ESPECIAL | 100 presos políticos: Estos son sus rostros

100 PRESOS POLÍTICOS: ESTOS SON SUS ROSTROS

Un centenar de nicaragüenses permanecen en las cárceles de la dictadura. Están ahí por pensar diferente. Porque no aceptan vivir en un sistema que nos quita la libertad y que, para conseguir esa libertad, la de todos, sacrificaron la suya.

Estos son sus rostros, y esta su vida. Son personas que tienen madres, esposas, hijos, amigos. Que tenían o no trabajo. Un hogar. Son víctimas de un sistema descaradamente coludido para criminalizarlos. Desde el policía o paramilitar que captura, hasta el juez que dicta sentencias espurias, pasando por el fiscal que acusa de delitos inexistentes hasta los testigos que se prestan a mentir para condenar a estos inocentes.

Los nombres que presentamos en esta edición especial de DOMINGO salen de las listas elaboradas por organismos de Derechos Humanos, asociaciones de familiares de presos políticos y organizaciones políticas opositoras. Puede que en la lista se haya mezclado alguno que cargue con uno que otro delito común. Siempre es posible. En algunos casos, incluso, la duda es justificada, pero dejamos a todos aquí, basados en aquella vieja máxima de la ética del Derecho que dice que es preferible equivocarse liberando a un culpable, que equivocarse condenando a un inocente.

Amílcar Cerda

Bryan Cruz 

Carlos Bonilla

Denis Chavarría

Eliseo Castro

John Cerna

Jorge García

Karla Escobar

Leyving Chavarría

Maycol Arce

Norlan Cardenas

Osman Marcel 

Víctor Díaz

Wilfredo Brenes

Antonio Zelaya

Benjamin Lanzas

Donald Rodríguez

Emiliano Santa Cruz

Freddy Valdivia

Jeyner Valdivia

Juan Zeledón

José Zeledón

Kevin Zamora

Luis Valle

Marvin Valdivia

Mauricio Valencia

Norvin García

Víctor Soza

Denis Palacios

Edman Mora

Edwin Mora

Francisco Pineda

Franklin Quintero

Gustavo Mendoza

Jaime Navarrete

Marlon Narvaez

Néstor Montealto

Oliver Montenegro

Steven Mendoza

Uriel Pérez

Walter Montenegro

Wilber Prado

Wilmer Mendoza

Yader Polanco

Yubrank Mora

Alexander Martínez

Ángel Martínez

Alejandro Ramos

Carlos López

Dennis García

Edward Lacayo

Edwin Hernández

Engel López

Ezequiel González

Gerardo Mejía

Jonathan Guzmán

José González

Juana López

Luis Largaespada

Nilson Membreño

Samuel González

Santos Pérez

Ángel Sequeira

Bernardo Ramos

Ernesto Ramirez

Gabriel Ramirez

Jaime Romero

José Sánchez

José Sequeira

Justo Rodríguez

Lázaro Rivas

Lester Selva

Manuel Sobalvarro

María Sánchez

Marvin Rodríguez

Max Silva

Pedro Rodríguez

Richard Saavedra

Jhony Castro

Margarito García

Marvin Castellón

Yerling Cruz

Wilmer Mendoza

Kevin Solís

Jean Ríos

Holman Martínez

Richard Martínez

Adrian Martínez

Edición:
Fabian Medina
Amalia del Cid

Redacción:
Eduardo Cruz
Abixael Mogollón
Julián Navarrete

Fotografía:
Óscar Navarrete
Archivo LA PRENSA
Recuperadas de la web

Desarrollo web:
Francisco Serrano

“Mi mamá estaba muy mal, no dormía, me dijo que yo me tenía que ir”

“Mi mamá estaba muy mal, no dormía, me dijo que yo me tenía que ir”

Jenderlym Zeas era estudiante de Medicina y atendió heridos en el puesto médico de Jinotega. Ahora vive en Estocolmo, donde limpia casas y aprende sueco

El 8 de junio del 2018, a sus 23 años, Jenderlym Zeas vivió el día más terrible de su vida. Las balas pegaban a unos cuantos metros de donde ella se encontraba, mientras veía entrar a un herido tras otro en el puesto médico que se improvisó en el barrio Sandino, en Jinotega.

Su primera vez en ese puesto médico había sido el 18 de mayo. La ciudad estaba llena de barricadas y el alcalde orteguista, Leónidas Centeno, había desplegado a la Policía y a paramilitares a la casa del Frente Sandinista en la ciudad.

