En los últimos 147 días han sido privadas de su libertad 39 personas, entre ellas empresarios, trabajadores, precandidatos presidenciales, líderes campesinos y estudiantes, diplomáticos e inclusive defensores de derechos humanos. Ellos se suman a más de 130 presos políticos detenidos en los últimos años. Organizaciones de derechos humanos explican por qué las detenciones y procesos que enfrentan estas personas son arbitrarios.
Ayer la Policía informó de la detención de Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
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Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, explicó que desde la forma de capturar a las personas no obedece a lo establecido por las leyes y le dan una completa “voltereta al ordenamiento jurídico y constitucional”.
“El artículo 33 de la Constitución Política solo establece dos formas para ser detenido, constitucionalmente hablando. Dos formas: una que te capturan en flagrante delito, como decimos popularmente con las manos en la masa y la otra manera constitucional es con una orden previa de autoridad competente y debe ser conforme a la Constitución”, explicó Carrión.
Señaló que al ser primero detenidos y luego ocurra el comunicado de la Policía va en contra del orden jurídico, porque se arma el caso posterior a la detención, muestra de ello es que las pruebas presentadas por la Fiscalía en muchos de los casos de los detenidos son comunicaciones encontradas en dispositivos móviles durante el allanamiento de las viviendas y los testigos son policías que participaron en el proceso.
“Cuando se inauguró el nuevo Código Procesal Penal, hace 20 años se dijo que ya no iba a ser como antes que primero te metían preso y luego te investigan, y eso es lo que están haciendo, te echan preso, luego te investigan y quieren armar el caso con vos, doblegándote, quebrándote tu salud, sometiendo al aislamiento, tortura y a interrogatorios diarios que no son por cariño”, detalló Carrión.
Detenciones arbitrarias constituyen delito
Advirtió que una detención arbitraria constituye un delito. “Toda esa cantidad de gente detenida ilegalmente tiene una responsabilidad penal de los captores. Cuando hacen allanamiento lo hacen arbitraria, ilegal e inconstitucionalmente, en violación a derechos y garantías”, explicó el abogado.
Indicó que buscar una “convalidación” luego de las detenciones, como se ha dado en algunos casos, también es ilegal, sobre todo cuando hay violación a derechos humanos.
“El abuso en perjuicio de los derechos humanos de la población no puede ser convalidado, un acto que es inconstitucional no puede ser convalidado. Dice la Constitución que se te presume inocente, no te pueden limitar de derecho si no es por causa establecida previamente en la ley. Eso está asociado al principio de legalidad y a ser sometido a un legal y debido proceso”, explicó el defensor de derechos humanos.
Remarcó que con estas características las pruebas como: conversaciones, mensajes o información sacada de dispositivos obtenidos durante el allanamiento, los testimonios de los policías que participaron en los allanamientos o declaraciones dadas bajo secuestro, aislamiento o tortura no son válidas. “Prueba obtenida ilícitamente no tiene valor alguno”, recordó.
“La Policía produce pruebas ilegales, la Fiscalía prefabrica casos y los jueces que están obligados a ejercer control de la legalidad de las acusaciones no hacen nada. Son verdaderos operadores políticos”, consideró Carrión.
Desafío a la comunidad internacional
La abogada y presidenta del Consejo Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, indicó que la detención de los directivos del Cosep puede interpretarse como un “desafío” a la comunidad internacional, sobre todo de cara a la resolución emitida un día antes por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la que insisten en la liberación de los presos políticos.
“Con el contenido de la resolución podríamos pensar que se trata de una reacción como de desafío a la comunidad internacional y un mensaje en el sentido que si siguen recomendando cosas van a apretar ahí, para crear en el imaginario la idea de que todo lo que se hace por la solidaridad internacional con organismos y mecanismos va en perjuicio de la gente que está en Nicaragua”, consideró Núñez.
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En este sentido, Núñez opinó que la detención de los dirigentes del Cosep descabeza una organización, lo que causa alarma en la población.
De acuerdo con Núñez, la detención de estas dos personas también responde a una pregunta que hizo Washington Abdala, representante uruguayo ante la OEA: “Cuántos años más hay que seguir entendiendo que Ortega tiene la potestad de hacer un autócrata y hacer lo que se le canta en su país”, dijo el diplomático.
