“Ser inmigrante no es fácil, pero es peor vivir bajo la bota dictatorial”

"Ser inmigrante no es fácil, pero es peor vivir bajo la bota dictatorial"

Protestó en contra de Daniel Ortega, fue una de las estudiantes que se atrincheró en la UNAN. Eso, dice, le costó el exilio. Cuenta su historia desde Guatemala

Solange Saballos no podía dejar de llorar. Iba en un autobús, con su novio y con 100 dólares en la mano. Iba para Guatemala y no tenía ni idea qué haría al llegar al país vecino. Huía de la represión del régimen de Daniel Ortega.

Saballos, de 26 años, jamás había salido de Nicaragua. “Ni quería hacerlo mientras no tuviera mis títulos”, dice. Antes de irse del país, estudiaba dos carreras: cuarto año de la Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y tercer año de periodismo en la Universidad de Managua (UdeM). Lo único que había logrado terminar era un profesorado en Educación Media en Lengua y Literatura.

A Saballos la amenazaron y la persiguieron simpatizantes orteguistas, entre ellos, vecinos y familiares de su novio que trabajaba para el Estado. La persecución, dice, comenzó cuando ella y su pareja decidieron documentar las protestas ciudadanas en contra de Daniel Ortega que estallaron el pasado abril.

Solange Saballos desde Guatemala. LAPRENSA/CORTESÍA

“Salí de la casa junto a la gran marcha que llegó a la Upoli y me quedé unos 4 días reportando”, afirma. Habla de la manifestación multitudinariarealizada el 23 de abril de 2018en rechazo a la represión del régimen en contra de los manifestantes.

Para entonces, Saballos vivía en la casa de los padres de su novio, ubicada en el barrio Altagracia, en Managua, pero ya en mayo, después de participar en múltiples protestas y documentar lo ocurrido, comenzaron a esconderse. “Nos seguían la pista constantemente y nos hacían saber que conocían nuestros movimientos. Cambiamos de casa en dos ocasiones, pero terminaban por descubrirnos”, relata la joven refiriéndose a los familiares de su pareja y sus vecinos, todos afines al orteguismo.

Se resguardaron en varias ocasiones en casas de amigos, pero los familiares de su novio siempre los localizaban. Luego, alquilaron una casa en la colonia Miguel Bonilla, en Managua, pero pasó lo mismo. “Pasamos, a partir de junio, encerrados”, recuerda. Salieron en agosto para hacer los trámites de la documentación para poder huir del país. “Salimos con unos 100 dólares, con un rumbo incierto pero teníamos contactos que nos ayudaron”, cuenta.

Expulsada de la UNAN-Managua

Fue expulsada de la UNAN-Managua por su participación en las protestas, por atrincherarse durante dos semanas en ese recinto y además, por promover, desde las redes sociales, la desobediencia estudiantil.

Lo supo, como muchos otros estudiantes, cuando entró a su perfil en el sitio web de la universidad. Leyó que decía que había sido expulsada por “faltas graves”. “Jamás me notificaron nada”, dice.

Saballos en la UNAN-Managua. LAPRENSA/CORTESÍA

En Guatemala, dice, continúa participando en las marchas y plantones contra el régimen orteguista convocadas por otros nicaragüenses exiliados.Lo hace para que “el mundo sepa sobre la crueldad e injusticia de la dictadura”.

En Guatemala imparte clases de español y hace de traductora. No es un trabajo fijo, sino más bien “cuando consigo clientes”. Ofrece sus servicios a través de redes sociales, a veces de boca en boca y por recomendaciones de amigos.

Su pareja, quien es fotógrafo, trabaja como chofer y elabora joyería artesanal, aretes, pulseras y cadenas que vende a través de las redes. Con eso logran pagar el cuarto donde viven que les cuesta poco 800 quetzales (3,412 córdobas).

“Así le hemos hecho durante 5 meses mientras apoyamos la lucha protestando y creando lazos con otros nicas”, dice Solange, quien asegura que “ser inmigrante no es fácil, pero es peor vivir bajo la bota dictatorial”.