Ese día hubo un enfrentamiento cerca de su casa, entre la policía del régimen y los manifestantes azul y blanco. “Logré observar a un muchacho que lo llevaban desmayado (hacia el puesto médico). Yo corrí tras él. Yo no conocía dónde era el puesto médico. Me encontré con tres estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería y otras personas”, relata. Permaneció ahí desde la mañana hasta eso de las 7:00 de la noche.

Abraham Antonio Castro Jarquín, de 17 años, se encontraba en la zona de enfrentamientos donde los paramilitares simpatizantes del FSLN disparaban con armas de fuego. LA PRENSA/Sara Ruiz

Cuando la dictadura bañó de sangre el Día de las Madres

Regresó nuevamente al puesto médico el 30 de mayo, día en que se realizó la Marcha de las Madres en Managua, la que fue atacada por paramilitares del régimen y la policía orteguista, con un saldo de once muertos y decenas de heridos.

Ese día también hubo un ataque en Jinotega. El resultado fue al menos cinco heridos. “Habían heridos menores, por intoxicación por las bombas lacrimógenas, pero también habían personas heridas por arma de fuego. Ese día me quedé en el puesto hasta el 31 de mayo”, dice. Después volvió a su casa.

Zeas estaba en su ciudad desde suspendieron las clases en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN – León), debido a las protestas. Ella cursaba la carrera de Medicina.

Meses antes de reprimir la protesta, la Policía Orteguista acompañaba las marchas en Jinotega. LA PRENSA/CORTESÍA/RADIO ABC ESTELÍ

“Bajábamos a un herido de la camilla y subíamos al más grave”

En el puesto médico improvisado, según Zeas, estaba a cargo de un médico general. Tenían dos camillas, una cama y varias sillas. Los medicamentos eran donados por la población y los movimientos sociales que se organizaron en Jinotega.

Tenían solución salina, antiinflamatorios, pinzas, hilos de sutura, yodo, guantes y gasas. El personal del puesto médico rotaba los horarios para curar a los manifestantes heridos, que preferían ser atendidos en el puesto, que en el hospital de ciudad, Victoria Motta, por temor a ser detenidos. Cuando el responsable del puesto no estaba, era Zeas, a quien le faltaban dos años para graduarse como médico, quien se quedaba a cargo.

El día de más trabajo para Zeas fue la noche del 8 de junio. Fue cuando llegaron la mayor cantidad de heridos. Las fuerzas policiales y paramilitares en Jinotega atacaron a los manifestantes que resguardaban el tranque en la salida norte de la ciudad. Fueron alrededor de treinta heridos; y los médicos y estudiantes trataban de atenderlos con los pocos medios médicos disponibles.

“Ese día fue el más terrible, yo jamás había visto tantas personas heridas (Respira profundo). Fue una masacre la que hicieron esa noche contra el pueblo jinotegano”, asegura.

“El ataque ocurrió aproximadamente a eso las nueve de la noche. Ese día empezaron a llegar muchos heridos, entraba uno, entraba el otro y así sucesivamente. Bajábamos a un herido de la camilla y subíamos al más grave”, relata.

Pasada la medianoche del 9 de junio, tuvieron que apagar las luces de la casa donde estaban porque las balas llegaban cerca del lugar y les pidieron a los heridos que no se quejaran para que los paramilitares del régimen no los encontraran. A pesar de ello, continuaron suturando las heridas de los manifestantes, apoyándose con la luz de un teléfono celular.

Policías desmontaron una de las barricadas del barrio Sandino en Jinotega en julio de 2018. LAPRENSA/Cortesía

La Operación Limpieza en el barrio Sandino

Zeas se atrincheró 15 días más en el puesto médico sin poder ver a sus familiares y amigos. Cuando logró salir, regresaba todas las mañanas para seguir apoyando. Su último día en el puesto médico fue el 23 de julio, cuando la policía orteguista junto con los paramilitares ejecutó la “Operación Limpieza” en el barrio Sandino de Jinotega. Quiso regresar a su casa, pero no pudo.

Tras la operación que dejó tres muertos y varios heridos, Zeas tuvo que buscar refugio fuera de la ciudad, ya que el orteguismo empezó a levantar listas y secuestrar a todos los que apoyaron las protestas sociales en Jinotega.

Mientras estaba en una casa de seguridad, Zeas vislumbró que su única alternativa era el exilio forzado. “Fue complicado, difícil de tomar una decisión así tan grande. Yo no quería dejar lo que habíamos comenzado (la lucha cívica). Mi mamá estaba muy mal, no dormía, me dijo que yo me tenía que ir”.

Pese a estar fuera del país, el asedio contra Zeas ha continuado. Lo último que supo es que en el mes de febrero, los orteguistas llegaron al último refugio donde estuvo a preguntar por ella.

