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Votaciones de noviembre consolidaron la autocracia en Nicaragua

Un estudio de la Fundación para la Paz y la Democracia señala cómo se consolidó la dictadura de Ortega y puntualiza elementos preocupantes en el tejido social del país, como el poco conocimiento sobre la democracia

Tras el largo proceso de deterioro que desde el retorno de Daniel Ortega al poder en 2007 enfrentó la democracia nicaragüense, con la votaciones del 7 de noviembre pasado se consolidó la autocracia. Este proceso de consolidación de la dictadura se caracterizó, principalmente, por las restricciones y el irrespeto a los derechos humanos, el deterioro del Estado de derecho y la ausencia de contrapesos al poder Ejecutivo; y ocurrió en un momento histórico en el que gran parte de los nicaragüenses tienen poco conocimiento sobre lo que es la democracia.

De acuerdo con sitios especializados, la autocracia es un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura; y sus acciones y decisiones no están sujetas a restricciones legales externas ni a mecanismos de regulación y control popular.​ La monarquía absoluta y la dictadura son las principales formas históricas de autocracia.

“En Nicaragua se ha terminado de consolidar una autocracia. El presidente Ortega se reeligió para un nuevo periodo (el cuarto consecutivo), en un proceso electoral carente de credibilidad. Esto ha provocado que los resultados no sean reconocidos por al menos 40 países”, dice el estudio Nicaragua Estado de la Democracia, diciembre 2021.

El estudio, realizado por la Fundación para la Paz y la Democracia (Fundapaz), explica que la profundización de la autocracia se ha apoyado en la aprobación de leyes que han incrementado la discrecionalidad por parte de los poderes del Estado y las instituciones públicas; y estas a su vez responden estrictamente a los intereses del Ejecutivo.

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Ortega en el nivel más bajo de aceptación

Dicha consolidación ocurre mientras Ortega ha caído a los niveles más bajos de aceptación desde 2011. En ese año el 31 por ciento de la población valoraba positivamente su gestión; mientras que para 2017 esa valoración positiva se elevó hasta 62 por ciento. Sin embargo, desde el estallido de la crisis sociopolítica de 2018 comenzó el declive y en septiembre de este año la aprobación bajó hasta 24 por ciento.

El estudio advierte que aunque estas leyes ahora forman parte del marco legal vigente en el país, en la práctica resultan “ilegítimas”, ya que su creación y aprobación depende de grupos de poder específicos y limitan el cumplimiento del Estado de Derecho. Además, no se adhieren a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el país ha ratificado.

Según el estudio, la aprobación o modificación de leyes a conveniencia del poder Ejecutivo ha sido una constante en la historia política nicaragüense; historia que se ha caracterizado por la tendencia hacia el hiperpresidencialismo; y a ello se suma una ciudadanía desorganizada y un ambiente hostil para la sociedad que también está en descomposición.

Además, señala elementos preocupantes que caracterizan el tejido social nicaragüenses y lo atribuyen al bajo nivel de conocimiento sobre la democracia. Casi la mitad de la ciudadanía tiene un nivel de conocimiento bajo o medio sobre la democracia. Eso se refleja en que consideran que es posible eliminar algunos aspectos fundamentales que la caracterizan; entre ellos los partidos políticos o los medios de comunicación, sin que se vea afectada. Además, la proporción de personas que consideran que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático pasó de 11 por ciento en septiembre de 2020 a 19 por ciento en septiembre de 2020.

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Poco conocimiento sobre la democracia

Los elementos preocupantes que según el estudio caracterizan el tejido social nicaragüense son: un incremento de personas con poca tolerancia política, que considera innecesario que las personas se organicen y manifiesten. Y el segundo es el incremento de personas que aprueban las acciones a favor de la autocracia; entre ellas la eliminación de algunos derechos políticos como el derecho a manifestarse, organizarse en partidos, realizar elecciones y otros.

Al analizar la relación entre los elementos que pueden eliminarse sin afectar la democracia y la preferencia por algún partido político, se encuentra que la proporción de personas a favor de eliminar los elementos consultados varía según su afinidad partidaria. Entre las personas que simpatizan con el partido de gobierno (FSLN), una mayor proporción considera que pueden eliminarse las manifestaciones, los medios de comunicación y las organizaciones sociales.

