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CONTENIDO EXCLUSIVO.Tras la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que declara ilegítimas las elecciones del pasado 7 de noviembre, Daniel Ortega va camino a convertirse en el primer gobierno de facto en la historia reciente de Nicaragua, a partir del 10 de enero del próximo año, coincidieron analistas, quienes señalaron que esto tendrá un impacto en todos los ámbitos de la sociedad nicaragüense, azotada por tres años de recesión económica.
Estados Unidos, Canadá, Unión Europea (UE) y la gran mayoría de los países latinoamericanos han declarado ilegítimas las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, y han calificado el proceso electoral como una «farsa», lo que no genera ninguna legitimidad democrática al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes buscan permanecer en el poder cinco años más, para completar un periodo consecutivo de 20 años.
La resolución aprobada el viernes 12 de noviembre, por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, con 25 votos a favor, 7 abstenciones, 1 en contra y 1 ausencia, declara que «en las evidentes circunstancias, las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática».
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El abogado nicaragüense y especialista en derecho internacional, Harold Rocha, explica que la resolución de la OEA declara ilegítimo solamente el proceso electoral del domingo pasado, aunque «es posible que más adelante se declare ilegítimo también al gobierno resultante».
Es decir, que una vez que termine el (actual) periodo de Ortega y empiece el nuevo, el 10 de enero de 2022, como resultado de las elecciones ilegítimas del 7 de noviembre, va a ser no solamente una dictadura, sino un gobierno de facto, señaló Daniel Zovatto, analista político y director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).
«Es un gobierno de facto que no va a estar reconocido internacionalmente», sostuvo Zovatto.
Primeras elecciones en ser declaradas ilegítimas
Por su parte, el sociólogo e historiador, Óscar René Vargas, señaló que esta es la primera vez en la historia de Nicaragua que la comunidad internacional declara un proceso electoral ilegítimo.
«Nunca había habido antes eso. Por primera vez también se da una resistencia al proceso electoral, es decir, lo denuncian previamente», dijo.
Vargas coincide en que «el problema de ilegitimidad del gobierno de Ortega va a ser a partir del 10 de enero, de acuerdo a los países que votaron a favor (la resolución de la OEA)». Pero agrega que «hay que esperar también qué va a pasar el 30 de noviembre».
Y es que el punto cinco de la resolución instruye al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas.
Es decir, «todavía hay un margen de 15 días, que se está evaluando cuál es la respuesta del Gobierno», agregó Vargas.
¿Qué significa declarar ilegítimo al gobierno de Ortega?
Zovatto explica que existen dos legitimidades. La legitimidad origen y una legitimidad de ejercicio. «La legitimidad de origen es cómo uno llega al poder, por eso se llama de origen. Bueno, el origen es una elección que tiene que ser transparente, que tiene que ser justa, con integridad electoral. Por lo tanto, uno puede decir ‘yo llegué al poder a través de una elección democrática'».
Pero «hay casos donde uno llega al poder a través de una elección democrática, pero después ejerce el poder de una manera no democrática (artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana). Cómo, bueno, no respeta la división de poderes, controla al poder judicial, viola los derechos humanos, entonces, ahí aunque tenía legitimidad de origen, no tiene legitimidad de ejercicio», explicó el especialista.
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Al respecto agregó que «Ortega con todas las salvedades y todas las denuncias que hubo, hasta ahora tenía una legitimidad de origen, más o menos cuestionada —pero no había perdido la legitimidad de ejercicio— porque después de las protestas de 2018, con la represión masiva que hizo, con el asesinato a más de 328 personas, con la cooptación total del poder legislativo, del poder judicial, electoral, la concentración excesiva en todos los poderes del Ejecutivo, el establecimiento de un estado policíaco, la violación de los derechos humanos, la violación a la libertad de expresión, el acoso y la persecución a los periodistas y a los medios de comunicación, el arresto de todos los presos políticos, etcétera, había ya llevado a perder la legitimidad de ejercicio, se había convertido en un régimen autoritario, una dictadura, y ahora a eso le agrega que ha perdido la legitimidad de origen».