La casa comunal del barrio Sandino se ha convirtió en un comando policial.
LAPRENSA/O.Navarrete

Su salida del país

Como si hubiera cometido un crimen, Zeas salió del país la madrugada del 4 octubre para evitar que la policía la arrestará. Tuvo que atravesar tres países: El Salvador, Colombia e Inglaterra hasta que finalmente pudo llegar al sitio que le pudo brindar esa seguridad que tanto anhelaba: Estocolmo, Suecia.

Tras llegar a su destino acudió a las autoridades en busca de asilo. Esperó cuatro días para que le realizarán una entrevista que duró una hora, para solicitar formalmente el estatus migratorio. Las autoridades suecas le asignaron una abogada para que diera trámite a su solicitud.

Dos meses después de la primera entrevista, finalmente le fue aprobada otra entrevista, que sería decisiva. Esta duró tres horas. Ahí presentó las pruebas de que su vida corría peligro en Nicaragua.

Sueños de libertad

Su asilo por tres años finalmente lo obtuvo en febrero de este año. A pesar de la seguridad que tiene Suecia, para ella sigue siendo difícil estar lejos de Nicaragua . “Tu familia está allá, aunque estés seguro aquí”, sostiene.

Zeas trabaja en una empresa de limpieza de casas y apartamentos. Estudia el idioma sueco tres veces a la semana para encontrar mejores oportunidades laborales y vive con una tía. Siempre que puede participa en las manifestaciones que realizan los residentes y exiliados en Suecia demandando justicia y democracia en Nicaragua. En una de esas actividades, relató a lo que se había enfrentado por apoyar a los azul y blanco desde un puesto médico.

“Lo que siempre hemos querido y lo que queremos es que haya diálogo, que haya elecciones libres y transparentes. Es lo que soñamos y por lo que hemos luchado”, asegura.


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Un día de julio, un grupo de paramilitares llegaron a la casa de Julio Vannini para secuestrarlo. Él logró huir con toda su familia. Se exilió en Perú

El régimen orteguista obligó a Julio Vannini a huir junto a su familia a Lima, Perú. El exilio, dice, “no es un viaje de placer”, pero al menos tiene la garantía de que él y su familia están a salvo de los paramilitares que llegaron a buscarlo a su vivienda en Granada para secuestrarlo.

Como miles de nicaragüenses, Vannini, expresidente de la Asociación de Nicaragüense de Astrónomos Aficionados, se unió a las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en abril de 2018. Salió a las calles de su ciudad natal a documentar con fotografías y videos las manifestaciones autoconvocadas que primero rechazaban las reformas a la Seguridad Social y luego demandaban la salida del poder del dictador Daniel Ortega y exigían justicia por los manifestantes asesinados por el régimen.

“En cierto modo me frustraba la aparente apatía de las nuevas generaciones, claro se miraba las protestas de #SOSINSS y de los ambientalistas, pero no se miraba aquel empuje, hasta el momento que reventó todo el 18 de abril y nos lanzamos a la calle el 19”, asegura Vannini, quien siempre ha sido crítico del actuar del orteguismo desde los años 80. “Me tocó vivir la década de los 80, así que supe de primera mano lo que son capaces, quiénes son en realidad”, dice. “Una vez que ellos quedaron como oposición en los 90 y mostraron la cara, prácticamente, de terroristas tratando de sabotear cada una de las actividades del gobierno que estaba en ese momento, mi actitud crítica fue subiendo”, recuerda.

El 18 de abril de 2018 cientos de universitarios y pobladores de todo el país se unieron a protestar en contra de las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Fueron reprimidos. Al día siguiente, los estudiantes se levantaron, hubo más manifestaciones y se empezaron a contar los primeros asesinados de la represión orteguista. El 19 de abril hubo tres muertos decenas de heridos y detenidos. El descontento solo crecía.

Esta fue la manifestación que realizaron los granadinos el 20 de abril de 2018. LA PRENSA/Cortesía/Julio Vannini

El material que Vanni producía era publicado en las redes sociales. “Muchas de ellas (las fotografías) fueron tomadas por algunas agencias noticiosas y fueron publicadas en el exterior”, dice. “La idea mía no era que tomo fotos para que todo el mundo las vea, (y diga) que bonitas que son. Simplemente es registrar la voluntad ciudadana, la voluntad cívica del pueblo que lucha por sus derechos”, afirma. Vannini también hacía transmisiones en vivo en Facebook de las marchas y tranques que se realizaron en la ciudad para denunciar la represión que ejerció el régimen, a través de las fuerzas policiales y paramilitares.

Su participación en la lucha cívica fue motivo para que los simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) iniciaran una campaña de desprestigio en su contra y lo acusaran de vender terrenos ilegalmente. Los señalamientos, asegura, fueron de de forma verbal y anónimos en las redes sociales y, aunque “uno reconoce a las personas del barrio, pero la idea no es decir ah sos vos, te tengo en la lista”, sostiene.

