Las temidas cárceles de la Revolución

Reportaje - 07.11.2021
centro-Penitenciario

Las cárceles somocistas solamente cambiaron de nombre. Torturas, ejecuciones y todo tipo de relatos macabros salían de las prisiones de los años ochenta, cuando el Frente Sandinista gobernó Nicaragua por primera vez.

Hans Lawrence Ramírez

La tierra estaba floja. A simple vista se notaba una depresión en el terreno. Doña Marlene Taleno de Mayorga removió con sus propias manos unos dos o tres centímetros de tierra e inmediatamente vio un cráneo.

De la tierra también salía una gusanera y el hedor a cuerpos humanos en descomposición. Entre los gusanos, la tierra y los huesos, logró reconocer el pantalón de su esposo, el doctor Francisco Mayorga Ramírez, un abogado de Granada que hace unos diez años había servido como juez para lo civil y criminal durante la dinastía somocista.

Doña Marlene vio perpleja aquel 3 de octubre de 1979 lo que se rumoraba en Granada desde finales de julio. Que el cadáver de su esposo había sido visto en una fosa común en la hacienda Santa Ana, ubicada en el camino a Los Malacos, junto a otros 50 cadáveres más.

Al doctor Mayorga los sandinistas lo habían llegado a sacar de una reunión que tenía con otros abogados el 28 de julio. De la misma manera fueron detenidas otras personas de las que sus familias no tenían noticias después de su detención.

La mayoría, si no es que todos, habían sido funcionarios de Somoza antes del triunfo de la Revolución Sandinista, y “los muchachos” los habían hecho prisioneros de la nueva justicia rojinegra.

Los sandinistas, en un acto de venganza, de carceleros pasaron a ser los ejecutores de sus prisioneros. Los pormenores del caso constan en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha de octubre de 1983.

La CIDH había recibido denuncias de ejecuciones ilegales y secretas de personas detenidas en la prisión conocida como La Pólvora, ubicada en Granada. “Un número no determinado de presos fueron sacados en grupos de la cárcel durante la noche, llevados a un lugar fuera de ella, ejecutados y enterrados en fosas comunes”, indica el informe.

Junto al doctor Mayorga, también están los casos del médico César Rivas Guillén, Róger Alfonso González, Exequiel Zavala Jiménez, Gabino Velázquez Meza, Jorge Villalobos Toruño, Gustavo Adolfo Marín, Luis Martínez Mercado, y muchos más.

En una comunicación de septiembre de 1983, el gobierno sandinista dijo a la Comisión que el supuesto responsable de dar la orden de la ejecución masiva fue Marvin González Ruiz, quien fungía como responsable de La Pólvora.

Grupo de reos que fueron detenidos en los primeros meses de la Revolución Sandinista. A Pereira le tocó sufrir encarcelamiento acusado de ser agente de la CIA, pero había sido un error. Oscar Navarrete/ ARCHIVO

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La Pólvora fue una de las prisiones más temidas durante la década de los ochenta, en la que el Frente Sandinista gobernó por primera vez a Nicaragua, pero también había otras como La Barranca en Estelí, La Perrera en Matagalpa, La Humedad en Chontales, La Fortaleza en Río San Juan, y la misma cárcel La Modelo de Tipitapa.

En Managua, y tal vez en todo el país, la cárcel más temida era la del Chipote, que en tiempos de Somoza era conocida como La Loma. Ahí, en Tiscapa, quedaba el Palacio Presidencial de los Somoza en donde construyeron calabozos y mazmorras por donde pasaron sus rivales políticos más connotados. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Adolfo Báez Bone y hasta Daniel Ortega estuvo ahí.

Lo que a Vilma Núñez más le molestó fue que las cárceles fueron nombradas con nombres de excombatientes sandinistas caídos en la lucha contra Somoza. “A La Pólvora de Granada la llamaron Luis Enrique Largaespada. A la cárcel de El Coyotepe le pusieron Benjamín Zeledón, a la cárcel La Modelo de Tipitapa le pusieron el nombre de Jorge Navarro.  Eso me molestó. Lo peor me pareció lo de La Loma, el mayor centro de torturas que tuvieron los Somoza. A esa cárcel la llamaron el Chipote, nada menos que le dieron el nombre del cerro de Quilalí, Nueva Segovia, donde Sandino había instalado su cuartel general durante la guerra contra los marines yanquis”, critica Núñez en un escrito publicado en la revista Envío en abril de 2018.

Otro ejemplo es la cárcel La Aviación en tiempos de Somoza, y que pasó a convertirse en el complejo policial Ajax Delgado.