«Hoy en el marco de la Carta Democrática Interamericana, Ortega va a gobernar sin legitimidad de origen y sin legitimidad de ejercicio. Una dictadura de facto, no reconocida por muchísimos gobiernos, y reconocido solamente por uno poquitos gobiernos, el de Maduro (Venezuela), Bolivia, Cuba y otros, muy poquito. El grueso de la comunidad internacional no lo reconoce como un gobierno legítimo y democrático», reiteró Zovatto.
El impacto de la ilegitimidad ya en la práctica
Pero ¿cómo va a impactar esa falta de legitimidad al nuevo periodo de gobierno que Ortega comenzará a partir del 10 de enero cuando asuma oficialmente la Presidencia? ¿Cómo va a impactar a los nicaragüenses ese nuevo escenario?
En la inversión:
Rocha opinó que «el problema para los inversionistas no es la ilegitimidad en sí, que es un asunto político primordialmente interno, sino la falta de estabilidad socioeconómica y las faltas de garantías jurídicas en un país donde el poder judicial no es independiente y está controlado por el Ejecutivo».
Zovatto dijo que en el tema de la inversión privada, «los inversionistas que quieren invertir en Nicaragua van a tener que pensar seriamente porque es muy probable que en estas condiciones y además por las sanciones individuales y económicas, y que seguramente van a venir tanto de parte de la UE, como de Canadá y sobre todo de Estados Unidos con la aprobación reciente y la firma ya de la Ley Renacer; todo eso va a generar de que mucha gente que había pensado invertir en Nicaragua, piense mejor —me espero— porque muy probablemente la situación política se vuelva más tensa, muy probablemente haya sanciones».
El especialista subrayó además que hay que ver qué pasa con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (Cafta) «si lo separan o no a Nicaragua del Cafta. Hay que ver qué pasa con los desembolsos de los préstamos internacionales, del Fondo Monetario, del Banco Centroamericano, que son las dos principales fuentes de financiamiento que hoy tiene Nicaragua. También qué pasa con el Banco Interamericano de Desarrollo que es el tercer inversionista y qué pasa con el Banco Mundial, que es el cuarto, si le van a seguir desembolsando esos préstamos o no, porque la Ley Renacer le faculta al presidente de Estados Unidos utilizar su veto en estos organismos internacionales para que se congelen todos los desembolsos de los préstamos«.
Zovatto a la vez valora que «la situación (en Nicaragua) va a tender a complicarse. También habrá que ver qué nivel de presión Ortega hace y ejerce o qué suerte de apertura él ofrece sobre todo con la empresa privada nicaragüense, que fueron durante muchos años aliados de Ortega y que después se rompió esa alianza y ahora varios de ellos están presos».
«Cómo trata Ortega de recomponer las relaciones con los empresarios nicaragüenses, porque claramente el régimen ya está enfrentando una situación de arrinconamiento y un nivel de aislamiento muy importante en materia de política internacional y muy probablemente esto termine también generando una situación de arrinconamiento, de aislamiento desde el punto de vista financiero y económico», agregó.
En la población:
Y precisamente a ese aislamiento financiero y económico es donde hay que ser muy cuidadoso como comunidad internacional, destacó Zovatto, «para que las sanciones individuales y económicas causen el menor daño posible a la población que son las víctimas inocentes y que sí le duelan mucho al régimen, a sus hijos y a sus familiares y a las instituciones y empresas, incluido a los militares, las fuerzas armadas y las inversiones de las fuerzas armadas porque esos son los que están dándole oxígeno al régimen. Hay que aislarlo hacia adentro y hacia afuera», expresó.
Sobre el impacto a la población «creo que es un elemento que se va a tener que manejar con muchísimo cuidado, pero si realmente se quiere arrinconar a Ortega algún daño se va a terminar causando, porque Ortega básicamente lo que está haciendo es escudándose detrás de los prisioneros políticos (más de 160), que los quiere utilizar luego como moneda de cambio en una futura negociación y también se está escudando diciendo ‘si a mí me quieren aplicar sanciones van a afectar al pueblo’. Entonces, como un terrorista se está escudando detrás de los presos políticos y detrás de la población civil», expresó Zovatto.
De hecho, el complicado futuro de los nicaragüenses a raíz del fiasco de las elecciones del 7 de noviembre, que Ortega preparó a su medida para garantizar retener el poder, ocurrirá en un momento crucial para la economía, que acumula tres años de recesión y más de 160,000 empleos sin poderse recuperar desde la destrucción de estos a partir del estallido social en abril del 2018.