Julio Vannini documentó las manifestaciones que se realizaron en la ciudad. Esta fue la movilización que realizaron los autoconvocados el 28 de abril de 2018. LA PRENSA/Cortesía/Julio Vannini

“Duele mucho el darte cuenta que tus propios hermanos nicaragüenses ponen más en alto un ideal político, un estandarte político que no es para nada nacional, que no es para nada relacionado con nuestra Constitución y ponen al caudillismo como su más alta bandera”, dice. Vannini denunció el asedio ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) del que era víctima él y su esposa, que también participaba en las manifestaciones azul y blanco.

Pretendían secuestrarlo

El 15 de julio, paramilitares y agentes policiales ejecutaron la llamada “Operación Limpieza” en Granada para desmontar los tranques que se levantaron como una forma de presionar al régimen. La operación dejó, además de varios secuestrados, al menos nueve muertos entre Granada y Masaya, según reportó la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH).

Vannini estaba en la lista de los paramilitares por haber sido uno de los rostros visibles de las manifestaciones en la ciudad. Llegaron a su vivienda, donde se encontraba junto a su familia. Querían secuestrarlo. “Esa noche cortaron el servicio eléctrico en el barrio donde estábamos nosotros. Los paramilitares se metieron a la casa. Se saltaron el porche y trataron de buscarnos con lámparas en mano, logramos tener a toda la familia en silencio, hasta la perrita se mantuvo en silencio, por suerte”, relata. La persecución, cuenta, duró entre dos y tres horas. “Nosotros nos mantuvimos en silencio y, obviamente, estábamos con miedo en qué momento iban a entrar, pero también estábamos con la disposición de defender a la familia, cueste lo que cueste”, agrega.

La última manifestación que Vanni cubrió fue el 13 de julio de 2018. LA PRENSA/Cortesía/Julio Vannini

Vannini dice que los paramilitares desistieron de la búsqueda y se retiraron a eso de la 1:00 de la madrugada, ya que ellos no dieron señales de que estaban en la vivienda. Aprovechó ese momento para salir y se refugió en una casa de seguridad ubicada en otra ciudad.

Tras refugiarse, el asedio incrementó contra su esposa. “A ella la amenazaban en la calle cuando iba a la escuela de los muchachos”. Le decían, cuenta Vannini, “que se preparara, que ella iba para la cárcel”. Incluso la llegaron a buscar en varias ocasiones a su trabajo, sin saber que ya había abandonado el país.

Vannini salió del país en julio y el resto de su familia lo hizo en septiembre. Su destino era Lima, en Perú, donde las autoridades ya les concedieron el estatus de refugiados.

“Con todos nosotros han sido cordiales. Nos han brindado su apoyo, mientras el trámite de refugio estaba en su proceso nos brindaron información de las cosas que podíamos hacer, como podíamos registrar a los chicos en la escuela, inclusive en la parte laboral se extienden permisos temporales de trabajo y otras documentaciones que le permiten a uno empezar a buscar trabajo”, asegura.

Tras llegar a Lima, Vannini supo a través de sus amigos, que él y su esposa son acusados de liderar tranques en Granada y la Policía los tiene como prófugos de la justicia.

“No es un viaje de placer”

Vannini trabaja como maestro de ciencias en una escuela privada y en una universidad, misma actividad que desarrollaba en Nicaragua. Sus hijos están estudiando y se están adaptando a su nueva vida; y su esposa cuida de ellos y realiza trabajos temporales.

“El exilio no es un viaje de placer, un viaje programado, no es algo que uno se espera, que de la noche a la mañana el Gobierno de tu país va a tratar de arruinarte la vida, a vos y junto con todos los demás. Tantos que hay, tantos que han tenido que salir del país forzosamente”.

“No ha sido fácil, hemos tenido nuestras crisis económicas, nuestras crisis emocionales, crisis psicológicas”, afirma. A pesar de ello reconoce el apoyo que han recibido de amigos y familiares durante todo el proceso.

Evidencia para solicitudes migratorias

Vannini dice sentirse satisfecho ya que las fotografías que tomó durante las manifestaciones les han servido a los granadinos que solicitan protección migratoria en otro país. “La voluntad popular simple y sencillamente está reflejada, está registrada; y ha servido como evidencia, junto con la de otros fotógrafos, para demostrar pues la voluntad popular y lo malo que es el Gobierno de Ortega”.

Él sigue manifestándose contra el régimen de Ortega en Perú y ha participado en actividades frente a la embajada de Nicaragua en ese país. “No nos hemos quedado callado, no lo vamos a hacer”, dice.


