La llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2021, generó expectativas respecto a las acciones que pondría en práctica frente al régimen de Daniel Ortega, principalmente por las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre y además por ser del partido contrario al presidente saliente, el republicano Donald Trump, que estableció una serie de sanciones y restricciones contra Nicaragua.
Diez días después de la toma de posesión de Biden, el asesor para asuntos de Latinoamérica, Juan González, dijo que “Estados Unidos defenderá que haya elecciones justas y transparentes”. Con ello se definía el panorama del nuevo mandatario, y luego a lo largo del año vendrían otras acciones directas y contundentes, como reacción ante el deterioro de la democracia y la violación a los derechos humanos en Nicaragua.
El Senador Bob Menéndez, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, de Estados Unidos, dijo el último día de noviembre, sentirse complacido con que el gobierno de Joe Biden haya implementado la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua o Ley RENACER, con nuevas sanciones específicas y una prohibición general de visas para los funcionarios nicaragüenses cómplices del régimen Ortega-Murillo.
“En Nicaragua, la implacable campaña del régimen de Ortega para encarcelar y perseguir a los opositores políticos, la sociedad civil y los medios independientes resultó en las recientes elecciones falsas. Este mes (noviembre), el Congreso aprobó mi Ley RENACER bipartidista, marcando el comienzo de una nueva era de responsabilidad internacional”, celebró Menéndez, el martes 30 de noviembre, durante la audiencia del Comité sobre la política de Estados Unidos en relación a la democracia en América Latina y el Caribe.
“Me complace que el gobierno de Biden ya esté implementando la Ley RENACER con nuevas sanciones específicas y una prohibición general de visas para los funcionarios nicaragüenses cómplices del desmantelamiento de la democracia. Las medidas más duras que Ortega haya enfrentado”, expresó el Senador.
LA PRENSA enumera las principales medidas de la administración Biden en contra del régimen Ortega-Murillo:
1- Un total de 169 restricciones de visas
La Administración de Biden ha revocado la visa estadounidense en los últimos meses a un total de 169 funcionarios y allegados al régimen Ortega Murillo.
El 12 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visas a 100 miembros de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial de Nicaragua, incluidos fiscales y jueces, «que impulsaron el asalto del régimen de los Ortega Murillo a la democracia» en el país. Las restricciones incluyen además a algunos de los familiares de los sancionados directos.
Mientras que el pasado 6 de agosto, Estados Unidos impuso restricciones de visa a 50 familiares directos de funcionarios de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial, incluyendo de fiscales y jueces nicaragüenses.
Esta lista fue engrosada, el 20 de agosto, cuando el Gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación de visa a 19 funcionarios electorales y de partidos políticos acusados de ayudar al régimen a perpetrar un “ataque” contra la democracia en Nicaragua.
Al respecto, el Embajador Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental, durante una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, reiteró el 30 de noviembre que “impusimos restricciones de visa a 169 personas vinculadas al gobierno Ortega Murillo y sus familiares directos y el 16 de noviembre se anunció una proclamación presidencial sobre Nicaragua suspendido la entrada de individuos cómplices de socavar la democracia“.
2- Sanciones individuales y a entidades
El pasado 9 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro funcionarios del régimen de Daniel Ortega; a Camila Ortega Murillo, hija de la pareja de dictadores; al diputado y jefe de bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro Rivera; al presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Leonardo Ovidio Reyes Ramírez; al coronel del Ejército de Nicaragua y quien dirige el Instituto de Prevención Social Militar, Julio Modesto Rodríguez Balladares.
Los cuatro, según el Departamento del Tesoro, han sido incluidos en la lista de Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y de acuerdo a una nota de prensa, todos fueron sancionados porque «apoyan al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, perpetrado violaciones de derechos humanos contra civiles, promulgado leyes represivas con serias consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios de comunicación independientes».
El 15 de noviembre, Estados Unidos sancionó al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve funcionarios y allegados al régimen de Daniel Ortega, del sector energía, económicos y alcaldes: Luis Ángel Montenegro Espinoza, José Adrián Chavarría, Rodolfo Francisco López Gutiérrez, José Antonio Castañeda Méndez, Mohamed Mohamed Farrara Lasthar, Salvador Mansell Castrillo, Leonidas Nicolás Centeno Rivera, Sadrach Zeledón Rocha y Francisco Ramón Valenzuela Blandón.
El Embajador Nichols, también agregó que Estados Unidos ha sancionado a al menos 40 personas y nueve entidades bajo Ley Global Magnitsky “con el tramo más grande anunciado el 15 de noviembre después de las falsas elecciones”, dijo.
Asimismo expresó “damos la bienvenida a acciones concretas tomadas por nuestros socios, incluido el anunció de Canadá y el Reino Unido de sanciones adicionales a Nicaragua el 15 de noviembre, y la decisión de la Unión Europea (UE) del 2 de agosto de aplicar sanciones a ocho personas, incluida la vicepresidenta Murillo”.
3- Ley Renacer
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó y promulgó el miércoles 10 de noviembre la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o Ley Renacer, que propone ejercer más presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sanciones individuales a funcionarios y restringir los préstamos bancarios multilaterales.
La firma de la legislación se da exactamente a una semana que de forma bipartidista la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó de manera contundente con 387 votos, de 432 representantes la Ley, y solo tres días de haberse celebrado las cuestionadas y polémicas elecciones en Nicaragua catalogadas por la Casa Blanca como «una pantomima».
La promulgación de la Ley Renacer, según habían adelantado funcionarios estadounidenses, corresponde a la respuesta de la Administración de Biden a la farsa electoral en la que el caudillo sandinista Daniel Ortega consumó su cuarta elección consecutiva.
Por su parte, el Embajador Nichols, este 30 de noviembre, dio la bienvenida a la sólida legislación bipartidista Ley Renacer y dijo al Senador Menéndez que “esperamos estrechamente con usted para implementarlo”.
4- La Proclama de Biden
El gobierno de Biden, suspendió el 16 de noviembre, el ingreso al país norteamericano como inmigrantes o no inmigrantes, a todos los funcionarios del régimen de Daniel Ortega, incluyendo su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, miembros de su administración, alcaldes, policía, ejército, funcionarios electos y las familias de todos los anteriores, por actos represivos y violación de los derechos humanos.
A través de una declaración el mandatario Biden afirma que la decisión obedece «a la luz de la importancia para Estados Unidos de impulsar procesos e instituciones democráticas en Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones de democracia, y dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua».
La proclamación permanecerá en vigor hasta que el Presidente de Estados Unidos la dé por terminada. «El Secretario de Estado recomendará, según las circunstancias, si el Presidente debe continuar, modificar o dar por terminada esta proclamación», indica el documento.
Por otro lado, el embajador Nichols sostuvo que “en Nicaragua, el régimen de Ortega-Murillo lanzó una ofensiva sin precedentes contra líderes de la oposición y periodistas independientes. Siguiendo la farsa electoral del 7 de noviembre, Ortega y Murillo ya no tienen mandato democrático”.
Durante su intervención en la audiencia del Comité sobre la política de Estados Unidos en relación a la democracia en América Latina y el Caribe, Nichols, recordó que ” el 12 de noviembre en la Asamblea de la OEA, 25 países votaron a favor de condenar las elecciones nicaragüenses y exigir la liberación de los presos políticos y el retorno a la democracia. Nicaragua solo votó en contra de la resolución, demostrando su aislamiento en la región“.