Abogados y analistas señalan que la más reciente sanción al Ministerio Público se debe a su participación como órgano represor de los opositores al gobierno de Daniel Ortega y a la omisión de su rol de perseguir delitos de orden público, en relación con las auténticas víctimas de esta represión. Asimismo, señalaron que es una señal de que los fiscales y jueces que han participado de esta represión están en el «ojo del huracán».
Según el Artículo 1 de la Ley 346, Ley Orgánica del Ministerio Público, esta se crea como «una institución independiente, con autonomía orgánica, funcional y administrativa, que tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal, a través del fiscal general de la República. Solo estará subordinado a la Constitución Política de la República y a las leyes».
Para el sociólogo Oscar René Vargas, las sanciones son porque el Ministerio Público es una «institución que ha levantado acusaciones falsas contra la población», sanción similar a las impuestas a la Policía por ser cómplices en actos de represión. «Al Ministerio Público lo están sancionando porque está creando una serie de elementos falsos para condenar a los ciudadanos en general. Fiscales que están condenando verán que están en el ojo del huracán y van a tener que tener mayor cuidado o van a tener que pensarla», indicó.
Indicó que el mensaje detrás de la sanción a la institución es que su acción es falsa y por lo tanto «las acusaciones que hacen son falsas».
El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Estados Unidos, explicó este lunes que el Ministerio Público de Nicaragua o Fiscalía fue designado «por ser responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua».
También precisa que bajo los fundamentos de las leyes aprobadas por el régimen de Daniel Ortega para reprimir a los opositores —entre estas la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz” (Ley 1055)—, «el Ministerio Público ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua».
La OFAC agrega que «en junio de 2021, el Ministerio Público utilizó la Ley 1055 y solicitó que la principal candidata presidencial opositora Cristiana Chamorro, a quien investigaba por cargos infundados relacionados con los delitos de blanqueo, falsificación de documentos oficiales y manejo abusivo”, fuera inhibida del proceso electoral en marcha.
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Igualmente, señala que «el Ministerio Público también inició investigaciones o presentó cargos contra los principales candidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, todos detenidos desde junio de este año en el período previo a las simuladas elecciones de noviembre».
Y por último, la OFAC manifiesta que «el Ministerio Público también es responsable de la detención de casi 40 personas desde fines de mayo, entre ellos líderes de la sociedad civil, el sector privado, estudiantes y periodistas».
En octubre 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la fiscal general, Ana Julia Guido y este lunes 15 de noviembre también formó parte de los sancionados por el Reino Unido.
Por su carácter represivo y omisión en la persecución de delitos
El organismo Acción Penal explicaron que el Ministerio Público aplicó una Ley de carácter represiva, la Ley 1055. «De señalar a las personas con aspiraciones presidenciales como traidores a la patria, así como los demás detenidos en los últimos meses. Son una institución que por orden constitucional son de carácter autónomo y que ejercen una función al poder ejecutivo está omitiendo su verdadera misión y compromiso que tienen con la Constitución Política y las leyes».
Detallan que esta sanción podría implicar no recibir financiamiento, mobiliario o capacitaciones de organismos que les apoyaban. Así como ser sustraídos de distintas organizaciones a nivel latinoamericano, como la Asociación de Ministerios Públicos a nivel de Latinoamérica.
«Llama la atención que se da la sanción con el reconocimiento a que el Ministerio Público no es solo al carácter represivo, sino a la omisión en la persecución de delitos de orden público, en relación a las auténticas víctimas que han existido en este contexto represivo», remarca Acción Penal.
Coinciden en que podría implicar que a futuro se extiendan estas sanciones a fiscales y jueces, sobre todo para desarticular la finalidad con la que se está trabajando en una estructura diseñada legalmente.
Ministerio Pública debía ser autónomo e independiente
Por su parte, la abogada Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca +, señaló que cuando se da la sanción a una institución, en este caso el Ministerio Público, tiene una implicancia en el manejo de la ejecución presupuestaria que pasa por los bancos.
«Como el caso de la Policía Nacional (sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo 2020) que tenía sus fondos con el Banpro y no continuó haciendo los pagos de planilla de esta institución del Estado. En el caso del Ministerio Público habría que ver en qué institución financiera a nivel nacional estaría ejecutando su presupuesto», comentó Flores.
Remarcó que las sanciones al Ministerio Público se deben a que son un «brazo de la dictadura para la represión, algo que fue señalado desde el principio por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fue señalado como una de las instituciones que ha sido utilizada para perseguir opositores y activistas y defensores de derechos humanos», recordó.
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«No ha sido casual que sea una institución sancionada porque continúa en este papel de represor hacia las personas activistas y lo hemos visto con las acusaciones que han venido impulsando de conformidad con la Ley 1055 por atentar contra la soberanía, que es prácticamente los delitos por los que están los más de 40 presos políticos (de los últimos meses) y los más de 120 que estaban antes de esta última lista que los han acusado por terrorismo y otros delitos, pero su vinculación ha sido la participación en las protestas contra el gobierno actual», añadió.
Recordó que el Ministerio Público debería trabajar de manera autónoma, independiente y garantizar a las víctimas justicia y «ha sido todo lo contrario».
La Ley 346, en su artículo 5 indica «Legalidad y Objetividad. En el cumplimiento de sus funciones el Ministerio Público actuará apegado a la Constitución Política y a las leyes, tendiente a garantizar un debido proceso de ley y el respeto por los derechos fundamentales y dignidad de las personas que intervienen en los procesos penales».
Y en su artículo 6 «Independencia. El Ministerio Público actuará independientemente por su propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuye la Constitución Política, sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni a autoridad alguna, salvo lo establecido en esta Ley».
«No ha garantizado justicia desde 2018 cuando más de 328 jóvenes fueron asesinados y los perpetradores continúan en la impunidad y continúan acusando a personas y solicitando medidas de privación de libertad y que son torturados por la Policía Nacional y el MP no hace nada por investigar estos actos que se cometen», recordó Flores.
Coincide que no sorprendería que continuaran acciones contra personas específicas de la institución.
Debilitamiento de la capacidad de la gestión del Estado
De acuerdo con Vargas, es importante analizar quiénes son las personas que fueron sancionadas junto al Ministerio Público.
«En conjunto todo esto significa el debilitamiento de la capacidad de gestión del Estado. Si ya los funcionarios del Estado daban mucho qué desear por su ineficiencia, esto va a incrementar la ineficiencia del Estado porque va a complicar más las cosas», indicó sobre las sanciones a funcionarios de ministerios y alcaldías.
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En el caso de Mohamed Mohamed Farrara Lashtar, embajador de Nicaragua en Jordania y Kuwait (sobrino del dictador libio, Muammar Gadafi) , dijo que además es embajador «en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos, la capital de ese Estado se llama Dubái, uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo», agregó.
Asimismo señaló que Estados Unidos dijo que revisaría el actuar de las finanzas de la familia Ortega Murillo y esta sanción muestra que se ha trabajado en eso. «Ya se venía haciendo. La Ley Renacer permite hacerlo público», dijo.
La Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o Ley Renacer, fue promulgada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el miércoles 10 de noviembre, y propone ejercer más presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sanciones individuales a funcionarios y restringir los préstamos bancarios multilaterales, entre otros aspectos.