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Joe Biden. presidente de Estados Unidos. LA PRENSA/AFP

¿Quiénes podrían ser las “personas no gubernamentales” a quienes EE. UU. incluyó en la lista para prohibirles la entrada?

LA PRENSA consultó a dos expertos en el tema quienes compartieron cómo las "personas no gubernamentales" se darán cuenta de que no podrán viajar a EE. UU.

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La proclama del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que se prohíbe el ingreso al países norteamericano a Daniel Ortega, Rosario Murillo, y todo su apartado de funcionarios alcanza a aquellos ciudadanos “no gubernamentales”, en lo que se incluyen, según expertos consultados por LA PRENSA, desde políticos y empresarios señalados de ser “colaboracionistas” del régimen y que participaron en el “fraude electoral”.

El régimen de Ortega-Murillo organizó y celebró las elecciones generales en Nicaragua el pasado 7 de noviembre, en medio de fuertes cuestionamientos por parte de la comunidad internacional debido a que señalaron que el proceso electoral estuvo marcado por una serie de irregularidades, entre ellas la eliminación de la competencia política con la cancelación de personería jurídica de partidos y los arrestos de candidatos presidenciales considerados de oposición.

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Tras las elecciones del 7 de noviembre en las que Ortega se reeligió para un cuarto periodo consecutivo, diversos países declararon “ilegítimo” el resultado y Estados Unidos, Canadá y Reino Unido aplicaron más sanciones económicas individuales a funcionarios del régimen.

Una de las medidas más fuertes fue la proclama del mandatario estadounidense que prohibió la entrada funcionarios públicos orteguistas, entre los que se encuentran alcaldes, vicealcaldes, secretarios políticos, funcionarios de los servicios de seguridad, incluyendo el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, la Dirección de Operaciones Especiales de Policía (DOEP), grupos parapoliciales y grupos paramilitares, altos miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y otras instituciones públicas.

No obstante, uno de los puntos agrega a “personas no gubernamentales” que actúan como agentes o actúan a instancias “para facilitar u obtener beneficios financieros de políticas o acciones, incluido el fraude electoral, abusos de los derechos humanos, o corrupción, que socaven o lesionen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua”.

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A la vez, anexa a “los cónyuges, hijos e hijas de las personas”de todos los incisos especificados. En ese sentido, el analista político y exdiputado liberal, Eliseo Núñez, insiste en destacar que “es uno de los acápites que le da facultades muchas más amplías al Departamento de Estado de EE. UU.” y añade que “cualquier privado del sector no gubernamental que tenga relaciones con el régimen se incluye. Desde empresarios, individuos e incluso a los paramilitares”.

En esa misma línea, el nicaragüense y exasesor personal en política exterior de la excongresista Ileana Ros-Lehtinen, Eddy Acevedo, explicó a LA PRENSA que en este grupo puede entrar cualquier persona. “Es un lenguaje general muy amplio para que la Administración (de Biden) tome la decisión contra otra gente que no está en el gobierno. Es una acción que le da a la Administración de Biden flexibilidad en las personas que ellos quieren sancionar por diferentes razones, hay personas que están fuera del régimen que le están ayudando”.

Sociedad civil, sector privado y partidos “colaboracionistas”

Sobre quiénes son las personas que se incluyen el grupo de “personas no gubernamentales” los especialistas coinciden en señalar que pueden ser personas de la sociedad civil, sector privado e incluso integrantes de partidos “colaboracionistas”.

El analista político Núñez sostiene que “se refiere a los que proveyeron materiales o cosas al Consejo Supremo Electoral. Este acápite está diseñado para empresarios con relación con el gobierno. Pudiera ser que si algún jefe de partido no salió electo podría ser incluido ahí (…) lo que se está diciendo ahí es que además de todo lo señalado desde funcionarios del Estado, cualquier privado del sector no gubernamental que tenga relaciones con el régimen que incluye empresarios, individuos e incluye a los paramilitares”.

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Por su parte, el exasesor Acevedo plantea que la Administración de Biden está clara que “Daniel y Rosario no van a viajar a EE.UU., no van a venir a Miami”, no obstante, señala que “es importante para la gente de alrededor, cercana a él (Ortega) ellos sí, porque todos saben que muchos países de Latinoamérica todo está conectado a EE. UU., la gente tienen familia aquí, le encanta venir a Miami, es más importante para esa gente ahora que no pueden viajar, no pueden recibir visa, y no pueden entrar al país porque eso ha sido siempre válvula para ellos que critican al imperio, pero les encantan aprovechar de las libertades y lo que los EE.UU. tiene para ofrecer”.

¿Cómo se darán cuenta?

La interrogante de cómo se darán cuenta las “personas no gubernamentales” que tienen prohibido entrar a EE. UU. tiene dos respuestas, explica el exasesor Acevedo. “Primero, si alguien tiene una visa, cuando trata de entrar a EE. UU con esa visa las autoridades van a ver que la visa ha sido cancelada y no la van a dejar entrar al país. Segunda es que si no tienen visa van a aplicar y van a ir a la Embajada de Estados Unidos en Managua, y la embajada va a negar esa visa por las mismas razones”.

LA PRENSA intentó contactar a diputados de los partidos señalados de colaboracionistas, sin embargo no atendieron los mensajes vía WhatsApp y tampoco las llamadas. El diputado del Apre, Byron Jeréz, no permitió que se le realizaran preguntas y escribió vía texto que se encuentra de “viaje familiar en Miami. No quisiera hablar de política en las vacaciones. Regreso la próxima semana y ahí con todo gusto”.

Byron Jerez, diputado del APRE, platica con Edwin Castro jefe de bancada del partido Frente Sandinista. LA PRENSA/Archivo.

Acevedo al ser consultado sobre qué pasaría con aquellas “personas no gubernamentales” aliadas al régimen de Ortega que se encuentren en EE. UU., y que hayan logrado entrar antes de la prohibición, Acevedo indicó que “depende de la visa que tenga la gente y depende si la persona está incluida en esa lista negra, que nadie sabe porque no son públicos los casos”.

El exasesor Acevedo dijo que aunque no hay certeza de que EE. UU. comience a deportar, se debe tener en cuenta que “todo depende de la persona, depende del tipo de acciones que esa persona ha tenido dentro del régimen y contra el pueblo para ver si está en esa lista de la gente que la Administración puede sancionar”.

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