La misión de observación de la Unión Europea en las elecciones venezolanas de gobernadores y alcaldes realizada el domingo 21 de noviembre, ha dicho en su informe preliminar presentado el martes 23, que “El proceso electoral mostró la persistencia de deficiencias estructurales, aunque mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores”.
El informe señala que si bien “el marco electoral venezolano cumple con la mayoría de los estándares internacionales básicos”, la misión “ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, el equilibrio y la transparencia de las elecciones”.
Queda claro que por el sistema dictatorial institucionalizado en Venezuela, las elecciones del domingo pasado no fueron normalmente democráticas, como las que se hicieron el mismo día en Chile donde hay una democracia arraigada y funcional. Pero tampoco se puede decir con certeza que fueron falsas o fraudulentas.
Sin duda que la presencia de más de 300 observadores electorales extranjeros, de la Unión Europea, el Centro Carter y un grupo de expertos de las Naciones Unidas, fue importante para validar esas elecciones, con todas las reservas que se mencionan en el informe presentado este martes.
En todo caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, integrado por cinco miembros de los cuales 2 son opositores, o independientes, informó que el partido oficialista ganó con una amplia ventaja sobre la oposición. Esto a pesar de que el partido de Nicolás Maduro obtuvo alrededor de cuatro millones de votos menos que en las elecciones anteriores.
Sin duda que la gran abstención y la división opositora, en general pero también del sector que participó en las elecciones, favoreció bastante al régimen de Maduro. Aún con el gran ventajismo institucional del oficialismo, si todos los venezolanos que repudian al régimen hubieran ido masivamente a votar la oposición habría ganado las elecciones.
La lección es que si en una siguiente elección la oposición democrática participara unida alrededor de objetivos y candidatos comunes, y motivara la mayor participación ciudadana, podría derrotar en las urnas al régimen como ya lo venció en las parlamentarias de 2015 con más del 56 por ciento de los votos.
Nicolás Maduro habla de que con su victoria electoral del 21 de noviembre y la participación de una parte de la oposición, su régimen ha quedado legitimado. Pero no es cierto, su presidencia es ilegítima porque se originó en una elección fraudulenta el 14 de abril de 2018, de manera que seguirá siendo desconocido por la comunidad democrática internacional.
En Venezuela solo habrá un presidente legítimo cuando el pueblo lo elija libremente en comicios competitivos y honestos, como los de Chile, Perú, Costa Rica y demás países auténticamente democráticos.