vez más se legisló sin consultar al sector afectado.

El rector considera que el problema de fondo es que la recién aprobada Ley de Reconocimiento de Títulos y Grados Académicos de la Educación Superior y Técnico Superior deroga la política de titulación y formas de culminación de estudios, que las universidades privadas habían acordado con el Estado mediante el Acuerdo 001-2013.

Además, en su artículo 14 le otorga al Consejo Nacional de Universidades (CNU) la certificación de los títulos y grados académicos, otorgados por las instituciones de educación superior.

Nueva ley acabó con la poca autonomía que quedada

«Con eso, los títulos de las universidades son despojadas de su valor y condicionados a inscribirse en el CNU. Eso violenta de manera abierta el artículo 9 de la Ley de Autonomía. Ese artículo dice que las universidades por sí mismas tendrán la facultad de emitir sus diplomas y sus títulos», señala Meza.

Asimismo descarta que la intención de dicho artículo 14 sea velar por la calidad de la educación, ya que para eso existe el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), que es la entidad ante la cual las universidades tienen que acreditarse.

«Por tanto no tiene ningún sentido que el CNU quiera conservar una cuota de poder, que consiste en darle valor a los títulos y diplomas a través del mecanismo de inscripciones. Y no tiene sentido porque ese valor lo otorgará el CNEA al calificar la suficiencia académica de cada universidad», explica Meza.

Otra especialista en educación que pide omitir su nombre por temor a represalias, coincide en que la nueva ley no busca mejorar calidad ni acceso. Sino garantizar el control de los instrumentos políticos en que se han convertido las universidades.

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Las universidades son brazos políticos

«La universidad se volvió una caja ideológica del trabajo del partido (FSLN). Ahorita autónoma, de las que reciben fondos públicos ya solo queda la UCA (Universidad Centroamericana). El resto de universidades son brazos políticos del partido y ahora del Estado que es el mismo Frente Sandinista. Lo que hay en las universidades son comisarios políticos que la usan para adoctrinar y reprimir… y ahora la Asamblea Nacional se inmiscuye en problemas que no debería», asegura la especialista.

Para los especialistas resulta contradictorio que el Estado de Nicaragua haya creado el CNEA a través de la Ley 704 y ahora le cree un contrapeso al darle al CNU una facultad que no tiene razón de ser.

«Tengo la impresión de que el Gobierno no confía en el CNEA por su carácter técnico que ha asumido… Y para mantener el control político le otorga al CNU la facultad de certificar los títulos. Esto terminó de desmontar lo poco que quedaba de la autonomía universitaria. Porque el tema del valor del título es discutible desde la perspectiva de la función social que las universidades deben realizar; pero el tema de la emisión de los títulos era una parte esencial de la autonomía», asegura Meza.

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