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Cómo una planta de gas y la minería están creando una falsa ilusión en las cifras de inversión extranjera reveladas por el BCN

Banco Central reporta una meteórica recuperación en la inversión extranjera directa, que supera inclusive los niveles captados en el 2019. Analistas explican qué hay detrás de las cifras

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En medio de una profunda incertidumbre política y de relación hostil con la empresa privada, el régimen de Daniel Ortega sorprendió con un nuevo dato económico que no cuadra con la realidad del país: la llegada de Inversión Extranjera Directa está creciendo en más de un 272 por ciento en la primera mitad del año y lo acumulado supera incluso los niveles observados en los últimos tres años en similar lapso.

Analistas advierten que solo dos sectores estarían detrás de esta recuperación, que no tienen necesariamente impacto en la recuperación del empleo y dudan de la sostenibilidad de la mejora en la inversión extranjera en los próximos meses, luego de una segunda mitad del 2021 excesivamente convulsa, que amenaza con extenderse en el 2022 tras un mayor aislamiento internacional del Gobierno por un posible desconocimiento de los comicios del próximo 7 de noviembre.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) divulgó la semana pasada la balanza de pago donde arrojó que en la primera mitad de este año los flujos de inversión extranjera directa ascendieron a 578 millones de dólares, un nivel que supera con creces los observados en los últimos cuatro años, pese al deterioro profundo que ha provocado la represión estatal, el atropello de los derechos humanos y la disputa entre el Gobierno y la empresa privada a la imagen país y el incremento del riesgo país.

Los 578 millones de dólares ingresados entre enero y junio de este año son mayores a los 155.3 millones de dólares captados en la primera mitad del año pasado, cuando la inversión extranjera en el mundo se contrajo por el impacto de la pandemia en las economías y la semiparalización en la movilización de capitales.

Pero si la cifra se compara con lo observado en igual periodo de los años entre 2017 y 2019, también hay un crecimiento, al menos eso es lo que muestran las cifras oficiales, aunque puntualmente no se ha conocido de inversiones significativas en el país y que estén apoyando la creación de empleos, de los cuales aún faltan recuperar 160,000, de los casi 200 mil destruidos en tres años de recesión.

En el 2017, entre enero y junio, un año antes del estallido social, Nicaragua captó en inversión foránea 549.7 millones de dólares, es decir un poco menos de lo observado este año, y en el 2018 en similar lapso, ya con el impacto de la crisis política, esta ascendió a 554.1 millones de dólares. En el 2019 este indicador totalizó 275.6 millones de dólares.

Esta meteórica recuperación que muestra el BCN ocurre en momentos de persecución del régimen de Ortega Murillo contra líderes empresariales del sector privado, tanto así que Nicaragua es el primer país en América Latina y el Caribe donde un gobierno mantiene encarcelado al máximo representante de la empresa privada.

La semana pasada ordenó el secuestro de Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap); así como de Álvaro Vargas, quien funge como vicepresidente de la primera entidad y también como presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).

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Asimismo, se encuentran detenidos José Adán Aguerri, expresidente del Cosep, y presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE), y Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de Banpro Grupo Promérica. Todos están siendo investigados por supuestos delitos que van desde lavado de dinero hasta “menoscabo de la soberanía” nacional.

El sector privado regional, desde Guatemala hasta América del Sur, ha rechazado masivamente la detención arbitraria de los empresarios, a la vez que reclamaron la liberación inmediata y exigieron el respeto a sus derechos humanos.

Vuelco en las cifras

Solo en el último trimestre, es decir entre abril y junio de este año, el Banco Central de Nicaragua asegura que entraron al país 326.3 millones de dólares, superior a los 19.7 millones de dólares en similar periodo del año pasado.

No obstante, en el incremento de 272 por ciento de inversión extranjera directa a junio fue fundamental el vuelco que experimentó la cifra que se reportó en el primer trimestre de este año.

Inicialmente el BCN había informado que entre enero y marzo de este año en inversión extranjera habían llegado 54.3 millones de dólares, pero esta nueva actualización dice que realmente la cifra en ese periodo fue de 251.7 millones de dólares, es decir 197 millones de dólares más de lo informado en un principio.

Según el máximo emisor bancario, el incremento responde “principalmente al desarrollo de importantes proyectos en los sectores de energía y minas, así como por la recuperación de las actividades productivas de empresas nacionales con participación de capital extranjero, lo cual ha propiciado la reinversión de utilidades en el período”.

