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Los nicaragüenses salieron como nunca a votar en 1990, con la confianza que todo el proceso estaba siendo escrupulosamente vigilado. (La Prensa/ Archivo)

Elecciones de 1990, cuando el voto valió

El trauma de Daniel Ortega por la derrota que sufrió en febrero de 1990 lo ha llevado a no permitir más elecciones libres y a quitarle al voto el poder que tuvo hace 31 años cuando los nicaragüenses cambiaron al régimen

La madrugada del 26 de febrero de 1990, un cabizbajo Daniel Ortega estaba reunido con el exfiscal estadounidense Elliot Richardson y el expresidente Jimmy Carter. En ese momento se conocía públicamente apenas el cinco por ciento de los resultados de las votaciones del día anterior, pero la tendencia se mostraba clara a favor de la Unión Nacional Opositora (UNO). Ortega, al principio se negaba a aceptar los resultados como definitivos, pero finalmente fue convencido por los dos importantes personeros norteamericanos.

Estaba empezando a clarear en Nicaragua cuando Ortega se dirigió al país reconociendo su derrota y el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro. En la tarde de ese mismo día se presentó en la casa de doña Violeta, en residencial Las Palmas, Managua, acompañado de observadores internacionales, para felicitar personalmente a la presidenta electa. Doña Violeta relataría, años más tarde, que ese día Ortega lloró en su regazo y ella lo consoló maternalmente.

Estos hechos eran el resultado del poder del voto ciudadano, por primera vez ejercido por los nicaragüenses en su historia para salir de un régimen autoritario.

La mañana del 26 de febrero de 1990, Daniel Ortega estaba reconociendo el triunfo de su rival, Violeta Barrios de Chamorro. (La Prensa/Archivo)

De 1990 a 2021

Para 1990, el régimen que encabezaba Daniel Ortega necesitaba legitimidad y abrió Nicaragua a unas elecciones relativamente libres. En este 2021, el mismo Ortega está igualmente necesitado de legitimidad, pero, contrario a hace 31 años, más bien cierra Nicaragua a elecciones libres.

Casi todos los analistas políticos coinciden en que la clave de ese comportamiento tan contradictorio está en las certezas que Ortega ha tenido de los resultados en ambos procesos. En 1990 estaba seguro de que iba a ganar. Así lo decían las encuestas. Nunca estuvo en sus cálculos perder. La apuesta era: hacemos elecciones, concedemos algunas condiciones de competencia y que países, periodistas y organismos observen para obtener el certificado de legitimidad que la revolución necesita.

Este año, en cambio está seguro que perdería, y con las lecciones de 1990 aprendidas, sabe que en elecciones libres no conseguiría legitimidad y perdería el poder. Escogió poder sin legitimidad.

Para el sociólogo Oscar René Vargas, las de 1990 fueron las primeras elecciones transparentes en la historia de Nicaragua. En ellas el ciudadano nicaragüense conoció por primera vez el poder de su voto, y eso explicaría la determinación de la mayoría de la población de encontrarle una salida a la crisis que vive el país a través de elecciones libres, a pesar del cierre de condiciones que ha impuesto el régimen de Ortega, y a pesar de la represión con que ha sido respondida la demanda.

Las elecciones generales de 1990 se realizaron el 25 de febrero con una participación electoral del 86 por ciento. La Unión Nacional Opositora venció al Frente Sandinista con el 55 por ciento de los votos, logrando de esta forma la mayoría en la Asamblea Nacional y colocar en la Presidencia a Violeta Barrios de Chamorro.

Hasta 1990, Nicaragua acumulaba casi 170 años de elecciones marcadas por fraudes, violaciones a la ley y hasta episodios tragicómicos, que convirtieron el voto en una herramienta prácticamente inútil para la selección de las autoridades.

Fraudes y reelecciones

En Nicaragua, las elecciones —si se les puede llamar así—, comenzaron en 1825 cuando el país todavía era parte de la República Federal de Centroamérica, y se eligió a Manuel Antonio de la Cerda, conservador, como jefe de Estado y a su primo hermano, Juan Argüello, liberal, como segundo jefe. No eran elecciones tal como se conocen ahora, sino que se elegían delegados en asambleas que a su vez elegían a los representantes. Tampoco era todo nicaragüense el que podía votar. Solo se consideraban ciudadanos a “todos los habitantes de la República naturales de país, o naturalizados en él, que fueren casados, o mayores de dieciocho años, siempre que ejerzan alguna profesión útil o tengan medios conocidos de subsistencia”, decía la Constitución.

En 1856 se “eligió” como presidente de Nicaragua al filibustero estadounidense William Walker, un hito tragicómico de la historia. La elección fue tan fraudulenta que hasta los mismos norteamericanos que lo acompañaban dieron testimonio de la disparatada situación. “Se contaron los votos de lugares donde no hubo votación, y hasta de lugares donde no vive nadie para votar”, reportó un periodista del New York Tribune. Otro reportero aseguró que “en algunas poblaciones le dan a Walker más votos que el cuádruple de los habitantes, contando a todos los hombres, mujeres, niños y bestias”.

