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Daniel Ortega saluda al director de la Policía Nacional y su consuegro, Francisco Javier Díaz. LA PRENSA/ AFP

Presidente y la Policía, encabezan la percepción de corrupción en Nicaragua, revela informe de Latinobarómetro

En el Informe 2021, Latinobarómetro midió el nivel de percepción de involucrados en corrupción en América Latina, en Nicaragua el 58 % ubica al Presidente y sus funcionarios en primer lugar, y a la Policía en segundo lugar con un 46 %.

La principal percepción de corrupción en Nicaragua la ocupa el presidente, seguido de la Policía, según revela el informe de Latinobarómetro 2021 en el que analiza el tema de la democracia en América Latina.

En este estudio, al evaluar el indicador de percepción de corrupción en la región, en Nicaragua el 58 por ciento ubica al Presidente y sus funcionarios en primer lugar, y a la Policía en segundo lugar con un 46 por ciento. En tercer lugar se encuentran los jueces y magistrados con un 32 por ciento, indica el informe.

Los empleados públicos también son percibidos como corruptos (27%), estos ocupan el cuarto lugar; los diputados, el gobierno local y los empresarios, están en quinto lugar (24%).

A nivel regional, «los personeros que ocupan las instituciones más importantes de la democracia están bajo la sospecha mayoritaria de ser corruptos. El presidente (58%), el parlamento (55%), la policía (50%) y los jueces y magistrados (47%). Incluso en el caso de los líderes religiosos, situados al final de la lista, el 24% cree que están involucrados en actos de corrupción. También algunas familias (16%)», señala el informe.

«América Latina tiene que recomponer estas percepciones antes de consolidar sus democracias», recomienda el análisis.

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El informe de Latinobarómetro 2021, presenta los resultados de una encuesta anual, cara a cara que se aplicó a finales de 2020 mientras el mundo enfrentaba la mayor de las pandemias de los tiempos contemporáneos.

La Policía Nacional, ha sido calificada como el principal aparato represor del régimen de Daniel Ortega. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la crisis sociopolítica de 2018 se contabilizan 355 muertes.

«En esta percepción, no existen grupos importantes libres de la sospecha de corrupción en ningún país de la región. No hay ausencia de corrupción en ningún grupo significativo de las sociedades latinoamericanas», apunta el informe.

Además indica que en la mayoría de la población de Latinoamérica considera que la corrupción ha aumentado. «Solo en cinco países de la región menos de la mitad la población cree que la corrupción ha aumentado: El Salvador (15%), Uruguay (31%), Nicaragua (44%), México y Guatemala (49%)», indica.

Ficha técnica

El estudio se aplicó cara a cara en 17 países, entre el 26 de octubre y el 15 de diciembre de 2020. Sin embargo, señala que para Argentina no se pudo aplicar cara a cara por las condiciones de la pandemia, por lo que finalmente se decidió aplicarlo online entre el 26 de abril y el 16 de mayo de 2021.

Se aplicaron en total, en 17 países 19,004 entrevistas cara a cara y 1200 entrevistas vía panel online. Este estudio midió el animo de los ciudadanos de la región después de la primera ola de la pandemia, en los albores de la llegada de la segunda ola y con la promesa de las llegadas de las vacunas anticovid.

Menos garantías democráticas

En este estudio analizan el poder desde distintas perspectivas. En esta sección examinan las garantías democráticas, de qué manera la población en América Latina percibe la existencia de garantías políticas y civiles, así como las garantías sociales.

Las garantías civiles y políticas medidas son la libertad de expresión, la participación en la política y la selección de profesión.

El informe detalla que, la libertad de expresión pasó de 58 por ciento en 2018 al 46 por ciento en 2020, es decir que tuvo una reducción de doce puntos porcentuales en dos años. En cuanto al término de la participación en la política, esta pasó del 62 por ciento en 2018 al 45 por ciento en 2020, cae diecisiete puntos porcentuales. Mientras que en 2020, el 57 por ciento dice tener libertad de elegir la profesión, lo que refleja once puntos porcentuales menos, del 68 por ciento en 2018.

Las garantías cívicas y políticas se han visto afectadas en el contexto de la pandemia, señala el informe. «El hecho de que los pueblos señalen pérdida de libertades civiles y políticas debería de constituir una alerta para los gobernantes», alertan.

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Medición por país:

Libertad para participar en la política

La libertad para participar en la política aumentó del 57 por ciento en 2007 al 66 por ciento en 2011, para volver a disminuir desde entonces al 45 por ciento en 2020, el punto más bajo desde que se mide. Se trata de una caída de 21 puntos porcentuales.

Este indicador detalla que, se percibe libertad para participar en la política por más de la mitad de la población solo en siete países de la región, liderados por Uruguay con el 72 por ciento.

Al mismo tiempo, en los otros once países de la región menos de la mitad de la población cree que hay libertad para participar en política llegando a un mínimo de 32 por ciento en Colombia, seguido de Nicaragua con un 35 por ciento.

Libertad de expresión

Garantizar la libertad de expresión es algo consustancial a la democracia, indican y lo que se observa en América Latina es una percepción de libertad de expresión limitada, sostienen.

En 2007, el 49 por ciento afirmó que estaba garantizada la libertad de expresión para aumentar al 59 por ciento en 2011, y disminuir en su punto más bajo en 2020 con un 46 por ciento.

En este indicador Uruguay lidera con un 72 por ciento, seguido por Costa Rica con un 67 por ciento, República Dominica con 58 por ciento, Panamá 51 por ciento y Argentina con 50 por ciento.

En el resto de los pueblos de la región, incluida Nicaragua menos de la mitad considera garantizada la libertad de expresión. El mínimo lo alcanza Brasil con un 30 por ciento. Nicaragua es el quinto país con menos liberad de expresión (39%).

Este jueves, 15 organizaciones de derechos humanos, de víctimas y familiares de víctimas de la represión estatal en 2018, presentaron el «Informe de la Verdad ‘Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad'», avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en el que sostienen que en Nicaragua «se cometen crímenes de lesa humanidad» bajo responsabilidad del Gobierno de Daniel Ortega.

Libertad para elegir oficio – profesión

La libertad para elegir el oficio o profesión ha sufrido una baja desde 2011 cuando alcanzó el máximo medido de 70 por ciento, llegando al 57 por ciento en 2020. Un pérdida de trece puntos porcentuales.

Esta libertad es la que tiene más percepción de garantía en la región, agregan, solo dos países registran menos de la mitad de la población percibieron esa garantía. Brasil con un 38 por ciento y Ecuador ciento un 45 por ciento. Mientras que Colombia ocupa el tercero (50) y Nicaragua el cuarto (51%).

Costa Rica lidera con 72 por ciento de ciudadanos que creen que esa libertad está garantizada, seguido de Uruguay con 69 por ciento, y República Dominicana con 64 por ciento.

«Las garantías civiles y políticas son el cimiento sobre el cual se para la democracia, los derechos políticos están en el corazón de su legitimidad. El que la población perciba una pérdida de libertad es preocupante para los fundamentos de la democracia», advierten en el e informe.

A la vez agregan que «es indispensable que los gobiernos se preocupen de restituir las libertades restringidas en pandemia para recuperar las bases de la democracia con todo el peso que se requiere para resistir las imperfecciones».

Corporación Latinobarómetro

Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20,000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes.

Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile. Este organismo, investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos. Los resultados son utilizados por los actores socio políticos de la región, actores internacionales, gubernamentales y medios de comunicación.

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