El sociólogo y economista, Óscar René Vargas, considera que la recuperación que se está observando en relación con la IED “se debe fundamentalmente a la inversión de la planta de gas (New Fortress) que dicen que asciende a 700 millones de dólares, porque no se conoce otra inversión importante”.

La última información que se conoce es que la planta de gas ya está casi lista y se espera que la misma entre en operación en las próximas semanas. Diversos especialistas han puesto en tela de duda que la inversión pueda costar 700 millones de dólares, al recordar que producir un megavatio de electricidad a base de gas natural cuesta un millón de dólares y esta planta generará 308 megavatios.

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Vargas señala que otro factor que puede haber propiciado dicho crecimiento es la inversión minera. “A mi criterio serían los dos pilares que han permitido de que esa inversión se haya incrementado en 2021, en comparación al 2020”.

No obstante, el sociólogo indicó que el encarcelamiento de los opositores y candidatos presidenciales, sumado a los diferentes posicionamientos de gobiernos en América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) y los comunicados que han emitido las distintas cámaras empresariales de la región exigiendo la liberación del presidente del Cosep, hacen prever que la inversión extranjera caerá en el último trimestre de 2021.

“Y posiblemente esta situación se mantenga en el 2022, si no hay ningún arreglo político que permita mejorar las expectativas de las condiciones económicas y sociales del país”, y enfatizó que para mejorar el escenario nacional se necesita un cambio de gobierno, que dé certidumbre a los empresarios y del rumbo del país.

Michael Healy y Álvaro Vargas fueron detenidos el pasado 21 de octubre. Archivo/LA PRENSA

Los datos del máximo emisor bancario indican que en todo 2020 los flujos de IED alcanzaron los 182.3 millones de dólares, lo que significó una caída del 63.7 por ciento respecto al saldo registrado en 2019 (503 millones). Es decir que los niveles captados este año en la primera mitad ya superan incluso lo observado en el 2019, previo a la pandemia.

Gobierno cruzó la línea

El economista Luis Núñez considera que una cosa es el sector privado y otra muy distinta son los partidos políticos. “Es muy importante en todas las economías del mundo apartar lo político de lo económico”, añadió.

“Es un principio universal que tiene que respetarse, independientemente de lo que haya podido pasar en el pasado con Healy, Vargas, Chano o con cualquier otro empresario. Aquí está golpeando a una organización empresarial y eso no da una buena señal para la inversión extranjera”, precisó.

Siguiendo esta línea, compartió que sí habrá una afectación porque se está traspasando “esa línea que divide lo político de lo económico. Aquí la inversión extranjera no entiende de razones cuando se está politizando el quehacer económico. En términos normales hay cantidad de empresarios que están presos en todo el mundo, pero en el contexto en el que estamos es obvio a qué obedecen estas detenciones (aspectos políticos)”.

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“Es una mala señal para la inversión. El Gobierno tiene que recapacitar y que haya un nuevo presidente del Cosep no resuelve el problema, de hecho, puede agudizarlo”, puntualizó.

Acciones del Gobierno propician un “crecimiento económico mediocre”

Un economista, que solicitó no ser citado por temor a represalias, explicó que las detenciones de líderes empresariales perjudican la imagen país de Nicaragua, puesto que los arrestos son por razones de índole político.

“Es una persecución política y se dan ese tipo de detenciones que están al margen de la ley, porque en realidad no tenemos un Estado de derecho, hay un estado de excepción, es decir, la Constitución Política y las leyes ordinarias se instrumentalizan para perseguir al adversario político, que en este caso hablamos de opositores”, expresó.

El economista indicó que la imagen país es un elemento importante que toman en cuenta los inversionistas, porque está asociada al riesgo país, “es un indicador que se mide. Y también está el riesgo político”, agregó.

En la primera mitad del año, el país logró captar 578 millones de dólares en IED. Imagen referencial. Archivo/LA PRENSA

El Doing Business 2020, un estudio del Banco Mundial (BM) que mide la facilidad de hacer negocios en el mundo, dio a conocer que Nicaragua es uno de los países más complicados para hacer negocios. El país se ubicó en el puesto 142, de 190 países evaluados, y obtuvo una calificación de 54.4 de 100.

