Crimen en La Marañosa

Reportaje - 23.01.2011
Crimen en La Marañosa

Hace 16 años diez rearmados, una maestra rural y dos militares fueron emboscados y asesinados en lo que se ha conocido como ”la masacre de La Marañosa”. El crimen escandalizó en su momento porque se ejecutó a personas desarmadas, que se acogieron al proceso de paz, y sobre todo, porque el principal sospechoso siempre fue el Ejército de Nicaragua

Tania Sirias
Fotos de Archivo personal de Oscar Navarrete

Desolado. Así se observaba el 6 de enero de 1995 la carretera que conduce hacia Pantasma-Jinotega. El campesino Margarito Úbeda Sevilla caminaba hacía su casa, ubicada a 300 metros del empalme de La Marañosa. Eran como las diez de la mañana, cuando su recorrido fue alterado al ver que un camión del Ejército se detuvo en el lugar conocido como La Balastrera. En un momento se bajaron varios militares y se internaron en el cerro del mismo nombre.

Luego de dejar a los efectivos del Ejército en el punto, el camión prosiguió su marcha con dirección al municipio de Wiwilí. Don Margarito presentía que había algo raro en el ambiente. Diez horas más tarde, como a eso de las nueve de la noche escuchó un estruendo que hizo retumbar la tierra. Su intuición no lo había engañado.

Ese mismo estruendo interrumpió el sueño del señor Harvi Montenegro, quien habitaba a 100 metros del empalme de La Marañosa.

"Escuché el ruido de unos camiones, seguido de una detonación como de granada, luego escuché un tiroteo y los gritos desesperados de personas. Fue hasta la mañana del día siguiente que me presenté al lugar y pude observar trece cadáveres, incluyendo el de una mujer, todos ellos tirados en la vía", narra en el informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

¿Qué ocurrió ese día? ¿Quién mató a esas 13 personas? ¿Hubo castigo para los perpetradores? Magazine reconstruye la historia de la masacre que ocurrió en La Marañosa, a través de testigos claves.

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Lunes por la tarde. El tráfico congestionado en la calle principal de la colonia Centroamérica hace colmar hasta la paciencia de un santo. El ex diputado Carlos Gallo espera con un cigarro en mano, para dar los detalles que ha guardado durante 16 años.

En 1995 Carlos Gallo era diputado por la bancada del Frente Sandinista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

Recuerda que la primera noticia que tuvo de La Marañosa es que se había dado un enfrentamiento entre el Ejército y una banda de delincuentes. Sin embargo, días más tarde se entera que entre los asesinados estaba una maestra rural y un grupo de rearmados que eran trasladados a la base de Apanás para su desmovilización.

"Se presentaron a mi oficina en el parlamento un grupo de diputados que eran los representantes de la región de Matagalpa y Jinotega. Me dijeron que se debía esclarecer este caso. Pero esta petición toma más fuerza cuando me pide una entrevista el agregado militar de la Embajada de Francia", narra Gallo.

La insistencia del agregado militar francés se debía a que algunos de los presuntos autores intelectuales de esa masacre habían estudiado en la escuela militar francesa.

"También hubo preocupación por las embajadas de España y la de Estados Unidos y eso repercutió en el mismo Departamento de Estado. Ante esta situación, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional decide investigar y saber qué pasó en La Marañosa".

Gallo, junto con otros diputados, se trasladaron 48 horas después de lo ocurrido y fueron acompañados por peritos nacionales e internacionales.

Lo que más le llamaba la atención del caso La Marañosa es que la versión que daba el Ejército y la Policía se contradecía, mientras la investigación avanzaba.

"El jefe policial de ese entonces era Fernando Caldera y la versión que dio como representante de la institución decía que se había dado un combate, producto de una emboscada que hizo un grupo de rearmados".

"La tesis central de la Policía y el Ejército era que los rearmados que venían en el camión abrieron fuego contra los camiones del Ejército. Sin embargo las evidencias eran totalmente contradictorias, y los testimonios de las personas no concordaban con el Ejército", expresa Gallo.

Es ahí donde la Asamblea decide investigar y esclarecer los hechos ocurridos en La Marañosa.

Fotos de Archivo personal de Oscar Navarrete
Desarme. Un proceso de transición política comenzó en 1990, tras obtener el poder doña Violeta Barrios de Chamorro. Los contras tenían que dejar las armas y el Ejército Popular Sandinista, reducirse.

