En medio de todas las resignaciones, los pesares y las desesperanzas en un país que sabe que nada cambiará después del 7 de noviembre, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, saca lo bueno del esfuerzo de periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Dice que es impresionante el trabajo de denuncia, documentación y registro que realizan todos estos actores sociales de Nicaragua, aún después de que sus bienes fueron confiscados, sus instalaciones ocupadas y sus integrantes perseguidos por el régimen de Daniel Ortega.
“La experiencia nos muestra que las luchas y el trabajo, como los que la sociedad nicaragüense ha realizado en esta crisis, no son en vano y que la porfiada memoria, la porfiada verdad y la porfiada justicia se imponen a la impunidad”, manifestó Urrejola en entrevista con LA PRENSA.
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¿Qué valoración hace del proceso electoral en marcha en Nicaragua?
Las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre ocurren en un contexto de concentración del poder por parte del Ejecutivo, y en medio de una crisis de derechos humanos.
En Nicaragua no existe un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo.
A pocos días de la elección en Nicaragua, es imposible el despliegue de medidas que aseguren la realización de unas elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas en el país, y lo que constatamos es la continuación de todos los factores que, como lo muestra el Informe de la Comisión, han permitido y continúan facilitando la persistente crisis de derechos humanos en Nicaragua.
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¿Qué calificativo se le da al evento que ocurrirá el domingo 7 de noviembre en Nicaragua?
Es importante recalcar que este proceso electoral se da en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural. Este contexto impide que el proceso a celebrarse el próximo domingo, cumpla con los estándares interamericanos ya que no ofrece las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad.
Es importante destacar además que la Asamblea General de la OEA ha planteado como esencial que se tomen algunas medidas con el fin de promover elecciones libres y justas en Nicaragua. Al día de hoy, ninguna de las medidas planteadas por la Asamblea General de la OEA ha sido implementada.
¿Qué significa quitarle a los ciudadanos el derecho a elegir a sus gobernantes?
Quitarle a la ciudadanía el derecho a elegir a sus gobernantes en condiciones de elecciones justas, transparentes y pluralistas, es contraria a los principios de una democracia representativa y significa incumplir las obligaciones establecidas en la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y ello tiene lógicamente efectos en el ejercicio de los demás derechos humanos pues impacta en el propio Estado de Derecho, base fundamental para garantizar los derechos humanos.
Cabe señalar además, como ha sido reconocido en la jurisprudencia interamericana: el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares.
¿Qué nivel de violaciones comete un Gobierno que ha suspendido organismos de derechos humanos locales y persigue a defensores de derechos humanos?
Las y los defensores de derechos humanos son una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera. Por lo tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad y el estado de derecho democrático.
Los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que estas personas realicen libremente sus actividades; protegerlas cuando son objeto de amenazas; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra combatiendo la impunidad.
Pero precisamente por este rol que cumplen las personas defensoras de derechos humanos —de vigilancia, denuncia, difusión—, es que cualquier proyecto autoritario necesariamente se ve amenazado por su labor.
Ello ha sido tristemente una realidad en Nicaragua, especialmente en el contexto de la crisis de derechos humanos que el país enfrenta, desde abril de 2018. Ya en los inicios de la crisis vimos el despliegue de la autoridad estatal para evitar que las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo independiente ejercieran su función de denunciar los hechos de protesta que se presentaban en el país.
La experiencia nos muestra que las luchas y el trabajo, como los que la sociedad nicaragüense ha realizado en esta crisis, no son en vano y que la porfiada memoria, la porfiada verdad y la porfiada justicia se imponen a la impunidad.
¿Hay referencia en el continente de una situación similar a la de Nicaragua en el tema de derechos humanos?
Es importante mencionar que cada país tiene un escenario muy particular y diferentes contextos, en los cuales la CIDH viene realizando un monitoreo. Pero sin duda, el actual contexto que enfrenta Nicaragua a días de las elecciones, no lo veo hoy en otros países. Que siete personas precandidatas presidenciales estén privadas de libertad, acusadas de delitos bajo leyes aprobadas en los últimos meses, y en las condiciones carcelarias que hemos descrito tantas veces, y sin acceso a las garantías mínimas de un debido proceso es algo alarmante que la comunidad internacional debe atender.
¿Qué futuro le espera a Nicaragua si no hay cambios democráticos?
Sin duda la situación de Nicaragua se encuentra en un momento muy delicado. El pueblo nicaragüense requiere hoy más que nunca el restablecimiento del Estado de Derecho y de su institucionalidad democrática, para lograr superar la profunda crisis en la cual se encuentran.
Debemos tener presente que ningún proceso transicional en nuestro continente se ha desplegado sin la participación solidaria y responsable de los gobiernos de las Américas, por medio del diálogo y la solidaridad regional. Estoy segura que el caso de Nicaragua no será la excepción.
¿Cuál será la recomendación de la CIDH si el gobierno de Daniel Ortega mantiene, tras las elecciones, la misma posición que ha generado la crítica y demanda de la comunidad internacional?
La CIDH emitirá las recomendaciones pertinentes de acuerdo a lo que suceda en el proceso electoral.
Por ahora la CIDH ha recomendado a los Estados Miembros de la OEA y a la comunidad internacional en general, que exijan al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando en ese país.
Por ello, el llamado sería a unir esfuerzos desde la comunidad internacional para que las y los nicaragüenses puedan reestablecer su democracia representativa y el Estado de derecho en el país. Por ejemplo, hemos trabajado en conjunto con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU donde el jueves 4 de noviembre condenamos la falta de garantías a derechos y libertades en el contexto del proceso electoral en Nicaragua, e hicimos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que restablezca las condiciones que conduzcan a unas elecciones libres y justas, que deben ser definidas a través de un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la sociedad.
Lo que ha hecho la CIDH ante la situación de Nicaragua
La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, manifestó que este organismo ha hecho un despliegue histórico en el contexto de la crisis que ha ocurrido en Nicaragua. Detalló que se han preparado cinco informes de país. Además, se han publicado cuatro informes temáticos, sobre personas privadas de libertad, personas migradas forzosamente a Costa Rica, personas privadas de la libertad y el último sobre Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho.
La Comisión ha publicado más de cien comunicados de prensa desde el inicio de la crisis; se han emitido cientos de tuits y publicaciones en otras redes sociales sobre la represión cotidiana que ocurre en el país; se han realizado cientos de reuniones con la sociedad civil con el fin de conocer en detalle el devenir de la crisis; se han levantado 1,786 testimonios a víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares; se han concedido 111 medidas cautelares que protegen a más de 300 personas y sus familias, se han desarrollado 36 capacitaciones que han llegado a 814 personas de la sociedad civil local.
Durante el 2021, la CIDH ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría, defensoras, líderes de opinión y/o opositoras al Gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales.
Ante la falta de respuesta del Gobierno y la existencia de un riesgo a la vida e integridad de las personas, en algunos de estos casos, las Comisión incluso ha solicitado la adopción de medidas provisionales a la Corte Interamericana, las cuales son vinculantes para los Estados, explicó Urrejola.