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Rosario Murillo Zambrana y Daniel Ortega Saavedra, vicepresidenta y presidente de Nicaragua, durante la entrega de 250 buses la noche del 25 de octubre. FOTO: Tomada del 19 Digital

Rosario Murillo Zambrana y Daniel Ortega Saavedra, vicepresidenta y presidente de Nicaragua, durante la entrega de 250 buses la noche del 25 de octubre. FOTO: Tomada del 19 Digital

«Aquí tenemos dos presidentes». Daniel Ortega nombra a Rosario Murillo su «copresidenta»

La actual primera dama, de 70 años, con su postulación del próximo 7 de noviembre busca su segundo mandato consecutivo como vicepresidenta. Analistas políticos consultados por LA PRENSA explican por qué la designación de ser "copresidenta" carece de legitimidad

Rosario Murillo Zambrana, actual vicepresidenta designada de Nicaragua, de modo exprés pasó a ostentar un nuevo cargo que le designó su esposo y mandatario nicaragüense, Daniel Ortega Saavedra, la noche del lunes 25 de octubre. Ortega la declaró públicamente en cadena nacional televisiva y radial como «copresidenta» del país, no obstante, analistas políticos consultados por LA PRENSA coinciden en recalcar que dicho nombramiento no tiene ningún asidero legal.

«Aquí tenemos dos presidentes porque respetamos el principio de 50-50, o sea aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario. Todos los días se está comunicando con nuestro pueblo dando a conocer todo lo que se está haciendo en beneficio de las familias nicaragüenses, sin hacer diferencias políticas, sin hacer diferencias ideológicas allí van las obras multiplicándose todos los días en nuestro país», indicó Ortega, quien en noviembre próximo cumplirá 76 años y busca reelegirse por tercera ocasión como presidente de Nicaragua, para un cuarto mandato consecutivo de cinco años.

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Mientras, la primera dama, de 70 años, con su postulación estaría buscando su segundo mandato consecutivo como vicepresidenta del país. No obstante, a raíz de la represión a las protestas antigubernamentales en abril 2018, ha sido sancionada en tres ocasiones y señalada reiteradamente por la comunidad internacional de cometer graves violaciones a los derechos humanos, de ser responsable del desmantelamiento de las instituciones democráticas y de actos de corrupción.

Los países que sancionaron a la funcionaria, quien también es vocera gubernamental o coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, fueron Estados Unidos, Canadá y los países miembros de la Unión Europea (UE).

Murillo, ¿la sucesora de Ortega?

Los analistas políticos consultados por este Diario coinciden en destacar que el nombramiento efectuado por Ortega tiende a obedecer a varias razones, pero la principal podría ser preparar o presentar a Murillo como la «sucesora» dentro de las bases del orteguismo, a pesar de que no goza de reconocimiento. A lectura del sociólogo y analista político, Óscar René Vargas, la designación de Ortega demuestra evidentemente el «temor» que él tiene a su propia «desaparición» por afectaciones en su salud.

«Es un hombre valetudinario, una persona que tiene varias enfermedades, ya va a cumplir 76 años, él está preparando que a su desaparición del escenario político Murillo pueda sucederlo ‘sin fractura y sin protesta‘ al interior del orteguismo, porque ha habido demasiada manifestación de diferentes sectores y partes del país que la señora Murillo no goza del apoyo de la base del orteguismo, entonces Ortega está desde ya preparando la sucesión, ya lo hizo desde el punto de vista legal con nombrarla vicepresidenta, y ahora tratando de que la base social que lo escucha acepte de que Murillo es la sucesora», sostiene Vargas.

Rosario Murillo Zambrana, vicepresidenta de Nicaragua, señalada por la comunidad internacional de violentar los derechos humanos de los nicaragüenses.

Por su parte, otro analista político y jurista nicaragüense, quien accedió a hablar con LA PRENSA bajo condición de anonimato por temor a represalias, añadió que eso de «co» es «algo de compartir», lo que a su criterio además de estar hablando de dos presidentes de «facto» contraviene el principio de legalidad.

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«O sea hablaría de dos presidentes, ambos de facto, sin tendencia alguna de legalidad y peor aún violentando lo establecido en la Constitución Política del país, donde no hay poderes compartidos en la Presidencia. Eso es algo que contraviene el principio de legalidad», asevera el analista.

