Las leyes sandinistas que golpearon fuertemente a los nicaragüenses en los 80

Reportaje - 10.02.2020
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Ir a la guerra por ley, el cambio del valor del dinero de la noche a la mañana, amnistías, confiscaciones y el perdón a la piñata. Estas son algunas de las leyes más controversiales que se aplicaron durante toda la década que estuvo en el poder el Frente Sandinista luego de derrocar a Somoza

Por Abixael Mogollón G.

Estas leyes atentaron contra la vida de los nicaragüenses, les golpearon el bolsillo de manera directa y muchos perdieron todo lo que tenían. Con el paso de los años algunos tratan de justificarlas asegurando que eran necesarias para que se “mantuviera” la recién nacida revolución.

En el caso de la ley creadora del Servicio Militar que obligó a miles de jóvenes a morir en la guerra, el exgeneral Humberto Ortega dijo que esta medida fue “vital para la defensa armada exitosa” a costa de cientos de vidas.

Por otro lado, la operación Berta y las leyes de confiscación nacieron según sus creadores “con buenas intenciones”, en el caso del cambio de la moneda fue buscando el saneamiento del sistema monetario y debilitar a la Contra, mientras que las confiscaciones fueron para repartir de manera justa las tierras en una reforma agraria. Ambas medidas terminaron de otra manera.

Así otras leyes “no escritas” que dictaron racionamiento, expedir o no permisos para vender o comprar y otras medidas que fueron más pequeñas pero que igualmente afectaron a los nicaragüenses.

Al Servicio Militar

Antes del 6 de octubre de 1983 el Ejército Popular Sandinista (EPS) estaba formado por poco más de diez mil hombres, luego de ese día en que la Junta de Gobierno promulgó en La Gaceta, Diario Oficial, la Ley del Servicio Militar Patriótico, las filas militares se fueron engrosando más y más hasta llegar a tener unos 132 mil efectivos. La gran mayoría eran muchachos que iban de los 17 a los 25 años.

El temido decreto 1327 fue aprobado por el Consejo de Estado y firmado por Daniel Ortega el 13 de septiembre de 1983, pero fue hasta el 6 de octubre que se publicó de manera oficial. A partir de ese día las vidas de miles de familias cambiaron de manera radical.

“Los ciudadanos nicaragüenses del sexo masculino comprendidos entre las edades de 18 a 40 años están obligados a cumplir Servicio Militar Activo y/o de Reserva”, dice textualmente el artículo 6 de esta ley.}

Las redadas contras los muchachos se realizaron luego de que no se enlistaran la cantidad esperada. LA PRENSA/ARCHIVO

Mientras que para las mujeres el cumplimiento del Servicio Militar fue voluntario.

A partir de entonces se inició una campaña de propaganda para atraer a los jóvenes para que de manera voluntaria se enlistaran para ir a la guerra con la Contra. La campaña no atrajo a la cantidad esperada y se procedió a realizar redadas para llevarse a los muchachos.

En enero de 1984 se desató la cacería principalmente contra chavalos de entre los 18 y los 22 años. En estas redadas no solo participaron las autoridades militares, también ayudaron los jóvenes que conformaban la Juventud Sandinista (JS).
Los esperaban fuera de sus propias casas, escuelas, discotecas y hasta en los cuadros de beisbol.

El Capítulo XI de la ley que iba de las infracciones y sanciones señalaba que si un joven no se presentaba a inscribirse en el período establecido podía ser arrestado y pasar de tres meses a dos años en la cárcel.

Mientras que si un joven se negaba a suministrar información, firmar documentos que establecía esta ley o dar información falsa podía pasar preso de seis meses hasta cinco años.

“Yo tuve casos de jóvenes que se pegaban un balazo en el pie, ya estando en el entrenamiento, para no ir al campo de batalla. Había que sacarlos al hospital. O desertaban. Hubo gente que desapareció porque se iban por caminos desconocidos”, dijo al diario La Prensa el mayor en retiro Roberto Samcam.
“Nunca lograron precisar el número, fueron miles entre soldados, oficiales del Ejército y de la Contra, así como miles de heridos, mutilados… fue el error más grande que se ha cometido”, afirmó el general en retiro Hugo Torres, en octubre de 2018 cuando se cumplieron 35 años de la promulgación de esta ley que devolvió a miles de madres y familias a sus seres queridos en un ataúd si tenían suerte. Otros nunca fueron encontrados.