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“Me quedé hasta donde más pude. Sentí que tenía una responsabilidad moral con Nicaragua”

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Jorge Pastora, de 27 años, siente que perdió todo: una familia, un trabajo y ver crecer a su hija. Lleva ya varios meses exiliado en Costa Rica  

“Te vamos a quemar a vos, a tu familia y a tu hija”, le gritaron las turbas sandinistas a Jorge Pastora mientras le mecían el carro en el que viajaba junto a su esposa. Era abril de 2018 y pasaban por el Reparto Shick en Managua. Un grupo los había reconocido como autoconvocados y comenzaron a hostigarlos. “Dios nos sacó vivos”, cuenta desde San José donde se exilió.

 Desde que iniciaron las protestas el pasado 18 de abril, Pastora se unió a cada plantón, a cada marcha, a cada vigilia. Lo hizo junto a su esposa, Odalhya Fernández, expresentadora de la revista Primera Hora. Ella también expresó públicamente su repudio ante el régimen orteguista. De hecho, renunció de su puesto de trabajo “porque no estaba dispuesta a ser parte de ese circo mediático”, dice.

“Junto a mi familia recibimos amenazas en redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de textos. Nos amenazaban de muerte y encarcelamiento”, cuenta Pastora. La represión los obligó a separarse. Él estaba en una casa de seguridad y su familia en otra. Algunos días se veían, otros no. Pero tenían la certeza que podían coincidir en algún momento.

Sin embargo, en junio, a Pastora le tocó decirle adiós a su esposa, y a su hija, -quien tenía cuatro meses de nacida- desde un teléfono. Su familia se exilió en Estados Unidos. “Sentí impotencia, nostalgia, angustia, rabia, me sentía que no podía hacer nada para cambiar las cosas”, dice.

Pastora, de 27 años, siente que perdió todo. Una familia. Un trabajo. Y ver crecer a su hija. “Trabajaba en la gerencia comercial de una compañía de telecomunicaciones. Tenía una agencia de Marketing Digital con unos amigos. Tenía mi carro. Llevaba una vida cómoda”, relata.  

“Me quedé hasta donde más pude. Sentí que tenía una responsabilidad moral con Nicaragua y con mi hija. Quiero que ella pueda regresar a su país a vivir una infancia tranquila como la que tuve. No tengo miedo a morir por Nicaragua, tengo miedo a que esto tarde más”, dice, convencido de que fue la mejor decisión.  

Pastora continuó en el país, escondido, perseguido y amenazado. El 10 de agosto, la Policía Orteguista (PO) lo localizó en una casa de seguridad. “Yo estaba en en el residencial Montecielo, en Carretera a Masaya. De pronto me doy cuenta que estamos rodeados de policías. Tuve que salir corriendo con rumbo desconocido”, asegura.  Dejó su teléfono, también su computadora. No le dio tiempo de agarrar nada. “En lo primero que pensé era en no ser capturado”, recuerda.

Junto a él estaban dos mujeres y cinco hombres refugiados. A tres de ellos la policía los había esposado, pero a pesar de que eran seis patrullas llenas de agentes, los habitantes del residencial  con palas y escobas lograron replegarlos e impidieron que se los llevaron.

De Pastora no se sabía nada. Estaba incomunicado. Recuerda que caminó durante seis horas por unos campos de maní. Logró llegar a otra casa de seguridad ubicada a unos 12 kilómetros del residencial y permaneció allí durante unos 45 minutos. Pero aún no estaba seguro. Fue entonces que una persona lo trasladó en vehículo hacia otra casa de seguridad en Managua. Aún no se comunicaba con sus familiares por seguridad.  

En la casa en la que estaba había cuatro personas.  Ahí permaneció encerrado. A diario esperaba que unos amigos llegaran una vez al día a dejarle comida. A veces comían los tres tiempos, otras, solo hacían uno. Un día, decidió llamar a su familia  y solo les dijo “estoy bien”. Luego cortó.

Seis días después de estar encerrado decidió irse a Jinotega. Estando allí recibió una llamada de un sandinista, -amigo de la familia-, para informarle que su ubicación había sido identificada y debía moverse inmediatamente. Un grupo de paramilitares tenían orden de matarlo. “Fue difícil salir sin saber hasta cuándo podré volver”, afirma.  

Nuevamente huyó. Ahora con destino hacia Honduras. Pastora recuerda que se fue con 3,300 córdobas en la bolsa. “Me enmontañé durante nueve días, tuve que dormir en el suelo, a veces en un cama, en una hamaca. Gente muy humilde me dio de comer, me prestaron ropa para cambiarme”, relata.

