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Michael Healy y Álvaro Vargas.

Policía detiene a Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Cosep

Ambos están siendo investigados por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos, afirmó la Policía en un comunicado. Los empresarios se suman a la lista de presos que mantiene el régimen a menos de tres semanas de las votaciones

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, y el vicepresidente de la misma cámara empresarial, Álvaro Vargas, fueron detenidos la mañana de este jueves 21 de octubre, confirmó la Policía en un comunicado. La justificación —dijo la Policía— es una supuesta investigación por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos.

Además ambos son señalados, al igual que el resto de opositores presos en los últimos meses, por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”. Todos estos señalamientos realizados por medio de la Ley 1055.

Healy fue arrestado en la zona de Galerías Santo Domingo, en Managua, tras salir de una “entrevista” a la que fue citado en el Ministerio Público, pero que fue reprogramada, confirmó el Cosep.

Tras reportarse la detención, policías llegaron a la vivienda del empresario y empezaron a allanarla, según constató un equipo de LA PRENSA.

Healy llegó a la Fiscalía poco antes de las 9:00 de la mañana y 10 minutos después salió y se limitó a decir que las autoridades le “reprogramaron” la cita. Ante la consulta de reporteros sobre si tenía miedo de ser arrestado, el empresario respondió: “Necesariamente no, hermano”.

Una patrulla se mantiene afuera de la vivienda del presidente del Cosep, mientras oficiales allanan la vivienda. LA PRENSA

El Cosep indicó en un comunicado que el conductor de Healy, Wilber Alberto Alvarado Molina, también fue detenido. “Estas acciones violentan los derechos individuales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua y los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales suscritos por Nicaragua. El país necesita paz y estabilidad”, dijo la principal cámara empresarial del país.

Asimismo demandó la libertad inmediata de su presidente.

Healy fue electo presidente del Cosep en septiembre de 2020, su antecesor, José Adán Aguerri, quien estuvo al frente del gremio empresarial por 13 años, es miembro de la Alianza Cívica y se encuentra encarcelado desde el 8 de junio. Fue acusado por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

La Alianza Cívica también demandó la libertad de Healy y el respeto a su integridad física.

Para este jueves también estaba citado el vicepresidente del Cosep y presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Álvaro Vargas, pero fue detenido antes. La casa de Vargas también fue allanada por la Policía.

En un comunicado, Upanic rechazó las detenciones de los empresarios y solicita su inmediata libertad.

Los miembros de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic) rechazaron mediante un comunicado lo que calificaron de “detención arbitraria” de Michael Healy y Alvaro Vargas.

El pasado 12 de octubre, en una sesión plenaria del Legislativo, el diputado oficialista y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, manifestó que el régimen de Daniel Ortega pretende emprender un nuevo diálogo después de las votaciones del 7 de noviembre, y dejó abierta la puerta al «gran capital», si este desea unirse.

Pero a la vez, Gutiérrez manifestó que no podrán formar parte de ese diálogo quienes piden sanciones para el régimen.

En 2018, Ortega rompió la alianza que mantuvo por 11 años con el sector empresarial de Nicaragua, al explotar la crisis sociopolítica del país, con la rebelión de abril y la represión violenta en contra de los manifestantes, que dejó más de 320 muertos, según organismos internacionales.

Desde el 28 de mayo, el régimen ha encarcelado a 37 ciudadanos, en su mayoría opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales, lo que ha generado la demanda de la comunidad internacional para su inmediata liberación y se garanticen las condiciones para unas elecciones legítimas en Nicaragua, programadas para el 7 de noviembre.

A finales de julio, un comunicado sobre las elecciones emitido por el Cosep generó controversias, al referirse a este proceso como “una fiesta cívica y democrática” en medio del contexto de las detenciones a los opositores.

Política

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