El gobierno boliviano aprobó este martes la derogación definitiva de una polémica ley contra el blanqueo de capitales que había desatado protestas de grupos opositores y sindicatos de comerciantes, quienes exigían su anulación.
Con el presidente Luis Arce de viaje, en Brasil, el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, promulgó una ley aprobada por el Congreso que anula la norma contra el blanqueo.
«Anunciamos que la Ley 1386 ha sido abrogada», expresó en conferencia de prensa la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
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El gobierno de Arce aprobó a mediados de año una legislación, denominada Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
Pero los críticos de la norma consideraron que existía el riesgo de que la ley fuera de uso discrecional y temían que las autoridades pudieran indagar sobre patrimonios privados sin orden judicial.
Las protestas pidiendo la anulación de la polémica norma comenzaron el lunes de la semana pasada en al menos cuatro de los nueve departamentos de Bolivia, con cortes de calles y avenidas y marchas.
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El gobierno primero se negó a atender los reclamos. Pero ante crecientes manifestaciones, dio un paso atrás. Tras conocer la anulación, asociaciones civiles regionales de oposición, comerciantes al menudeo y choferes del transporte público decidieron suspender sus protestas.