Diferentes organizaciones de derechos humanos, de víctimas y familiares de víctimas de Nicaragua que registra y analiza los crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado y la situación de impunidad en Nicaragua se unieron para elaborar el Informe de la Verdad «Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad», que sistematiza tres años de trabajo de apoyo a las víctimas y documenta graves violaciones a los derechos humanos.

Para la elaboración del informe se utilizó una metodología participativa y técnicas de documentación y registro con un enfoque de derechos humanos que incluyó la perspectiva de género.

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En el informe se describe un Estado Policial de Excepción. «Una de las características centrales del ataque sistemático y permanente del régimen de Ortega estuvo dada por la articulación de diversas estructuras del Estado o vinculadas a este. Entre los/as perpetradores/as y responsables de los crímenes y violaciones de derechos humanos pueden mencionarse: la Policía Nacional y grupos paraestatales que actuaron con aquiescencia estatal, el Sistema Penitenciario, los ministerios de Gobernación, Salud y Educación, Alcaldías, el Sistema de Justicia Penal, entre otros. Estas circunstancias llevan a considerar que en Nicaragua se estableció una política de terror generalizado», plantea el documento.

Asimismo plantea que existe una legalidad autoritaria y tuvo lugar la conformación de leyes represivas para consolidar un Estado Policial de Excepción y acallar cualquier tipo de disidencia política».

Crímenes con garantías de total impunidad

En el informe se plantea que los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen y las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en estos tres años de crisis sociopolítica se produjeron con garantía de total impunidad, vulnerando los derechos de acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda. «Ni el Sistema de Justicia Penal, ni los mecanismos de control internos o administrativos actuaron debidamente frente a crímenes y abusos a todas luces evidentes. En la actualidad, el estado de impunidad es completo y estructural. El Ministerio Público Fiscal no ha avanzado en ninguna investigación que señale la responsabilidad penal. Las víctimas y sus familiares desconfían del sistema institucional. Por tal motivo, numerosas familias decidieron no formular denuncias», plantean.

Asimismo plantean la no investigación de parte del Estado de las muertes violentas, las que debieron ser consideradas «ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias e investigadas de oficio y sancionadas por el Estado como crímenes de lesa humanidad, la gran mayoría de las muertes no han sido judicializadas y se encuentra en un estado de total impunidad».

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Sobre la Comisión de la Verdad, creada por la Asamblea Nacional, el informe lo describe como un mecanismo que le permitiera al Gobierno distorsionar la magnitud de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos a partir del 18 de abril de 2018″.

Las organizaciones que participaron en la elaboración del informe son: Acción Penal; la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN); el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más (Nicaragua Nunca +); el Comité Proliberación de Familiares Presos Políticos de Nicaragua; Popol Na; el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX); la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND); el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM); Nicaragüenses en el Mundo (NEEM); Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN); la Unidad Defensa Jurídica (UDJ); la Unidad de Registro (UDR) y la Unión de Presos y Presas Políticos Nicaragüenses (UPPN).

Detenciones masivas, selectivas, ilegitimas y arbitrarias

Al hablar de las detenciones realizadas en estos tres años, el informe las describe como masivas, selectivas, ilegitimas y arbitrarias.

«Se trató de una política que afectó gravemente el derecho a libertad y tuvo como intención principal la de reprimir
cualquier postura de oposición al régimen y de trasmitir un mensaje de terror y control a la población nicaragüense en su totalidad. Las privaciones arbitrarias de la libertad física de centenares de personas constituyen crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física. La arbitrariedad de las detenciones se agudizó por el uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza perpetrado por la Policía Nacional, como por los grupos
parapoliciales», explica el documento.

Etapas de la represión

El informe enumera seis etapas de la represión: Represión generalizada a la protesta ciudadana; Imposición de un Estado terrorista y operación limpieza; Criminalización de la protesta ciudadana, detenciones arbitrarias y presos políticos; Prohibición de la protesta social hacia un estado de excepción; secuestro exprés, torturas y cárceles clandestinas; y encarcelamiento y criminalización de opositores electorales.

Asimismo se plantea el tema del exilio y refugio producidos por la persecución estatal. «Miles de personas se vieron forzadas a huir de sus hogares, esconderse en casas de seguridad o exiliarse para solicitar protección internacional y refugio fuera del país, para evitar ser capturadas, apresadas ilegalmente y, en el peor de los casos, sometidas a crueles torturas, golpizas y humillaciones».