En Honduras estuvo hasta finales de octubre. En ese país sobrevivió de la caridad de otros refugiados nicaragüenses. También colaboraron hondureños. “Sobreviví de lo que me regalaron”. Ya no tenía dinero. A eso se le sumó las amenazas en redes sociales que recibía: “Ya sabemos dónde estás”, “Tenemos tu ubicación”…  

Se fue a Costa Rica, ilegal, pero luego solicitó refugio. Lleva ya cinco meses en San José. En un pequeño apartamento con dos cuartos vive con seis nicaragüenses más. Hay días que duerme en una cama, otros sobre un colchón en el suelo. Todos los días anhela estar con su familia. En el exilio “estás luchando contra tu hambre, contra tus problemas psicológicos y contra vos mismo”, dice.

Ya no cocina con su esposa, como solía hacerlo en Nicaragua. Ahora lo hace con los refugiados. Unos días comen, otros se van a la cama sin nada en el estómago. Sus padres, desde Nicaragua, a veces, le envían con dificultad dinero para ayudarle a sobrellevar la crisis económica. Además, agrupó a unos artesanos nicaragüenses que fabrican -zapatos, hamacas, carteras, entre otros- en las calles de San José. Jorge los vende en las redes sociales. Poco a poco, entre todos, ajustan para pagar la renta donde viven: 300 dólares. “Aquí los cuartos son bien caros, ni comparado con Nicaragua”, dice.

Quiere volver a Nicaragua, pero a una Nicaragua libre. No sabe si hoy o mañana, o en unos meses, pero está seguro que volverá. Tiene la esperanza de ver los primeros pasos de su hija, pasos que no pudo ver al ser forzado al exilio. 


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Leo Munguía, de 22 años,  huyó de Nicaragua por la violencia y encontró más amenazas en México

Leo Emmanuel Munguía Rivas conoció las amenazas de los simpatizantes del régimen de Daniel Ortega desde el 2017. Un día de diciembre de ese año, tras participar en una manifestación por el alza al combustible, varios hombres llegaron hasta su casa a decirle a su mamá que le advirtiera que dejara de “andar jodiendo”, un accidente podía ocurrirle. En 2018 se sumó a las masivas protestas contra la dictadura, pero esa vez supo que las amenazas tenían más posibilidades de convertirse en realidad. Huyó del país el 12 de septiembre.

Cuenta, desde el exilio forzado en el que se encuentra, que se unió a las protestas desde que iniciaron el 18 de abril y la última a la que asistió fue la “marcha de los globos”. Tras finalizar la manifestación, se fue en su motocicleta hacia la Upoli pero en el camino una camioneta Hilux -los vehículos que el régimen utilizó para trasladar a los paramilitares que reprimieron, quemaron y mataron- trató de embestirlo. Como pudo evitó el golpe, aceleró y logró escapar.

Leo durante una manifestación en Managua. LAPRENSA/CORTESÍA

Ese mismo día, Leo se refugió en la casa de su novia. “Hablé con unos amigos y me recomendaron salir del país”, afirma. Así fue. Primero se fue a Guatemala pero asegura que hasta ese país lo alcanzaron simpatizantes orteguistas, por lo que tuvo que moverse hasta un albergue en Tapachula, México y se encontró con un problema igual de grave: narcotraficantes querían que les transportara droga. Así que decidió moverse hacia Ciudad de México.

Con 22 años, Leo dice no tener miedo de las amenazas. En México, donde se encuentra en condición de refugiado, también ha visto a paramilitares, asegura.

Cuenta que mientras estuvo en Guatemala orteguistas llegaron hasta la casa de su tía amenazarla. Le decían que le iba a pasar algo”. “Hasta le dieron la dirección donde estábamos rentando con mis amigos”, asegura.

Leo Munguía en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA). LAPRENSA/CORTESÍA

Al sentirse descubierto, Leo huyó con cuatro amigos el 18 de octubre con dirección a Tapachula, México, donde fueron transferidos por la municipalidad a un albergue llamado Jesús el Buen Pastor. Ahí los recibió “de mala gana” otro nicaragüense del que después supieron que tenía familiares en Nicaragua que son miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

En ese albergue, cuenta Leo, el nica les preguntó que si habían protestado contra Daniel Ortega. “Por seguridad dijimos que nosotros no nos metimos en nada de eso, que solo veníamos a probar suerte a Mexico”, relata el joven. Agrega que el mismo nica le propuso a él y al grupo de amigos con el que se encontró en ese país que él podía pasarlos a Estados Unidos con una mochila cargada.Nos iban a pagar 1000 dólares y dijo que era seguro”, narra. Él rechazó la propuesta.