En todo este recorrido, las elecciones han estado marcadas por fraudes, a veces tan escandalosos como el de 1947, cuando los votos del ganador se le otorgaron al perdedor, o la de 1974, cuando Anastasio Somoza Debayle ganó con el 92 por ciento de los votos, y hasta su hijo Anastasio Somoza Portocarrero, conocido como El Chigüín, dice haber estado en desacuerdo. “Yo no estuve de acuerdo con el tramafaz que se armó para la elección del 74, que quizás fue uno de los momentos seminales del volcón que dio una gran parte de la sociedad de Nicaragua”, dijo en una entrevista.

La otra enfermedad de los procesos electorales nicaragüenses ha sido la continua intención de los jefes de Estado para buscar como reelegirse, incluso cuando la Constitución lo prohíbe. Lo hizo Tomás Martínez, José Santos Zelaya, Anastasio Somoza García, Anastasio Somoza Debayle y Daniel Ortega.

En Chinandega, filas de ciudadanos votando en el 25 de febrero de 1990. (La Prensa/Archivo)

Votos vigilados

Las elecciones de 1990 marcan un cambio radical en el valor del voto. Estas elecciones estuvieron determinadas por las presiones internacionales que comenzaron años antes, la presión militar que ejercía la contrarrevolución en las montañas, y, como se dijo anteriormente, de la necesidad del régimen revolucionario de buscar legitimidad y la confianza sobre su victoria en esas elecciones.

Estas son algunas condiciones que hicieron especial las elecciones de 1990:

Adelantadas: Estaban previstas para noviembre de 1990, pero se realizaron en febrero de ese mismo año. La iniciativa de adelantar las elecciones fue del mismo gobierno sandinista, cuyo cálculo era no darle mucho tiempo a la oposición antisandinista para que se organizara y participara unida.

Oposición unida: La boleta electoral presentaba 10 alternativas para votar, pero el enfrentamiento real estaba entre el gobernante Frente Sandinista (FSLN) y la Unión Nacional Opositora (UNO) que agrupaba a 14 fuerzas distintas, que se unieron en junio de 1989, y eligieron a Violeta Barrios de Chamorro como su candidata en septiembre de ese mismo año. Todo este proceso de unidad y selección del candidato estuvo, por supuesto, cargado de diferencias y enfrentamientos.

Vigiladas: Las elecciones fueron vigiladas en el terreno por miles de observadores electorales y cubiertas por cientos de periodistas nacionales e internacionales. Solo la OEA dispuso 433 observadores en los últimos días del período electoral. El régimen sandinista aceptó de mala gana la observación. Rosa Marina Zelaya, quien en ese tiempo era secretaria del Consejo Supremo Electoral, expresó en un artículo de la revista Envío que “por razones históricas conocidas por la mayoría de los nicaragüenses no fue sencillo para el gobierno tomar la decisión de invitar a los observadores. La dignidad nacional aún se resiente recordando las elecciones llevadas a cabo bajo la «supervigilancia» de los Estados Unidos, estando en una ocasión ocupado el país por marines norteamericanos”.

Y agregaba: «Los nicaragüenses tienen confianza en ellos mismos. En ningún momento debemos pensar que estas elecciones son supervisadas o supervigiladas, porque esa realidad de la supervisión es parte de la historia negra que tiene Nicaragua. A los observadores internacionales debemos verlos como invitados a presenciar nuestras elecciones y a ser testigos de lo que nosotros estamos celebrando».

Acceso a medios de comunicación: La oposición pudo expresarse con limitaciones no solo a través del Diario LA PRENSA, cuyo cierre se suspendió en 1987 luego de los acuerdos de Esquipulas, sino también a través del acceso obligatorio para los participantes en medios de comunicación. El régimen contuvo su acoso a los medios independientes durante esas fechas y, de hecho, el único periódico sancionado por el tribunal electoral fue El Nuevo Diario, que fue suspendido por un día, luego que la oposición lo acusara de violar el reglamento electoral.

Tribunal electoral eficiente. A pesar de la composición sandinista de sus miembros, tanto opositores como las organizaciones de observación electoral, reconocieron el comportamiento profesional del Consejo Supremo Electoral para estas elecciones.

En 1990, por primera vez en la historia de Nicaragua un gobierno entregaba el poder de forma pacífica a otro gobierno de signo distinto. (La Prensa/Archivo)

“Las elecciones de 1990 significaron para Nicaragua una ruptura con una tradición electoral; por primera vez en su historia la fuerza política en el gobierno perdía una elección. Si bien muchos de los problemas que enfrentaba este país de Centroamérica subsistían una vez terminado el proceso electoral, sus ciudadanos se dieron a ellos mismos, y a la opinión internacional una lección de tolerancia y manifestaron una vez más su apuesta por el futuro”, concluyó el informe de la misión de la OEA que observó estas elecciones.

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