De Manuel de la Cerda a Daniel Ortega: 200 años de elecciones en Nicaragua

Reportaje - 05.09.2021
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Requisitos económicos y académicos para votar. Un presidente estadounidense. Guerras, pactos y traiciones. Revolucionarios convertidos en caudillos y dictadores. De todo eso y más ha habido en Nicaragua desde 1824, cuando se escogió al primer jefe de Estado en el país

Por Hans Lawrence Ramírez

Nadie ha participado tantas veces en una contienda electoral como Daniel Ortega desde que se escogió al primer jefe de Estado en 1824.

El caudillo sandinista buscará su reelección presidencial por tercera vez consecutiva en 2021, año del bicentenario de la independencia del país, pero desde 1984 aparece su cara en la boleta electoral. Ocho veces en total. De hecho, su partido, el Frente Sandinista, jamás ha presentado un candidato diferente para la Presidencia de la República que no sea él.

De resultar triunfador en noviembre, Ortega sumaría 20 años seguidos en el poder en 2027. A eso hay que sumarle el quinquenio que fue presidente desde 1985 hasta 1990, después de haber integrado la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en 1979. Para aquel entonces, los gobernantes ya eran escogidos a través de elecciones populares tal y como las conocemos hoy en día, pero no siempre fue así.

Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerciendo el voto en las elecciones presidenciales de 2001, que ganó Enrique Bolaños Geyer. ARCHIVO/Oscar Navarrete

Poco después de la firma del acta de independencia, solo los hombres con profesiones “útiles” podían votar. Después se pedían requisitos económicos para ejercer el sufragio y más de cien años después se reconocería a las mujeres como ciudadanas con derecho al voto.

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Jefes de Estado

Antes de llamarles presidentes, en Nicaragua y demás países de Centroamérica se les conocía como jefes de Estado. Era 1824. Los países de istmo habían proclamado su independencia de España hacía tres años y conformaron la República Federal de Centroamérica compuesta por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La Federación tenía un presidente y vicepresidente, y cada país nombraba un jefe de Estado tal y como lo establecía la Constitución Federal. El primer presidente de la Federación fue electo el 21 de abril de 1825. Su nombre era Manuel José Arce, de El Salvador, y Mariano Beltranena, el vicepresidente originario de Guatemala.

El mecanismo con el que los eligieron fue el mismo que se ocupó para escoger al jefe de Estado en Nicaragua un día después, apunta el historiador Antonio Esgueva Gómez, en su libro Elecciones, reelecciones y conflictos políticos en Nicaragua.

Nuestro país aún no tenía su propia carta magna, así que debía escoger a su jefe de Estado bajo las reglas que establecía la Constitución Federal, la cual no permitía la votación directa, por ello debía hacerse una votación por etapas.

Se votaba de manera pública a través de juntas integradas por ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Estas juntas se dividían o más bien se depuraban en tres grupos: las juntas populares, las de distrito y las de departamento.

Las populares elegían a una persona por cada 250 habitantes que pasaban a integrar las juntas de distrito. De estas, se escogía a una de cada 10 personas que las integraba y pasaban a crear las juntas de departamento, que eran las que escogían finalmente al jefe de Estado.

Pero no todos los nicaragüenses podían votar, solamente los que eran considerados ciudadanos podían integrar las juntas. La Constitución Federal decía que los ciudadanos eran “todos los habitantes de la República naturales de país, o naturalizados en él, que fueren casados, o mayores de dieciocho años, siempre que ejerzan alguna profesión útil o tengan medios conocidos de subsistencia”.

Los primeros candidatos fueron Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello, resultando electo el primero como jefe de Estado y el segundo como vicejefe porque fue el que quedó en segundo lugar en la votación.

De Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello podría decirse que fueron los primeros gobernantes de Nicaragua después de la firma del acta de independencia. Años más tarde, ambos protagonizarían una guerra por el poder conocida como la guerra Cerda-Argüello, que acabaría con la muerte del primero.

La primera Constitución de Nicaragua promulgada en 1826 adoptó el mismo método de elección a través de juntas, el cual se siguió utilizando hasta 1838, cuando se desintegro la República Federal de Centroamérica. Nicaragua fue el primer Estado en salirse de la Federación en abril de ese año.

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Supremos Directores de Estado 

En noviembre de 1838 se promulgó una nueva Constitución, la cual en su artículo 18 decía que los ciudadanos nicaragüenses eran los “naturales o naturalizados, mayores de veinte años, o los de dieciocho que tengan algún grado científico, o sean casados, poseyendo además todos alguna propiedad, oficio o profesión de que subsistan, calificado conforme a la ley”.

Las propiedades, títulos y grados científicos seguían siendo más importantes en aquel momento que ser hombres por naturaleza. Las mujeres para aquellos años ni siquiera eran consideradas ciudadanas y estaban relegadas a las tareas del hogar.

Para estos años también se escogía a los gobernantes con el método de las juntas, pero ahora se iban a calcular en una persona por cada 330 habitantes. Ya no se iba a escoger a un jefe de Estado, sino que el máximo representante del Ejecutivo pasaría a llamarse supremo director.

Para aspirar a ser director del Estado, el ciudadano debía ser nicaragüense con cinco años de residencia en el país, además de tener 30 años cumplidos y haber sido siete años ciudadano. El cargo sería sin derecho a reelección y ejercido durante dos años, y no durante cuatro, como venía siendo con los jefes de Estado.

El primer supremo director que resultó electo fue Pablo Buitrago, abogado de profesión, electo el cuatro de marzo de 1841 y tomaría posesión el 1 de abril del mismo año. Culminó su mandato dos años más tarde.

Sin embargo, Esgueva Gómez en su libro resalta que lo que verdaderamente mandaba en aquel tiempo era el militarismo y el comandante general de las fuerzas armadas “imponía su voluntad como ley. Los Poderes del Estado le estaban sometidos de facto”.

El comandante general en aquel entonces era Casto Fonseca, quien se autollamaba “el gran mariscal de Nicaragua”. Estaba en el cargo desde 1839, había participado en el magnicidio del jefe de Estado José Zepeda y defendía el militarismo. Esgueva Gómez lo describe como “prepotente”, y ejercía su voluntad como la “máxima autoridad del país”.

En 1843, aunque hubo elección, el supremo director electo no fue escogido por “voto popular”. Ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría ni las dos terceras partes de los votos para hacerse del cargo, así que la Asamblea tuvo que elegir a Manuel Pérez. La dualidad entre los poderes políticos y militar continuó en el país.

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“The President”

Entre León y Granada siempre hubo grandes pleitos por cuestiones de comercio, prestigio y poder. Uno de esos conflictos llevó a la guerra civil del periodo 1854-1856. De este conflicto saldría un “presidente” estadounidense: William Walker.

Nació en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, el 8 de mayo de 1824. Walker venía de una familia protestante de origen escocés.

Tendría cerca de 30 años cuando los liberales leoneses lo contrataron para que les ayudase a derrotar a los conservadores legitimistas liderados por Fruto Chamorro, y lo hizo el 13 de octubre de 1855, cuando el filibustero se tomó Granada. Un día después se celebró una misa solemne y el padre Agustín Vijil dijo que Walker era llegado por la Providencia, y lo llamó “estrella del norte” y “ángel tutelar”, apunta Esgueva Gómez en su obra Nicaragua en los documentos.

William Walker en su despacho . REPRODUCCIÓN/ Óscar Navarrete

Walker tenía un poder “real y moral” entre los liberales democráticos, y el poder militar sobre los granadinos cuando se firmó el tratado Walker-Corral, que instauraba un gobierno provisional con Patricio Rivas como director, y el poder de las fuerzas armadas recaía en Walker. El director de aquel momento, José María Estrada, rechazó el tratado que lo relegaba del cargo

Pero la dualidad Walker-Rivas se enturbiaría por las ansias del norteamericano de ser presidente y la oposición de Rivas a que ello sucediera, de manera que el 20 de junio de 1856, a través de un decreto, Walker destituyó a Rivas y nombró a Fermín Ferrer como nuevo supremo director.

Walker no tenía potestad para destituir a Rivas, por lo que decidió continuar en su cargo y se provocó una ruptura entre los liberales democráticos: los que apoyaban a Rivas y su gobierno, y los que estaban con Walker y Ferrer.

Contrario a Rivas, Ferrer sí estuvo de acuerdo en que Walker participara como candidato en las elecciones programadas para julio de 1856, violando los artículos 130 y 131 de la Constitución de 1838, que establecían que los aspirantes debían ser nacionales de Nicaragua y que ningún alto mando militar podía aspirar al cargo de supremo director.

Esgueva Gómez recoge en su libro algunos testimonios de personas que presenciaron esa elección, como el de un periodista del New York Tribune que dijo: “Se contaron los votos de lugares donde no hubo votación, y hasta de lugares donde no vive nadie para votar”. Otro reportero norteamericano decía que “en algunas poblaciones le dan a Walker más votos que el cuádruple de los habitantes, contando a todos los hombres, mujeres, niños y bestias”.

El historiador también cita a uno de los soldados de Walker que dijo: “No cabe duda de que la elección de Walker fue fraudulenta. Todos sus soldados votaron, en violación a la ley. Mas no se contentaron con votar una vez, sino que muchísimos votaron veinte y más veces. Y tras esta multiplicación de sufragios, los cómputos que hicieron en Granada las autoridades electorales fueron todos imaginarios. En algunas localidades resultaron más votos que habitantes, incluyendo mujeres y niños. Fue un abominable ultraje a los derechos de los nicaragüenses”.

A pesar de las irregularidades, Fermín Ferrer proclamó a Walker como presidente de Nicaragua el 10 de julio de 1856. Dos días después asumió el cargo y fue juramentado.

Durante su mandato, Walker oficializó el idioma inglés, nombró militares norteamericanos en el Ejército nicaragüense y castigaba con trabajo forzoso a quienes no cumplieran con sus obligaciones. También impuso la esclavitud derogando un decreto federal con el que había sido abolida y argumentaba que era necesaria para el desarrollo del país.

También fundó su periódico, El Nicaragüense, desde donde publicaban decretos y mandatos oficiales. En noviembre de 1856, Walker mandó a incendiar y destruir Granada como un “acto de justicia”, ya que sus opositores, el ejército nacional, tenían acorralados a su ejército filibustero.

En mayo de 1857, el capitán de la Marina de los Estados Unidos, Charles H. Davis, garantizó la salida de Walker de Nicaragua. Años más tarde, en un intento por regresar a dominar el país, Walker fue capturado y fusilado a sus 36 años de edad.

William Walker siendo fusilado. REPRODUCCIÓN/Óscar Navarrete

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De juntas populares al voto secreto

Después de Walker, se promulgó una nueva Constitución en 1858 que incluía los requisitos económicos para ser ciudadano y para ejercer el sufragio. Asimismo, ya no se escogía al director de Estado sino al presidente de la República, lo cual continúa vigente.

El artículo 9 decía que era un derecho de los ciudadanos escoger a las autoridades, pero solo eran considerados ciudadanos los mayores de 21 años o los de 18 que tuvieran algún grado científico o fueran padres de familia, de buena conducta y teniendo una propiedad que no bajara de cien pesos de la época, o una industria o profesión que al año produjera su equivalente.

El método de elecciones seguía siendo el de juntas y los candidatos a presidentes también debían cumplir con un requisito económico. Debían poseer un capital en bienes raíces de al menos cuatro mil pesos de la época. Los candidatos a senadores debían poseer un capital de dos mil.

El periodo del presidente era de cuatro años a partir de 1 de marzo, sin derecho a reelección, pero esto no le importó a Tomás Martínez, el primer presidente electo del país.

Martínez ya era el director del Estado de manera provisional desde noviembre de 1957 tras la salida de William Walker. Antes de eso, fue parte de un gobierno mixto junto al liberal Máximo Jerez. A este se le conoció como Gobierno de Chachagua.

Cuando se promulgó la nueva Constitución en 1858, fue electo presidente y se reeligió en 1863, a pesar de que la misma carta magna lo prohibía. Estuvo en el poder durante nueve años y tres meses, hasta febrero de 1867.

En ese tiempo hubo varios cambios de gobernante porque Martínez se ausentaba para luchar en las guerras de la época, pero siempre se aseguraba dejar a alguien que pudiera controlar. Con Martínez, considerado uno de los primeros dictadores del país, iniciaron los 30 años conservadores y finalizaron con Roberto Sacasa, depuesto el 31 de agosto de 1893, dando inicio a la Revolución liberal de José Santos Zelaya.

El periodo de los conservadores fue de aparente tranquilidad. Llegaron al país tecnologías como el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono y otros avances de infraestructura. El 15 de septiembre de 1893, Zelaya llega al poder tras varios conflictos entre conservadores y liberales.

El historiador Emilio Álvarez Montalván decía que el gobierno de Zelaya fue reformista, principalmente con la anexión de la Mosquitia al territorio nicaragüense.

Zelaya cambió la Constitución en 1893 con la famosa Libérrima, lo que trajo consigo novedades para escoger a las autoridades y desafiaba a la Iglesia católica con cambios, que para la época podían parecer radicales como el matrimonio civil, la separación de la Iglesia con el Estado o el divorcio. Nicaragua pasó a ser un Estado laico y la educación, controlada por la Iglesia hasta entonces, pasó a ser estatal.

Eran reconocidos como ciudadanos los nicaragüenses mayores de dieciocho años y los mayores de dieciséis casados o que supieran leer y escribir. El voto seguía siendo “irrenunciable y obligatorio”, pero ahora era directo y secreto, según lo establecía el artículo 24.

Campesino ejerciendo su derecho al voto. ARCHIVO

Ya no se votaba por juntas populares y el artículo dos de la Ley Electoral de la época mandaba la creación de un catálogo, similar a lo que hoy conocemos como el Padrón Electoral.

“En los catálogos se inscribirá, en orden alfabético, el nombre y apellido de los ciudadanos del respectivo cantón, su edad, el lugar de su nacimiento, su estado, profesión u oficio, la calle en que viven y el número de su casa, si fuese posible, si viven en el campo, se indicará la jurisdicción a que estos pertenecen y el nombre del propietario del terreno, y en todo caso, si el inscrito sabe leer y escribir”, indicaba la ley.

También había un periodo de correcciones, lo que hoy conocemos como verificación. Como ya no existían las juntas, el encargado de organizar las votaciones era un Directorio Electoral compuesto por diez miembros, cinco propietarios y el resto suplentes.

Las votaciones duraban desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Una hora antes de la elección, los partidos políticos debían pasar al Directorio las listas de sus candidatos.

Para ser presidente el candidato debía ser mayor de 25 años, y ya no de 30, a como venía siendo desde 1824, y dejó de ser un requisito el poseer propiedades. La reelección seguía sin ser permitida y el artículo 159 decía que la Libérrima no podía ser reformada para permitir la reelección “en ningún caso”.

El escrutinio de los votos debía hacerlo la Asamblea Nacional y solamente se llegaba a la presidencia con el voto de la mayoría. El periodo sería de cuatro años a partir del 1 de febrero.

Pero. Zelaya igualmente violó la Constitución y continuó reeligiéndose dos veces más y mandando con el poder de las armas hasta 1909, año en que, por presiones de Estados Unidos, tuvo que salir del poder. Estuvo 16 años y seis meses en la Presidencia.

En 1905, Zelaya promulgó una nueva Constitución conocida como la Autocrática, enterrando así a la Libérrima, que para algunos historiadores como Esgueva fue “probablemente la mejor Constitución de la historia de Nicaragua”.

La Autocrática reconocía a todos los nicaragüenses mayores de 18 años como ciudadanos y eliminaba todos los artículos antirreelección, daba más poder al Ejecutivo, y alargaba el periodo presidencial por seis años, a partir del 1 de enero del año siguiente de la elección. El método de escogencia seguía siendo el mismo.

En 1911, se promulgó una nueva Constitución y los ciudadanos con derecho a votar eran los mayores de 21 años, y los mayores de 18 que sean casados o que supieran leer y escribir. El sufragio dejaba de ser secreto y pasaba a ser público otra vez, y el periodo presidencial volvía a ser de cuatro años.

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Las Constituciones de los Somoza

Después de un periodo de altibajos, golpes de Estado, guerras, pactos y traiciones, en 1939 se promulgó una nueva Constitución, la primera durante la dinastía somocista. Anastasio Somoza García ejercía la presidencia desde el 1 de enero de 1937.

Con esta Constitución se creó un Consejo Nacional de Elecciones, encargado de organizar los procesos electorales. El Consejo estaba compuesto por un presidente y dos jueces. El presidente era nombrado por la Corte Suprema de Justicia y los jueces por el presidente de la República, a partir de las propuestas que pasaban los dos partidos principales de la época.

El artículo 201 de la nueva carta magna también establecía que el presidente “personificaba” la nación. Mandaba que las elecciones debían ser por voto popular directo y prohibía la reelección, lo cual no fue respetado ni por Somoza García, ni por la Asamblea, que “de dedo” le prolongó el mandato presidencial al padre de la dinastía hasta 1947 tras la promulgación de la nueva Constitución.

Somoza luego impuso a Leonardo Argüello en la presidencia, pensando que podía controlarlo, pero no fue así. De manera que, a los 27 días, la Asamblea Nacional obediente a Somoza destituyó a Argüello, declarándolo incapaz para gobernar y lo acusó de actuar contra “la unidad y disciplina del Ejército”.

Tal y como lo mandaba la Constitución, en caso de que un presidente dimitiera o fuese relegado de sus funciones, debía haber elecciones, pero no fue así. En lugar de eso se promulgó una nueva Constitución, la de 1948.

“Si hubiera que sintetizar el nacimiento y la actuación de esta Asamblea Constituyente de 1948 (que promulgó la nueva Constitución) habría que asegurar que su verdadera función fue la de evitar las elecciones populares, la de nombrar a dedo los candidatos impuestos por Somoza García”, valora el historiador Esgueva Gómez.

En esta no aparece el cargo de vicepresidente, y decía que ningún militar en servicio activo podía aspirar a la presidencia, pero esto fue ignorado tras la firma del Pacto de los Generales en 1950 entre Emiliano Chamorro y Somoza García.

Resultados de las elecciones de 1950 publicados por el diario LA PRENSA. Arriba, una ilustración de la tarjeta conocida como "la magnífica", que daban a los que votaban por Somoza y con el cual podían reclamar beneficios. REPRODUCCIÓN/ Óscar Navarrete

Según la Constitución vigente de 1948, el presidente Víctor Manuel Román y Reyes debía concluir su periodo el 1 de mayo de 1952, pero el Pacto de los Generales adelantó las elecciones para mayo de 1950 y el elegido asumiría la presidencia el mismo mes de 1951. Rechazaba la reelección.

Este pacto también indicaba que los partidos principales y únicos votantes serían el Partido Liberal Nacionalista (PLN), de Somoza García, y el Partido Conservador de Nicaragua (PCN) de Chamorro. En esas elecciones y bajo esas reglas resultó electo nuevamente Somoza García, hasta que murió en el cargo en 1956, cuando fue asesinado por Rigoberto López Pérez en León.

Después, sus hijos Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle asumieron el poder y continuaron con la dinastía somocista. Con el primero, se daría una nueva reforma a la Constitución que garantizaría su reelección después de asumir el periodo inconcluso de su padre, pero también traería al país uno de los más grandes avances en materia electoral: el voto femenino.

Luis Somoza Debayle durante su toma de posesión en 1956. REPRODUCCIÓN/ Óscar Navarrete

 

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Voto femenino

La Constitución de 1950, la del Pacto de los Generales, ya reconocía a las mujeres como ciudadanas. Hasta ese momento su espacio se reducía al ámbito privado bajo la tutela de sus padres o maridos.

El artículo 31 de esa Constitución decía: “Son ciudadanos: los nicaragüenses varones y mujeres mayores de veintiún años de edad; los mayores de dieciocho que sepan leer y escribir o sean casados; y los menores de dieciocho que ostenten un título académico”.

El artículo 33 decía que las mujeres iban a poder votar “de acuerdo con la ley que se dicte sobre la materia, con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de la cada cámara”. Fue hasta el 20 de abril de 1955 que se aprobó el voto femenino en Nicaragua y el 3 de febrero de 1957 las mujeres votaron por primera vez.

Para estos comicios también fueron postuladas por primera vez tres mujeres como candidatas a diputadas: Olga Núñez como propietaria, Mary Maltez y Mina Hüeck como suplentes.

La demanda del voto femenino data de principios de siglo XX en voz de Josefa Toledo, de acuerdo con un artículo de la investigadora Rosario Montenegro publicado en Encuentro, una revista académica de la Universidad Centroamericana.

Toledo también propugnaba por derechos laborales y educación universitaria para las mujeres. Otras que también fueron visibles en estas demandas fueron Angélica Balladares, María Gámez y María Cristina Zapata, todas de tendencia liberal.

“En el caso de Toledo de Aguerri, fue la primera mujer nicaragüense que ocupó el cargo de Directora General de Instrucción Pública (1924). Es reconocida como precursora del Movimiento Feminista Nicaragüense y madre de la educación nicaragüense”, apunta Montenegro.

Durante la Revolución liberal hubo algunos avances en materia de derecho civil para las mujeres como la autorización del marido para contratar, comparecer en juicio y ejercer una profesión. También podían administrar sus bienes y recursos, lo que les permitió incursionar en actividades económicas y productivas como enfermeras, obreras textiles, telegrafistas, maestras o en el comercio. Sin embargo, aún no se reconocían sus derechos políticos como el ejercicio del voto.

Ciertamente, la reforma constitucional de 1955 fue una acción de Somoza García para eliminar las prohibiciones a su reelección como presidente de la República, y la futura escogencia de sus hijos y parientes, pero los cuatro balazos que le propinó Rigoberto López Pérez en septiembre de 1956 acabaron con sus intenciones reeleccionistas.

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IV Poder

Antes de que acabara la dinastía somocista en 1979 con el triunfo de la Revolución sandinista, hubo una nueva Constitución en 1974. La importancia de esta es que creaba el Tribunal Supremo Electoral y se creaba un cuarto poder en el Estado: el Poder Electoral.

Esta Constitución fue derogada en 1979 por el Estatuto Fundamental proclamado por los sandinistas con la caída de la dinastía somocista. En materia electoral, el Estatuto decía “en cuanto las condiciones de la reconstrucción nacional lo permitan, se realizarán elecciones generales para la constitución de una Asamblea Nacional, conforme convocatoria hecha por la Junta de Gobierno y de acuerdo con la nueva Ley Electoral que se promulgará oportunamente”.

Con la Junta de Gobierno que estuvo frente al país de 1979 a 1985, se organizaron las primeras elecciones, aunque sin competencia democrática. Así llegó por primera vez a la presidencia Daniel Ortega.

Fue hasta 1987 que se promulgó una nueva carta magna que retomaba los cuatro poderes y la creación del Consejo Supremo Electoral (CSE), el mismo que conocemos hasta la fecha.

Las de 1990 fueron quizás las elecciones más democráticas de las que se tiene registro, aunque casi se consuma un fraude electoral, de no ser porque el presidente del CSE, Mariano Fiallos Oyanguren, de último momento no acató la orden que le había dado el Frente Sandinista de cometer un fraude, y así la primera mujer en la historia de Nicaragua, doña Violeta Barrios, llegaría al poder. Con ella, retornaba la democracia al país, si es que alguna vez la hubo.

En los ochenta, así se divulgaban los resultados preliminares de las elecciones. REPRODUCCIÓN/ Oscar Navarrete

Desde entonces Daniel Ortega, que perdió frente a Barrios, prometió gobernar desde abajo y cumplió. Hizo asonadas, tranques, bloqueos y llegó a poner en jaque a los gobiernos desde 1990 hasta 2006. En esos tiempos no hubo grandes cambios en los procesos electorales, de los que Ortega participó en todos y perdió.

“Quien persevera, alcanza”, y Ortega perseveró. En 2006 ganó los comicios y en 2007 regresó al poder. Lo turbio vendría a partir de las elecciones municipales de 2008, y desde ahí no ha habido elección en la que no se denuncien fraudes o irregularidades que beneficien al partido sandinista.

En 2012, Ortega consiguió su reelección, en contra de lo establecido en la Constitución. Dos años más tarde pudo reformar la carta magna para instaurar la reelección indefinida. Ortega, además de ser el único en la historia que se ha presentado ocho veces consecutivas en una contienda electoral, también es el primero que impone a su esposa como su vicepresidenta.

Para perpetuarse en el poder, Daniel Ortega ha sacado ventajas de artimañas, pactos políticos y la fidelidad de sus cercanos convertidos en funcionarios. Este año Ortega, convertido en dictador, buscará su reelección por tercera vez consecutiva junto a Rosario Murillo, relegada a la vicepresidencia.

Sobre ellos pesan más de 300 personas asesinadas en 2018 por protestar contra su gestión y demandar su renuncia, más de un centenar de presos políticos y la responsabilidad de crímenes de lesa humanidad, en medio de una de las crisis sociopolíticas más profundas que ha tenido el país en sus 200 años.

 

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Reportaje