También había cárceles clandestinas como la Quinta Ye en León, que según Vilma Núñez, era un centro recreativo propiedad de doña Yolanda Blanco. “Los sandinistas se la tomaron y la convirtieron en cárcel y oficina de la Seguridad del Estado. Allí trabajaban Ana Isabel Morales y Carlos Nájar y sucedieron graves violaciones a los derechos humanos contra muchas personas que por ese lugar pasaron”, apunta en su texto.

Vilma Núñez era vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces y a ella le consta que los sandinistas se tomaron casas privadas y las convirtieron en cárceles clandestinas.

“Inmediatamente después del triunfo de la Revolución se dio una proliferación de cárceles por todos lados. En León aparecieron muchas: cerca de mi casa por el Pochote una cárcel, más adelante otra, por El Calvario otra más… Un montón de casas las habían convertido los sandinistas en cárceles y allí habían metido a gente conocida como somocista y a gente que no era somocista”, resalta la defensora de derechos humanos.

Incluso, relata la ocasión cuando pidió visitar el Fortín de Acosasco, donde ella había estado detenida durante la dictadura somocista. Era un lugar “tenebroso”, sucio y con ratas que hasta parecían gatos corriendo por todos lados.

Restos del cuerpo incinerado de un guardia muerto en la cárcel conocida como La 21 en León. ARCHIVO/Óscar Navarrete

En el patio, “había unos subterráneos tapados y al levantar aquellas tapas había gradas y por ellas se bajaba. Cuando levantaron las tapas vi sentado en las gradas a un hombre de apellido Espinales, uno de los torturadores del somocismo en León, quien con un tal Chele Aguilera eran el terror en la ciudad y sus alrededores. Ahí lo tenían encerrado. Espinales se me quedó mirando. Y, aunque no supe ni cómo ni cuándo, lo mataron”, relata Núñez.

Agustín Jarquín Anaya era opositor al sandinismo en los años ochenta, y eso lo llevó a estar preso en seis ocasiones. Una de esas fue en una cárcel clandestina en el barrio Monseñor Lezcano de Managua.

Era 4 de marzo de 1983. El avión de la aerolínea Alitalia en el que venía el papa Juan Pablo II acababa de aterrizar en Managua, mientras a Jarquín Anaya lo estaban metiendo en una celda de unos nueve metros cuadrados, según la describe.

El mismo Jarquín Anaya cuenta que estuvo tres días detenido ahí junto a otras 14 personas. “Estábamos uno encima de otro y me tocó dormir encima de los orines de los demás”, rememora.

Tres años más tarde, durante las negociaciones de Esquipulas II, Jarquín Anaya regresaba a Managua después de varias reuniones en Guatemala con otros presidentes de la región. “Al final de las escaleras del avión me estaban esperando”, recuerda.

Lo montaron en un vehículo y se lo llevaron encapuchado hasta llegar a un lugar desconocido. Lo metieron en un ropero por tres horas y luego lo sacaron para interrogarlo sobre sus reuniones en Guatemala, y al finalizar, lo volvieron a encapuchar y lo hicieron bajar y bajar escaleras hasta que llegó a lo que dice, era un calabozo.

Era una pequeña celda donde solo había un viejo catre con la luz encendida día y noche. Lo sacaban solamente para interrogarlo. Al quinto día, cuando lo liberaron a las cinco de la mañana, se dio cuenta de que había estado en el Chipote.

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El arquitecto Alberto Suhr tenía 38 años cuando la CIDH lo visitó en el Chipote. Había sido condenado a 10 años de prisión por asociación ilícita para delinquir, y tentativa de homicidio. Desde que era un niño padecía de polio, y la Comisión lo encontró sordo del oído derecho y con el dedo meñique de la mano derecha sin movilidad debido a golpes recibidos con un tubo de hule.

Otro caso es el de Donaldo Rico Morales quien se encontraba en la cárcel Héroes y Mártires de Nueva Guinea, mejor conocida como Zona Franca. Rico tenía 22 años y había sido miembro de la EEBI por seis meses. “Fue salvajemente torturado hasta el extremo de tener dos costillas quebradas y hematomas por todo el cuerpo.  Un médico que estaba preso lo examinó y dijo que los hematomas se debían a sangre coagulada, el más grande lo tenía en la zona baja del omóplato”, dice el informe de la CIDH.

La comisión pudo visitar al menos 10 cárceles en todo el país en los primeros años de la Revolución y solamente encontró una en buenas condiciones: la cárcel de mujeres Ruth Rodríguez en Granada.