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6 de enero de 1995. A eso de las 6:30 p.m. dos camiones rusos Zil del Ejército llegaron al sector de La Zacatera, ubicada a 10 kilómetros al sureste de Wiwilí, en el departamento de Jinotega. Ahí los esperaba una banda de rearmados para trasladarlos a la base de Apanás, donde recibirían 250 mil córdobas por dejar las armas.

Entre los alzados estaban: César Meza Rivera, alias "Hugo", Mario Rivera Meza, José Rivera Meza, Jesús Meza, padre de los rearmados; David Montenegro González, Marlon Duarte Olivas, Aníbal Duarte Olivas, Edwin Rugama Martínez, Bernardino Chavarría Matey, Tilo Quintero Castro y la profesora Egdomilia Peralta Beflorín.

Éstos eran custodiados por los soldados Henry Vallecillo y Fausto Amador, quienes también fallecieron en la emboscada en el empalme de La Marañosa.

Según familiares de los fallecidos, desde el 16 de diciembre de 1994, la banda de "Hugo" había acordado dejar las armas y el punto para ser llevados a la base de Apanás sería la comunidad de La Zacatera.

"Ellos los esperaban desde la mañana, pero el camión llegó como a eso de las seis de la tarde. Los militares esperaron que cayera la noche para matarlos", relata Enriqueta Monzón Rivera, madre de "Hugo". Además cuenta que antes de subir al camión, la banda de los alzados entregó sus armas a los custodios.

Tres horas más tarde, como a eso de las nueve y media de la noche cuando el camión circulaba por el empalme de La Marañosa, se escuchó una detonación y luego disparos en un combate que duró como unos 25 minutos, recuerda el señor Harvi Montenegro, quien vivía a 100 metros de donde ocurrió la masacre.

Otro vecino del lugar, el cual no quiso ser identificado por temor, declaraba que horas antes de la masacre, como a eso de las diez de la mañana pasó por la carretera un camión militar y dos jeeps WAS.

"Inicialmente pasaron rumbo a Pantasma y media hora después regresaban rumbo a Wiwilí. Al parecer andaban inspeccionando la carretera", narra en el informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Agrega que "como a eso de las 9:30 p.m. escuché primeramente una explosión fuerte y luego disparos de fusilería. Eso se prolongó por un espacio de 20 a 25 minutos. Luego se escuchaban los gritos y lamentos de una mujer, posteriormente se oyeron tres disparos y la mujer no volvió a gritar". Los vecinos del lugar se presentaron a la escena hasta la mañana siguiente, encontrando los 13 cuerpos acribillados y tirados en la carretera, fue cuando decidieron dar aviso a las instancias correspondientes.

Según el comunicado 01/95 emitido por el Ejército el 7 de enero de 1995, a través de la Dirección de Relaciones Públicas informaba que "desde el día 16 de diciembre de 1994 las Fuerzas Especiales de la Agrupación Táctica de Combate `Benjamín Zeledón', sostuvieron contacto con los enlaces de la banda de delincuentes armados jefeados por lo individuos César Meza Rivera 'Hugo' y Mario Meza Rivera `Bayardo' quienes que-rían conversar con el Ejército Popular Sandinista (EPS) para su desarme".

Con relación al enfrentamiento del 6 de enero de 1995, "cuando la caravana que era escoltada por 20 comandos se desplazaba a 2 kilómetros al sureste del empalme de La Marañosa —narran los militares— se escuchó una ráfaga en el camión que transportaba a los delincuentes, produciéndose de forma instantánea la muerte del conductor del camión, el soldado del EPS Harry Vallecillo y del soldado escolta Fausto Amador Zelaya. Al mismo tiempo los delincuentes desde el camión atacaron con granadas el camión escolta, produciéndose un combate que duró 30 minutos".

Sin embargo, las evidencias obtenidas a través de las distintas investigaciones hechas por los organismos de derechos humanos se contradecían con la versión del Ejército, y todo apuntaba a que los militares prepararon esta emboscada contra el grupo desarmado.

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Para el miembro de la Resistencia, Luis Fley, lo que ocurrió en La Marañosa fue un plan de aniquilamiento, pues el Ejército y el Gobierno se confabularon para exterminar esas bandas que exigían los cumplimientos del desarme de 1990.

Fley, quien se encontraba trabajando para la Alcaldía de Managua, recuerda que a partir de 1992-93 comenzaron a surgir grupos que se rearmaban para exigir a doña Violeta el cumplimiento de los acuerdos del desarme.

En ese tiempo se rearmaron varios grupos entre ellos el "3-80" en Quilalí, "El Indomable", "El Charrito", "El Musún" y también estaba operando un pequeño grupo en la zona de Wiwilí, que era la banda de "Hugo".