Esta posición es atribuida por el estudio a la narrativa construida por el régimen sobre el estallido social de 2018, que califica como un intento de golpe de Estado, con el que la oposición pretendía desestabilizar el país y frenar los avances en materia económica y social.

“Sobre las redes sociales, las personas que simpatizan con el partido de gobierno consideran que podrían eliminarse sin afectar la democracia. De acuerdo con Latinobarómetro (2021), Nicaragua es el país de América Latina con la mayor proporción de personas que considera que las redes sociales no sirven para participar en política (51% Nicaragua, 40% – en promedio- en Latinoamérica)”, detalla el estudio.

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No se respetan los derechos humanos

El estudio sostiene que aún persiste la crisis de derechos humanos que inició en 2018. Es evidente la reducción del espacio cívico y mediático, la concentración de los poderes del Estado, los altos niveles de corrupción y la restricción a libertades y derechos fundamentales y las restricciones adicionales provocadas por la pandemia de covid-19.

“La crisis se profundizó tras la detención de 7 aspirantes a la presidencia, la cancelación de personerías jurídicas de los principales partidos de oposición, la aprobación de una reforma electoral unilateral por parte del Estado de Nicaragua y la ausencia de observación electoral independiente. Las elecciones en Nicaragua fueron cuestionadas por celebrarse sin condiciones para ser consideradas justas, libres, transparentes y competitivas. Por lo cual carecen de validez democrática”, dice el estudio.

La agudización de la crisis se refleja en un incremento de la proporción de personas que considera que los derechos humanos se respetan poco o no se respetan en Nicaragua. Este dato pasó de 57.9 por ciento en 2020 a 62.6 por ciento en 2021. Este incremento en las violaciones a los derechos de las personas se traduce en miedo.

“El 67 por ciento de la población está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que las personas tienen temor de expresar sus opiniones políticas en público. Mientras que el 35.1 por ciento expresa que siente algún nivel de incomodidad al hablar de política con personas que tienen otra ideología política. En particular, el miedo a expresar sus opiniones en público entre las personas de oposición puede deberse a que teman ser víctimas de agresiones u hostigamientos”, detalla el estudio.

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Los sandinistas siguen creyendo en las instituciones

El estudio también refleja la falta de confianza en las instituciones del Estado; la mayoría de las que expresan cierto nivel de confianza en ellas son a su vez simpatizantes del partido de gobierno (FSLN). Esto se extiende a las percepciones sobre las libertades civiles y políticas y la situación de los derechos humanos.

Por el contrario, las personas que no confían en las instituciones del Estado perciben una realidad más desfavorable sobre el estado de las libertades; también sobre la situación de derechos humanos y la democracia. Ellas confían más en instituciones privadas. Entre las que más confianza generan están la Iglesia católica y evangélica, los medios de comunicación, los movimientos de mujeres, universidades y empresa privada.

Aunque en menor proporción, hay confianza en organizaciones de la oposición como Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD); también en la Coalición Nacional (CN); la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el Movimiento campesino y movimientos estudiantiles. “Los bajos niveles de confianza en las distintas organizaciones de oposición podrían atribuirse a su desarticulación y división”, señala el estudio.

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Los insumos para el estudio

Para realizar la investigación sobre El Estado de la Democracia en Nicaragua, se utilizaron diversas fuentes de información. Para el análisis cualitativo se analizaron publicaciones de medios de comunicación internacional y nacional y, entre estos últimos independientes y oficialistas; también informes de organismos internacionales de derechos humanos. Y para el análisis cuantitativo diversas fuentes de información, entre ellas:

  • Encuesta de opinión pública de Corporación Latinobarómetro
  • Estudios de Opinión Pública (OP) de CID Gallup
  • Encuesta Socioeconómica de Propósitos Múltiples (ESPM)
  • Análisis de Economist Intelligence Unit (EIU)
  • Informes de Freedom House
  • Índices del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional)
  • Estudios del Proyecto Mundial de Justicia (PMJ)
  • Reportes del Proyecto Mundial Variedades de la Democracia (V-Dem)
  • Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional
  • Barómetro de las Américas realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés)
  • Encuesta Nacional de las Elecciones en Nicaragua

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