Este viernes 19 de noviembre la dictadura de Daniel Ortega dio a conocer por medio de su canciller, su decisión de sacar a Nicaragua de la OEA. Esto ha ocurrido después de que el 7 de noviembre el pueblo de Nicaragua dijo “Basta Ya” a Ortega, haciendo uso de los artículos de la Constitución de la República que hoy el régimen manipula y pretende usar para denunciar la Carta de la OEA.
Circuló con fecha del 16 de noviembre de 2021 una declaración orientada por OrtegaMurillo a la Asamblea Nacional (AN), a la que obedientemente se suman la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), en la que se expone una serie de considerandos con los que Ortega se insta así mismo a “Denunciar la Carta de la Organización de Los Estados Americanos (OEA)”. Argumentos que a todas luces se le revierten por su actuar violatorio desde el Pacto Alemán Ortega hasta nuestros días de la misma Constitución Política y del orden jurídico internacional que el Estado de Nicaragua ha suscrito.
Con estas declaraciones el régimen pretende aparentar que en Nicaragua existe la separación de poderes del Estado, cuando hay pruebas suficientes que demuestran que desde antes de 2018 esas instituciones están totalmente subordinadas a la voluntad de la familia dictatorial. El mismo exmagistrado de la CSJ, el señor Rafael Solís dio testimonio de la injerencia constante de parte de la pareja OrtegaMurillo en esas instituciones y de la subordinación de sus magistrados.
Analizando los considerandos en los que el régimen OrtegaMurillo basa el llamado a sí mismo a Denunciar al Carta de la OEA, se evidencia que quien violenta la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Nicaragua son ellos mismos. Por ejemplo el primer considerando, que expresa que “La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo…Toda injerencia extranjera en los asuntos internos…o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo”, queda sin base ya que es el régimen Ortega Murillo quien atenta contra la vida del pueblo al menoscabar su derecho a decidir con independencia, soberanía y autodeterminación quién le gobierne.
El segundo considerando dice que “La Soberanía reside en el pueblo…decidiendo y participando libremente… en el perfeccionamiento… de la nación”. Precisamente esa soberanía de la que habla la Constitución es la que el régimen cercena al no permitirle a la ciudadanía participar libremente en los asuntos de la nación y al imponerse en el poder aún cuando el pueblo soberanamente se abstuvo de participar en la farsa electoral del 7 de noviembre.
Y precisamente porque “La lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo es un compromiso irrenunciable del pueblo”, es que el pueblo sigue resistiendo hasta lograr un gobierno que respete y promueva ese orden, en concordancia con el Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana que demanda el respeto a los derechos humanos, a la separación de poderes, al pluralismo político y a que los gobernantes asuman el poder en sumisión al Estado de Derecho y no por imposición.
El pueblo de Nicaragua está claro que no solo la injerencia externa es inaceptable sino también la injerencia interna en su autodeterminación y soberanía cuando se le obliga a ser gobernado por un régimen que no ha sido electo libremente y precisamente porque no le conviene.
Respecto del cuarto considerando llama la atención que aún cuando el Consorcio de Organizaciones de Sociedad Civil de Observación “Panorama Electoral”, denunció que las elecciones de 2016 carecían de legitimidad por todas las anomalías debidamente documentadas, las mismas fueron reconocidas por la Misión de Observación Electoral de la OEA. Sin embargo, es hasta ahora que la OEA no les reconoce su farsa electoral, que la denuncia como injerencista en dichos procesos.
El quinto considerando “Nicaragua históricamente ha respetado el Derecho Internacional”, es una falsedad ya que este régimen se ha caracterizado precisamente por irrespetar el marco jurídico suscrito por el Estado de Nicaragua ante el Sistema Interamericano y universal, resistiéndose a todo llamado al diálogo y de respetar el derecho del pueblo a unas elecciones libres y transparentes y de retornar al camino democrático.
Penosamente hay que recordarle a quien debería de estar encargado de hacer las leyes (y no estar defendiendo a una Estado Policial), que la soberanía no es una palabra hueca y que más bien reside en la voluntad del pueblo y no en la voluntad de una familia ni de un grupo que usurpa el poder. Y que ni la soberanía ni la autodeterminación pueden usarse como un cheque en blanco para que un régimen dictatorial que perdió toda legitimidad y que se impone a sangre y fuego viole los derechos humanos de los nicaragüenses, sin que medie el principio de que éstos son irrenunciables, inseparables y universales.
Todos los considerandos que usa el régimen de Ortega para denunciar la Carta de la OEA hoy se le revierten y es lo que fundamenta el actuar del pueblo de Nicaragua el 7 de noviembre cuando de forma cívica y pacífica le dijo “Basta Ya” a la dictadura. Voluntad ciudadana que la comunidad internacional está obligada a atender en el marco del derecho internacional y la universalidad de los derechos humanos.
La soberanía y la autodeterminación no es equivalente a la voluntad de la dictadura. El respeto a la autodeterminación y a la soberanía empieza por casa y son patrimonio irrenunciable del pueblo de Nicaragua.
La autora es defensora de Derechos Humanos, cientista social, Msc en Integración y desarrollo, actualmente en el exilio político.