El 6% universitario, la trampa del sandinismo

Reportaje - 03.05.2021
Seis por ciento.

Antes de dejar el gobierno, en 1990, el Frente Sandinista implantó una “bomba de tiempo” al establecer por ley el seis por ciento del presupuesto para las universidades, algo que nunca entregó durante los años 80, ni entrega ahora que Daniel Ortega está de nuevo en el poder

Por Hans Lawrence Ramírez

A las 10 de la mañana del 31 de enero de 1996, un grupo de estudiantes rondaba el edificio de la Cancillería.  Días antes habían hecho un mapeo del lugar. Miraban quién entraba y quién salía. Entre ellos simulaban ser desconocidos mientras se hacían señas sin levantar sospechas. Cayó la tarde y cuando vieron que no había policías cerca ejecutaron el plan.

Más de cien universitarios con morteros, piedras y garrotes asaltaron la Cancillería. Ahí se encontraban los embajadores de Pakistán, Manzar Shafiq; el de Filipinas, Clemencio Montesa y una ministra consejera de Canadá. Cuando escuchó el alboroto, el canciller Ernesto Leal sacó al embajador de Bolivia por una puerta trasera que había en su despacho.

Los estudiantes destrozaron puertas y ventanas, ductos de aire acondicionado y se comieron los alimentos que había en la cocina para 50 trabajadores que hacían horas extras preparando la visita del Papa Juan Pablo II que llegaría al país la siguiente semana. Incluso se prepararon más comida y se bebieron todo el whisky que encontraron, indican reportes periodísticos de la época.

La acción fue planeada por el Comité Nacional de UNEN y el objetivo era demandar que el gobierno cumpliera con la asignación del seis por ciento a las universidades. Para aquel entonces, Daniel Ortega y el FSLN gobernaban desde abajo y “toda la movilización social era usada por el Frente para hacer presión política” a los gobiernos democráticos, explica Dora María Téllez, ex diputada por el partido rojo y negro en aquella época.

Jóvenes durante un enfrentamiento con la Policía durante las protestas del 6%. ARCHIVO/OSCAR NAVARRETE

El secretario político de Managua por el FSLN de aquel entonces, Víctor Hugo Tinoco, dice que el vínculo del FSLN con las revueltas estudiantiles estaba en que las protestas “coincidían con el interés del partido de golpear por esa vía a los que estaban en el poder”.

Bajo esa lógica los estudiantes quemaban llantas y vehículos estatales, secuestraban policías, levantaban barricadas, y hasta bajaban a la gente de los buses para que no fueran a trabajar. Paralizaban Managua. También se tomaban edificios públicos como Canal 6 o el Ministerio de Finanzas en donde quedó atrapado por al menos cinco horas el ex ministro Emilio Pereira.

Humberto Belli también recuerda como en dos ocasiones se tomaron su oficina en el Ministerio de Educación. “Hicieron estragos dentro del despacho”, y hasta le dejaron pintas en una de las paredes del ministerio que decía “Belli, enemigo de la educación” porque criticaba de manera férrea a los manifestantes.

El gobierno de Enrique Bolaños hizo una estimación de las pérdidas económicas que dejaban estas protestas durante su administración, y se calculó que se perdían unos 10 millones de córdobas por cada día de protesta, dice el ex viceministro de Gobernación Avil Ramírez.

Había quienes consideraban que la demanda estudiantil era legítima, pero los métodos de protesta eran cuestionables, como Vilma Núñez, que le tocó acompañar estas manifestaciones desde el CENIDH. Recuerda que incluso “había veces en que nosotros estábamos más a favor de la Policía”, por el alto nivel de violencia de los estudiantes.

El Aeropuerto Augusto C. Sandino se lo habían tomado en más de una ocasión, incluso las oficinas aduaneras, pero ahora optaron por la Cancillería para atraer la opinión pública internacional y porque el FMI había aconsejado al gobierno que recortara fondos para las universidades.

Agentes de la DOEP en retirada buscando refugio. ARCHIVO/OSCAR NAVARRETE

 

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Tras perder las elecciones presidenciales en febrero de 1990, el Frente Sandinista impulsó un combo de leyes conocidas como “las de La Piñata”. Entre ellas estaba la 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, aprobada el cinco de abril de ese año, y que en su artículo 55 indicaba que el seis por ciento del Presupuesto General de la República debía ser asignado a las universidades.

La ambigüedad de la Ley propició el debate sobre cómo debía calcularse ese porcentaje. El gobierno de Violeta Barrios, hacía la operación matemática en base a los ingresos ordinarios, es decir, las recaudaciones, pero las universidades alegaban que el seis por ciento que les correspondía debía ser del presupuesto total incluyendo los ingresos extraordinarios, o sea las donaciones y préstamos que ya estaban destinados y aprobados para otros fines.