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Huir o morir

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La represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo además de provocar muertes, heridos, presos políticos, destrucción y dolor, forzó a miles de nicaragüenses a salir del país. Dejaron familias, trabajos, estudios… Ahora, en un país desconocido, buscan oportunidades para sobrevivir.

La cifra más reciente de la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) es de 62,000. Esa es la cantidad de nicaragüenses que huyeron del país en el contexto de las protestas contra el régimen orteguista.

Se han ido donde han podido. La mayoría lo ha hecho a Costa Rica. Sin embargo hay exiliados en Suecia, Alemania, Perú y muchos otros países. Este reportaje cuenta la historia de ocho nicaragüenses que se encuentran en diferentes países y que, por asedio, persecución y miedo, tuvieron que irse del país. Desde donde están cuentan lo que les ha tocado vivir. Y sufrir.

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Equipo de Trabajo:

Editores: Dora Luz Romero, Yubelka Mendoza y Moisés Martínez
Periodistas: Isela Baltodano, Cindy Fuller y Julio Estrada
Diseño y Desarrollo: River Martínez

© Grupo Editorial La Prensa, 2019.

Los perseguidos del orteguismo

LOS PERSEGUIDOS DEL ORTEGUISMO

Los acusan de terroristas, asesinos, secuestradores, traficantes de armas… El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha detenido y acusado a más de 200 nicaragüenses. En la lista hay líderes comunitarios, periodistas, estudiantes y civiles. ¿La razón? Simplemente por haber salido a manifestarse en contra del gobierno orteguista o apoyar a los autoconvocados.

Desde el pasado 18 de abril, cuando la ciudadanía se manifestó en contra de las reformas a la Seguridad Social, el régimen reprimió a punta de balas. Más de 400 muertos reportan los organismos de derechos humanos. Por más de 100 días, el gobierno ha reprimido, asesinado, violado los derechos de los nicaragüenses… Hoy, pretende endilgar sus crímenes a los ciudadanos que protestaron.

Estos son los nicaragüenses que enfrentan un proceso judicial por participar en las protestas, los perseguidos del orteguismo.

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Medardo Mairena, el campesino acusado de terrorista

El campesino Medardo Mairena es el coordinador del Consejo Nacional para la defensa de la Tierra, Lago y Soberanía y líder en Punta Gorda, en el Caribe Sur. Participó en la mesa del Diálogo Nacional como miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

A Mairena lo acusan de siete delitos: terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos, lesiones y daños en perjuicio de 23 víctimas, entre estas el Estado de Nicaragua. Fue capturado el pasado 13 de julio en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, en Managua. La Policía lo señala de ser el líder de un “grupo criminal”.

Fue llevado a los juzgados en absoluto sigilo. La audiencia fue privada. Tiene audiencia programada para el 15 de agosto.

Junto a Mairena fue detenido Pedro Mena, quien ha trabajado durante años por los derechos de los campesinos y ha luchado en contra de la construcción del Canal Interoceánico.

Es señalado de los mismos delitos. Su función, según la Policía Nacional, era captar fondos de personas que se encuentran dentro y fuera del país para la compra de alimentos, armas, municiones, combustible y pago a personal que integraban los tranques en Boaco, Nueva Guinea, Río San Juan y Chontales.

Junto a Mairena y Mena además fueron acusados Juan Calderón Escobar, Carlos Zamora Salazar, Luis Marenco González, Silvio Pineda Bonilla, Mario Adolfo Jiménez Góngora, Danilo García Medina, Arlen Alcides Lanuza Rayos y José Jesús Hernández Blandón. Estos últimos no han sido detenidos, sin embargo el juez Henry Morales giró orden de captura contra todos ellos en audiencia preliminar.

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La líder de los comerciantes del Mercado Oriental

Irlanda Jerez es la dirigente de los comerciantes autoconvocados del mercado Oriental, en Managua. El pasado 18 de julio, un grupo de encapuchados y policías la detuvieron en el sector de Cristo Rey. Ese día había participado en una conferencia sobre la jornada de protestas en contra del régimen.

Según la Corte Suprema de Justicia, la detención de Jerez fue por un caso que ocurrió en 2016 donde fue declarada culpable “los delitos de usurpación del dominio privado, fraude por simulación, estelionato en concurso medial con uso de falso documento y falsedad ideológica”. Jerez permanece en la cárcel La Esperanza.

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Un periodista señalado de secuestro y tortura

Paco Daniel Espinoza Rivera, de 25 años, fue corresponsal del oficialista canal 8 y renunció a ese medio por el “desacuerdo con las políticas impuestas”. Luego empezó a laborar para el noticiero Acción 10.

