El régimen de Daniel Ortega mandó a cancelar la personería jurídica de la Fundación Internacional para Desarrollo Económico Global (Fideg), que dirige el economista y empresario Alejandro Martínez Cuenca, a través de un Decreto que deberá ser aprobado por el plenario de la Asamblea Nacional, conformado por la mayoría de diputados oficialistas.
Este Decreto de cancelación de la personalidad de Fideg, presentado el pasado 30 de noviembre por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez ante la Primer Secretaria de la Asamblea Nacional, se conoce 26 días después del allanamiento de las oficinas está organismo, ubicada en Managua.
LA PRENSA intento comunicarse con Martínez Cuenca, para conocer su opinión sobre la cancelación de Fideg, pero no contestó.
El Fideg surgió en 1990, con el objetivo de realizar estudios socioeconómicos, según su sitio web. Uno de sus principales estudios es la Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua, la cual realiza desde el 2009.
Martínez Cuenca, empresario de la industria del tabaco, fue nombrado por Ortega en 2011 como miembro propietario del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), cargo que fue ratificado en mayo de 2016. Renunció del puesto el 2 de agosto de 2018. Durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), se desempeñó como ministro de Planificación y ministro de Comercio Exterior.
El Decreto manifiesta que el motivo de la cancelación es porque “esta Fundación no presentó los Estados Financieros 2020 con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalle de donaciones, proveniencia y beneficiario final”, violentando lo establecido en la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro.
También señala que incumplió el artículo 38 de la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (1997), que establece los deberes las Organizaciones Sin Fines de Lucro.
Además indica que no presentó el informe de donaciones previas provenientes del exterior y no se registró como Agente Extranjero, lo que incumple con la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. mejor conocida como “Ley Putin” por su similitud con una legislación aprobada en Rusia por el presidente Vladimir Putin.
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Precisamente la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el pasado 15 de octubre de 2020, tiene el objetivo de controlar la cooperación extranjera que reciben las organizaciones civiles, y los acusa y criminaliza por ese hecho sin un proceso previo de investigación, lo que es considerado una violación al artículo 34 de la Constitución Política, que establece el derecho a la presunción de inocencia, según han referido analistas.
Con esta cancelación, ya son 48 las organizaciones no gubernamentales (ONG) canceladas por el régimen de Daniel Ortega desde 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica el régimen orteguista incrementó la represión contra todo tipo de crítica y oposición. Algunas de las ONG canceladas trabajaban en la promoción de los derechos humanos, civiles y democráticos.