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CONTENIDO EXCLUSIVO.La agencia calificadora de riesgo Moody´s emitió ayer un análisis más amplio sobre el impacto de las elecciones del pasado 7 de noviembre en el que señaló que tras los señalamientos de parte de la comunidad internacional de que el proceso no fue justo ni libre, esto puede derivar a sanciones estadounidenses más severas y dañar aún más la relación entre el gobierno y las empresas debido al aumento de la incertidumbre.
Al incrementarse la incertidumbre y las sanciones, «esto podría limitar el desempeño económico futuro,complicar la gestión fiscal si los flujos de financiamiento se ven afectados y pesan sobre el crédito de Nicaragua perfil», dijo la agencia en al análisis que hizo llegar a LA PRENSA.
Según la agencia calificadora «la credibilidad del resultado electoral se ha visto socavada por las acusaciones de que la participación real fue menor de lo que se informó y que las estimaciones oficiales de participación de los votantes se inflarían ampliamente. Las afirmaciones son difíciles de validar dado que un grupo de observadores electorales internacionales informan que no se les permitió ingresar al país».
Pese a ese planteamiento de Moody´s, lo cierto es que realmente las elecciones carecen de credibilidad desde que el régimen de Daniel Ortega se negó en los últimos tres años ha realizar reformas electorales que garantizaran un proceso electoral transparente y además ordenó eliminar partidos opositores y encarceló a los principales aspirantes a la presidencia.
Según Moody´s «el manejo de las elecciones por parte del gobierno podría reavivar las tensiones sociopolíticas que estallaron en 2018 y llevaron a protestas masivas que duraron hasta 2019 y tuvieron un impacto fuertemente negativo.
impacto en la actividad económica ambos años. Las protestas resultaron en sucesivas contracciones del PIB real de 3.4 por ciento en 2018 y 3.7 por ciento en 2019″.
Y agrega: «Las tensiones políticas disminuyeron a medida que la pandemia comenzó a extenderse y el país pareció salir de la lucha sociopolítica a medida que la crisis sanitaria se enfocó. La economía se contrajo un 2 por ciento en 2020, lo que marca el tercer año consecutivo de recesión».
Ahora las consecuencias se avizoran desde dos frentes. «El primero es el riesgo de sanciones estadounidenses que podrían poner en peligro los préstamos de los bancos multilaterales a Nicaragua. El aumento de las sanciones reduciría las ya limitadas capacidades de financiamiento del gobierno en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, Aaa estable) y el Banco Mundial (BIRF, Aaa estable)».
De concretarse ese primer riesgo: «Esto, a su vez, podría complicar la posición de liquidez externa del país dado que se ha enfrentado a opciones de financiamiento concesional cada vez más escasas luego de la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua (Ley NICA) por parte del Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2018».
Recuerda que la legislación de EE. UU. «restringe a las instituciones financieras internacionales con sede en Estados Unidos, incluidos el FMI y el Banco Mundial, de «extender asistencia financiera o técnica al gobierno de Nicaragua». Teniendo en cuenta que el gobierno ya opera con fuentes de financiamiento limitadas, sanciones adicionales podrían ejercer mayor presión sobre las finanzas públicas».
Para Ortega recuperar a la empresa privada es clave
Un segundo riesgo en el contexto de la crisis política poselectoral, Moody´s menciona «la reacción de la comunidad empresarial local a la situación política y el efecto que esto podría tener en la economía y lo que es más importante, sobre las perspectivas de crecimiento a medio plazo».
«Aunque la actividad económica en 2021 se ha recuperado, sería prematuro suponer que el crecimiento económico está a punto de reanudar su tendencia anterior a 2017. Sigue siendo incierto si el país puede volver al marco de formulación de políticas impulsado por el consenso que sustentaba un crecimiento sólido. Si las tensiones entre el gobierno y las empresas no se recupera, la trayectoria de crecimiento de Nicaragua podría moderarse a medida que se agote la inversión», advirtió Moody´s.
En conclusión, la agencia dice que «creemos que la posibilidad de sanciones más severas y un sentimiento deprimido podría plantear nuevos desafíos para el soberano, en lugar de hacer la transición hacia condiciones económicas más auspiciosas, como parecía indicar la fuerte recuperación».
«Es probable que estos riesgos pesen sobre el perfil crediticio de Nicaragua y socaven potencialmente los beneficios de las medidas de ajuste que tomaron las autoridades para afrontar los sucesivos shocks de 2018 y 2020», concluyó.
El régimen de Daniel Ortega proyecta para este año un crecimiento económico de entre 6 y 8 por ciento; con lo que esperaba volver a la senda del crecimiento y en el 2022 pronosticó una expansión de 3.5 por ciento, según se lee en el proyecto de presupuesto general de la República del próximo año que será aprobado el próximo mes en la Asamblea Nacional.