Después de cinco meses de travesía para poder llegar a los Estados Unidos, la tarde del jueves 25 de noviembre Nelson Lorío Sandoval y Karina Navarrete Sánchez, padres de Teyler Lorío Navarrete, el bebé asesinado en el 2018 por parapolicías, se entregaron a los agentes de migración de ese país norteamericano en busca de asilo político, informó el Grupo de Reflexión de Excarcelados políticos (Grex).
Los padres de uno de los niños íconos de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega salieron del país en los primeros días de junio de este año en compañía de su hija de 10 años y su sobrino Jorge Umaña Navarrete, quien también salió del país junto a su esposa Scarleth Flores. Ellos se entregaron a las autoridades de Estados Unidos a las seis de la tarde de ayer jueves.
«Todos ellos abandonaron el país en los primeros días de junio luego de un recrudecimiento del asedio contra su familia. Don Nelson en abril de este año había sido retenido por la Policía orteguista por varias horas, siendo señalado de supuestamente pretender realizar piquete exprés en algún punto de Managua», detalló el Grex.
El exilio de esta familia se suma a los miles de casos de nicaragüenses que buscan salir del país debido a la difícil situación política que vive Nicaragua y la represión impuesta por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra los opositores a su administración.
Lea además: Nelson Lorío: “Me arrepiento de haber ido a trabajar el día que mataron a mi hijo”
«Solicitamos a los hermanos y hermanas en Estados Unidos poder acuerpar a esta familia que se ve obligada a huir hacia allá en busca de la libertad que en Nicaragua no se vive», señaló el Grex
Asedio y persecución
Este sería el segundo exilio de Nelson Lorío y su esposa. En la primera ocasión salieron a finales de agosto de 2018 con rumbo hacia Costa Rica precisamente por el asedio de la Policía luego del asesinato de su hijo el 23 de junio en el barrio Américas 1, en Managua.
Sin embargo decidieron regresar al país en octubre de 2019 ante las dificultades que enfrentaron en el vecino país del Sur. Desde su retorno continuaron exigiendo justicia por el asesinato de su hijo de 14 meses, lo que les costó más asedio y persecución gubernamental.
«Don Nelson y su familia forman parte de las más de 355 familiares de personas asesinadas en el contexto de las protestas del año 2018, desde entonces no ha cesado su reclamo de justicia, respaldó los esfuerzos de unidad desde el sector de víctimas de la Coalición Nacional y en su casa fue víctima de reiteradas amenazas y cruel persecución por parte de miembros del partido de gobierno», recordó el Grex.
Lea también: La masacre de niños durante la represión orteguista
El 23 de junio de 2018 Nelson se bajó de un bus colectivo de Managua en el sector del mercado Iván Montenegro, llevando en brazo a su hijo Teyler, y cuando caminaba por el barrio Américas Uno paramilitares le dispararon y la bala entró en la cabeza del niño. Ese día el país había amanecido con ataques de fuerzas paramilitares y policiales en el barrio y los alrededores, que estaban llenos de barricadas.
El bebé no lloró, no gritó, no habló. Su papá miró cómo se le hundió la mollera. La sangre corría por sus manos. La camisa, el trapo con que lo tapaba, su ropita, todo estaba rojo. Fueron segundos que pasaron rápido y a la vez lentos. Entró a una casa de una señora que no conocía. Ella le lavó su cabecita. Lo último que miró de su niño fueron unos gestos de querer hablar, unas gesticulaciones que cree eran las de: “mamá” o “papá”.
Medidas cautelares
En marzo de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a Nelson Lorío y su núcleo familiar tras consideras que están en situación de riesgo a raíz de su búsqueda por justicia en el alegado asesinato por policías y paramilitares de su hijo.
En dicha resolución la CIDH le solicita al Estado de Nicaragua adopte medidas para garantizar la vida e integridad de Nelson Lorío y su núcleo familiar, sin embargo, lejos de cumplir, el régimen de Ortega recrudeció la represión contra esta familia.
“El Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros”, señaló el organismo.