El Gobierno espera que el Producto Interno Bruto repunte este año entre 6 y 8 por ciento, luego de fuertes contracciones desde el 2018, caída de la inversión extranjera, fuga de capitales, cierre de empresas, congelamiento del financiamiento externo y aumento de la pobreza.
Se requiere mayor presión
La internacionalista, politóloga y directora del Centro de Pensamiento Geostrategy, Jazmín Balaguer, comentó que la declaración oficial de que el gobierno de Ortega no es un gobierno resultante de unas elecciones totalmente transparentes es parte de una gestión diplomática y para sentar el precedente dentro de la organización de la OEA.
«Pero no tiene efectos prácticos que puedan ser efectivos para solucionar el problema de fondo, para que realmente Nicaragua y Ortega sientan la presión de ceder el poder, de llamar nuevamente a elecciones o de hacer procesos transparentes. No va a tener ningún efecto, como no lo ha tenido en Venezuela, como no lo ha tenido en Cuba», expresó Balaguer.
A juicio de la especialista, la resolución de la OEA «no es ni siquiera insuficiente, sino que no es efectiva, así se sumen la de la UE, de EE. UU.».
«Incluso en el gobierno anterior de EE. UU., Donald Trump, lo declaró (al gobierno de Ortega) un peligro para la seguridad nacional, eso es algo muy grave para un país ser declarado de esa forma por parte de EE. UU., por todo lo que implica en el tránsito de personas, en el tránsito de turismo, en las relaciones comerciales y claramente diplomáticas. Sin embargo eso no fue efectivo», recordó.
Nicaragua en los foros internacionales, tras la ilegitimidad
La politóloga mencionó que existen unos apartados dentro de la OEA para sancionar por niveles, y probablemente después de estas sanciones a Nicaragua, vengan otras sanciones económicas y venga el veto para que no pueda participar en otros eventos, y ya en las máximas instancias es la expulsión.
«Pero posiblemente Nicaragua tome la decisión de retirarse. Es muy posible que eso llegue a pasar, no creo que siga participando en los demás foros latinoamericanos o que encabece la OEA», opinó.
Ortega se preparó financieramente desde el 2020
Pese a la presión internacional sobre el gobierno de Ortega y la contundente amenaza de suspender a Nicaragua de la OEA, Vargas considera que Ortega sigue en la «lógica del poder o la muerte».
«Suponiendo que lo declaran ya de manera definitiva (ilegítimo), ¿cuál puede ser la repercusión? Es que Ortega no tenga acceso a los préstamos internacionales, puede ser una de las consecuencias que pueda traerle», dijo el sociólogo e historiador.
«Pero a mi criterio, él (Ortega) recibió en el 2020 y 2021 dinero suficiente para sobrevivir a esa posibilidad, ya. Es decir que Ortega se preparó. Entre enero y septiembre de 2021, el gobierno recibió 880 millones de dólares, que representan el 5.6 del (PIB). Lo que es posible que puede pasar, es que las sanciones limiten nuevos financiamientos externos, pero, por eso es que Ortega se puede mantener y no ceder, por decirlo así. Entonces esa es la lógica del poder o la muerte», expresó Vargas.
Sin embargo, agregó que eso va a significar una profundización en las contradicciones de Ortega sobre la verdadera situación del país que dará una mayor probabilidad que resulte en una crisis orgánica que cambie drásticamente la situación actual.
Estas contradicciones, según Vargas, se dan producto de las cinco crisis que vive Nicaragua: la social, la política, la económica, la sanitaria (pandemia) y la internacional. «Estas cinco crisis producen un efecto sincrónico, o sea, que se refuerzan mutuamente».
«Ese es el peligro de Ortega, a pesar de que tiene esa posibilidad de poder sobrevivir, no le permite eliminar las contradicciones, esas contradicciones que lo llevan a su declive. Es decir, que va a haber mayor problema económico, problema en el desempleo, aumento de la pobreza, incapacidad de comprar la canasta básica. Todo se refuerza mutuamente. Estas son contradicciones que se van a expresar en la población y lo que lleva a una dictadura a su declive», explicó Vargas.
«Independientemente de que tenga dinero (Ortega), el dinero puede ayudar a prolongar la agonía, pero no va a evitar el desenlace final», precisó Vargas .