“Nos negamos rotundamente y ahí comenzó a decir que por mis ojos podían dar 2,000 dólares y que los carteles igual pagaban 2,000 dólares por una muchacha que andaba con nosotros”, afirma Leo. A las cinco de la mañana del día siguiente se fueron del albergue y denunciaron el caso ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) quienes después de revisar su caso, “tomaron la decisión de trasladarnos a Ciudad de México”.

Antes de llegar a México, Leo estuvo en Guatemala, conde participó de varios plantones. LAPRENSA/CORTESÍA

Actualmente Leo se encuentra en condición de refugiado porque “posee un temor fundado de persecución” y asegura que será trasladado de Ciudad de México hacia el estado de Coahuila ya que la persecución no cesa.

En la caravana de migrantes vinieron muchos infiltrados del Frente Sandinista y revelaron nuevamente nuestra ubicación”, dice sobre la caravana de centroamericanos que planea llegar a Estados Unidos pero quedaron varados en México.

Sobre su regreso a Nicaragua, Leo dice que solo pasará cuando “ya Ortega se vaya del gobierno con todos sus socios y cuando de verdad haya justicia”.

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Equipo de trabajo
Editores: Dora Luz Romero, Octavio Enríquez y Yubelka Mendoza
Periodistas: Roy Moncada e Ivette Munguía
Fotógrafo: Jader Flores

Los perseguidos del orteguismo

LOS PERSEGUIDOS DEL ORTEGUISMO

Los acusan de terroristas, asesinos, secuestradores, traficantes de armas… El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha detenido y acusado a más de 200 nicaragüenses. En la lista hay líderes comunitarios, periodistas, estudiantes y civiles. ¿La razón? Simplemente por haber salido a manifestarse en contra del gobierno orteguista o apoyar a los autoconvocados.

Desde el pasado 18 de abril, cuando la ciudadanía se manifestó en contra de las reformas a la Seguridad Social, el régimen reprimió a punta de balas. Más de 400 muertos reportan los organismos de derechos humanos. Por más de 100 días, el gobierno ha reprimido, asesinado, violado los derechos de los nicaragüenses… Hoy, pretende endilgar sus crímenes a los ciudadanos que protestaron.

Estos son los nicaragüenses que enfrentan un proceso judicial por participar en las protestas, los perseguidos del orteguismo.

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Medardo Mairena, el campesino acusado de terrorista

El campesino Medardo Mairena es el coordinador del Consejo Nacional para la defensa de la Tierra, Lago y Soberanía y líder en Punta Gorda, en el Caribe Sur. Participó en la mesa del Diálogo Nacional como miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

A Mairena lo acusan de siete delitos: terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos, lesiones y daños en perjuicio de 23 víctimas, entre estas el Estado de Nicaragua. Fue capturado el pasado 13 de julio en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, en Managua. La Policía lo señala de ser el líder de un “grupo criminal”.

Fue llevado a los juzgados en absoluto sigilo. La audiencia fue privada. Tiene audiencia programada para el 15 de agosto.

Junto a Mairena fue detenido Pedro Mena, quien ha trabajado durante años por los derechos de los campesinos y ha luchado en contra de la construcción del Canal Interoceánico.

Es señalado de los mismos delitos. Su función, según la Policía Nacional, era captar fondos de personas que se encuentran dentro y fuera del país para la compra de alimentos, armas, municiones, combustible y pago a personal que integraban los tranques en Boaco, Nueva Guinea, Río San Juan y Chontales.

Junto a Mairena y Mena además fueron acusados Juan Calderón Escobar, Carlos Zamora Salazar, Luis Marenco González, Silvio Pineda Bonilla, Mario Adolfo Jiménez Góngora, Danilo García Medina, Arlen Alcides Lanuza Rayos y José Jesús Hernández Blandón. Estos últimos no han sido detenidos, sin embargo el juez Henry Morales giró orden de captura contra todos ellos en audiencia preliminar.