El periodista tiene una orden de captura en su contra. La Policía Nacional lo vincula al supuesto secuestro, asalto, tortura, asesinato frustrado y lesiones en perjuicio de Clara López Dalmasio, delitos que, supuestamente, cometió el 16 de junio en el tranque ubicado cerca del barrio Sandino, en Jinotega.

Por esos mismos delitos están señalados Denis Manuel Hernández Gutiérrez, de 31 años, quien fue detenido y presentado por la Policía Nacional el pasado 25 de julio en Managua; así como Álvaro Jesús Palacio Ortiz, de 34 años; Jeysi Junieth Lagos, de 25 años y José Alcides Zeledón Úbeda, de 54 años. Los tres últimos no han sido detenidos aún.

Los tres dirigentes de Masaya que acusan de financiar el terrorismo

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Christian Fajardo Caballero, María Adilia Peralta y Chester Membreño son procesados por los delitos de financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos en contra del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Todos ellos están a la espera de juicio.

Fajardo, de 37 años, es administrador de empresas y es el vicecoordinador del Movimiento 19 de abril en Masaya. El pasado junio, el orteguismo ofrecía 50 mil córdobas para quien lo capturara. Ese mismo mes, las turbas quemaron un hotel de su propiedad.

Fue detenido el pasado 22 de julio por miembros del Ejército en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Con él también fue detenida su esposa María Adilia Peralta, de 30 años, abogada. A Membreño, abogado y miembro de los autoconvocados en Masaya, lo detuvieron un día después.

Señalados de secuestrar a tres policías

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Cinco dirigentes del Movimiento 19 de Abril en Matagalpa que participaron en los tranques que fueron instalados en la salida suroeste de la ciudad son procesados por los delitos de robo agravado en la modalidad de intimidación en las personas, secuestro extorsivo, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y crimen organizado.

Fueron detenidos el pasado 26 de junio en Matagalpa por policías y sujetos encapuchados. Los detenidos son Francisco Antonio Castro Jarquín, de 24 años, obrero; Roberto José Cruz Altamirano, de 34 años, comerciante; Nelly Roque Ordóñez, de 27 años, ingeniera agrónoma; Solange Centeno Peña, de 20 años, estudiante universitaria y Eduardo Manuel Tijerino, de 21 años. Fueron capturados el pasado 26 de junio en Matagalpa por policías y sujetos encapuchados. Según la Policía Nacional, participaron en el robo de una camioneta propiedad de la Fiscalía en Tipitapa y en el secuestro de tres policías en El Jicaral, en León. El juicio contra los matagalpinos se realizará el próximo 18 de septiembre en Managua.

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El psicólogo al que acusan de traficar armas

Al psicólogo Róger Martínez lo sacaron a golpes de una casa cerca de la Plaza Xalteva en Granada donde funcionaba una clínica para ayudar y atender a los heridos tras ataques de policías y paramilitares en la ciudad. Martínez participó en varias protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Es acusado de fabricar, traficar, poseer y usar armas restringidas; además de uso de sustancias o artefactos explosivos. Sus familiares aseguran que ha sido golpeado en la cárcel. Su juicio está programado para septiembre.

“Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como ‘terrorismo'”.

– Informe de la ONU, 9 de agosto de 2018 –

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Detenido por participar en una marcha azul y blanco

La familia de Carlos Hernández Bustos cree que su único “delito” fue aparecer en un video en un canal de televisión donde participaba en una marcha azul y blanco. Hernández, de 31 años, albañil, fue detenido por paramilitares en su casa la mañana del 3 de julio. Durante su captura recibió dos balazos en una de sus piernas, asegura su esposa Mariela García. A Hernández lo operaron y permanece esposado a una cama de un hospital.

Primero fue señalado de participar en la quema de la alcaldía de Granada y de una rastra, propiedad de la Policía Nacional, ahora se le acusa de robo agravado, en perjuicio de Vladimir Elí Jarquín Rojas y de portación ilegal de armas de fuego y municiones, en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Su juicio será el 20 de agosto.

Brindaban servicio médico y ahora los acusan de traficantes

Se dedicaban a prestar auxilio médico a los muchachos que cuidaban las barricadas universitarias en protesta contra el gobierno de Daniel Ortega. Irvin Escobar Ortiz, 29 años, Crisffer Steven Busto Molina, 21 años, David Salvador López Artola, 19 años y un menor de edad estuvieron atrincherados en el recinto universitario Rubén Darío de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua).
Los cuatro fueron capturados el 14 de julio cerca de Metrocentro, un día después de que policías y paramilitares atacaran y desalojaran a los estudiantes atrincherados en la UNAN.

