El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), reunido este 15 de noviembre en Bruselas, estaría definiendo nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua como resultado electoral que el bloque de países rechaza y considera ilegítimas, confirmó José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España.
De acuerdo con las declaraciones de Albares la situación de Nicaragua es uno de las temas más importantes incluidos en la agenda. “Un tema importante que trataremos hoy y que está al orden del día una vez más a propuesta de España será una continuidad de lo que tratamos en el anterior Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. En esta ocasión iniciaremos y pondremos en marcha el proceso de sanciones individuales con respecto a algunos ciudadanos nicaragüenses”, afirmó el canciller español en su llegada a Bruselas.
El ministro español añadió que “constaremos que aquello que veníamos denunciando desde agosto se ha producido: esa burla al sistema democrático en lo que llama Nicaragua elecciones“.
El pasado 18 de octubre, el Consejo de Ministros de la UE se reunió y abordó “la mejor manera de apoyar a la población” de Nicaragua.
El Consejo es el encargado de la acción exterior de la UE, que incluye política exterior, defensa y seguridad, comercio, cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria, está conformado por los ministros de Asuntos Exteriores de todos los 27 Estados miembros de la UE.
Borrell: “Elecciones carecen de legitimidad”
Un día después de las elecciones en Nicaragua, el alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, indicó mediante un comunicado que las elecciones de Nicaragua carecen de legitimidad y anunció que el bloque europeo analiza “medidas adicionales” que van más allá de las restricciones individuales.
“Pedimos a Daniel Ortega que devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense, que es su titular legítimo”, señaló el alto funcionario a través de una declaración pública.
Borrell, a nombre de la UE, señaló que “las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua el 7 de noviembre se han celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad. Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes. La integridad del proceso electoral quedó anulada por el encarcelamiento, el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas”.
Al tiempo que aseguró que “la Unión Europea ha evitado cuidadosamente cualquier medida que pudiera agravar las dificultades del pueblo nicaragüense y se ha dirigido sistemáticamente solo a los responsables de los sucesos antidemocráticos en Nicaragua. Con este mismo espíritu, estudiaremos todos los instrumentos a nuestro alcance para adoptar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales”.
UE sancionó a 14 funcionarios y familiares de Ortega
El pasado 11 de octubre, la UE prolongó hasta el 15 de octubre de 2022 las sanciones a 14 funcionarios y familiares de Ortega, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo; el director de la Policía y consuegro de Ortega, Francisco Díaz; la exministra de Salud y asesora presidencial, Sonia Castro; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau, entre otros.
Algunos de los sancionados son acusados de cometer graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Otros de ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.
El bloque regional aplicó el régimen de sanciones por primera vez en octubre de 2019, y según explicó la comunicación oficial, fue con el fin de abordar el deterioro de la situación política y social de Nicaragua. “Se dirige a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades socavan la democracia y el Estado de derecho”.