A escasos 10 días para que en Nicaragua se celebren las polémicas y cuestionadas elecciones generales previstas para el próximo 7 de noviembre, el observatorio ciudadano electoral Urnas Abiertas, en conjunto con otras organizaciones no gubernamentales a través de la presentación del informe “Nicaragua, elecciones 2021: Un plan doloso para acabar con la democracia” exhortaron al gobierno nicaragüense a “suspender y reprogramar” las elecciones, por carecer de “legitimidad”.
“Exhortar al gobierno nicaragüense, desde las instancias nacionales e internacionales, para la suspensión y reprogramación de las elecciones, para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios internacionalmente aceptados, y con la presencia de misiones nacionales e internacionales de observación electoral calificadas”, resalta el observatorio ciudadano como una de sus principales recomendaciones.
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En el documento, las organizaciones detallan que como resultado del seguimiento y observación al contexto electoral les permiten concluir que “los fundamentos legitimadores del proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática”, y enumeran que se da a través de “manipulación excluyente del padrón electoral, la persecución judicial de opositores y la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y, en general, la falta de garantía de los derechos y libertades por parte del poder ejecutivo y la autoridad electoral”.
Elecciones carecen de “legitimidad”
El observatorio electoral junto con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA
Internacional) y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello insisten en asegurar que por tal razón la integridad del proceso electoral en el país está “comprometida” y, en consecuencia “las elecciones del 7 de noviembre de 2021 carecen de legitimidad”.
A la vez denuncian que el “desarrollo ilegal y fraudulento del proceso” impide toda posibilidad de que los comicios venideros puedan conducir a “un resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular como exigen los estándares democráticos y los convenios y declaraciones internacionales de derechos y libertades suscritos por el Estado nicaragüense”.
Por lo anterior, las organizaciones sostienen que urge la “implementación efectiva” de las reformas necesarias en el marco normativo electoral, incluidas las facultades y la naturaleza del poder electoral.
En el documento describen que para los comicios venideros se observa “impedimento de facto” para que las personas, pero en especial los opositores, puedan ejercer su derecho al voto. “Por graves violaciones a los derechos humanos, como son las detenciones arbitrarias de candidatos opositores o la prohibición de facto del derecho a la protesta pacífica”, sostiene Urnas Abiertas. En Nicaragua, la Administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantiene encarcelado a siete aspirantes a la Presidencia, la mayoría acusados por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
La presentación del informe se realizó de manera virtual y estuvieron presentes algunos de los integrantes de las organizaciones, en el caso de Urnas estuvieron Olga Valle y Pedro Fonseca, por el equipo internacional de IDEA Internacional se presentó el director regional para América Latina y el Caribe, doctor Daniel Zovatto, y además como comentaristas participó el periodista y director de Confidencial, y de los programas Esta Noche y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro.
“La comunidad internacional debe desconocer estas elecciones e ignorar sus resultados. El régimen autoritario de Ortega-Murillo ha debilitado y manipulado al extremo la institucionalidad y las prácticas democráticas y ha violentado gravemente los derechos humanos del pueblo nicaragüense. En su ambición por perpetuarse indefinidamente en el poder ha despojado de toda integridad al sistema y al proceso electoral”, dijo Zovatto.
Principales anomalías identificadas por Urnas Abiertas
El observatorio electoral logró identificar al menos ocho principales anomalías relacionadas con la inscripción y el registro electoral y la principal, según señala el documento, es la disminución de 617,413 de personas del Padrón Electoral 2021, con respecto al de 2007.
Partiendo de dicha anomalía, Urnas Abiertas precisa que el Padrón Electoral o catálogo de electores para las elecciones de 2021 es de cuatro millones 478,033 personas, no obstante, reconoce que “no se observa incremento natural de 100,000 personas nuevas por año”.
Detalla que el Padrón Electoral de este año, según tendencias de 1990 a 2017, debería ser de 5.5 millones de personas, y que la posible ausencia de un millón de personas en el Padrón Electoral representa un aproximado del 20 por ciento de la población apta para votar.
En otro punto, denuncia que se redujeron más de 1,100 Centros de Votación respecto a la cartografía electoral de 2017, dicha eliminación podría implicar que más de un millón de personas sufrieron un cambio en su CV asignado. Finalmente señala que la mayor reducción de CV ocurrió en Jinotega, Matagalpa y Managua, tres departamentos que representaron el 36 por ciento de votantes en 2017.
Acceso parcializado al derecho a la reunión
Urnas Abiertas recalca que el derecho a las libertades de asociación y reunión constituyen también uno de los principales mecanismos para participar en los procesos electorales, puesto que permite a la ciudadanía organizarse en partidos y desenvolverse libremente en el espacio público. No obstante, denuncia que dicho derecho ha sido parcializado.
En el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), las organizaciones aseguran que, no hay ningún reporte de que las reuniones hayan sido asediadas o suspendidas; se reportan reuniones dentro de edificios o instituciones públicas. También funcionarios públicos se reúnen en horario laboral o utilizan instalaciones públicas.
El partido gobernante también ejecutó programas y actividades de asistencia social, de las que no se tiene información sobre el origen de los fondos de financiamiento y finalmente recalcan que la Policía Nacional participa una vez a la semana en las actividades político-electorales.
Contrario a lo anterior, describen que las reuniones de los partidos que han sido tildados de colaboracionistas del régimen fueron suspendidas o canceladas por asedio o agresión de la Policía Nacional, grupos paraestatales o simpatizantes del FSLN, además se han registrado lesiones físicas a participantes de las reuniones.
También, recibieron reportes de limitaciones en el derecho a la reunión en 13 de los 17 departamentos del país acompañados de asedios o agresiones en reuniones, conferencias de prensa, congresos y encuentros entre más de una agrupación política y al menos siete partidos reportaron haber tenido limitaciones en su derecho a la reunión.
Demandan la libertad plena para los presos políticos
Como una segunda recomendación el observatorio electoral sugiere que debe cesar de inmediato la represión y se debe garantizar la “libertad plena” para los presos políticos y a la vez se debe propiciar que existan garantías procesales para que se garantice la justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Del mismo modo, recomienda que cese la persecución contra periodistas y medios de comunicación, así como acceso a la información pública y de participación ciudadana, de acuerdo con lo estipulado en la ley. Las otras dos recomendaciones realizadas por las organizaciones tienen que ver con el rol de la comunidad internacional.
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“Es fundamental que los gobiernos democráticos, los organismos internacionales y demás actores internacionales pertinentes hagan uso de sus buenos oficios para evidenciar la falta de legitimidad de origen de los poderes Ejecutivo y Legislativo nicaragüenses que serán electos en el proceso del próximo 7 de noviembre, dadas las graves violaciones a la integridad de este, así como la persecución e inhabilitación de facto sobre los candidatos opositores, y favorezcan los mecanismos de cooperación internacional necesarios para el restablecimiento del orden constitucional”, sugiere Urnas Abiertas.
Enseguida, resalta que de “no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones, se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer el resultado de las elecciones”.