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La líder de los comerciantes del Mercado Oriental

Irlanda Jerez es la dirigente de los comerciantes autoconvocados del mercado Oriental, en Managua. El pasado 18 de julio, un grupo de encapuchados y policías la detuvieron en el sector de Cristo Rey. Ese día había participado en una conferencia sobre la jornada de protestas en contra del régimen.

Según la Corte Suprema de Justicia, la detención de Jerez fue por un caso que ocurrió en 2016 donde fue declarada culpable “los delitos de usurpación del dominio privado, fraude por simulación, estelionato en concurso medial con uso de falso documento y falsedad ideológica”. Jerez permanece en la cárcel La Esperanza.

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Un periodista señalado de secuestro y tortura

Paco Daniel Espinoza Rivera, de 25 años, fue corresponsal del oficialista canal 8 y renunció a ese medio por el “desacuerdo con las políticas impuestas”. Luego empezó a laborar para el noticiero Acción 10.

El periodista tiene una orden de captura en su contra. La Policía Nacional lo vincula al supuesto secuestro, asalto, tortura, asesinato frustrado y lesiones en perjuicio de Clara López Dalmasio, delitos que, supuestamente, cometió el 16 de junio en el tranque ubicado cerca del barrio Sandino, en Jinotega.

Por esos mismos delitos están señalados Denis Manuel Hernández Gutiérrez, de 31 años, quien fue detenido y presentado por la Policía Nacional el pasado 25 de julio en Managua; así como Álvaro Jesús Palacio Ortiz, de 34 años; Jeysi Junieth Lagos, de 25 años y José Alcides Zeledón Úbeda, de 54 años. Los tres últimos no han sido detenidos aún.

Los tres dirigentes de Masaya que acusan de financiar el terrorismo

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Christian Fajardo Caballero, María Adilia Peralta y Chester Membreño son procesados por los delitos de financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos en contra del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Todos ellos están a la espera de juicio.

Fajardo, de 37 años, es administrador de empresas y es el vicecoordinador del Movimiento 19 de abril en Masaya. El pasado junio, el orteguismo ofrecía 50 mil córdobas para quien lo capturara. Ese mismo mes, las turbas quemaron un hotel de su propiedad.

Fue detenido el pasado 22 de julio por miembros del Ejército en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Con él también fue detenida su esposa María Adilia Peralta, de 30 años, abogada. A Membreño, abogado y miembro de los autoconvocados en Masaya, lo detuvieron un día después.

Señalados de secuestrar a tres policías

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Cinco dirigentes del Movimiento 19 de Abril en Matagalpa que participaron en los tranques que fueron instalados en la salida suroeste de la ciudad son procesados por los delitos de robo agravado en la modalidad de intimidación en las personas, secuestro extorsivo, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y crimen organizado.

Fueron detenidos el pasado 26 de junio en Matagalpa por policías y sujetos encapuchados. Los detenidos son Francisco Antonio Castro Jarquín, de 24 años, obrero; Roberto José Cruz Altamirano, de 34 años, comerciante; Nelly Roque Ordóñez, de 27 años, ingeniera agrónoma; Solange Centeno Peña, de 20 años, estudiante universitaria y Eduardo Manuel Tijerino, de 21 años. Fueron capturados el pasado 26 de junio en Matagalpa por policías y sujetos encapuchados. Según la Policía Nacional, participaron en el robo de una camioneta propiedad de la Fiscalía en Tipitapa y en el secuestro de tres policías en El Jicaral, en León. El juicio contra los matagalpinos se realizará el próximo 18 de septiembre en Managua.

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El psicólogo al que acusan de traficar armas

Al psicólogo Róger Martínez lo sacaron a golpes de una casa cerca de la Plaza Xalteva en Granada donde funcionaba una clínica para ayudar y atender a los heridos tras ataques de policías y paramilitares en la ciudad. Martínez participó en varias protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Es acusado de fabricar, traficar, poseer y usar armas restringidas; además de uso de sustancias o artefactos explosivos. Sus familiares aseguran que ha sido golpeado en la cárcel. Su juicio está programado para septiembre.

“Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como ‘terrorismo'”.

– Informe de la ONU, 9 de agosto de 2018 –

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Detenido por participar en una marcha azul y blanco

La familia de Carlos Hernández Bustos cree que su único “delito” fue aparecer en un video en un canal de televisión donde participaba en una marcha azul y blanco. Hernández, de 31 años, albañil, fue detenido por paramilitares en su casa la mañana del 3 de julio. Durante su captura recibió dos balazos en una de sus piernas, asegura su esposa Mariela García. A Hernández lo operaron y permanece esposado a una cama de un hospital.

