9 casos que muestran la represión de la Policía Orteguista previo a la crisis

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 La represión de la Policía Orteguista en Nicaragua no comenzó con la crisis de abril. Viene de tiempo atrás. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) contabiliza  en los últimos tres años 1,850 denuncias en contra de la Policía por supuestos abusos en contra de los derechos humanos de los nicaragüenses, convirtiéndose así en la institución más denunciada.

Esta es una recopilación de los casos que reflejan la represión y violencia policial en Nicaragua y los argumentos más absurdos e inverosímiles esgrimidos por la institución para explicar los incidentes.

Se lo llevaron vivo y lo entregaron muerto

 

Juan Antonio Aguilera Rojas, de 26 años, fue arrestado por agentes de la Policía de Ciudad Sandino, en Managua, el 28 de agosto de 2016. Según el relato de su pareja, Nohelia Sánchez, los policías lo patearon, lo esposaron y se lo llevaron. “De allí no supe de nada”, dijo en aquel momento.

Ese mismo día, por la noche, su mamá Melania Rojas se enteró de que su hijo fue trasladado por las autoridades a un hospital local, donde posteriormente murió. La Policía de Ciudad Sandino le entregó el cadáver y le dijeron que había sufrido un infarto. El cuerpo de Aguilera, según sus familiares, presentaba golpes en la espalda, brazos y cerca de sus genitales.

La madre de la víctima denunció en Asuntos Internos de la Policía  Nacional que la muerte de su hijo había sido provocada por los golpes que le propinaron los agentes policiales luego del arresto.

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¿Qué ha pasado?

Dos años después de la muerte de Aguilera, su madre no ha recibido una explicación detallada de la Policía Nacional ni del Ministerio Público. Ella denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que, durante un tiempo, ella y su familia fueron víctimas de intimidación policial debido a sus denuncias.

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La amputación de Juan Lanzas

Hasta la casa de Juan Lanzas, ubicada en la comunidad Cerro Colorado, en Matiguás, Matagalpa, llegaron el pasado 29 de diciembre miembros de la Policía para arrestarlo por supuestamente robar unas bombas para fumigar. Ese día, los agentes lo golpearon brutalmente y luego lo llevaron a la prisión de Matiguás. Días después fue trasladado a la cárcel de Matagalpa, donde adquirió una infección por las condiciones antihigiénicas de la celda donde permanecía. Le tuvieron que amputar los pies.

“Yo sé que de los mismos golpes yo me gravé, porque pasé días sin poderme levantar de ese baño heladísimo donde dormía y yo andaba desbaratado, ahí agarré ese virus”, dijo Lanzas a LA PRENSA. “Los golpes se me fueron poniendo como morados. En los pies sentía como hielo. No podía ponerme de pie y los presos me orinaban encima”, aseguró.

La Policía y el Instituto de Medicina Legal (IML) aseguraron que Juan Lanzas ya estaba enfermo cuando fue llevado a la prisión en Matagalpa, lo cual es niegan él y su familia. Después se supo que no era culpable del delito del que se le acusaba.

¿Qué ha pasado?

La familia de Juan Lanzas quedó endeudada por el costo de las medicinas para su recuperación. La Policía Nacional cerró la investigación de este caso.

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La camerunesa que buscaba el cadáver de su hijo y terminó en la cárcel

 

Mary Frinwie Atanga Azehfor es la madre del migrante camerunés Mbang Atanga Azehfor, quien fue asesinado a tiros por el Ejército y la Policía Nacional el 29 de septiembre de 2017 en el puente Las Lajas, en Rivas, durante un supuesto enfrentamiento armado con traficantes de migrantes ilegales. La mujer llegó a Nicaragua con su pareja Tchamani Joseph Maglorie el 4 de diciembre de 2017 para reclamar el cadáver de su hijo. Días después ambos fueron detenidos sin explicación alguna y posteriormente acusados por del delito de tráfico de migrantes.

Desde su detención en las celdas de Auxilio Judicial (DAJ), las autoridades impidieron mantener comunicación con sus familiares, así como con abogados y activistas de los derechos humanos. El pasado 20 de marzo, en un juicio hermético y resguardado fuertemente por oficiales de policía, Atanga y su pareja fue condenados por el delito de tráfico de migrantes.

