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Mohsen Rezai, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Los tres prófugos de la justicia a quienes Ortega invitó a su toma de posesión

Dos expresidentes salvadoreños buscados por la justicia de su país y un viceministro iraní circulado por la Interpol sonrieron y compartieron con Ortega y su gabinete este lunes. Aquí te contamos de qué se les acusa

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El acto de investidura del dictador Daniel Ortega reunió este lunes 10 de enero a tres conocidos prófugos de la justicia: el iraní Mohsen Rezai, quien es buscado por la Interpol, y a dos expresidentes salvadoreños: Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, acusados por actos de corrupción en su país. A estos dos últimos Ortega les otorgó la nacionalidad nicaragüense.

Ortega, con apenas tres presidentes acompañándolo en su acto, sonrió, se abrazó y se tomó fotografías con los buscados por la justicia.

Mohsen Rezai 

Irán envió al acto de Ortega a su actual vicepresidente de Asuntos Económicos, Mohsen Rezai, lo que causó la “más enérgica condena” por parte dela Cancillería de Argentina. Y es que Rezai —quien compartió en el acto sonriente con los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba— es uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, que dejó 85 muertos.

Mohsen Rezai compartió saludos y abrazos con los presidentes de Cuba y Venezuela

El delegado iraní en la toma de posesión de Ortega era el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán cuando una bomba hizo explotar la AMIA, el 18 de julio de 1994. Es buscado por la Policía Internacional (Interpol), que tiene vigente una circular roja en su contra por el homicidio agravado de las 85 personas.

La ficha de la Interpol señala al iraní de “homicidio calificado, doblemente agravado (por haber sido cometido por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y lesiones graves calificadas, en forma reiterada y daños múltiples agravados por haber sido cometidos por odio racial o religioso”.

En Argentina, la justicia lo acusa de haber intervenido tanto en la decisión como en la implementación del ataque a la mutual judía. Para la Cancillería, su presencia en el acto de Ortega este lunes constituye “una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista”.

“El Gobierno argentino exige una vez más al Gobierno de Irán la cooperación de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes”, dijo la Cancillería.

Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta designada, destacó el 29 de diciembre reciente una conversación telefónica entre Ortega y el presidente de Irán, Sayyid Ebrahim Raisol-Sadat (Ebrahim Raisi). «Somos conocidos, dijo el presidente Raisi, por la postura antihegemónica y antiimperialista, que ambos hemos sido objetos de permanente injerencia, amenazas, agresiones de parte del imperialismo norteamericano, pero subrayamos, recalcamos que estamos juntos en estrecha cooperación de manera que, en el campo de la salud, de las ciencias de las tecnologías, del comercio, vamos a ir cada vez más unidos, siempre adelante», puso en boca del presidente iraní la también vocera gubernamental el reciente 30 de diciembre.

Argentina e Irán mantienen relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios.

De izquierda a derecha, frente a Daniel Ortega se coloca Mohsen Rezai. Tomada de El 19 Digital

Mauricio Funes Cartagena

El exmandatario salvadoreño (2009-2014) es requerido por las autoridades de su país debido a un proceso judicial en su contra por corrupción.

El 1 de septiembre de 2016, Funes junto a sus dos hijos Carlos y Diego, así como su pareja, pidieron asilo político en Nicaragua, y en julio de 2019, Ortega les otorgó la nacionalidad nicaragüense, quedando así protegido de su extradición a El Salvador.

La Fiscalía salvadoreña acusa a Funes de malversar 351 millones de dólares del presupuesto público junto a familiares, amigos y exfuncionarios. En abril de 2019, la Fiscalía decomisó 61 propiedades vinculadas a Funes y adquiridas con supuestos fondos públicos por personas cercanas al expresidente.

El expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, este 10 de enero. LA PRENSA/Captura de pantalla

Los bienes estaban a nombre de familiares y exempleados de confianza o miembros del círculo más cercano del expresidente y su pareja. Funes Cartagena y su hijo Diego Roberto Funes Cañas no solo están exiliados en Nicaragua, sino que también son empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

Salvador Sánchez Cerén

El expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) es acusado de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero durante la Administración de Mauricio Funes. Tanto Sánchez Cerén como Funes gobernaron El Salvador en representación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido cercano al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua.

Según la Fiscalía salvadoreña, Sánchez Cerén recibió 530,000 dólares en sobresueldos irregulares cuando era vicepresidente (2009-2014), bajo el Gobierno de Funes.

Daniel Ortega junto a Salvador Sánchez Cerén, antes de iniciar el acto de la toma de posesión de Ortega, observa la esposa de Sánchez. LA PRENSA/Archivo

El 28 de julio de 2021 se conoció que un juez de El Salvador ordenó la búsqueda y captura internacional del exmandatario salvadoreño, quien es considerado por ese país prófugo de la justicia y es procesado por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El juez giró oficio a la Interpol para que localice y capture al expresidente.

El 30 julio de 2021 fue nacionalizado como ciudadano nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega. También se le otorgó la misma nacionalidad a su esposa, Rosa Margarita Villalta; a su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta, y su nieto, Juan Carlos Guardado Sánchez.

Sánchez Cerén ha sido también señalado por diversas publicaciones periodísticas de haber contribuido a alimentar un sistema de corrupción montado por los partidos Arena y FMLN durante sus períodos presidenciales, con el cual desviaron millones de dólares del Estado hacia cuentas bancarias afines o relacionadas a ambos institutos políticos.

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