Con respecto al 2019, el país retrocedió diez puestos. En la edición de ese año, Nicaragua estuvo en la posición 132 de 190 países. Antes del estallido social, en abril del 2018, Nicaragua venía mejorando su posición en los indicadores internacionales, pero estos se han deteriorado fuertemente.

El especialista insistió en que el Estado no garantiza los derechos de propiedad privada de los ciudadanos y, debido a que se han cooptado todos los poderes públicos, no existe un poder judicial independiente que vaya a resolver las controversias entre los particulares de manera imparcial, sino que es por afinidad política-partidaria.

Y puso como ejemplo el caso de Michael Healy, quien fue uno de los más afectados con la ola de toma de tierras promovida por el régimen. “Él había denunciado que se le habían ocupado las tierras por personas afines al Gobierno”.

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A criterio del especialista, estas situaciones van en detrimento de la institucionalidad y “el éxito económico de los países depende de sus instituciones económicas, pero estas se moldean también de las instituciones políticas y jurídicas”.

Recalcó que los flujos de inversión se ven perjudicados cuando no existe Estado de derecho, no se respetan los estados de propiedad, la imagen país se encuentra afectada y se eleva el riesgo país y político. También cuando los inversionistas nacionales y extranjeros perciben que hay detenciones de altos ejecutivos y empresarios del sector privado por persecución política.

“Entonces, ¿qué es lo que pasa? La economía no logra desplegar todo su potencial, sino que va a funcionar a medio gas, tendrá un crecimiento económico mediocre y será altamente sensible a otras crisis. Y a pesar de que hay cierta reanimación en algunos subsectores, según el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) y que hay un pronóstico de crecimiento económico positivo, difícilmente se van a alcanzar niveles de crecimiento precrisis”, sostuvo.

Además, recordó que hay que tomar en cuenta que para el año que viene hay un pronóstico de desaceleración económica para América Latina, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos. Sumado a que la comunidad internacional va a arreciar las sanciones contra los funcionarios y dirigentes del Gobierno de turno.

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Todo esto traería como resultado un Gobierno mucho más sancionado y con más dificultades para acceder al crédito, porque hasta el momento eso ha sido posible por razones sanitarias (pandemia) y humanitarias, como el paso de los huracanes Eta y Iota, que azotaron al país a finales del año pasado.

“Pero eso no va a ser siempre y si aún así apostás por la vía del endeudamiento, lo que estás haciendo es comprometer el crecimiento futuro, porque al endeudarte más eso significa que vas a pagar más en el futuro. Hoy tenés liquidez, ¿pero mañana?”, se preguntó.

En el Programa Económico y Financiero de 2020-2024 el régimen proyecta captar en ese periodo unos 1,006.3 millones de dólares en IED, monto que no supera lo que se recibió en 2017, cuando el saldo ascendió a 1,035.4 millones de dólares. 

Nicaragua, ¿un país seguro para invertir?

La detención de Healy y Vargas se llevó a cabo un día después que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció con 26 votos a favor para demandar al régimen de Ortega la liberación de los presos políticos, de los precandidatos presidenciales y para que se celebren elecciones transparentes, observadas y libres.

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Además, en la misma semana la dictadura promovió en España a Nicaragua como un destino óptimo para invertir y hacer negocios, destacando que el Gobierno ofrece a los potenciales inversionistas “elementos esenciales como la seguridad jurídica y la ciudadana”, entre otras cosas.

El evento se llevó a cabo en Madrid. Foto tomada de El 19 Digital. Cortesía/LA PRENSA

Dichas declaraciones se contradicen con el panorama que se ha estado viviendo en Nicaragua en los últimos años, puesto que desde 2018 la dictadura ha ordenado el saqueo de comercios, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, además de que cientos de propiedades fueron tomadas por personas afines al Gobierno de turno. Actos que, según expertos en la materia, espantan al inversionista.

De hecho, el pasado 21 de julio, el Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia a inversionistas donde les recomendaba que debían ser “extremadamente cautelosos al invertir en Nicaragua bajo el gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega”. 

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Entre los factores de riesgo que Estados Unidos mencionó a los inversionistas destacan la aprobación de leyes represivas, falta de transparencia en la publicación de datos, aumento de la corrupción, ausencia de vuelos comerciales, antecedentes de expropiación, reformas fiscales que dañan los márgenes de ganancia de los inversores, entre otras cosas.

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