Primero fue señalado de participar en la quema de la alcaldía de Granada y de una rastra, propiedad de la Policía Nacional, ahora se le acusa de robo agravado, en perjuicio de Vladimir Elí Jarquín Rojas y de portación ilegal de armas de fuego y municiones, en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Su juicio será el 20 de agosto.

Brindaban servicio médico y ahora los acusan de traficantes

Se dedicaban a prestar auxilio médico a los muchachos que cuidaban las barricadas universitarias en protesta contra el gobierno de Daniel Ortega. Irvin Escobar Ortiz, 29 años, Crisffer Steven Busto Molina, 21 años, David Salvador López Artola, 19 años y un menor de edad estuvieron atrincherados en el recinto universitario Rubén Darío de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua).
Los cuatro fueron capturados el 14 de julio cerca de Metrocentro, un día después de que policías y paramilitares atacaran y desalojaran a los estudiantes atrincherados en la UNAN.

La Fiscalía los acusa de tráfico ilegal de armas de fuego. Según acusación a los cuatro procesados se les ocupó una pistola con un cargador y 11 cartuchos, un fusil Remington con mira telescópica, un fusil calibre 22, una escopeta calibre 12 con tres cartuchos y dos armas artesanales. Tienen juicio programado para el próximo 25 de agosto.

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Detenidos dos días antes de cometer el supuesto delito

A Albert Bernard Monroe, de 25 años, Guillermo Sobalvarro Oporta, de 22 años, R. F. Z., de 17 años, y Juan Ramón Mena, se los llevaron los paramilitares el 15 de junio. Ellos habían participado en las manifestaciones en contra de Ortega. Ahora, la Fiscalía los acusa de supuestamente haber entrado a la fuerza a la casa del comisionado de la Policía Nacional, Juan Antonio Valle Valle, jefe de seguridad pública de Managua.

Según la acusación, los hechos ocurrieron el 17 de junio a las tres de la madrugada, pero los jóvenes fueron capturados el 15 de junio en el sector del mercado Iván Montenegro. Desde ese día sus madres los reclamaban en Auxilio Judicial mejor conocido como El Chipote.

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Lo acusan de terrorista por dar a hacer unos chalecos antibalas

El ingeniero Héctor Arellano Pérez es acusado de financiamiento al terrorismo. Según el Ministerio Público Arellano dio a confeccionar chalecos antibalas artesanales y se los entregó a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Fue remitido a juicio, pero aún no tiene fecha ni juzgado determinado.

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Los tres hermanos que apoyaron con su música las marchas

Los hermanos Esteban Lesage, originarios de Jinotepe, además de participar en las manifestaciones en contra del gobierno en su ciudad, apoyaron las protestas con su talento: la música. Luis Miguel, de 28 años, Jean Carlos, de 25 años, y Harvin Roberto, fueron detenidos por policías encapuchados el pasado 10 de julio.

Están siendo acusados de terrorismo, crimen organizado y secuestro simple. Guardan prisión preventiva en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo.

“Estamos ahora en un tercer momento de la represión en el país. Un proceso de criminalización de los manifestantes”

– Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –

Detenidos mientras llevaban víveres a Masaya

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Hansel Vásquez Ruiz, de 25 años, es periodista; Marlon Fonseca Ramón, de 26 años, también es periodista y Kevin Espinoza Rodríguez, de 21 años, es estudiante de Ingeniería Agrícola. Los tres, miembros del Movimiento Universitario 19 de Abril de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), fueron detenidos por encapuchados el 11 de julio de Nindirí cuando trasladaban víveres a Masaya.

Según la versión de la policía, los detuvieron en un retén de carretera y les ocuparon varias armas de fuego. Son acusados de terrorismo, crimen organizado y posesión ilegal de armas de fuego. Además, se les acusa de haber quemado las instalaciones de La Nueva Radio Ya y la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional (Caruna) el pasado el 30 de mayo, después del ataque de paramilitares a la marcha de las madres donde fueron asesinados al menos 10 autoconvocados. El juicio por esta causa se realizará el 25 de septiembre en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua.