El juez que dio el fallo de culpabilidad dijo que la prueba testifical y documental presentada por la Fiscalía había sido “concluyente, súper abundante y provechosa”. En el juicio, sin embargo, el único testigo fue un oficial de inteligencia de la policía que dijo que algunos migrantes ilegales habían mencionado los nombres de Mary y Joseph. El oficial nunca recordó los nombres de esos migrantes y tampoco precisó la fecha en que los entrevistó.

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¿Qué ha pasado?

Los cameruneses fueron expulsados del país el pasado abril, luego de que un juez suspendiera la condena de dos años y seis meses de prisión que les fue impuesta a ambos. Los cameruneses realizaron los trámites para repatriar el cuerpo de Mbang Atanga.

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El estudiante mexicano que detuvieron sin explicación

 

El mexicano Jovany Torres Becerra, estudiante de Ingenería de Metalurgia en la Universidad Autónomas de Zacatecas, llegó a Nicaragua en marzo de 2016 para hacer unas pasantías en la empresa Hemco, en Bonanza, en el Caribe Norte. Un día antes de terminar con las prácticas profesionales, el 30 de marzo de ese mismo año, desapareció.

La Embajada de México alertó de su ausencia a las autoridades que iniciaron su búsqueda.

El 1 de junio, el universitario fue detenido en el Aeropuerto Internacional Augusto C.Sandino de Managua y posteriormente trasladado a las celdas de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, donde estuvo durante 15 días. La Policía nunca explicó los motivos de la detención.

Después de 15 días sin noticias de Torres, este fue presentado en los Juzgados de Managua, acusado por cargo de simulación de delito. Ese día, el estudiante tenía moretones en la cara y las venas de los ojos reventadas. Las autoridades aseguraron que los golpes y heridas habían sido autoinfligidas por “la angustia”.

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¿Qué ha pasado?

El estudiante fue deportado a México el 16 de junio de 2016. El director de la Unidad Académica de Ciencia de la Tierra, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén del Pozo, dijo a medios locales mexicanos que su estudiante había sido víctima de abuso policial.

“Yo he dicho que a Jobany le hicieron una gran injusticia. Jobany jamás cometió un delito. Jobany jamás fingió su desaparición. Lo torturan. No los convence, lo golpean demasiado. Finalmente lo incomunican, no lo presentan ¿por qué? Supongo porque estaba sumamente golpeado”, dijo.

Lo arrestaron y apareció muerto en una celda

 

Francisco Javier Ponce Sanarrusia, de 30 años, fue detenido el martes 28 de abril de 2015 por agentes encapuchados de la Policía de Rivas. El hombre fue trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como El Chipote, en Managua. Según un comunicado oficial, estaba “siendo investigado por vinculaciones a la muerte del oficial del Ejército de Nicaragua, Rafael Delgadillo Mora”.

Desde su arresto, las autoridades mantuvieron al hombre incomunicado de sus familiares y cinco días después informaron, mediante una nota de prensa, que se había ahorcado en el interior de las celdas.

“Me lo mataron, a mi hijo me lo mataron, porque ellos lo tenían todo golpeado”, dijo durante María Luisa Sanarrusia Oliva, de 57 años, madre del fallecido. “Tiene quebradas las costillas, varios huesos, golpes. Tiene las uñas cortadas a la mitad, los labios reventados, tiene un orificios en el estómago”, contó Marelin Obando tras ver el cuerpo de su esposo.

¿Qué ha pasado hasta la fecha?

Los familiares nunca recibieron detalles de una investigación oficial por parte de las autoridades.

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Los disparos “accidentales” del escolta de Aminta Granera

 

Joseph Antony Conrado Sobalvarro, de 20 años, y María del Carmen Aguirre Mejía, de 60 años, resultaron heridos el viernes 7 de noviembre de 2014 cuando un escolta de la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, realizó varios disparos en el momento que la caravana policial pasaba en el kilómetro 8 de la Carretera Norte, en Managua.

Según los testigos, uno de los escoltas le ordenó a Conrado Sobalvarro, que viajaba en una motocicleta, que se estacionara a un lado de la carretera y como este no lo hizo, el escolta disparó. “Disparó en ráfaga”, dijeron los testigos. Conrado resultó con una herida en la mano derecha y Aguirre, que estaba en una parada de autobús, con una herida en el muslo derecho. Ambos fueron trasladados a un hospital capitalino.