Para aquellos años, Nicaragua estaba empezando a recuperarse de una grave crisis económica, con una hiperinflación y la economía destrozada que dejaron los sandinistas en la década de los 80s marcada por la guerra, la escasez y la pobreza, por lo cual en los primeros años del gobierno democrático la mayor parte del PGR dependía de las donaciones y préstamos.

Daniel Ortega, líder de la oposición sandinista en ese entonces, usó la demanda universitaria para “gobernar desde abajo”, tal como lo prometió al entregar el poder a doña Violeta Barrios de Chamorro. Durante los años 80, el gobierno del Frente Sandinista nunca entregó el seis por ciento del total del Presupuesto General de la República (PGR) a las universidades, ni lo entrega ahora que Ortega está de nuevo en el gobierno.

“La razón por la que hicieron esa asignación del seis por ciento a favor de las universidades fue porque estas se convirtieron en un refugio de cantidades de empleados públicos y funcionarios sandinistas que dejaron el poder y se fueron a refugiar en las universidades”, valora Humberto Belli, ministro de educación durante el gobierno de Violeta Barrios y quien siempre se opuso a que se desembolsara ese porcentaje a las universidades.

Desde el gobierno siempre veían las protestas como una manipulación política, dice Humberto Belli, quien en las reuniones con el gabinete proponía que se reformara la Ley 89 y se acabara la discusión, pero ahora reconoce que no había suficiente fuerza legislativa para proceder de esa manera. Además “no había coraje. No había lo que ponen las gallinas para meterse en esa batalla”.

Quien pudo haber hecho esa jugada fue el gobierno de Arnoldo Alemán, que en un momento llegó a tener mayoría en la Asamblea, pero según Belli el caudillo liberal dijo que lo iba a platicar directamente con su similar sandinista, Daniel Ortega. “Desde ahí se veía que había una dependencia política con Ortega”, comenta Belli.

Las manifestaciones eran manipuladas por el Frente Sandinistas para crear presión política a los gobierno liberales. ARCHIVO/OSCAR NAVARRETE

 

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Las protestas violentas por el seis por ciento dejaron cuatro víctimas mortales y decenas de heridos entre estudiantes y policías, durante los 14 años de enfrentamientos por el seis por ciento.

El 13 de diciembre de 1995 se registraron las primeras dos víctimas mortales de las protestas. En medio de un enfrenamiento entre manifestantes y la Policía en las afueras de la Asamblea Nacional, murieron Porfirio Ramos, trabajador de la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas, y Jerónimo Urbina, estudiante de la UNI. También hubo al menos 30 personas heridas, jóvenes que perdieron un ojo y otros, como Bismark Santana, que perdieron una pierna.

El 10 de enero de 1997, Arnoldo Alemán llegó al poder y las protestas continuaron. Bajo su administración el 20 de abril de 1999 falleció de un balazo de goma en el pecho, Roberto González, estudiante de derecho de la UNAN Managua durante una toma que estaban haciendo los jóvenes al Banco Central. Durante la administración de Enrique Bolaños, en mayo de 2004, el suboficial mayor Róger Rodríguez, falleció después de que le explotara un mortero detonado por estudiantes en Jinotepe.

Incluso el hijo del ex presidente Bolaños, Enrique Bolaños Abaunza recibió una pedrada en su cabeza cuando manifestantes llegaron a la Casa Presidencial a exigir la renuncia del mandatario, y cuando fuera de todo protocolo, este salió a recibirlos y al tomarles la palabra para negociar, una ola de piedras, bolsas de aguas y basura le fue lanzada por los protestantes.

En retrospectiva Vilma Núñez se pregunta “si el control total y absoluto que tiene Daniel Ortega sobre la Policía lo tenía en ese entonces, yo me pregunto ahora, ¿era Daniel Ortega el que le daba las órdenes a la Policía de ir a desbaratar estudiantes con tal de hacerle la vida imposible al gobierno de doña Violeta? No sé, pero no puedo decir que no. ¿Cómo una Policía, supuestamente sandinista, mata a estudiantes sandinistas? Pero ya esto es una valoración a posterior”.

La toma de la Cancillería fue de las más problemáticas para el gobierno de Violeta Barios porque mantener embajadores secuestrados podía significarle un conflicto internacional, hasta que, por medio de negociaciones entre la Policía y los manifestantes, los diplomáticos extranjeros fueron liberados en medio de la noche. Pero había otro problema, las credenciales del Papa estaban en el inmueble y a merced de los estudiantes que estaban desbaratando todo a su paso.