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Detenido por paramilitares en Granada

A Samuel Geovanny Martínez Duarte, conocido como Sammy, lo detuvieron un grupo de paramilitares el pasado 15 de julio durante la llamada “Operación Limpieza” en Granada. Martínez había participado en las marchas en contra del gobierno en esa ciudad.

Lo acusan de supuestamente amenazar a la delegada del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), en Granada, Yaroslava Muñoz Maltez. Una fuente del complejo judicial, dijo bajo anonimato que, aunque la juez Janet Calderón haya dado libertad para Martínez, el caso debe ser valorado por la magistrada Ileana Pérez, quien está a cargo de esta circunscripción, violentando la independencia judicial y la ley.

Junto a Martínez fue detenida una joven, identificada únicamente como Xochilt, y procesada por el mismo delito, pero se desconoce si aún permanece detenida.

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Dos jóvenes señalados de asesinar a periodista

Brandon Cristofer Lovo, de 18 años, fue detenido el 5 de mayo en su casa en Bluefields. Es acusado de asesinato en perjuicio del periodista Ángel Gahona, que murió de un disparo en la cabeza el pasado 21 de abril mientras cubría las protestas en contra del régimen orteguista en esa ciudad.

Según el Ministerio Público, Lovo fue quien disparó contra Gahona a una distancia de 69 metros, utilizando un arma hechiza que le habría proporcionado Glen Abraham Slate, de 20 años. Slate es señalado como el cooperador necesario de los delitos antes mencionados.

La familia del periodista asesinado no reconoce a Lovo y Slate como los responsables de la muerte de Gahona. Ambos están a la espera del juicio en su contra.

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Seis universitarios procesados

Un grupo de seis estudiantes universitarios que permanecieron atrincherados en la UNAN-Managua están siendo procesados por portación y uso ilegal de armas de fuego en perjuicio de “la tranquilidad pública del Estado”.

Erwin Ramos Alemán, Elba Valle Mondragón, Irma Centeno Rivera, Eldric Alexander Gaitán, Yuri Valerio Rivera y German Martínez García fueron detenidos … a Martínez lo acusan de posesión de armas restringidas porque supuestamente andaba una bomba lacrimógena, de uso policial, dentro de una mochila.

Según la Fiscalía les ocuparon un rifle calibre 22, una escopeta calibre 12, y una escopeta calibre 20. Estos señalamientos son negados por los jóvenes, quienes fueron enviado a juicio el 3 de septiembre.

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Acusado de asesinar a un paramilitar

Jaime Enrique Navarrete Blandón, alias “El deportado”, colaboró con los universitarios atrincherados en la Upoli entre abril y mayo. Les llevó agua y alimentos. Luego colaboró en las barricadas en su barrio Nueva Libia, ubicado en la zona de arriba de Managua.

El 15 de junio mientras caminaba con su perro en el barrio Nueva Libia fue secuestrado por paramilitares. La Fiscalía lo acusa de supuestamente asesinar al presunto paramilitar Ariel Ignacio Vivas, quien participaba en la “Operación LImpieza” realizada el 12 de junio en su barrio. Previo a su secuestro, había sido amenazado por miembros de la estructura de barrio del Frente Sandinista, quienes a través de redes sociales le advirtieron que lo iban a meter preso.
El único testigo que acusa a Navarrete es un policía encubierto. Ya fue remitido a juicio el 13 septiembre.

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Los primeros reos políticos del orteguismo

Juan José López Oporta, Michael Enrique Peña Gutiérrez, Fernando José Ortega Alonso, Rommel Fabián Guillén y K.A.M, de 17 años fueron los primeros manifestantes acusados por el régimen de Daniel Ortega. Los detenidos fueron llevados a audiencia preliminar el 23 de abril.

Los jóvenes habían levantado barricadas en el barrio El Paraisito y evitaron que miembros de la Juventud Sandinista saquearan un supermercado en el mismo barrio.

Son procesados por el asesinato de Roberto Carlos García. Vecinos y familiares de la víctima y de los acusados fueron testigos que quienes pasaron disparando desde una camioneta Hilux contra los pobladores fueron los de la Juventud Sandinista (JS), quienes llevaban puestas camisetas JS. Los procesados fueron remitidos a juicio en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, aún no hay fecha programada.