En otros centros penitenciarios como el Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo, la CIDH encontró que “las condiciones de hacinamiento, alimentación, higiene y cuidados médicos son verdaderamente inaceptables en esta cárcel”.

La prisión tenía capacidad para 1,800 reos, pero había 2,450 detenidos cuando llegó la Comisión. Eran siete grandes pabellones distribuidos a partir del edificio principal, tres a cada lado y uno al fondo. La Chiquita, que era una celda de castigo, estaba separada de los pabellones.

Según la CIDH los presos eran obligados a cantar el himno sandinista y asistir a discursos políticos obligatorios. El exguardia nacional Frank Zapata recuerda bien esas charlas que llegaba a darles, normalmente, Edén Pastora.

“Nos llamaba basura, gusanos y nos decía que nos íbamos a morir ahí. Por un momento llegué a creerlo”. Zapata estuvo tres años detenido en La Modelo hasta que fue beneficiado con una amnistía en 1983 y se unió a la Contrarrevolución.

39 exguardias nacionales que quedaron en las cárceles sandinistas hasta febrero de 1990. Aquí están en La Modelo. FOTO/ CORTESÍA/ NICOLÁS LÓPEZ MALTEZ

El hombre todavía recuerda una tarde cuando no había comido en varios días y vio una cáscara de banano en el suelo llena de tierra. Se la comió. Esos tres años en La Modelo fueron los peores de su vida, asegura.

A los reos de La Modelo no les dejaban leer nada, solamente el diario Barricada y había casos de menores de edad detenidos que les llamaban los “saca ojos” supuestamente por haber participado en torturas de la Guardia Nacional contra miembros del Frente Sandinista en donde les sacaban los ojos.

En la Zona Franca, la CIDH encontró a 2,400 personas recluidas en celdas de 40 metros cuadrados. En la mayoría había 40 personas, y casi todos los detenidos eran exguardias y dirigentes del partido de Somoza.

Tomás Borge fue quien recibió a la Comisión cuando visitó el Chipote. Según la CIDH las celdas medían tres metros cuadrados y todas tenían camas y un pequeño lavamanos que también servía de urinario

“El Chipote también tiene una celda de castigo que se llama ka Chiquita y aunque está supuesta a ser de uso individual, en algunas ocasiones ha alojado hasta nueve presos.  “La Chiquita no tiene baño ni luz natural y la luz eléctrica permanece encendida durante las 24 horas del día”, se lee en el informe del organismo.

En la cárcel que más se sorprendieron los miembros de la misión de la CIDH fue en la de El Coyotepe, en Masaya. En esas celdas subterráneas, sin luz ni ventilación había 140 presos. La Comisión recomendó no utilizar más esa cárcel “dada sus horrorosas características, no susceptibles a ser cambiadas”.

En una comunicación que envió el gobierno revolucionario a la CIDH después de esa visita, afirmaba que El Coyotepe había sido cerrado como centro penitenciario, pero Vilma Núñez en su escrito asegura que esa prisión fue utilizada hasta que doña Violeta Barrios de Chamorro llegó al poder en 1990.

A pesar de que la Quinta Ye no estaba en la lista de centros penitenciarios de Nicaragua, la CIDH pudo visitarla y encontró un total de 23 personas detenidas repartidas en cinco pequeñas celdas sin camas ni ventanas. Los detenidos tampoco tenían derecho a sol, visitas y no podían hacer ejercicios fuera de sus celdas.

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La Granja era otra cárcel que se ubicaba a unos siete kilómetros de Granada, en dirección al empalme de Diriomo. Ahí estuvo detenido Luis Alberto Carballo, un dirigente opositor del partido conservador. También estuvo Agustín Jarquín Anaya en una de las seis veces que estuvo en prisión en los ochenta.

“¿Qué es lo que quiere la gente? Que se vaya el Frente”, gritaba Carballo junto a miles de personas en las calles de Nandaime aquel domingo 10 de julio de 1988. Era una marcha convocada por la Coordinadora Democrática Nicaragüense, opositora al sandinismo. Esa fue la razón por la que cayeron detenidas unas 32 personas.

Comparación de una imagen del excoronel de la Guardia Nacional Silvio Mayorga cuando estaba activo y luego tras 10 años de cárcel. La foto fue publicada en 1989 en el periódico La Estrella de Nicaragua. FOTO/ CORTESÍA/ NICOLÁS LÓPEZ MALTEZ

“Cada quien era dueño de su propia salud y sufría como tenía que sufrir”, recuerda Carballo aquellos seis meses que estuvo detenido en una celda de 90 metros cuadrados donde había hasta 70 personas detenidas.

