Crimen sin resolver

Reportaje - 08.01.2017
Crimen sin resolver

En 1988 un político opositor escribió una denuncia contra el Gobierno. Al día siguiente fue golpeado y murió por las secuelas dos años después. El ataque fue uno de tantos que nunca fueron esclarecidos

Por Julián Navarrete

Un día antes de que apareciera golpeado, Joaquín Mejía había publicado una denuncia contra el Ministerio del Interior. La mañana del 22 de septiembre de 1988, se levantó temprano y como de costumbre vertió leche hervida en una taza con pinolillo. Mientras ponía el vaso sobre la mesa, no dejaba de pensar en la caricatura de Tomás Borge, en ese entonces Ministro del Interior, que ubicaron sin consultarle, debajo de su artículo de opinión titulado: “Aldino y la lámpara maravillosa”.

A las 9:30 de la mañana, después de despedirse de sus correligionaraios del Partido Liberal Independiente que vinieron desde Estelí para quedarse en su casa, decidió tomar un taxi para ir al diario LA PRENSA, donde trabajaba como editor asistente y escribía encendidas opiniones contra el gobierno sandinista.

Sus colegas políticos lo intentaron convencer de no tomar el taxi, pues el carro en que ellos andaban, pasaría justo enfrente del diario, en la carretera Norte. Sin embargo, Mejía temía que sus charlas de debate político se extendieran por largo rato y él llegara retrasado al trabajo.De repente, un auto japonés verde aparcó en el lugar donde Mejía alzaba la mano.

—¿Me lleva a La Prensa? –preguntó el hombre
—Claro que sí – contestó el taxista con un ademán de hombros.

El vehículo circuló por el extinto Banco Popular de Ciudad Jardín para dirigirse a la carretera Norte. Más adelante, abordaron el taxi otros dos hombres. Mejía no les prestó mayor atención, cuando de repente sintió la lluvia de golpes. La única palabra que escuchó fue: “Gritoncito”.

Mejía se sentía perdido y les rogaba que se llevaran lo que ellos quisieran. Pero parecía que la única misión de los hombres era golpearlo con cadenas y pistolas. Mejía logró mirar a unas personas en la carretera Norte, pero no pudo gritar porque le habían puesto un trapo en la boca. En cuestión de minutos perdió el conocimiento.

Cuando pudo incorporarse se encontraba en un predio montoso de los escombros de Managua. Uno de los agresores regresó y le pegó con una cadena de acero. Mejía seguía tendido en el monte. Su reloj, billetera, maletín y documentos de LA PRENSA y del semanario del Paso a Paso del PLI, fueron los objetos robados.

Una patrulla de la policía apareció en el lugar y lo llevó al hospital. La golpiza fue tal que sufría hematomas en el cráneo, estómago y espalda. Tenía una oreja desprendida y la boca completamente lacerada.

No se iba a recuperar del trauma. En junio de 1990, cuando recién se celebraba el triunfo de la Unión Nacional Opositora, organización a la que perteneció Mejía como representante del Partido Liberal Independiente, fue trasladado de emergencia a Miami. En el hospital Coral Gabbles, los doctores nicaragüenses, descartarían que pudieran hacer algo para salvarlo. El tumor era maligno e irremediable.

Esta fue la caricatura que se publicó debajo de la denuncia de Joaquín Mejía.
Esta fue la caricatura que se publicó debajo de la denuncia de Joaquín Mejía.

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Joaquín Mejía nació en Estelí, en el seno de una familia acomodada. Su hermano, Francisco Mejía, fue un sacerdote muy conocido de la época por sus críticas contra el régimen somocista. Joaquín fue enviado a estudiar periodismo a España, en la Universidad Complutense, y se asentó en la ciudad de Andalucía, donde trabajaba en un periódico local.

Tiempo después fue expulsado de España, porque que hacía críticas contra el régimen franquista. Su esposa, María de la Fe, y sus cuatros hijos: Covodonga, Joaquín, Martha María y Javier, se quedaron en el país ibérico.

En Nicaragua, Joaquín Mejía trabajó a inicios de los años ochenta en el departamento de información y prensa de la Junta de Gobierno sandinista. Por diferencias ideológicas, más adelante se cambió a las filas del Partido Liberal Independiente, a la vez que trabajaba en LA PRENSA y Radio Corporación. Además, colaboraba con el semanario Paso a Paso del PLI, que dirigió el periodista Ignacio Briones Torres.

“Fue un periodista que manejaba la crónica y la nota política. Un hombre intelectualmente muy destacado y políticamente muy combativo”, dice Joaquín Absalón Pastora, quien lo conoció muy de cerca cuando trabajó en el Partido Liberal Independiente.

En las elecciones de 1984, Joaquín Mejía fue electo diputado del PLI. En ese periodo también fue vocero de Vía Cívica, un movimiento de un organismo no gubernamental, financiado por el congreso de Estados Unidos, para promover el voto en las elecciones de 1990. Por lo tanto, para el año de la agresión, era un político opositor muy activo y utilizaba los medios de comunicación para difundir sus mensajes.
Absalón Pastora dice que Mejía era un hombre muy aferrado a sus convicciones liberales. “Era un libertario, un liberal a ultranza, para él las garantías individuales, los derechos humanos y las libertades civiles debían de estar por encima de todo”.

Así quedó la ropa de Joaquín Mejía el día que lo vapulearon unos desconocidos. Foto Archivo La Prensa
Así quedó la ropa de Joaquín Mejía el día que lo vapulearon unos desconocidos. Foto Archivo La Prensa

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El 21 de septiembre de 1988, Mejía recorría la redacción de un lado a otro. Cabizbajo, caminaba apresurado, la camisa arrugada y en la espalda se le formaba una mancha de sudor.
—¿Quién mando a poner esta caricatura debajo de mi texto? –preguntó preocupado.
—El editor –Le contestaron
—Ahora si ya me jodieron –dijo Mejía.

La columna de opinión que publicó Mejía el 21 de septiembre de 1988 era una denuncia contra el Ministerio del interior, por negar el permiso de marchar a la Coordinadora de la Democracia, un movimiento opositor que más tarde se adhirió a la Unión Nacional Opositora, y que en ese momento se acusó de que realizarían “actos de violencia en la que algunas personas resultarán heridas”.

Para Mejía “era asombroso el modo en que el somocismo derrotado lleva al sandinismo por el mismo derrotero de la ceguera política. Somoza también se empeñó en prohibir manifestaciones sobre la base de que querían iniciar violencia”, decía el texto titulado “Aladino y la lámpara maravillosa”.

“A la hora de llegada nadie puede vaticinar lo que pueda ocurrir, si la expresión del pueblo es contenida más allá de los límites saludables. Ningún adivino lo sabe”, concluía el escrito.
Lo que sí pudo predecir Mejía era la reacción violenta, después de ver la denuncia y la caricatura de Tomas Borge.

Desde antes del triunfo de la oposición en 1990, el Frente Sandinista mantenía todos los poderes coercitivos: Policía, Ejército y órganos judiciales. En ese tiempo hubo mucho resentimiento del sector más radical del FSLN, y por lo tanto, hubo muchas ejecuciones similares a la de Mejía, y asesinatos políticos, según Luis Sánchez Sancho, actual editorialista del diario LA PRENSA y compañero de Mejía cuando era diputado en la Asamblea Nacional.

Poco después del triunfo fueron asesinados el ex comandante de la resistencia, Enrique Bermúdez, conocido como “Comandante 380”, y Agnes Sequeira, quien fuera representante del Consejo Superior de la Empresa Privada y vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista.

Sin embargo, los antecedentes de agresiones contra los periodistas datan desde 1982, cuando el periodista Horacio Ruíz fue secuestrado y vapuleado en la Cuesta El Plomo por militares.
“Existe unanimidad en afirmar que el asalto de que fuiste víctima tiene todas las trazas del llamado terrorismo de estado por tus valientes escritos en LA PRENSA y Paso a Paso, por tu encendida y contundente retórica en la Asamblea”, decía la carta que Ignacio Briones, director del semanario Paso a Paso, envió a Joaquín Mejía cuando este se encontraba en el hospital.

LA PRENSA, la Asamblea Nacional, los gremios periodísticos y partidos políticos de oposición, condenaron el ataque. “Lo que realmente querían era “ablandarte”, un término que el viejo Somoza (plata, palo y plomo), utilizaba en sus tiempos. Puedes tener la seguridad de que estamos en la misma línea, que consideramos una línea de verdadera actitud patriótica por el pueblo y para el pueblo, sin más premio que lograr la liberación de nuestra querida Nicaragua”, escribió Julio César Armas, secretario ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Nicaragua.