Con este grupo de alzados, el Ejército Popular Sandinista estaba sosteniendo pláticas para que dejaran las armas y en unas de las reuniones con las Brigadas de Desarme fallece el coronel José Antonio Estrada García.

El coronel Víctor Boitano recuerda que él se encontraba estudiando en Francia cuando se da el crimen de La Marañosa.

"Estando allá (Francia) me preguntan si tengo conocimiento de lo ocurrido. Llamé a Managua para saber qué era lo que había ocurrido y me dijeron que eso había sido en respuesta a la muerte del coronel Estrada, quien había muerto hacía menos de un mes, el 16 de diciembre de 1994, en la zona conocida como La Zacatera".

Lo raro, dice Boitano, es que ésa era una operación clandestina, sin la presencia de medios de comunicación. El Ejército les había ofrecido dinero a cambio de su desmovilización y en esas pláticas los contras matan al jefe negociador del Ejército, el coronel Estrada García, quien era el Jefe del Estado Mayor de las Tropas Especiales del Ejército, y hermano del Jefe de la Naval, Juan Santiago Estrada García", nana el coronel Boitano.

Añade que estando en La Zacatera se da una discusión entre ambos bandos, pues los rearmados decían que no era el dinero acordado para la desmovilización. Se produce un enfrentamiento y muere instantáneamente el coronel Estrada.

Pasan los días y el próximo encuentro se da el 6 de enero de 1995. Suben a los rearmados al camión para llevarlos a la base de Apanás, pero fueron asesinados en el camino.

Para Luis Fley, todo fue bien planificado. Fue una operación de aniquilamiento en venganza por la muerte del coronel Estrada.

"En el lugar donde se planificó el hecho había una pequeña colina. Ésa fue una emboscada que en términos militares se le llama de aniquilamiento, que es para que nadie salga vivo. Se busca la topografía del terreno para obtener ventaja. Todo estaba planificado con ventaja y alevosía, era para que nadie saliera vivo de aquel infierno", dice Fley.

Además lamenta que al Gobierno no le importó lo que ocurrió en La Marañosa y siempre prevaleció la versión del Ejército. "El grupo de 'Hugo' era señalado por realizar robos y secuestros, ya que no tenían quien les proveyera de avituallamiento y dinero para comprar la comida, ellos se habían dedicado a cometer abusos contra la población. Eso no lo vamos a negar", reconoce el miembro de la Resistencia.

Sin embargo, afirma que el mensaje que brindó el Ejército fue claro: "Acabar con los grupos que se estaban rearmando en determinadas partes del territorio y que estaban demandando el cumplimiento de los acuerdos".

Tanto Fley como Boitano coinciden que antes de quitarles las armas a los grupos alzados, primero los debieron desarmar mentalmente.

"Lamentablemente se convirtieron en bandas delincuenciales, ya que ése era su modus vivendi en el campo. No hubo un programa de reinserción para los grupos armados, pues habían sobrevivido por más de diez años con el fusil en la mano, ya sea éste de la Resistencia o del Ejército. Lo que hicieron fue quitarle el arma y ellos sintieron que estaban sin su elemento. El tomar las armas de nuevo fue caer en un círculo vicioso", expresa Fley.

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El caso de La Marañosa toma mucha relevancia en lo sectores civiles y militares por la forma en que fueron ejecutados, recuerda la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

"Éste fue un caso emblemático, pues todos los organismos de derechos humanos, además de la Asamblea Nacional y el Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA deciden investigar, ¿qué pasó en La Marañosa?".

La presidenta del Cenidh cuenta que este organismo se presentó hasta el 16 de enero a la escena del
crimen, diez días después de lo ocurrido, a pesar del tiempo transcurrido lograron recoger una gran cantidad de evidencias y pruebas.

En la escena se encontraron casquillos de diferentes calibres, además observaron que el cable que demarcaba uno de los terrenos había sido cortado y el monte tenía la seña de que habían entrado varias personas. También se recogieron varias latas de raciones frías, que era la que utilizaba para comer la tropa del Ejército cuando patrullaba la montaña.

"Hay señales de que los estaban esperando. Incluso les dio tiempo de comer. No hay duda que los militares estaban esperando el camión para abrir fuego. Quien tenía más evidencias materiales era la CIAV-OEA y nos las entregó a los otros organismos de derechos humanos para que nosotros llegáramos a la conclusión", comenta Núñez.

El dictamen forense fue esencial para esclarecer el crimen, ya que el Ejército se empeñaba de decir que lo que hubo en La Marañosa fue un enfrentamiento. Que los disparos que había hecho el Ejército habían sido después que a uno de los rearmados se le dispara el arma por accidente y matara a uno de los custodios por detrás.

