El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) concluyó en un informe que las elecciones generales celebradas en Nicaragua, el pasado 7 de noviembre, en la que Daniel Ortega consumó su cuarta reelección fueron una ilegítimas. «Estas no fueron elecciones (…) fue una farsa electoral, una de las más bochornosas en la historia del país», afirma el Cenidh en su reciente informe en el que denuncia el «ambiente de total incertidumbre y terror».
El Consejo Supremo Electoral (CSE), dominado por magistrados afines al orteguismo, asignó el 75.87 de los votos a los candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega y Rosario Murillo, reeligiéndolos como presidente y vicepresidente de Nicaragua. Ese resultado además de ser rechazado por el Gobierno de Estados Unidos, despertó las declaraciones de ilegitimidad de cerca de 40 países, incluyendo los 27 de la Unión Europea (UE).
«El abstencionismo generalizado de la población, las detenciones arbitrarias de meses anteriores y en los últimos días contra opositores; el entorpecimiento del pluralismo y la participación política; la falta de garantías electorales; los resultados falsos e irregularidades reportadas; permiten concluir que estas elecciones fueron ilegítimas, una farsa electoral, una que aún continúa desarrollándose a través de escenas», expone el organismo de derechos humanos en unas de sus conclusiones.
Denuncia gravedad de «crisis de violencia electoral»
En el informe, el Cenidh —organización a quien en diciembre 2018, la Asamblea Nacional le quitó su personería jurídica— afirma que durante las elecciones generales identificaron una gravedad de «crisis de violencia electoral». Del 1 al 8 de noviembre, el organismo registró 99 incidencias de las cuales 28 fueron hostigamientos, 32 detenciones, 22 violaciones a la Ley Electoral, siete allanamientos, tres amenazas directas, tres retenciones migratorias, dos agresiones físicas, una obstaculización a la libre circulación y una muerte violenta.
«Los casos de detenciones a opositores recopilados por el Cenidh, expuestos en este reporte, refuerzan la gravedad de crisis de violencia electoral y persecución política desde que inició la ola de detenciones contra líderes políticos y precandidatos presidenciales en mayo de este año, lo que convierte este, en el período electoral más violento en la historia reciente de Nicaragua», concluye el organismo.
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De acuerdo al informe, la población identificó como perpetradores de la violencia a la Policía en 59 incidentes, quienes actuaron «en conjunto con civiles simpatizantes del partido de gobierno, paramilitares, incluso, en una ocasión, se señaló la presencia del Ejército de Nicaragua».
Otra de las 20 incidencias se menciona a «funcionarios del Estado, entre ellos canciller, alcalde, funcionarios del Sistema Penitenciario, Migración y Extranjería, Ministerio de Educación, y en las otras 11 incidencias acusan a «simpatizantes del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)».
El Cenidh denuncia que los derechos más vulnerados el 7 de noviembre fueron la libertad individual, integridad física y mental, libertad de prensa, libre circulación, la propiedad, seguridad jurídica y garantías del debido proceso.
Hostigamiento, amenazas y agresiones
Sobre el hostigamiento, amenazas y agresiones, el Cenidh sostiene que «en aras de sembrar el terror en el país y silenciar a quienes se alzaran en contra de la farsa electoral», el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a sus policías, paramilitares y fanáticos «incrementaron los actos de hostigamiento, pintas en las casas, amenazas y agresiones en contra de personas excarceladas políticas, familiares de víctimas, presos políticos, activistas, defensores de derechos humanos y todo aquel considerado enemigo político».
Uno de los hostigamientos que recoge el informe fue el que ocurrió a la parroquia Santa María Magdalena, en Monimbó, Masaya, donde el párroco Pedro Méndez colocó una manta en rechazo al proceso electoral del 7 de noviembre que decía «Nuestro dedo dactilar estará limpio». Ese día la Policía se presentó a la iglesia y le exigió al párroco que quitara la manta.
32 detenciones
El Cenidh informa que durante el 5 al 8 de noviembre registró 32 detenciones. «Las personas detenidas arbitrariamente fueron llevadas a las delegaciones policiales, los familiares no tienen ningún tipo de información de su estado físico o psicológico. Al cierre de este informe, circula en redes sociales y medios de comunicación que algunas de estas personas están siendo procesadas, les están iniciando juicios revestidos de irregularidades, otros continúan en un limbo jurídico», indica el organismo en su informe.
El reporte destaca la detención de la activista Samantha Jirón quien había recibido amenazas y persecuciones. La joven fue detenida el nueve de noviembre, este caso según el Cenidh, «es uno de los más emblemáticos en los que se evidencia que el régimen inició a judicializar a los detenidos durante el contexto electoral».
El Ministerio Público orteguista presentó una acusación en contra la joven opositora Padilla, en la que «la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua» figuran como víctimas. La audiencia inicial la realizó la jueza Nalia Nadezhda Úbeda Obando, del Juzgado Quinto, Distrito de lo Penal de audiencia, circunscripción Managua.
La acusación contra Jirón Padilla ya se presentó en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice), del Complejo Central de Managua, a las 10:44 de la mañana del sábado 13 de noviembre, por Georgina Reyes, en la que la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua aparecen como víctimas. Esto lo confirmó la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, de la que Jirón formó parte.
El Ministerio Público aún no ha informado al respecto en su sitio web, como solía hacerlo unos meses antes cuando detenían a algún opositor. Se desconoce puntualmente qué delitos se le achacan a la joven opositora. Carolina Jirón, mamá de la joven, confirmó a LA PRENSA que su hija ya fue acusada conforme la Ley 1055, o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz.