El juicio por la masacre del 19 de julio y por qué fue un terrible presagio para Nicaragua

Reportaje - 09.09.2019
Conferencia Masacre 19 Julio

El 19 de julio de 2014 simpatizantes sandinistas fueron atacados por grupos armados. Cinco personas murieron en los tiroteos y el proceso contra los acusados marcó un precedente nocivo para la justicia nicaragüense. En la cárcel los hombres condenados por esos crímenes todavía afirman que son inocentes

Por Amalia del Cid

Walter Balmaceda habla a toda velocidad. Pide insulina para su diabetes y también acuarelas en azul y plateado. Pregunta por los niños. Pregunta por sus vacas. Pregunta si ha llovido. “Dos veces”, responde su esposa Martha Castro, y le cuenta que no se ha gastado en riego para los siembros, pero que hace unos días a la finca entraron cuatreros y mataron a un toro. El mejor de los toros. Walter se enfada. Quiere protestar, pero se le acaba el tiempo. Terminaron los quince minutos de llamada que una vez a la semana lo conectan con la vida que perdió hace cinco años.

19 de julio de 2014 es una fecha que no todos recuerdan. La masacre ocurrida esa noche y el polémico proceso judicial que le siguió han ido quedando en el olvido, excepto para los afectados. Cinco personas murieron esa noche y más de veinte resultaron heridas. Doce acusados pagaron o están pagando por los crímenes con condenas de hasta 133 años, pero a la fecha sostienen que son inocentes.

Para el abogado Carlos Baltodano, defensor de Balmaceda, el proceso por la masacre del 19 de julio fue político y sentó un precedente nocivo para la justicia nicaragüense. “Tengo 27 años de ser abogado y nunca había visto un juicio tan, pero tan, pero tan mal instruido que hasta la misma Policía violó sus procedimientos”, afirma, refiriéndose a la forma en que los investigadores obtuvieron “pruebas” contra los acusados.

Aquel juicio, dice Baltodano, mostró la “colusión” entre la Policía, el Ministerio Público y el sistema judicial; separó a los jueces en categorías “A y B” y violentó en su mayoría “los principios del proceso penal”, empezando por el principio de presunción de inocencia. “Para ellos eran culpables mientras no demostraran lo contrario”.

El transportista Walter Balmaceda fue acusado por trasladar desde Managua a los jóvenes conocidos como “tirapiedras” y terminó siendo condenado como uno de los principales líderes del ataque armado. FOTO/ CORTESÍA

Antes de ese 19 de julio, Walter Balmaceda era agricultor, ganadero y transportista, poseedor de tres buses. Además, aunque solo tenía 34 años, también contaba con una pequeña empresa fotográfica y alguna maquinaria para hacer calles y poner andenes. Podía decirse que era un empresario próspero, que había empezado como un insistente vendedor ambulante de marcos para fotografías y ahora veía los frutos de su trabajo.

Conocido liberal en Ciudad Darío, dos años antes su casa fue blanco de turbas sandinistas, durante los disturbios que estallaron luego de que el Consejo Supremo Electoral declarara ganador de los comicios municipales al candidato rojinegro. La vivienda fue atacada con bombas y piedras cuando Martha Castro tenía cuatro días de haber regresado del hospital, luego de dar a luz a su hijo menor.

Pero Walter no se enemistó con el Frente Sandinista. Todo lo contrario. La Alcaldía de Darío “le estaba dando proyectos para hacer calles, poner andenes y adoquines, y le autorizaron tres concesiones de ruta”, señala el abogado Baltodano. “Yo le decía que se estaba embarcando”, recuerda.

El día de los atentados, Walter puso sus tres buses al servicio del partido rojinegro para trasladar a simpatizantes sandinistas entre la comunidad de Totumbla y Managua. Él mismo condujo uno de los vehículos y su hermano Omar lo acompañó.

Esa misma noche llamó alterado a Baltodano, su abogado desde muchos años antes de que ocurrieran los hechos que hoy tratamos. “Si yo hubiese pasado cinco o diez minutos antes el acribillado hubiese sido yo y mis pasajeros”, le dijo. “Vieras el montón de muertos que hay aquí. Está la Policía regada”.

Carlos Baltodano fue el defensor de Walter Balmaceda y de los muchachos “tirapiedras” en el juicio por la masacre del 19 de julio. Sostiene que son inocentes.
FOTO/ OSCAR NAVARRETE

Pronto el transportista sería señalado de ser uno de los principales líderes de la masacre. Y antes de que terminara el mes de julio estaría llorando ante un juez, negando todos los cargos imputados por el Ministerio Público. “No sé por qué me involucran en esto”, expresó ante los medios de comunicación. Pero la Fiscalía insistió en que sería capaz de demostrar la participación del busero y de los otros involucrados en los hechos.

Sin embargo, lo que vino después fue un proceso con más dudas que certezas y más contradicciones que pruebas. Los abogados defensores coincidieron en que el Ministerio Público no había logrado probar nada. Y Carlos Baltodano habló con voz de profeta: “Aquí va a venir un oficial de Policía diciendo que la Inteligencia le dijo esto y otro de vos, de usted, de cualquiera, de mí, y nos van a meter presos, porque en este juicio quedó claro que no había ningún testigo que lograra (vincular) a ninguno de los acusados. Ninguno de ellos es culpable”.

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Sábado 19 de julio de 2014. Municipio de Darío, Matagalpa. Entre las 9:30 y las 9:40 de la noche un grupo armado ataca a una caravana de buses llenos de simpatizantes sandinistas que vuelven de Managua, tras haber asistido al acto de conmemoración del aniversario número 35 de la revolución, en el que Daniel Ortega habló sobre el Mundial de Futbol y el imperialismo yanqui.

Producto del tiroteo cuatro personas mueren y unas 18 resultan heridas. Dos horas más tarde, siempre en Matagalpa, pero en la comarca Wabule, municipio de San Ramón, otra caravana sandinista es atacada y tras la balacera un joven perece por hemorragia masiva, lacerados los pulmones y el corazón.

Diecisiete días después, un plazo que la primera comisionada Aminta Granera calificó como “tiempo récord”, la Policía Nacional “esclareció” los hechos en una extensa conferencia transmitida por televisión, en la que Granera relató con lujo de detalles cómo se había planificado y ejecutado la masacre del 19 de julio.

Como prueba, la Policía presentó un video de reconstrucción de los crímenes, donde, llevados al lugar de los hechos, tres de los acusados narraban, e incluso dramatizaban, su supuesto papel en el ataque realizado en el municipio de Darío. Los protagonistas de esta producción policial fueron los campesinos Wilfredo Balmaceda (pariente lejano de Walter Balmaceda), Leonel Poveda y José Ricardo Cortez, quienes al final del proceso, en julio de 2015, habrían de recibir 133 años de condena. 75 por asesinato, 48 por lesiones gravísimas y 10 por crimen organizado.

Parte de los campesinos presentados por la Policía como autores intelectuales y materiales de los crímenes contra simpatizantes sandinistas. FOTO/ ARCHIVO

En el video reproducido durante la conferencia Wilfredo Balmaceda recitaba: “Este es el sitio al que vine el 16 de julio aproximadamente a las 2:00 de la tarde a dejar a Eddy (Gutiérrez), a Leonel y a Yalí (Pablo Martínez, misterioso personaje aún prófugo de la justicia), que ellos iban a hacer un recorrido y exploración para ubicar el lugar y la ruta de salida y para hacer un hostigamiento a las caravanas del 19 de julio”. Y en seguida, con voz pausada, como leyendo un guión, Leonel Poveda afirmaba: “Este es el lugar que se ha escogido porque es el indicado para la emboscada”.

Por su parte, José Ricardo Cortez detalló cómo habían sido las reuniones previas a la masacre. Encuentros en los que, según la Policía, se planificó el atentado, asignando funciones a cada uno de los implicados.

Era la confesión soñada. Los propios acusados repitiendo paso a paso y punto por punto todo lo que supuestamente hicieron en los días y minutos que precedieron al tiroteo de Darío. Sin embargo, había un problema. En la filmación del video no estuvo presente ningún abogado defensor. Además, cuando usó su derecho a la última palabra antes de ser condenado, Wilfredo Balmaceda aseguró que no había concedido “entrevista” de su “libre y espontánea voluntad”.

“Si yo les hubiera dado una entrevista de mi libre y espontánea voluntad aceptando los cargos que me señalan, yo al inicio de este juicio me hubiera declarado culpable, señor juez”, sostuvo Balmaceda.

Por si fuera poco, los otros dos acusados que tomaron la palabra hablaron de tortura.

Eddy Gutiérrez, quien al final recibiría una pena de 132 años, acusó a la Policía de haberlo golpeado y aseguró que fue llevado a una casa particular donde, vestido de civil, “estaba un señor de apellido Avellán”, refiriéndose así al comisionado Ramón Avellán, ahora tristemente célebre tras su papel en la represión a las protestas ciudadanas de 2018. “Me declaro inocente”, sostuvo el campesino, entonces de 38 años.

Investigaciones de la Policía en el sitio donde ocurrió el primer ataque del 19 de julio de 2014. FOTO/ ARCHIVO

Jairo Obando fue el último en hablar y su relato fue el más crudo.

“Fui capturado el 3 de agosto a la 1:00 de la mañana. Me torturaron como si yo fuera un delincuente”, expresó. “Uno, con el perdón de ustedes, me puso el AK en el ano, el otro en las costillas y el otro en la cabeza. Me dijeron aquí vas a hacer lo que digamos hijo de la tal por cual, porque estás en nuestras manos, si no ya sabés, si no tu familia se va a morir y los vamos a decapitar manos por manos y pies por pies. Y yo tuve miedo porque la verdad mi familia es todo para mí”.

“A medianoche me tiraban hormigas y yo sin camisa, solo con pantalón, sin zapatos y sin nada. Me tiraban hormigas… Me tiraban patadas a darme a mí”, narró Obando. “Me trataban como animal, después me bajaron y me llevaron como un perro, y me jalaban y me arrastraban como animal. Me dijeron que me iba a bañar porque iba a dar una entrevista. Y yo con miedo y nervios y todo, y me sientan en una mesa y están ocho personas apuntándome con una AK, de civil, pero sí encapuchados para que yo hiciera lo que ellos me iban a decir y si yo me movía o hacía un movimiento en falso, aquí te morís hijueputa…”.

Después el juez Edgar Altamirano se tomó una hora y media para dictar su veredicto. Todos los acusados fueron condenados.

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El proceso por la masacre del 19 de julio fue uno solo, pero había tres clases de acusados. Por un lado se encontraban los supuestos autores intelectuales y materiales del tiroteo realizado en el municipio de Darío; por el otro, los dos hombres señalados de haber ejecutado el posterior ataque de Wabule. Y también estaban los tres muchachos conocidos como los “tirapiedras”, quienes, según la Fiscalía, fueron contratados por Walter Balmaceda para arrojar rocas a los buses de la primera caravana (de Darío) y hacer que perdieran velocidad.

A Walter lo vincularon con el ataque porque de su bus se bajaron los tres “tirapiedras”, que habían abordado el vehículo en Managua, al terminar el acto de aniversario de la revolución sandinista. Los muchachos recibieron dos años de condena y están libres desde agosto de 2016, pero el transportista fue acusado de ser uno de los jefes del grupo y recibió 133 años. Según la sentencia, quedará libre el 24 de julio de 2044.

Todo eso sin que la Fiscalía haya sido capaz de probar la vinculación de Walter Balmaceda con los crímenes, ni de explicar cuál fue el móvil del ataque, señala Carlos Baltodano. Y lo respalda la pobre relación de hechos descrita en el expediente del caso.

“La única prueba concluyente para el juez de que Walter es el autor intelectual, el jefe de la banda de los del 19 de julio, es supuestamente un oficial de Inteligencia. Así se identificó él. Ese oficial se fue caminando desde la entrada (de la carretera) hasta la comarca de Las Pilas y al día siguiente supuestamente se encontró con un señor del lugar y este señor le dijo que Walter había contratado a los muchachos de Las Pilas para que realizaran el acto”, afirma el abogado, quien al inicio del proceso defendió tanto a Walter Balmaceda como a los “tirapiedras”.

Según Baltodano, el oficial no pudo dar el nombre de su testigo, afirmó que no había visto su cédula y que tampoco era capaz de describirlo físicamente.

Quienes sí presentaron pruebas fueron los abogados defensores. La testigo Emigdia Torres, cuñada de Eddy Gutiérrez, mostró dos fotografías que lo situaban en una reunión familiar a la misma hora en que, según la Policía, estaba disparando en la escena del crimen.

La abogada María Oviedo, entonces fiscal del Ministerio Público, recibe las fotos que ubicaban al acusado Eddy Gutiérrez lejos de la escena del crimen al momento del tiroteo. En las imágenes, que no fueron tomadas en cuenta, Gutiérrez aparece en una reunión familiar. FOTO/ ARCHIVO

Domingo Ruiz, militante sandinista de la comunidad Los Encuentros, Ciudad Darío, aseguró que la noche de ese 19 de julio el bus conducido por Walter Balmaceda pasó por el lugar cuando ya la masacre estaba consumada.

E incluso uno de los principales testigos presentados por la Fiscalía, Cleofás Ríos, militante sandinista que iba en el bus conducido por Walter, afirmó que pasaron por el lugar de los hechos a eso de las 10:30 de la noche, casi una hora después del tiroteo, lo que echaba por tierra la teoría de que los “tirapiedras” que viajaban en el autobús habían servido de distractores.

“Yo vine aquí, señor juez, a decirle la verdad”, explicó Ríos ante una asombrada fiscal María Oviedo, quien hoy labora en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y defiende a los presos políticos del régimen de los Ortega Murillo.

Magazine consultó a la exfiscal sobre el proceso a los acusados por la masacre del 19 de julio, pero Oviedo explicó que por razones éticas no podía emitir una opinión. Cuando se le preguntó sobre las pruebas desestimadas en el juicio, la abogada dijo que no lo recordaba bien.

A la fecha, Marlon Aburto, abogado de Eddy Gutiérrez, Jairo Obando y Wilfredo Balmaceda, sostiene: “Yo presenté pruebas que demostraban que ninguno de ellos estaba en el lugar señalado el día de la masacre, si no les dieron ningún valor eso lo vamos a ver en otra instancia”.

A pesar de que gran parte de los acusados era de tendencia liberal, para Aburto el juicio “no fue político”.

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Christian Fajardo conoció a José Ricardo Cortez en la cárcel, propiamente en la galera 3-1 de la zona de máxima seguridad conocida como La 300, en el Sistema Penitenciario La Modelo. Christian era un reo político de los Ortega Murillo; Cortez es uno de los siete acusados que recibieron penas superiores a los 100 años de prisión por la masacre del 19 de julio de 2014.

Es la peor y más restrictiva de las galerías de La 300, afirma Fajardo. Hay 26 celdas y cada una mide dos metros de ancho por tres metros de largo. Ninguna tiene luz eléctrica y por la noche todo se sume en la más completa oscuridad; pero los reos la pasan peor de día cuando el sol “pega” en el ala oeste y el calor es extremo, casi insoportable.

En el lado oeste de la 3-1 se encuentra José Ricardo Cortez, de 66 años, condenado a guardar prisión hasta el 2044. En esa galera, según Fajardo, los reos tienen derecho a visita familiar una vez al mes y solo pueden hacer una llamada telefónica mensual. Pero, de todas formas, Cortez, originario de San Isidro, Matagalpa, casi nunca recibe visitas.

“No tiene familia, nunca llama a nadie, casi nadie le lleva paquete”, dice su excompañero de galera. Fue en una de esas esporádicas visitas que le contaron, hace dos años, que su madre acababa de morir.

Debido al aislamiento en que viven los reos de esta galera, Fajardo y Cortez estuvieron nueve meses platicando, contándose sus vidas sin haberse visto nunca las caras. Como a ellos no les permitían tener un televisor, aprovechaban el silencio para conversar, acostados boca abajo sobre el piso, alzando la voz para que pudiera colarse entre las rendijas de la puerta.

“El caso de él es evidentemente político”, afirma Fajardo. “Él dice, y yo le creo, que ellos no tuvieron nada que ver. Eso fue como un autoataque para culpar a personas estratégicas, porque él tenía entrenamiento militar y así como él todos los que agarraron tenían cierto entrenamiento militar y el Gobierno sospechaba o sentía que podían ser un peligro para sus planes maquiavélicos”.

Pero Walter Balmaceda no tenía entrenamiento militar. Para su abogado no fue más que un “chivo expiatorio” en un caso que la Policía quería resolver a cualquier costo.

En la cárcel su diabetes ha empeorado y las dosis se insulina que deben llevarle se han multiplicado. Ya ha sufrido fallas en el páncreas y tiene el estómago hinchado.

Su madre, la anciana doña Angelina Ruiz, le tocó el vientre cuando viajó de Ciudad Darío para visitarlo en La Modelo, y se asustó al sentirle un bulto. “Vos no estabas así”, sollozó.

Doña Angelina sufre insuficiencia renal, está ciega y en silla de ruedas, porque hace unos años le amputaron la pierna derecha. La diabetes es un mal de familia. “Perdí mis ojos, perdí mi pierna y perdí al hijo que miraba por mí”, lamenta. Pero sigue creyendo que un día no muy lejano Walter volverá a cruzar la puerta de su casa.

Doña Angelina Ruiz, madre del transportista Walter Balmaceda, está ciega y ha empezado a sufrir insuficiencia renal. Dice que le gustaría hablar con Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama, para pedirle que tenga compasión de su hijo. FOTO/ OSCAR NAVARRETE

La versión policial

De acuerdo con la Policía, entre el 20 junio y el 10 julio de 2014, en los domicilios de Leonel Poveda y Eddy Gutiérrez, en Ciudad Darío, Matagalpa, se realizaron varias reuniones donde se planificó la posibilidad de realizar actos delictivos en contra de las caravanas que asistirían a Managua a la conmemoración del aniversario 35 de la revolución sandinista.

En estos encuentros habrían participado, además, Rosendo Huerta, Pablo Martínez (aún prófugo), Wilfredo Balmaceda y José Ricardo Cortez. Como prueba, Aminta Granera presentó un video filmado en ausencia de un abogado defensor.

Eddy Gutiérrez, Pablo Martínez y Jairo Obando serían los tiradores del kilómetro 75.3. Mientras que Walter Balmaceda habría contratado a los jóvenes Juan José y Gregorio Tórrez, y Erick Salgado para tirar piedras a la caravana y hacerle disminuir la velocidad.

En cuanto al ataque en San Ramón, la Policía dijo que el agresor fue Rosendo Huerta con el apoyo de Zacarías Cano.
En ninguno de los casos se esclareció el móvil.

El 7 de agosto de 2014 la Policía “esclareció” el caso de la masacre del 19 de julio. “Hemos esclarecido en un tiempo récord gracias al trabajo de ambas instituciones (Ejército y Policía) un caso de extrema complejidad”, dijo la primera comisionada Aminta Granera. FOTO/ ARCHIVO

Juicio y condena

Doce acusados fueron declarados culpables por la masacre del 19 de julio de 2014.
10 días duró el juicio, en el que comparecieron 90 personas.
7 de los 12 condenados recibieron penas superiores a los 100 años, aunque solo cumplirán 30 años, pena máxima permitida por la Constitución.

Leonel Poveda, Zacarías Cano, Wilfredo Balmaceda, José Ricardo Cortez y el transportista Walter Balmaceda recibieron 133 años de condena; mientras que a Eddy Gutiérrez y a Jairo Obando le fueron impuestos 132 y 113 años, respectivamente.

La condena de Rosendo Huerta fue de 37 años. Y José Meza fue condenado a 10 años de cárcel por “encubrimiento”.
Erick Salgado González y los hermanos Juan José y Gregorio Tórrez Espinoza, conocidos como los “tirapiedras”, recibieron una pena mínima de dos años de prisión. Están libres desde agosto de 2016.

Este juicio fue un precedente porque aquí se empezó a violar, entre otros, “el principio del juez natural de las personas”. El proceso se llevó a cabo en Managua, aunque todos los hechos ocurrieron en Matagalpa. Desde entonces “hay jueces categoría A y categoría B, los de Managua y los de los departamentos”, expone el abogado Carlos Baltodano, quien fue defensor de Walter Balmaceda y de los “tirapiedras”.

El caso fue trasladado a Managua luego de conectarlo a través de la declaración malinterpretada de uno de los jóvenes de Las Pilas (tirapiedras). El muchacho habló de una reunión en Ciudad Darío para recibir el beneficio de gallinas, gallos y malla para hacer un gallinero. Pero en las investigaciones policiales esto se transformó en una reunión en la “gallera de Tipitapa”, Managua, asegura Baltodano.

”Aquí ya no tenemos jueces”, lamenta el abogado. “Solo tenemos amanuenses judiciales con facultades de firma. Obedecen órdenes. No hay autonomía judicial. No hay independencia judicial. ¿A qué juez se le ocurriría decir que estas personas son no culpables? A ninguno, porque los corren y ellos quieren ser magistrados”.

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