Después de las votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua, el senador republicano por el Estado de la Florida, de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó que «no cabe duda de que la dinastía autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca retener el poder de manera fraudulenta al tiempo que socava la libertad de expresión del pueblo nicaragüense».
«Me sumo una vez más a la comunidad nicaragüense-estadounidense en el repudio al régimen de Ortega y Murillo, a la vez que duplicamos nuestros esfuerzos a favor de unas elecciones libres y justas», reiteró este lunes 15 de noviembre, a través de una nota de prensa.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) asignó a Daniel Ortega y Rosario Murillo el 75.87 por ciento de los resultados de las votaciones con el ciento por ciento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) escrutadas, según el último informe, presentado el miércoles 10 de noviembre por las autoridades electorales afines al régimen.
«Seamos claros: no era secreto que la farsa electoral del 7 de noviembre proclamaría como ‘ganadores’ a los miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional», señaló el senador.
Las votaciones generales de Nicaragua, que se llevaron a cabo el domingo 7 de noviembre, se caracterizaron por la escasa participación ciudadana, la exclusión de la oposición y la represión contra todo tipo de manifestación crítica contra Ortega.
Rubio recordó que «durante meses, el régimen Ortega-Murillo trató de acallar las voces de varios candidatos de la oposición, deteniéndolos injustamente. Dirigentes como Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Cristiana Chamorro son solo algunos de la larga lista de presos políticos que a la fecha permanecen detenidos arbitrariamente por órdenes del régimen», dijo.
Ley Renacer, un paso importante para presionar a la dictadura
Rubio destacó que esta semana Estados Unidos dio un paso muy importante cuando el presidente Joe Biden firmó «mi ley bipartidista de Fortalecimiento y Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Ley Renacer). Esta legislación requiere que el presidente de los Estados Unidos priorice la implementación de las sanciones establecidas bajo el Artículo 5 de la Ley de Condiciones de la Inversión Nicaragüense de 2018 (Nica Act)», indicó.
El pasado miércoles 10 de noviembre, Biden firmó y promulgó la Ley Renacer, que propone ejercer más presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sanciones individuales a funcionarios y restringir los préstamos bancarios multilaterales.
Rubio explicó que «la Ley Renacer busca que se haga pagar a los individuos que directa o indirectamente obstruyeron las condiciones necesarias para que se celebraran elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua, incluyendo los funcionarios del régimen que fueron cómplices de este fraude».
La Ley Renacer también exige un estudio detallado de los actos de corrupción de los miembros de las fuerzas armadas nicaragüenses, así como una recopilación de todos los abusos contra los derechos humanos, la tortura y la violencia sexual dirigidos contra los nicaragüenses y las comunidades indígenas.
Paralelamente, el proyecto de ley implementaría iniciativas para fortalecer la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua, «en un momento en que el régimen reprime y censura abiertamente las voces de la disidencia».
El senador agrega que «dado que Nicaragua no tiene un gobierno democrático, la Ley Renacer insta al presidente de Estados Unidos a revisar la participación de la nación centroamericana en el acuerdo de libre comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (DR-Cafta)«.
«La dinastía autoritaria Ortega-Murillo, así como sus sicarios, deben saber que su participación en la gestión de las elecciones fraudulentas en Nicaragua tendrá un alto precio. La respuesta debe venir no solo del Gobierno de Estados Unidos, sino también de nuestros aliados y socios en la Unión Europea y el hemisferio occidental», sostuvo el senador.
«La indiferencia de otras naciones los convierte en cómplices»
Por su parte, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el viernes 12 de noviembre, con 25 votos a favor, 7 abstenciones, 1 en contra (Nicaragua) y 1 ausencia, una resolución sobre «La situación de Nicaragua» que declara ilegítimas las elecciones generales del pasado domingo 7 de noviembre.
La resolución también instruye al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas.
Los países que votaron a favor son: El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina y Ecuador.
Mientras que, Honduras, México, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica, Belice, Bolivia, se abstuvieron. Una delegación estuvo ausente: Saint Kitts y Nevis.
Al respecto, Rubio señaló que «la indiferencia de otras naciones ante la dura realidad a la que se enfrenta el pueblo nicaragüense las hace cómplices de las acciones de un régimen sanguinario, cuyo único objetivo es reprimir a su pueblo a cualquier precio».
«No podemos perder de vista a quienes más se benefician de que Ortega y Murillo sigan en el poder de forma ilegítima. Los tiranos de La Habana y Caracas y los dictadores de China y Rusia celebran la ‘victoria’ de una dinastía autoritaria y antiamericana», agregó en su comunicado.
Rubio dejó claro que Estados Unidos debe ser consciente de que cualquier concesión que se haga a Cuba y Venezuela dará mayor poder al régimen de Nicaragua. Y destacó que «el presidente Biden dispone ahora de nuevas herramientas para hacer frente al régimen nicaragüense. Ha llegado el momento de actuar».