“Sabíamos que el Papa iba a venir, pero no sabíamos que las credenciales del Papa estaban ahí”, rememora Lludelys Aburto, vicepresidenta de UNEN para aquel entonces y quien estuvo a cargo de las negociaciones con la Policía para sacar a los embajadores.

Aburto recuerda que una luz de bengala iluminó la oscuridad de la calle a eso de las 3:40 de la madrugada, casi 13 horas después de la acción de los rebeldes. Esa era la señal para que efectivos policiales procedieran al desalojo de los 120 estudiantes y el rescate de 84 rehenes, entre ellos el canciller Leal.

Entraron como los equipos SWAT en las películas, de manera sorpresiva, pero sin disparar. En el mapeo previo los estudiantes no contaron con una salida que había detrás de la Cancillería, ese fue el punto por el cual la Policía pudo entrar para cumplir su misión.

La Policía incautó 520 bombas, 27 morteros, 48 tubos, 23 huleras, 1,793 balines, un hacha y 18 botones de acero. La Portavoz de la Cancillería, Claudia Paniagua, aseguró que en el despacho del Canciller había una caja con bombas de mecate, piedras y huleras. El Ministerio Público los acusó por los delitos de secuestro de ciudadanos nicaragüenses y diplomáticos extranjeros, daños, exposición de personas al peligro, atentar contra la autoridad y sus agentes, asociación para delinquir, apología del delito, lesiones, robo y terrorismo.

A las cinco de la tarde del primero de febrero, la policía liberó a 92 de los 107 detenidos, pero 15 quedaron en prisión. Eran los dirigentes principales, incluida Lludelys Aburto. La jueza Sexta del Distrito del Crimen Rosario Altamirano los envió a libertad provisional y meses después fueron absueltos de todos los cargos.

Estudiantes destruyen una rotonda para crear una barricada. Archivo/Oscar Navarrete.

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En 1992 se dieron las primeras protestas estudiantiles en las calles. El 28 de febrero de ese año, las universidades interpusieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia porque el seis por ciento fue calculado por el gobierno en base a los ingresos ordinarios. Como la CSJ no fallaba sobre el reclamo, los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos decidieron protestar en las calles el dos de julio y el 14 de ese mismo mes anunciaron una huelga universitaria hasta que el Poder Judicial no resolviera.

Gonzalo Carrión era el presidente de los estudiantes de la UCA y junto a Rafael Enríquez, ex presidente de UNEN dirigían las protestas en la avenida universitaria en 1992.  Carrión, actualmente se encuentra exiliado en Costa Rica tras recibir amenazas por defender a los nicaragüenses que protestaron contra Daniel Ortega desde abril del 2018.

En los siguientes años los dirigentes de UNEN fueron Julio Orozco y Lludelys Aburto. Luego llegaron otros como Yasser Martínez, Fidel Moreno y hasta Iván Acosta, el actual ministro de hacienda de Daniel Ortega.

“Ahí empieza el Frente Sandinista a hacer con el movimiento estudiantil lo que prácticamente había hecho con las otras organizaciones de masa”, controlarlas y convertirlas en un apéndice del partido, valora la presidenta del CENIDH Vilma Núñez. “Ahí aparecieron los morteros”.

El 26 de julio de 1992, la CSJ delegó la responsabilidad a la Asamblea Nacional para que hiciera una interpretación auténtica de cómo debía calcularse el seis por ciento. Los estudiantes recrudecieron sus protestas. Se tomaron la sede de TELCOR, y en el gobierno había mucho temor de que destruyeran las instalaciones y los aparatos de comunicación nacional, dice Núñez.

También hacían marchas hasta el parlamento donde había una mayoría de diputados de la UNO, la alianza con la que Violeta Barrios había llegado al poder, pero que ya se venía fracturando años atrás. El FSLN consiguió establecer acercamientos con algunos de los legisladores inconformes.

El 19 de agosto, bajo la consigna “la beben o la derraman”, los universitarios llevaron una multitudinaria marcha a las afueras de la Asamblea Nacional donde se estaba discutiendo la interpretación auténtica. Fueron 17 diputados de la UNO los que votaron junto a los 39 del FSLN para aprobar la Ley 151 que establece que el seis por ciento “debe calcularse sobre el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios establecidos en el Presupuesto General de la República para el año correspondiente, independientemente del origen de dichos ingresos”.

Fue un golpe para el gobierno y un espaldarazo a la lucha estudiantil, considera Gonzalo Carrión. La huelga de los estudiantes duró 50 días y posteriormente, Carrión fue a trabajar en el equipo jurídico del CENIDH desde donde le tocó presenciar los siguientes años de protestas estudiantiles.