La Fiscalía los acusa de tráfico ilegal de armas de fuego. Según acusación a los cuatro procesados se les ocupó una pistola con un cargador y 11 cartuchos, un fusil Remington con mira telescópica, un fusil calibre 22, una escopeta calibre 12 con tres cartuchos y dos armas artesanales. Tienen juicio programado para el próximo 25 de agosto.

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Detenidos dos días antes de cometer el supuesto delito

A Albert Bernard Monroe, de 25 años, Guillermo Sobalvarro Oporta, de 22 años, R. F. Z., de 17 años, y Juan Ramón Mena, se los llevaron los paramilitares el 15 de junio. Ellos habían participado en las manifestaciones en contra de Ortega. Ahora, la Fiscalía los acusa de supuestamente haber entrado a la fuerza a la casa del comisionado de la Policía Nacional, Juan Antonio Valle Valle, jefe de seguridad pública de Managua.

Según la acusación, los hechos ocurrieron el 17 de junio a las tres de la madrugada, pero los jóvenes fueron capturados el 15 de junio en el sector del mercado Iván Montenegro. Desde ese día sus madres los reclamaban en Auxilio Judicial mejor conocido como El Chipote.

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Lo acusan de terrorista por dar a hacer unos chalecos antibalas

El ingeniero Héctor Arellano Pérez es acusado de financiamiento al terrorismo. Según el Ministerio Público Arellano dio a confeccionar chalecos antibalas artesanales y se los entregó a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Fue remitido a juicio, pero aún no tiene fecha ni juzgado determinado.

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Los tres hermanos que apoyaron con su música las marchas

Los hermanos Esteban Lesage, originarios de Jinotepe, además de participar en las manifestaciones en contra del gobierno en su ciudad, apoyaron las protestas con su talento: la música. Luis Miguel, de 28 años, Jean Carlos, de 25 años, y Harvin Roberto, fueron detenidos por policías encapuchados el pasado 10 de julio.

Están siendo acusados de terrorismo, crimen organizado y secuestro simple. Guardan prisión preventiva en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo.

“Estamos ahora en un tercer momento de la represión en el país. Un proceso de criminalización de los manifestantes”

– Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –

Detenidos mientras llevaban víveres a Masaya

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Hansel Vásquez Ruiz, de 25 años, es periodista; Marlon Fonseca Ramón, de 26 años, también es periodista y Kevin Espinoza Rodríguez, de 21 años, es estudiante de Ingeniería Agrícola. Los tres, miembros del Movimiento Universitario 19 de Abril de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), fueron detenidos por encapuchados el 11 de julio de Nindirí cuando trasladaban víveres a Masaya.

Según la versión de la policía, los detuvieron en un retén de carretera y les ocuparon varias armas de fuego. Son acusados de terrorismo, crimen organizado y posesión ilegal de armas de fuego. Además, se les acusa de haber quemado las instalaciones de La Nueva Radio Ya y la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional (Caruna) el pasado el 30 de mayo, después del ataque de paramilitares a la marcha de las madres donde fueron asesinados al menos 10 autoconvocados. El juicio por esta causa se realizará el 25 de septiembre en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua.

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Detenido por paramilitares en Granada

A Samuel Geovanny Martínez Duarte, conocido como Sammy, lo detuvieron un grupo de paramilitares el pasado 15 de julio durante la llamada “Operación Limpieza” en Granada. Martínez había participado en las marchas en contra del gobierno en esa ciudad.

Lo acusan de supuestamente amenazar a la delegada del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), en Granada, Yaroslava Muñoz Maltez. Una fuente del complejo judicial, dijo bajo anonimato que, aunque la juez Janet Calderón haya dado libertad para Martínez, el caso debe ser valorado por la magistrada Ileana Pérez, quien está a cargo de esta circunscripción, violentando la independencia judicial y la ley.

Junto a Martínez fue detenida una joven, identificada únicamente como Xochilt, y procesada por el mismo delito, pero se desconoce si aún permanece detenida.

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Dos jóvenes señalados de asesinar a periodista

Brandon Cristofer Lovo, de 18 años, fue detenido el 5 de mayo en su casa en Bluefields. Es acusado de asesinato en perjuicio del periodista Ángel Gahona, que murió de un disparo en la cabeza el pasado 21 de abril mientras cubría las protestas en contra del régimen orteguista en esa ciudad.

Según el Ministerio Público, Lovo fue quien disparó contra Gahona a una distancia de 69 metros, utilizando un arma hechiza que le habría proporcionado Glen Abraham Slate, de 20 años. Slate es señalado como el cooperador necesario de los delitos antes mencionados.

La familia del periodista asesinado no reconoce a Lovo y Slate como los responsables de la muerte de Gahona. Ambos están a la espera del juicio en su contra.

