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CONTENIDO EXCLUSIVO.El régimen de Daniel Ortega está terminando este año subiendo otro nivel en la escala de autoritarismo, pero esta vez dirigido a sus bases. En las últimas semanas se ha conocido que el orteguismo le está prohibiendo la salida del país a algunos de sus funcionarios y a los familiares de estos. A quienes han intentado viajar, las autoridades les quitan los pasaportes y les dicen que no pueden abandonar Nicaragua, medida que desde hace meses se aplica a opositores, activistas y periodistas independientes.
Uno de los empresarios que habría sido impedido de viajar fuera de Nicaragua, según dijeron varias fuentes, fue el presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres, a quien también le quitaron el pasaporte. También, el medio de comunicación Divergentes informó que fuentes de Gobernación confirmaron que le prohibieron al salida del país a Daniel Rosales, hijo del fallecido magistrado del la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales.
Hace un par de semanas, LA PRENSA conoció que el régimen amplió la lista de personas que tienen prohibida la salida del país. En esa “actualización” del listado, la dictadura incorporó a líderes del sector empresarial y además amplió el listado de civiles, incluidos periodistas, y se conoció que la lista incluyó a funcionarios de gobierno e incluso a retirados del Ejército.
Descontento interno
Toda esta situación, según críticos del régimen, estaría iniciando un colapso dentro de sus propias filas partidarias. El presidente de Hagamos Democracia (HD) y opositor en el exilio, Luciano García, manifestó que Ortega y su cúpula saben que existe un descontento mudo entre sus seguidores, no solo a nivel de las bases sino a un nivel intermedio, lo que podría desembocar tarde o temprano en una “implosión” del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera Ortega.
Por eso, según García, el siguiente nivel de “la estrategia de Ortega es no permitir que su propia gente los delate internacionalmente, porque su propia gente ya está al borde del colapso”.
“Ortega lo que teme es que sus propios miembros comiencen a desertar, se vayan fuera del país y comiencen a hablar de todas las sinvergüenzadas y fechorías que Daniel Ortega ha estado haciendo”, manifestó García.
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Aún así, el presidente de Hagamos Democracia reconoció que Ortega tiene de su lado el poder de las armas, lo que supone mayor dificultad de los inconformes para sublevarse a Ortega. García precisó que las cúpulas de la Policía y el Ejército se mantienen fieles a Ortega, principalmente la Policía liderada por su consuegro, el primer comisionado Francisco Díaz.
“La implosión tiene que venir de poderes fácticos, que tenga el poder de las armas, entonces, ahorita no tenés una implosión a flor de piel de la parte de las armas, ya sea el policía y el Ejército”, agregó García.
Rebelión sí, pero no pronta
Por su parte, el exdiputado y también opositor exiliado, Eliseo Núñez Morales, manifestó que no ve en el corto plazo un estallido interno en el FSLN, aunque sí coincide con García en que “en algún momento va a haber una rebelión”.
Núñez valoró que, en general, el régimen orteguista se sostiene de personas que son interesadas, no de leales ideológicos, lo que significa que los descontentos e inconformidades tendrán que salir más tarde que temprano.
“El sandinista promedio se compone de dos tipos de gente: el que se somete para mantener su impunidad, o sea que es una masa delincuencial; y el otro (tipo) son sandinistas que renuncian a su dignidad por un salario. Entonces yo esperaría que pase un tiempo para que uno de esos dos grupos empiece a sentir que esas prohibiciones no son posibles”, dijo el exdiputado.
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Núñez no duda que las prohibiciones de Ortega a sus funcionarios y aliados, son motivadas por una profunda desconfianza a su propia gente, lo que “terminará generando un ambiente muy enrarecido a lo interno de la estructura del FSLN.
El exdiputado consideró que los mismos sandinistas tendrán que someter a revisión dichas restricciones, si es que se les ocurre ponerse a pensar que eso los empujará a su fin en algún momento. En el corto plazo, según Núñez, lo que podría suceder muy pronto es el aumento de mayor número de filtraciones y quejas.
Un nivel más de represión
Un politólogo que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, recordó que el descontento de sandinistas de alto nivel ha sido evidente en casos como el del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, que renunció a su cargo después de las protestas de 2018.
En ese momento también muchos sandinistas de base le dieron la espalda a Ortega tras ver la represión armada contra estudiantes y civiles que dejaron más de 300 muertos en 2018. Incluso se reportaron casos de policías que huyeron del país y otros casos de policías asesinados en extrañas circunstancias tras haber anunciado su renuncia.
El politólogo aseguró que a Ortega “lo único que le preocupa es mantenerse en el poder a toda costa, y si eso implica encerrar y castigar a sus propios seguidores así sera”.
El analista político consideró además que esas prohibiciones “evidencian de gran manera que la represión, el autoritarismo y el control absoluto del régimen no son exclusivos para la oposición sino también para sus propias filas”.
“Ni el ciudadano de a pie ni el funcionario más poderoso y cercano a ellos está a salvo del control indiscriminado y el abuso de poder y también de que se les arrebate su libertad si la pareja de dictadores así lo desea. Demuestra que cada persona que tenga todavía su vida en Nicaragua está bajo el control de la pareja y no tiene derecho ni opinión sobre sí mismo”, valoró la fuente.
El politólogo sí cree que muy pronto se verá otro levantamiento social, producto de la carestía de la vida y la crisis económica. “El descontento que explotó en abril 2018 puede volver a explotar en el 2022, sobre todo con las dificultades económicas y sociales que vendrán una vez aplicada la Ley Renacer y todas las carencias causadas por el mal manejo del régimen del Estado y de sus recursos, como fue con la covid-19 y el descontento general de la farsa electoral reciente. Mientras más presión haga el régimen a la ciudadanía, más complican su propia situación al empujar a un nuevo levantamiento”, agregó la fuente.