La ola de detenciones de opositores, empresarios, líderes campesinos, líderes estudiantiles, exdiplomáticos, defensores de derechos humanos, a quienes se aplica la nueva norma de detención judicial por un período de 90 días para realizar investigaciones, inició con Marcos Fletes y Walter Gómez, contador y administrador, respectivamente, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Quince días después fue detenido Pedro Vásquez, conductor de la exdirectora de la Fundación y aspirante a candidata a la Presidencia de la República, Cristiana Chamorro.
Fletes ha perdido 50 libras en cinco meses
Marcos Fletes se encuentra junto con Juan Sebastián Chamorro y Pedro Vásquez en una cárcel pequeña. Antes hacían sus necesidades en un tubo, ahora ya les pusieron retrete. La celda es sellada y solo tienen “una ventanita” por donde les pasan comida. La comida es mayormente queso, gallopinto y tortilla, muy básica. Pasan con una luz encendida las 24 horas.
Fletes ha perdido aproximadamente cincuenta libras en los últimos cinco meses, padece de diabetes y la mayor preocupación de su familia es su salud.
Gómez pasa a oscuras
Por su parte Walter Gómez comparte prisión con Medardo Mairena, en una celda de 3×3. Sus familiares comentaron que antes estuvo compartiendo celda con José Antonio Peraza, Fletes y Pedro Joaquín Chamorro. Señalaron que en la celda pasan a oscuras y solamente toman el sol 10 minutos a la semana.
Gómez no tiene padecimientos de salud previo a la detención y este 31 de octubre cumplirá 55 años de edad.
Vásquez no escucha con el oído derecho
Vásquez, en la misma celda que Fletes y Chamorro, desde la primera visita de su familia reportó que no escucha con su oído derecho.
Los detenidos han visto a sus abogados una sola vez, a pesar de haber pasado por tres o más audiencias y sus familiares solo han podido verlos en dos cortas visitas en todos estos meses.
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Violación a derechos humanos
Defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional han mencionado la violación a los derechos humanos que sufren los detenidos por la forma en que fueron capturados y por las condiciones en las que se encuentran, sobre todo por la falta de información que se le brinda a sus familiares y el poco contacto con sus abogados.
El respeto a un “debido proceso” es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 10 detalla que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y en su artículo 11, apartado primero y segundo, establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a
la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional.