El 25 de abril de 1990, mediante el decreto presidencial 4-90 que se publicó en La Gaceta el 8 de marzo de ese mismo año, Violeta Barrios suspendió el Servicio Militar Patriótico.

Chavalos muertos

Se estiman en cerca 30 mil muertes de ambos bandos durante la guerra de los ochenta. Este cálculo lo realizó el Instituto de Búsqueda para la Paz de Oslo, Noruega, en un documento que se llamó Battle Deaths Dataset.
La cifra de pérdidas económicas durante toda esa década asciende a más de 17 mil millones de dólares.

La Operación Berta

El 14 de febrero de 1988 varios vehículos militares con maletines llenos de dinero entraron al Centro Comercial Managua, el Mercado Oriental y a toda tienda que encontraran abierta por el camino para comprar todo lo que pudieran.

Los comerciantes no sospecharon nada quizás porque era día de San Valentín y felices vendieron a más no poder. Al día siguiente se dieron cuenta de que todos esos fajos de billetes no valían casi nada. Como por arte de magia mil córdobas “viejos” fueron cambiados por un “córdoba nuevo”. El impacto económico fue grave e hizo que miles de personas quedaran sin negocios y en pobreza.

“La gente salió a gastar el dinero que tenían y los comerciantes no sabíamos nada, y vendíamos a diestra y siniestra. Al siguiente día en la noche que se produjo el cambio todo mundo amaneció con sus compras hechas y nosotros que habíamos vendido todo amanecimos con una poquedad de dinero, que ya no valía”, narró un comerciante afectado por este drástico cambio.

Billetes de diferentes cantidades y épocas dejaron de circulas luego de la operación Berta. LA PRENSA

El decreto No. 306 Ley de Conversión Monetaria, se publicó en La Gaceta, el 2 de marzo de 1988. Su primer artículo decía textualmente que “a partir de las 00:00 horas del día 15 de Febrero del año de 1988, los billetes y monedas de córdoba de curso legal emitidos y puestos en circulación con anterioridad, quedan privados de valor monetario, sin curso legal ni poder liberatorio, por lo que no podrán utilizarse ni tendrán validez para solventar obligaciones de ninguna clase”.

Al siguiente día cerca de 60 mil empleados del Sistema Financiero Nacional fueron repartidos en más de 1,600 mesas en todo el país para que la población pudiera cambiar sus miles de córdobas viejos a cambio de unos cuantos córdobas nuevos.

“Se convirtió en una confiscación de dinero”, reconoció Henry Ruiz, uno de los nueve comandantes de la Revolución Sandinista y parte de los impulsores iniciales de la Operación Berta.

Esta medida fue concebida originalmente como un simple cambio de moneda. Fue planificada para ejecutarse en 1985, pero desde el Estado se opusieron porque esta medida supondría un mayor control de los recursos estatales y ya no se podría derrochar del dinero público.
Esta medida fue recomendada por asesores de diferentes países socialistas, a los que los sandinistas pidieron consejos para sanear el Sistema Financiero y dejar sin capital a la Contra.

Además, con esta operación a quienes querían perjudicar realmente era a la contrarrevolución, pero estos buscaron mil formas de evitar cambiar su dinero.
Por ejemplo, los contras ofrecían cambiar altas sumas a cambio de productos alimenticios como el queso, de esta manera ellos recibían la mercancía pero se evitaban realizar el cambio donde salían perdiendo.

Luis Fley, miembro de la Resistencia, aseguró que Berta más bien les benefició porque ya no tenían que caminar cargando enormes sacos de dinero.

Para marzo de 1985 un dólar valía 670 córdobas. En marzo de 1987 un dólar ya valía 15,750 córdobas, cuando se ejecutó la Operación Berta el precio había llegado a los 21 mil córdobas por un dólar. Nicaragua llegó a estar entre los países con mayor hiperinflación del mundo.