Les daban muy poca comida y no había baño, tenía que orinar y defecar en un hueco que había en la celda y enfrente de los demás reos. “Uno hacía lo que iba a hacer en cuclillas y no había manera de limpiarse”, cuenta Jarquín.

Ambos recuerdan bien la celda de castigo de aquella prisión. Le llamaban “la Fogosa”, porque era calientísima y pequeña, como un horno. Carballo y Jarquín junto con otros detenidos estuvieron en esa celda porque habían armado una protesta en el penal. Los sacaron después de seis días de huelga de hambre.

A los dos los llevaron a la enfermería para atenderlos y les dieron un puré de papas. “Es el puré más delicioso que he comido”, dice Jarquín, mientras que Carballo recuerda que cuando un médico lo estaba examinando, le dio una palmada en los pies. “No sé si fue un saludo, o una técnica torturadora de él, pero me movió el cerebro”, cuenta el hombre 33 años después.

Para aquel entonces, el Diario La Prensa hizo un afiche con los nombres de los presos políticos y los días que llevaban detenidos. “Igual que con los de ahora”, dice Carballo. En La Granja también estuvieron detenidos Róger Guevara, Cayetano Borges, Carlos Huembes, entre otros.

No existe una cifra oficial de cuántos presos políticos hubo en los años ochenta. En octubre de 1987, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Lino Hernández, llegó a denunciar que en Nicaragua había más de 9,500 presos políticos en todo el país. De estos, siete mil eran acusados de ser “contras” y el resto eran exguardias nacionales.

La CIDH, por su parte, contabilizó que hasta 1988 había 1,822 detenidos con procesos ante los Tribunales Especiales, y otros 1,532 presos por actividades contra la seguridad de Estado.

Según el libro Burla sangrienta del régimen sandinista al Plan de Paz de Esquipulas II, escrito por Wilfredo Montalván, para 1987, el comandante Bayardo Arce, quien era vicecoordinador nacional del Frente Sandinista en aquel entonces, dijo que “no podemos liberar a los 3,000 exmiembros de la dictadura somocista prisioneros desde el triunfo revolucionario de 1979. Hacer esto sería la antítesis de la Revolución”.

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El juez Agustín Cruz Pérez llegó a corroborar lo que doña Marlene Taleno de Mayorga le había dicho en una carta enviada cuatro días atrás: que el cadáver de su esposo, el doctor Francisco Mayorga Ramírez, estaba en una fosa común en la hacienda Santa Ana, y le solicitó una exhumación para darle cristiana sepultura.

Era sábado, 13 de octubre de 1979 y durante la inspección del juez Cruz Pérez descubrió al menos otros dos lugares donde había huesos humanos, zapatos y varios agujeros que hacían indicar que familiares de las víctimas habían estado llegando para exhumar los cadáveres de sus seres queridos. A pesar de ello, Cruz Pérez no dio a lugar la solicitud de exhumación que hizo doña Marlene.

Por la relevancia del caso, la CIDH solicitó una visita a los centros penales de Nicaragua cuando vino en 1980, y el nuevo gobierno sandinista se comprometió a investigar los hechos en La Pólvora. Marvin González Ruiz, mejor conocido como Wilmer, y quien era acusado de dar la orden de ejecución, fue absuelto en 1983 por el mismo juez Cruz Pérez.

El gobierno sandinista no lo encontró culpables del hecho y la explicación que dio es que la ejecución se dio en un momento donde en Nicaragua no había policía, ni ejército ni aplicación de justicia, y más bien se encontraba en estado de anarquía por el reciente triunfo de la Revolución.

Tras esta respuesta, la CIDH adoptó una resolución declarando que el Gobierno de Nicaragua había violado los derechos a la vida, la libertad personal y a las garantías judiciales.

Vilma Núñez, en su escrito publicado en la Revista Envío en 2018, recuerda el caso de La Pólvora, y en particular el del doctor Francisco Mayorga Ramírez. En aquellos años, Núñez hizo las gestiones necesarias para tratar de llevar justicia en numerosos casos similares a ese.

“Sin embargo, no lo logramos en el caso de La Pólvora, donde unos 24 reos acusados de somocistas fueron ejecutados sin juicio y de forma indiscriminada. Uno de ellos, el doctor Francisco Mayorga Ramírez. Su esposa luchó mucho tiempo pidiendo su cadáver para exhumarlo y enterrarlo, y no supe si por fin lo consiguió. Y no fue solo en La Pólvora. Hubo ejecuciones sumarias en otras cárceles del país”, dice Núñez en su escrito de 2018.

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