Entre 1977 y 1990 en Nicaragua tuvimos la insurrección sandinista para derrocar a Somoza y después la guerra de la Resistencia contra los sandinistas. Fueron 65 mil muertos (25 mil combatientes y 40 mil civiles) y 150 mil heridos y mutilados. Esas guerras, la falta de libre empresa y la política económica centralizada causaron el mayor empobrecimiento de nuestra historia. Nuestro país quebró con 36,000 por ciento de inflación. La escasez fue grande, casi no habían alimentos ni medicinas. Muchos se fueron del país con su dinero y otros se fueron con grandes sacrificios, huyendo de la difícil situación. ¿Querrá alguien que esto vuelva a suceder? ¡Creo que la inmensa mayoría no!
Los gobiernos de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, con todas las críticas que puedan hacérseles, facilitaron que Nicaragua pudiera vivir en paz y progresara. Cuando los sandinistas regresaron al gobierno, aunque retrocedimos en democracia e institucionalidad, tuvimos relativa paz y continuamos progresando gracias al diálogo para concertar la política económica entre el Gobierno y la empresa privada. A pesar de que algunos critican a los empresarios por dialogar con el Gobierno, la realidad es que aquellos acuerdos, sumados a la estabilidad económica heredada de los gobiernos anteriores, beneficiaron al país y por consiguiente al pueblo. A partir de abril del 2018 pasó lo que pasó y el país retrocedió política y económicamente, lo cual empeoró la pandemia.
Estamos ante una realidad que algunos opositores no terminan de comprender: cambiar al Gobierno por la fuerza no es posible para los nicaragüenses ni para otros países u organismos internacionales. No es una opción realista con mínimas posibilidades de éxito. El uso de la fuerza solo trae más pobreza, lágrimas y sangre para el pueblo, empujándolo a sacrificios e inmolaciones inútiles y trágicas, que no solucionan nada, más bien lo empeoran todo. La violencia que algunos proponen surge de dejarse llevar por los sentimientos y no por la razón, o bien por cierta ingenuidad. Viene principalmente de quienes viviendo fuera de Nicaragua no tendrían que enfrentar las consecuencias trágicas que tales acciones producen inútilmente. Ante esta realidad quedan solo dos caminos: 1) No hacer nada. 2) Procurar cambios mediante el diálogo.
No hacer nada por el bien de nuestro país no es una opción válida. Solo queda la opción de procurar cambios mediante el diálogo. Lo sensato para resolver todo conflicto es dialogar, pero debemos preguntarnos: ¿Bajo qué condiciones? ¿Buscando qué resultados? ¿Quiénes lo deben hacer? En primer lugar, debe haber un ambiente propicio y de tranquilidad para un diálogo, y para eso primero el Gobierno debe crear confianza con señales positivas y claras, como liberar a los presos políticos y cesar todo hostigamiento a opositores.
Sabemos que no será un diálogo para pedirle la renuncia al Gobierno, sino para crear mejores condiciones para convivir en paz y mejorar en diferentes aspectos sobre derechos humanos, libertad de prensa, libertades políticas, democracia, etc. También para concertar la política económica y unir esfuerzos contra el desempleo y la pobreza. Hay temas políticos y económicos. La pregunta es, ¿con quién debería dialogar el Gobierno los temas políticos? En una situación normal sería con los partidos, pero los reconocidos por el gobierno no tienen credibilidad ni representatividad y los otros inicialmente estarían dispersos y desarticulados.
La representatividad de la empresa privada para los temas económicos claramente la tiene el Cosep, pero si consideramos que para una economía sana es necesario gozar de un adecuado nivel mínimo de estabilidad política, creo que en un primer diálogo tocará al Cosep abordar también los temas institucionales, para lo cual deberán tener comunicación con dirigentes y grupos políticos. Para poder hacerlo son imprescindibles las condiciones antes citadas, como es la previa liberación de los presos y cesar todo hostigamiento. En un clima de distensión se puede obtener la tranquilidad necesaria que permita dialogar para convivir en paz.
El autor es abogado y comentarista de temas políticos y económicos.
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