Según varios economistas la Operación Berta fue un fracaso ya que no se acompañó de otras medidas para que surtiera efecto el cambio de moneda. No se incentivó la producción por lo que bajó la producción y vino la escasez, tampoco se redujo el déficit fiscal y lo peor fue que se siguieron produciendo billetes de manera descontrolada.

El origen del nombre

Se llamó Operación Berta, ya que una de las reuniones de planificación de esta movida se realizó en una finca de Carretera Sur, cerca del kilómetro 27, que se llamaba así. Los creadores de la ley juraron no contar nada y se guardó en secreto a espaldas de personas como Tomás Borge y Sergio Ramírez.

Navidad Roja

La que se vino a llamar “Navidad Roja” fue un desplazamiento forzado de indígenas miskitos a manos del Ejército Popular Sandinista en 1981, todo para que no apoyaran a la Contra.

Se argumentó que este desplazamiento era una media para “garantizar la supervivencia de los miskitos que estaban expuestos” a la guerra. Pero al final lo que se desató fue una masacre.

El 1 de diciembre de 1983 se aprobó una amnistía que perdonaba todos los crímenes cometidos durante esa operación en tierras indígenas. El decreto Ley 1352, fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial, el 6 de diciembre de ese año.

A pesar del desplazamiento los miskitos nunca dejaron de vivir a orillas del Río Coco. LA PRENSA/ÓSCAR NAVARRETE

Irónicamente, el primer artículo “perdona” a los miskitos: “Se concede Amnistía a los ciudadanos nicaragüenses de origen miskito que hayan cometido delito contra el Orden y Seguridad Pública y cualquier otro delito conexo, cometido desde el Primero de Diciembre de 1981 a la fecha en Zelaya Norte”, dice la ley que en su segundo artículo perdona a los “nicaragüenses que, con motivo de los sucesos ocurridos en la ribera del Río Coco, o de cualquier otro suceso que se haya vivido en Zelaya Norte”.

La comandante guerrillera, Dora María Téllez, dijo que este tipo de amnistías eran aplicadas parejas a los dos bandos ya que “ninguna guerra es limpia, y de ambos lados se cometieron atrocidades”.

Más tarde, en un hecho insólito al perder el poder en 1990 el Frente Sandinista usaría una amnistía para perdonar la confiscación masiva de propiedades, por parte de miembros del FSLN.

¡Confísquese!

Los últimos guardias somocistas todavía se batían a tiros con las fuerzas sandinistas. La caída de Somoza estaba fresca cuando el 20 de julio de 1979 se aprobó el decreto No. 3 que confiscaba las propiedades y bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que abandonaron el país a partir de diciembre de 1977.

El decreto estaba firmado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional: Violeta Barrios de Chamorro, Sergio Ramírez, Moisés Hassan, Alfonso Robelo y Daniel Ortega.

Con la reforma agraria aprobada en 19 de julio de 1981, el Frente Sandinista fue más allá y confiscó toda propiedad de más de 500 manzanas en las zonas de Managua, Masaya, Carazo, Granada, Rivas, Chinandega y León. Mientras que las propiedades de más de mil manzanas se verían afectadas en el resto del país.

Miembros de la Junta de Gobierno de los sandinistas. LA PRENSA/ARCHIVO

El segundo artículo de la ley en su inciso C, decía que también se verían afectadas tierras que fueran explotadas por cooperativas o trabajadas a medias entre el dueño y el campesinado.

“Otras tierras que a la fecha de emisión de la presente Ley no están siendo trabajadas directamente por sus dueños si no por campesinos en mediería, aparcería, colonato y precarismo u otras formas similares de explotación campesina, así como por cooperativas u otras formas asociativas; se exceptúan únicamente aquellos casos en que el propietario de la tierra posea menos de 50 manzanas en los Departamentos de Chinandega, León, Managua, Masaya, Carazo, Granada y Rivas o menos de 100 manzanas en el resto del país”, dice textualmente la ley.
Además, el cálculo de las 500 y las mil manzanas propiedad de una única persona se podían realizar sumando las tierras que poseía en diferentes partes de Nicaragua.

