La agencia de riesgo Fitch Ratings advirtió que aunque las elecciones en Nicaragua “han empeorado” las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, cree “que las sanciones comerciales son poco probables en el corto plazo”, pero señaló que esperarían que el Gobierno afronte dificultades para conseguir nuevos financiamientos tras el oxígeno que recibió a raíz de los huracanes Iota y Eta, así como la pandemia que le permitió asegurarse fondos hasta el 2023.
Fitch señala que “es muy probable que Daniel Ortega asegure un cuarto mandato presidencial consecutivo y una cómoda mayoría legislativa del FSLN después de una ofensiva contra los oponentes que atrajo la condena de Estados Unidos y la UE” .
La condena en Estados Unidos se tradujo en la aprobación de la Renacer el 3 de noviembre en el Congreso de ese país, que solicita a la administración de Joe Biden revise la membresía de Nicaragua en el DR-Cafta. Hasta ahora la misma no ha sido firmada por Biden, pero esta ya está en su escritorio para ponerla en vigencia.
Al respecto, Fitch dice: “Creemos que la administración de Biden será reacia a imponer sanciones dirigidas a la membresía del DR-Cafta, lo que podría dañar el empleo e indirectamente aumentar las presiones migratorias en la frontera sur de los EE. UU.”.
Recuerda que solo en el 2020, Nicaragua envió el 49.3 por ciento de las exportaciones de mercancías, sin incluir envíos de las maquilas, a Estados Unidos, “y la exclusión del bloque comercial dañaría el sector exportador que ha sido clave para su recuperación económica”.
De hecho este martes Estados Unidos desconoció los resultados del proceso electoral organizado por Ortega y su esposa Rosario Murillo. Tras calificar los comicios como una “pantomima”, Joe Biden se comprometió a utilizar “todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos”.
Igualmente Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., se pronunció sobre la situación en Nicaragua, pero no citó la posibilidad de afectar el DR-Cafta. “Continuaremos utilizando la diplomacia, acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visas, según corresponda, para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno de Ortega-Murillo”.
El 4 de noviembre, tres días antes de las elecciones, una funcionaria del Gobierno de Biden dijo que estaban revisando el acuerdo comercial, para “asegurar de que los esfuerzos bajo Cafta lleguen directamente al pueblo nicaragüense y que no beneficien al gobierno de Ortega-Murillo. Estamos analizando los componentes del DR-Cafta para hacer los cambios necesarios”, afirmó.
La Renacer ampliará sanciones
Eso sí, la calificadora de riesgo considera que la promulgación de la Renacer permitirá la ampliación de sanciones, tal como ocurrió con la Nica Act, las sanciones existentes se dirigen a altos funcionarios del gobierno”. Todo esto en detrimento de la calificación soberana de Nicaragua que desde 2018 se ha visto afectada por debilidades en los indicadores de gobernanza, “pero el crecimiento y los ingresos fiscales han mejorado en 2021”.
Es por eso que mantiene a Nicaragua con B-, por riesgos en la estabilidad política y sanciones internacionales que limitan el financiamiento externo futuro. Al respecto recuerda que hasta ahora la calificación se ha sostenido por la resistencia fiscal mayor de la esperada, por señales de recuperación económica y por un alivio que hubo en las restricciones de financiamiento a través de desembolsos de multilaterales.
Muestra de ese alivio, es que entre enero y septiembre de este año el Gobierno ha conseguido 880 millones de dólares en desembolsos, un nivel considerado récord y que representa el 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto, esto a pesar de las sanciones. Ese fondo incluye los 354 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le entregó al Banco Central de Nicaragua.
“La relajación de los requisitos crediticios durante la pandemia permitió al gobierno asegurar un fuerte flujo de desembolsos externos hasta 2023. Creemos que es probable que se desembolsen los acuerdos de préstamo firmados, pero las sanciones pueden limitar el nuevo financiamiento externo, en particular de instituciones donde EE. UU. tiene un gran poder de voto“.
Pero además mencionan que también hay un alivio en el financiamiento interno y muestra de ello es que la tasa de interés promedio ponderada de los papeles bursátiles pagaderos en dólares han bajado a 8 por ciento cuando en octubre del año pasado era 10.6 por ciento, lo que reflejaría una mayor certidumbre de los compradores de estos fondos, que suelen ser los bancos. “El 63 por ciento de los 235 millones de dólares vendidos en bonos locales en 2021 son bonos pagaderos en dólares”, cita Fitch.
Vendrán años de crecimiento bajo
Pese al contexto actual hostil y de alta incertidumbre, Fitch mantiene su previsión de un crecimiento económico para Nicaragua este año de 5.2 por ciento, tras una mejora que hizo comparado con junio pasado cuando la tasa se situaba en 3.2 por ciento.
“Los indicadores adelantados sugieren un crecimiento aún más fuerte. La economía creció un 9.9 por ciento interanual en el primer semestre. Las exportaciones aumentaron un 30.6 por ciento interanual en enero-agosto gracias a los altos precios de los alimentos y el fuerte consumo de EE. UU”, menciona Fitch.
Además “las importaciones de capital aumentaron 74.9 por ciento, a niveles vistos antes de la crisis política de 2018”. Pero señala que una vez que la economía alcance los niveles previo a la crisis del 2018, “el crecimiento potencial será menor debido a una gobernanza más débil, que pesa sobre la inversión, el crecimiento crediticio moderado y las limitaciones del mercado laboral”. Según la agencia calificadora entre el 2022 y 2023 el crecimiento del PIB será de 2.5 por ciento promedio anual.
Otro elemento positivo que cita Fitch y que mantiene intocable es la evolución del déficit fiscal, el cual estima en 2.3 por ciento del PIB, tras situarla inicialmente en 3.2 por ciento. “Los ingresos del gobierno central en enero-agosto aumentaron 31.2 por ciento interanual y el superávit fiscal de 5,100 millones de córdobas (1.1 por ciento del PIB) fue comparable al de 2019, cuando el Congreso aprobó varios aumentos de impuestos”.
“Prevemos que el déficit del gobierno general se reducirá en 2022 y 2023 a medida que disminuyan las presiones sobre el gasto electoral y el PIB vuelva a su nivel anterior a la crisis de 2018”, indica.
Asimismo, menciona que el crecimiento de los ingresos del Gobierno “ha superado el aumento del gasto, impulsado por el gasto de capital a nivel del gobierno central, que pronosticamos que alcanzará un récord este año”.
No obstante advierte que “el crecimiento de los ingresos en el Instituto de Seguridad Social (INSS) fue menos fuerte (9 por ciento interanual entre enero y agosto), lo que demuestra que el mercado laboral no se ha recuperado del shock de 2018. Esto ha frenado la consolidación fiscal, aunque las reformas promulgadas en 2019 han reducido los déficits del INSS”.