La Policía Nacional señaló esa misma noche en un comunicado que al subcomisionado Ebert Paniagua, oficial de la Dirección de Protección y Seguridad Personal, se le disparó el arma de forma “accidental”. Nada más.

¿Qué ha pasado?

El especialista en temas de seguridad, Roberto Orozco, señaló en ese momento que “hubo abuso en el uso de la fuerza” porque “el protocolo dice que si no te disparan, no debes disparar”. No hubo una investigación oficial sobre el incidente.

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Los tres campesinos asesinados en Ciudad Antigua

 

Los campesinos José Nahúm Mendoza, Margarito Mendoza y Santos Pérez fueron asesinados el 6 de noviembre de 2016 en Ciudad Antigua, Nueva Segovia. Según un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), las víctimas fueron torturadas y luego ejecutadas. Sus cuerpos presentaban heridas en el cuello, con signos de degüello, y también cuchilladas en los pies… “Fue una intervención militar, bien de la Policía o bien del Ejército”, aseguró Alberto Rosales, a cargo de la investigación de parte del CENIDH.

La Policía Nacional aseguró que los campesinos murieron en una supuesta disputa entre narcotraficantes

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¿Qué ha pasado?

Las familias de las víctimas acusaron al Ejército y la Policía. Llevaron, además, una denuncia ante la Fiscalía, que no fue recibida. En este proceso no hubo investigación, tampoco detenidos y a los cuerpos no se les hizo autopsia.

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Los voluntarios extranjeros expulsados del país

 

En junio de 2016, seis jóvenes extranjeros ambientalistas que realizaban un taller en el que enseñaban a nicaragüenses cómo ahorrar leña a la hora de cocinar fueron detenidos y posteriormente expulsados de Nicaragua por agentes de la Policía Nacional.

El costarricense Byron Reyes, el español Daniel Espinosa, la argentina Ana Laura Rodríguez, y los mexicanos Eugenio Paccelli, Salvador Tenorio y Emmanuel de la Luz impartían el taller se realizaba en la casa de Francisca Ramírez, dirigente del movimiento anticanal, quien ha sido constantemente asediada por el gobierno Daniel Ortega.

Los extranjeros fueron detenidos ilegalmente y luego sacados por tierra a las fronteras con Costa Rica y Honduras sin avisar a sus familiares y tampoco a las autoridades consulares. Las autoridades justificaron la detención y expulsión de los jóvenes del país diciendo que supuestamente estaban manipulando explosivos.

¿Qué ha pasado?
Nunca hubo una explicación de lo ocurrido. “Yo estuve llamando, llamé a Migración, me dijeron que no sabían nada y me remitieron a cancillería, después me remitieron a Gobernación y en realidad nadie sabía nada”, dijo en aquel momento Julieta Giménez Cacho, madre del español Daniel Espinosa.

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Un hombre, herido por un policía, resulta acusado por lesiones

La madrugada del 22 de enero en San Lucas, Madriz, Abner Iván González Pérez, de 24 años, recibió dos disparos. Una de las balas le perforó el pulmón, la otra le penetró una pierna. Quien le disparó fue el policía de tránsito Reynaldo de Jesús Rodríguez Miranda, que ese día andaba vestido de civil. Le disparó con su arma reglamentaria.

Un día después del hecho, la familia de González intentó denunciar al oficial de tránsito, pero no fueron recibidos ni en la Policía ni en el Ministerio Público en el municipio de Somoto, Madriz. La familia, más bien, recibió la noticia de que el herido enfrentaría un proceso judicial.

El Ministerio Público acusó a González de provocar lesiones leves al oficial. Según la acusación, ese día González estaba vendiendo droga. Le acusaban, además, de muchos otros delitos que supuestamente cometió, pero por los que nunca había sido detenido ni procesado.

“La Fiscalía jamás atendió a los familiares de este muchacho que si llegaron a poner acusación en contra del agente que le disparó con clara intensión de cegarle la vida”, señaló en ese entonces Fleder Flores Cruz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien acompañó a la familia de González en el proceso.

 ¿Qué ha pasado?

El pasado 26 de febrero se realizó la audiencia inicial contra el joven.

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El equipo de trabajo

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Dora Luz Romero

Jefa de Información

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Moisés Martínez

Editor web
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Moisés Urbina

Diseño y montaje