Entonces el ambiente era muy incierto en Nicaragua. Había mucho temor, y era común que ocurrieran este tipo de hechos, según Sánchez Sancho. “Muchos combatientes de la Contra, de nivel intermedio y superior, fueron asesinados. Aparecían muertos. En ese contexto ocurrió lo de Joaquín Mejía. Nunca se esclareció, no había una organización policial o judicial y fiscal que hiciera una investigación creíble y seria”.

Para Sánchez Sancho era una aventura ser periodista en ese tiempo, ya que no había ninguna garantía o seguridad de que se iban respetar los derechos constitucionales.

El estilo de trabajo y discusión de Mejía se notaba en su columnas de opinión, y según los analistas de la época, la conclusión fue que acumuló un resentimiento de un poder político que acostumbraba a resolver los conflictos por el uso de la fuerza.

“Todos estos crímenes quedaron impunes e incluso sin esclarecerse. Creo que el principal problema de la transición democrática fue que no hubo justicia transicional: no se aclararon los crímenes de uno y otro bando. Ni siquiera para que quedara como memoria histórica”, concluye Sánchez Sancho.

72 horas después de la golpiza, Joaquín Mejía fue operado de emergencia por una lesión en el cerebro. Nunca se pudo recuperar. Todos los días sufría dolores cerebrales agudos, hasta que el 7 de junio de 1990 le detectaron un tumor maligno y agresivo, del tamaño de una naranja que invadía ambos hemisferios.

En el hospital de Coral Gables determinaron que el tumor no era operable y que tampoco respondería a una terapia radiactiva, y por lo tanto, fue enviado a Nicaragua. El 4 de julio de 1990, a los 53 años de edad, Joaquín Mejía murió en una cama del hospital Bautista de Managua, después de 40 días de estar internado, bajo prolijos cuidados médicos, rodeado de su familia.

Tomás Borge Martínez, fue temido durante el primer régimen sandinista (1979-1990) cuando dirigió el Ministerio del Interior.
Tomás Borge Martínez, fue temido durante el primer régimen sandinista (1979-1990) cuando dirigió el Ministerio del Interior.

Recuadro: El temido ministro

El comandante Tomás Borge Martínez fue temido durante el primer régimen sandinista (1979-1990) cuando dirigió el Ministerio del Interior. Fue anti somocista y admirador del líder cubano Fidel Castro y del ex líder libio Muamar el Gadafi, de quien dijo que murió “heroicamente”.
Borge Martínez fue acusado de participar en una masacre de 37 presos políticos en junio de 1980, lo que Borge siempre negó.

A mediados de los ochenta se encargó como gobernador de la dirección de la zona atlántica del país y desde comienzos de 1988 participó en las negociaciones con la organización rebelde Yatama para la pacificación de la zona y la concesión de autonomía a los miskitos.

En 2006 fue acusado, junto a Daniel Ortega y otros líderes sandinistas, de genocidio y crímenes de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por delitos supuestamente cometidos también en los años de 1980 contra comunidades indígenas asentadas en el Caribe de Nicaragua.

Recuadro: Ejecuciones y amnistía total

Otra ejecución similar fue la de Jorge Salazar Argüello, vicepresidente del Cosep, quien encabezaba a una buena parte de los empresarios del país y estaba convirtiéndose en un referente nacional como alternativa ideológica al sandinismo, al defender la libre empresa y la democracia. En 1980 fue asesinado por las fuerzas policiales sandinistas en un extraño tiroteo que nunca fue aclarado. Se sospecha que colocaron en su vehículo armas y pruebas falsas para acusarlo de contrarrevolucionario.
El documento que emitió el Ministerio del Interior indicaba que Salazar junto a otras personas estaban organizando un “complot contrarrevolucionario”.

En marzo de 1990, se aprobó la ley de amnistía total, que protegía a todos “los nicaragüenses militares y civiles que hubiesen cometidos delitos de persecución e investigación de hechos delictivos contra la seguridad interior y exterior del Estado y comunes nexos con éstos”.

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Reportaje