Un manifestante protesta con un escudo robado a la Policía ARCHIVO/Oscar Navarrete.

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La interpretación auténtica de 1992 no tuvo nada de interpretación, y de eso se iba a dar cuenta el expresidente del CNU, Ernesto Medina, tres años más tarde cuando una diputada disidente del FSLN, de quien prefiere no revelar su nombre le dijo: “A ver, déjense de mierdas. Si lo de la interpretación auténtica fue una pasada de cuentas a Antonio Lacayo (ministro de la Presidencia), pero aquí nadie creía en esa mierda”.

La “pasada de cuentas” habría sido de parte de los 17 diputados de la UNO inconformes con el gobierno de Violeta Barrios que votaron con el FSLN para que el seis por ciento se calculara en base a los ingresos ordinarios y extraordinarios.

Dora María Téllez dice que efectivamente la interpretación auténtica fue una jugada política. “Eso es político. No hay conclusión de ninguna especie ahí. Esas son decisiones de voluntad política”.

Medina sabía que debía haber una negociación con el gobierno, pero también reconoce que las universidades debieron discutir el cálculo antes de empezar un conflicto con las autoridades. En el CNU había quienes apoyaban la idea de la negociación, mientras otros creían que debían lanzarse frontalmente porque tenían el respaldo de la Ley 89 y la interpretación auténtica.

Después de reuniones, votaciones, consultas y demás, la postura del CNU fue seguir adelante con las revueltas, sobre todo porque así lo creían y querían los estudiantes. “Ese es clavo del gobierno, ahí verán ellos que hacen” valoraron según Medina, quien ahora considera que fue una postura “cínica” de su parte.

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se estaban cocinando unas reformas constitucionales y Medina tuvo la idea de elevar el tema a la Carta Magna y que se resolviera de una vez por todas. Se hizo cabildeo con diputados, pero les decían que, aunque simpatizaran con la demanda de las universidades, no iban a poner en peligro las reformas que los proponentes querían por un tema sin consenso.

El cabildeo y las discusiones continuaron por meses hasta que la insistencia de las universidades llevó a que les revelaran la verdad sobre el origen de la interpretación auténtica: era una cuestión política.

“Nos entró por un oído y nos salió por el otro. Seguimos con nuestro argumento que era la interpretación auténtica”, dice Medina, hasta que finalmente se logró incorporar el tema de la Autonomía Universitaria en la reforma constitucional, pero el cálculo del seis por ciento continuó siendo ambiguo, pues no especificaba en base a qué se debía cuantificar ese porcentaje volviendo así al punto de inicio. Las protestas se arreciaron.

Lludelys Aburto durante el entierro del estudiante Jerónimo Urbina, asesinado por la Policía en los enfrentamientos del seis por ciento. ARCHIVO/OSCAR NAVARRETE

El ex viceministro de gobernación, Avíl Ramírez, recuerda que las protestas “eran violentas con resultados criminales”, pero la orden de Bolaños era no usar la fuerza de la Policía. En múltiples ocasiones se llegó a establecer negociaciones con los dirigentes estudiantiles Yasser Martínez y Fidel Moreno, quienes asistían junto al alcalde de Managua por el FSLN, Dionisio Marenco. “Nicho” era quien tenía la voz cantante y no los estudiantes, dice Ramírez.

“Ellos hacían caso a lo que les decía el partido (FSLN). No eran demandas de los universitarios”, dice, y su principal exigencia era la de siempre, que se les entregara el seis por ciento sobre las donaciones que venían comprometidas desde el exterior.

Además de los estudiantes, los transportistas, sindicatos y demás eran los que protestaban contra los gobiernos democráticos, pero todo eso se acabó con el retorno de Daniel Ortega al poder.  Hasta estos días, UNEN continúa siendo el brazo del FSLN en las universidades.

De acuerdo al economista Luis Murillo, actualmente “no se está entregando más del 2.5% de manera muy discrecional”. Asegura que antes de 2017, la administración sandinista estaba cumpliendo con la entrega del seis por ciento, pero eso cambió con el desplome de la cooperación venezolana.

A como continúa establecido en la interpretación auténtica, el gobierno de Ortega debe incluir en el cálculo del seis por ciento los ingresos extraordinarios, incluyendo la cooperación venezolana que hasta 2018 fue de 3,816.7 millones de dólares según cifras del BCN, monto manejado al margen del PGR.

Sin embargo, UNEN ya no reclama y se desconoce si hay un acuerdo entre las autoridades y la dirigencia estudiantil para la asignación correcta de los fondos. El ex ministro de educación Humberto Belli considera que “si esto hubiera ocurrido en tiempos de doña Violeta o Enrique Bolaños, los universitarios hubieran salido a las calles a protestar”.

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