El artículo 17 de la Ley de Reforma Agraria señalaba que las tierras confiscadas se pagarían con “Bonos de la Reforma Agraria, cuyo monto, forma, intereses y condiciones se fijarán en el Reglamento de la presente Ley”, dicho artículo exceptuaba los casos de tierras y demás bienes en abandono, “los cuales pasará al Estado sin indemnización”.

Uno de los afectados por estas confiscaciones fue el expresidente Enrique Bolaños, que en dos recientes entrevistas para LA PRENSA manifestó su molestia. Bolaños tenía 7,600 manzanas en la que sembraba algodón, hasta la fecha se lamenta de que le confiscaron sus tierras y la “pagaron una nada”.

La Piñata

La otra polémica ley de este tipo fue la 85 y que más tarde conoció como “la piñata”.

Según su artículo primero “con el fin de contribuir al orden social, la reconciliación nacional y la tranquilidad de los hogares nicaragüenses, el Estado garantizará el derecho de propiedad de todo nicaragüense que, al 25 de Febrero del corriente año, ocupaba por asignación, posesión, arriendo o cualquier forma de tenencia, casas de habitación propiedad del Estado y sus Instituciones”.

Las propiedades podrían ser compradas de contado a precios ridículos o pagadas en cuotas mensuales a precios ridículos.

Y por si fuera poco, el artículo 10 exoneraba del pago de todos los impuestos fiscales o municipales a todos los inmuebles “piñateados” hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley. Esto incluyó los impuestos o derechos por transferencia de propiedad.

Jaime Wheelock, exministro de Desarrollo y Reforma Agraria, en una rueda de prensa. LA PRENSA/ARCHIVO

Casi a punto de entregar el poder el Frente Sandinista se saca de la manga una insólita Ley de amnistía, que aprovecha para de manera solapada perdonar las masivas confiscaciones durante toda la década de los ochenta. La ley No. 81 del 13 de marzo de 1990 además de perdonar “los delitos contra el orden público y contra la seguridad interior y exterior del Estado”, en su tercer inciso dice textualmente: “Los funcionarios y empleados públicos que presuntamente hubieren cometido los delitos contemplados en el Libro Segundo, Título VIII del Código Penal y sus Reformas, en particular la Ley No. 217 del 12 de Noviembre de 1985 y que no hayan sido encausados. La Gracia concedida comprende la responsabilidad civil y administrativa”.

La ley a la que hace referencia es la que regula los delitos de malversación, fraude y peculado.

Así fue como quedaron perdonados todos los funcionarios y sandinistas que se apropiaron de propiedades que el Estado había confiscado durante la reforma agraria.

Con el triunfo de la Unión Nacional Opositora (UNO), muchos de los legítimos dueños de fincas, casas y otras propiedades intentaron recuperar lo que les pertenecía, pero pocos recibieron una respuesta positiva. Doña Violeta reconoció en una entrevista a La Prensa que ese punto fue uno de los pendientes de su administración.

—¿Cuál cree que fue su obra inconclusa, qué lamenta no haber terminado?

—Que las personas que tienen una casa mal habida no la hayan entregado y se les hubiera solucionado de alguna manera. Es muy triste eso.

La piñata en cifras

Jaime Wheelock, exministro de Desarrollo y Reforma Agraria, en datos ofrecidos a la revista Envío en 1992, dijo que la reforma agraria distribuyó alrededor de seis mil propiedades agrícolas, que sumaban todas unos 3 millones de manzanas, que beneficiaron a 80 mil familias. De estas unas 300 mil quedaron abandonadas por estar en zona de guerra.

El gobierno sandinista confiscó unas 350 empresas industriales e industriales y cerca de 7 mil viviendas. Según Wheelock, en los últimos meses de gobierno en 1990 se asignaron 292 propiedades agrícolas, que sumaban unas 50 mil manzanas, aunque se sospecha que fueron más y acabaron en manos de “piñateros”.

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