“Denunciamos las continuas detenciones arbitrarias y pedimos la liberación de todos los individuos arrestados por manifestar pacíficamente su oposición al gobierno de Ortega”

– Francisco Palmieri, subsecretario de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental. 7 de agosto de 2018 –

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Levantaron barricadas y los acusan por homicidio frustrado

Kevin Antonio Osorio, Alexander Téllez Castro, Moisés Javier Chávez Cárcamo, José Larios Reyes y Jonathan Lira, participaron de las protestas en contra de Ortega levantando barricada en los barrios capitalinos. Todos ellos ahora son procesados por homicidio frustrado y robo agravado en perjuicio del oficial de policía Delvin José Martínez. Según la Fiscalía, el 01 de junio, los acusados interceptaron al oficial, le apuntaron con un arma y le robaron la moto.

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Dos autoconvocados procesados en Chontales

Benjamín Siles Aguilar y Nardo Sequeira fueron detenidos de forma arbitraria el pasado 25 de julio en Acoyapa, Chontales. Cuatro días después fueron llevados a los tribunales de Juigalpa donde se les realizó una audiencia a puerta cerrada. Lilliam Bravo Borge, esposa de Siles, denunció la detención y proceso arbitrario al que este es sometido, por el solo hecho de haber participado en las marchas pacíficas promovidas por la población autoconvocada.

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La detención de María Baldizón

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reportó la detención de María Baldizón Brenes el pasado 6 de agosto, quien había participado en las manifestaciones en la ciudad universitaria. Baldizón, reconocida por su labor como docente trabajó en el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN). Actualmente trabajaba en una empresa camaronera. Es acusada de terrorismo y otros delitos.

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Tres acusados de financiar a “antisociales” en Diriamba

Harry Jonathan, de 20 años, Orlando Valverde Ortiz, de 31 años, Eddy González Padilla, de 26 años y Richard Sebastián López, de 28 años, todos originarios de Diriamba, fueron detenidos el pasado 9 de julio. Son acusados de los delitos terrorismo, robo agravado, daño agravado, incendio, entre otros.

La Fiscalía señala que los acusados financiaban a varios “antisociales de Diriamba” que permanecían en los tranques. También los señala de ocultar armas y de quemar las oficinas de la Fiscalía. Según la acusación, durante la captura, le encontraron armas y dinero.

Orden de captura contra la “Comandante Masha”

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Nahomy Urbina Marcenaro, mejor conocida como la “Comandante Masha”, se mantuvo durante semanas en el tranque del colegio San José en Jinotepe protestando en contra del régimen orteguista. La joven, que tiene cáncer linfático, dijo que no sentía miedo a pesar de haber recibido amenazas de muerte.

El 5 de agosto, el Ministerio Público presentó una acusación en contra de Urbina y solicitó orden de captura en su contra. Se desconoce qué delitos le imputan. La “Comandante Masha” fue vista públicamente por última vez el 28 de julio en la marcha “Peregrinación por nuestros obispos, defensores de la verdad y la justicia”.

Once matagalpinos señalados de terrorismo

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Hugo Ríos Castillo trabaja en construcción, tiene 47 años y fue detenido el 23 de julio en el barrio La Esperanza, en Matagalpa. Ríos participó en las marchas y plantones en contra del gobierno. La Policía, presuntamente, le ocupó un arma hechiza y la Fiscalía lo acusó de portación y tenencia ilegal de armas. La audiencia inicial de este caso, programada para el 2 de agosto, no se realizó porque Ríos estaba en Managua en audiencia preliminar de otro proceso donde junto a 10 personas más, se les acusa de terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, robo agravado, secuestro extorsivo, tortura, entre otros delitos.

Junto a Ríos fueron acusados Roberto Cruz Altamirano y Nelly Roque Ordóñez, dirigentes del Movimiento 19 de Abril, y el estudiante Dilon Zeledón Ramos, quienes además tienen otras causas abiertas en su contra. En la lista de acusados también aparecen Sadie Tamara Rivas Siles, de 19 años; Eddie Soza Vásquez, de 25 años; Melisa Tórrez Cardoza, miembros del M19; María de los Ángeles López, de 32 años, quien, presuntamente, prestó su vivienda para un puesto médico improvisado; Arnulfo Lagos Sandoval, de 54 años, concejal por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Matagalpa y participó en las marchas; Marvin Ruiz y Arlen Josué López. Estas últimas siete personas no han sido detenidas. La audiencia inicial fue programada para el próximo 23 de agosto.

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