"La verdad no fue así, pues el militar que conducía el camión tenía las mandíbulas desbaratadas, lo que concluía que los disparos fueron de frente, todo indicaba que el camión había sido baleado de frente. Lo que hubo ahí fue una emboscada no un enfrentamiento".

"Además la forma en la que estaban los cadáveres se ve claramente que fue una lucha desigual, lo que nos hizo deducir que ni siquiera se defendieron. Los cuerpos estaban completamente masacrados. Lo que vimos fue una acción no propia de un Ejército, lo que vimos fue una ejecución sumaria", señala la presidenta del Cenidh.

Al presentar el dictamen forense del doctor José Andrés Altamirano, fue tanta la alarma que los organismos de derechos humanos y la Asamblea Nacional solicitaron que se esclarecieran los hechos ocurridos en La Marañosa.

El ex diputado Carlos Gallo también recibió una copia del dictamen y agrega que el conductor y su acompañante estaban recién integrados al EPS y antes habían sido miembros de la Resistencia. "La balística decía que los impactos de bala los habían recibido de frente".

Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, afirma que en el informe realizado por dicha institución rola que en el lugar encontraron abundantes casquillos de fusiles AK 47 y PMK, además de municiones que no fueron disparadas, casquillos de granadas M-79, en los bordes de las colinas se encontraron señales como nidos de ametralladoras, bolsas y latas con residuos de comida y hasta el sello de una botella de ron.

"También obtuvimos información que la carpa que cubría al camión donde se transportaban los
rearmados fue quemada, lo cual de ser cierto, es la destrucción de una evidencia básica para determinar si las balas que impactaron al camión venían de las colinas o de otros ángulos", afirma Carmona. Con tantas evidencias, los organismos de derechos humanos esperaban que se castigara a los culpables de esa masacre.

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El 22 de mayo de 1995, los militares Norlan Alberto Baca, Marco Antonio Espinoza Pérez, Bayardo José Carballo Gutiérrez, Carlos de la Cruz Cerna Matus, Pedro Marlon Mejía Barrera, Juan Carlos Castellón Mairena, junto a otros militares estaban esperando el fallo por la muerte de 13 personas a manos de efectivos del Ejército.

El fiscal departamental Leonte Pallais introdujo la denuncia por la masacre de La Marañosa y las organizaciones de derechos humanos se encargarían de presentar las evidencias del caso. La doctora Vilma Núñez de Escorcia lamenta que a pesar de los esfuerzos hechos
la Policía y el Ejército siempre obstaculizaron las investigaciones.

"Cuando concluimos la investigación enviamos el informe a la Procuraduría de Justicia, a los juzgados y a la Policía. Lo que golpeó es que la gente ya estaba desarmada, ya habían aceptado el pro-ceso de desarme, eso violaba las convenciones de Ginebra, entonces el Ejército se ve en la sin remedio de iniciar una investigación. El fiscal de Jinotega, Leonte Pallais, el que pone la denuncia y pide que se investigue, pero en ningún momento introdujo una acusación".

El primero que encabeza la lista era el capitán Norlan Alberto Baca y durante el juicio declaró que él se encontraba de servicio cerca de la zona. Como a eso de las nueve de la noche le ordenaron que se dirigiera al sector de La Marañosa, pues se había dado un combate y tenía que relevar al grupo.

Días antes al juicio, el ex diputado Carlos Gallo habría sostenido una plática con el jefe del Ejército en ese entonces, el general Joaquín Cuadra y el general César Delgadillo, donde les presentaron el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.

"Ala conclusión que llegamos es que hubo un uso desmedido de la fuerza, que no hubo nunca un enfrentamiento. Por supuesto que ellos no aceptaban nuestras conclusiones. Dejaron claro que la respetaban, pero no la aceptaban", cuenta Gallo.

A las 4:50 minutos de la tarde del 22 de mayo, cinco meses después de la masacre de La Marañosa, el juzgado de Jinotega fallaba a favor de los militares acusados de acabar con la vida de diez rearmados, la maestra Egdomilia Peralta Bellorín y dos militares. A pesar de tener las pruebas todos los involucrados fueron absueltos de los cargos. Este juicio dejó en la impunidad este caso, como muchos otros, lamentan los organismos de derechos humanos.

Fotos de Archivo personal de Oscar Navarrete
La guerra no terminó el febrero de 1990. La paz tardó en llegar. En la gráfica, soldados del Ejército patrullan en las montañas del norte nicaragüense durante los años 80.

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