Añade que más allá de eso, puede entenderse como «un claro mensaje: que ella tiene demasiado poder acumulado en el régimen y busca una mejor figura para eso. Para sobresalir y de paso, podría ser un aviso de que ella seguirá mangoneando los hilos del poder, más que él. Y el título de vice quedaría en mayor desuso del que ya tiene».

Lo que dice la Constitución Política y la aspiración de Murillo

La Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 144, dicta que el «Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua». Asimismo, en el artículo siguiente establece que «el Vicepresidente de la República desempeña las funciones que le señale la presente Constitución Política, y las que le delegue el Presidente de la República directamente o a través de la ley».

Añade que «asimismo sustituirá en el cargo al Presidente, en casos de falta temporal o definitiva». Más adelante en el artículo 150, establece y explica las 17 atribuciones que tiene el presidente.

El sociólogo y también economista, Vargas, recuerda que Murillo desde antes de abril 2018 aspiraba a ser la candidata a la Presidencia, ese sueño, según el especialista se vio truncado por la rebelión cívica. «Al no ser nominada como candidata a la Presidencia, Ortega también se ve en la obligación de darle un cargo que no existe legalmente, que es copresidenta, para que ella se sienta satisfecha, de que es también presidenta de Nicaragua», señala.

Rosario Murillo acusa a opositores de recibir dinero sucio en una clara alusión a la cooperación internacional. LA PRENSA
Rosario Murillo, vocera, primera dama y vicepresidenta. LA PRENSA/ARCHIVO

En esa misma línea, Vargas subraya que la designación se da por una parte por la presión por la eterna aspiración que ha tenido Murillo: «Entonces como no puede ser presidenta legalmente, él —Ortega— inventa lo de ‘copresidenta’ para las bases sociales del orteguismo, pero legalmente no sirve para nada ese nombramiento».

Vargas agrega que Murillo ha actuado como vicepresidenta ejecutiva, pero ella no puede firmar ni siquiera un acuerdo presidencial o proyectos de ley. «Ella ha actuado como vicepresidenta ejecutiva, ningún nombramiento ella lo puede firmar, las leyes las firma el presidente no la firma la vicepresidenta, ese cargo de copresidenta no existe y prueba de ello es que ella no puede firmar ningún decreto presidencial», precisa.

«Comportamiento dinástico y nepótico»

La analista política y cientista social, Haydée Castillo, exiliada en Estados Unidos, va más allá de analizar el nombramiento de Murillo y dice que «no sorprende». Remarca que desde 2007, con el retorno de Ortega al poder, lo que se ha observado es un «comportamiento dinástico y nepótico» que tiene la dictadura Ortega-Murillo.

«La familia, la dictadura Ortega-Murillo, tiene una concepción del poder que no tiene que ver con la democracia, lo lógico sería cuando uno llegue al poder esté clarísimo que ese poder es transitorio, pero desde 2007 llegaron con toda la claridad que llegaban para quedarse y que no van a abandonar el poder por ninguna razón», asegura Castillo.

Para Castillo, la designación «inventada» por Ortega debe alentar al pueblo nicaragüense para insistir y lanzar un SOS de que en «Nicaragua se rompió todo el orden constitucional, todo pasó a ser controlado no por un gobierno o partido, sino por una familia que gobierna dinásticamente con aliados, esos aliados son esos partidos zancudos, algunos del gran capital que quieren seguir manteniendo toda esa estela de negocio».

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Añade que de la misma manera, este comportamiento «le da argumento a los nicaragüenses a no asistir a las urnas porque es ir a avalar a una dictadura familiar que cree que el pueblo de Nicaragua es un vasallo, y que Nicaragua es una finca y que la manejan a su gusto y antojo».

En esa misma línea, el sociólogo Vargas dice que una vez más Ortega demuestra que «la farsa electoral viene a tender una consecuencia muy negativa para ellos y la posibilidad de ser declarados ilegítimos su nombramiento y por lo tanto el de Murillo, él está tratando de contrarrestar ese relato que hay en el ambiente de Nicaragua de que no hay elecciones sino una farsa electoral».

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