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Agregan: «El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) observó un incremento significativo en la salida de nicaragüenses/as a otros países, así como en las solicitudes de asilo en países como Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos».

El informe aborda otros temas como: Denegación del derecho a la salud, Vulneración de la libertad de expresión, Criminalización de la protesta, Resistencia, Blancos de la Represión y la persecución; la lucha por la libertad y al democracia plena y en contra de la impunidad.

La presentación del informe se trasmitió por las plataformas de las 15 organizaciones firmantes y contó también con la participación de Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Erika Guevara, directora Latinoamérica de Amnistía Internacional, Tamara Taraciuk, directora para Las Américas de Human Rights Watch y Jimena Reyes, directora para Las Américas de International Federation for Human Rights (FIDH).

CIDH: «Nicaragua no puede salir su crisis a cambio de impunidad»

Por su parte, la comisionada Antonia Urrejola, destacó que la Comisión ha venido tomando un conjunto de acciones, sobre todo a partir del inicio de la crisis de abril de 2018 y han denunciando la prolongación del estado de excepción de facto en el que se mantiene el país y que ahora lamentablemente se ha intensificado.

Agregó que como consecuencia del progresivo quebrantamiento del estado de derecho, la Comisión ha constatado y recientemente lo han expresado en un comunicado de prensa, que la represión inicial en abril de 2018 ha dejado al menos 355 víctimas fatales en el contexto de la crisis, 1614 personas por lo menos han sido privadas de libertad de manera arbitraria, de las cuales más de 150 permanecen aún encarceladas.

«Es fácil caer en la desesperanza, pero quienes luchamos en derechos humanos sabemos que hay que seguir, que no hay que cesar, que tarde o temprano llegará la justicia, la verdad, la reparación para las víctimas», alentó Urrejola.

La comisionada a la vez advirtió que «Nicaragua no puede salir de su crisis si es a cambio de impunidad». «Si la estrategia de las autoridades nicaragüenses es dotarse de elementos de negociación, para conseguir sortear negociadamente la crisis de derechos humanos, así como las condenas internacionales que enfrentan sin verdad, sin justicia, sin reconocimiento y sin reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, si ese fuera el objetivo del gobierno, resulta oportuno recordar que ese tipo de planes además de ser contrarios la derecho internacional no producen resultados estables de arreglos institucionales sostenibles. No es posible el regateo de la impunidad y este es el mensaje claro en este firme», dijo Urrejola.

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También demandó el cese y la tortura, el aislamiento en la cárcel de las mujeres presas políticas y para la liberación de los más de 150 presos y presas políticas en Nicaragua, sin distinción. «Mi llamado es a la justicia, la verdad y reparación para las más de 355 personas asesinadas en estos años, para que juntos luchemos por derribar la impunidad, para que las madres de abril y todos los familiares de las personas asesinadas puedan tener reparación integral», añadió la comisionada de la CIDH.

Lamentan hostigamiento contra defensores de DD.HH. y periodistas

Tamara Taraciuk, directora para Las Américas de Human Rights Watch, mencionó que desde el contexto de la crisis, el régimen ha hecho una política de hostigamiento y asedo policial selectivo contra defensores de derechos humanos y periodistas.

«Despliegan a la fuerza de seguridad, incluyendo a militares, policías antidisturbios y partidarios del gobierno para hostigar y vigilar a quienes critican al gobierno. A veces la Policía permanece apostada frente a sus viviendas, a veces es intermitente, a veces lo hacen por algunas horas, días o meses. Incluso, hay casos que hasta llegan a constituir detenciones arbitrarias; se han allanado las oficinas de medios de comunicación, confiscados su bienes, presentados cargos penales contra periodistas y llevado incluso a expulsar del país a periodistas y observadores internacionales de derechos humanos que han hecho una labor muy importante en el país», señaló Taraciuk.

En este contexto restrictivo para las organizaciones de la sociedad civil, la directora para Las Américas de Human Rights Watch, destacó cuán importante es el informe que están presentado hoy. «Cuente con HRW para trabajar y apoyar todos los esfuerzo para poner fin ala crisis de derechos humanos en Nicaragua», aseguró.