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Seis universitarios procesados

Un grupo de seis estudiantes universitarios que permanecieron atrincherados en la UNAN-Managua están siendo procesados por portación y uso ilegal de armas de fuego en perjuicio de “la tranquilidad pública del Estado”.

Erwin Ramos Alemán, Elba Valle Mondragón, Irma Centeno Rivera, Eldric Alexander Gaitán, Yuri Valerio Rivera y German Martínez García fueron detenidos … a Martínez lo acusan de posesión de armas restringidas porque supuestamente andaba una bomba lacrimógena, de uso policial, dentro de una mochila.

Según la Fiscalía les ocuparon un rifle calibre 22, una escopeta calibre 12, y una escopeta calibre 20. Estos señalamientos son negados por los jóvenes, quienes fueron enviado a juicio el 3 de septiembre.

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Acusado de asesinar a un paramilitar

Jaime Enrique Navarrete Blandón, alias “El deportado”, colaboró con los universitarios atrincherados en la Upoli entre abril y mayo. Les llevó agua y alimentos. Luego colaboró en las barricadas en su barrio Nueva Libia, ubicado en la zona de arriba de Managua.

El 15 de junio mientras caminaba con su perro en el barrio Nueva Libia fue secuestrado por paramilitares. La Fiscalía lo acusa de supuestamente asesinar al presunto paramilitar Ariel Ignacio Vivas, quien participaba en la “Operación LImpieza” realizada el 12 de junio en su barrio. Previo a su secuestro, había sido amenazado por miembros de la estructura de barrio del Frente Sandinista, quienes a través de redes sociales le advirtieron que lo iban a meter preso.
El único testigo que acusa a Navarrete es un policía encubierto. Ya fue remitido a juicio el 13 septiembre.

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Los primeros reos políticos del orteguismo

Juan José López Oporta, Michael Enrique Peña Gutiérrez, Fernando José Ortega Alonso, Rommel Fabián Guillén y K.A.M, de 17 años fueron los primeros manifestantes acusados por el régimen de Daniel Ortega. Los detenidos fueron llevados a audiencia preliminar el 23 de abril.

Los jóvenes habían levantado barricadas en el barrio El Paraisito y evitaron que miembros de la Juventud Sandinista saquearan un supermercado en el mismo barrio.

Son procesados por el asesinato de Roberto Carlos García. Vecinos y familiares de la víctima y de los acusados fueron testigos que quienes pasaron disparando desde una camioneta Hilux contra los pobladores fueron los de la Juventud Sandinista (JS), quienes llevaban puestas camisetas JS. Los procesados fueron remitidos a juicio en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, aún no hay fecha programada.

“Denunciamos las continuas detenciones arbitrarias y pedimos la liberación de todos los individuos arrestados por manifestar pacíficamente su oposición al gobierno de Ortega”

– Francisco Palmieri, subsecretario de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental. 7 de agosto de 2018 –

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Levantaron barricadas y los acusan por homicidio frustrado

Kevin Antonio Osorio, Alexander Téllez Castro, Moisés Javier Chávez Cárcamo, José Larios Reyes y Jonathan Lira, participaron de las protestas en contra de Ortega levantando barricada en los barrios capitalinos. Todos ellos ahora son procesados por homicidio frustrado y robo agravado en perjuicio del oficial de policía Delvin José Martínez. Según la Fiscalía, el 01 de junio, los acusados interceptaron al oficial, le apuntaron con un arma y le robaron la moto.

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Dos autoconvocados procesados en Chontales

Benjamín Siles Aguilar y Nardo Sequeira fueron detenidos de forma arbitraria el pasado 25 de julio en Acoyapa, Chontales. Cuatro días después fueron llevados a los tribunales de Juigalpa donde se les realizó una audiencia a puerta cerrada. Lilliam Bravo Borge, esposa de Siles, denunció la detención y proceso arbitrario al que este es sometido, por el solo hecho de haber participado en las marchas pacíficas promovidas por la población autoconvocada.

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La detención de María Baldizón

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reportó la detención de María Baldizón Brenes el pasado 6 de agosto, quien había participado en las manifestaciones en la ciudad universitaria. Baldizón, reconocida por su labor como docente trabajó en el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN). Actualmente trabajaba en una empresa camaronera. Es acusada de terrorismo y otros delitos.

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Tres acusados de financiar a “antisociales” en Diriamba

Harry Jonathan, de 20 años, Orlando Valverde Ortiz, de 31 años, Eddy González Padilla, de 26 años y Richard Sebastián López, de 28 años, todos originarios de Diriamba, fueron detenidos el pasado 9 de julio. Son acusados de los delitos terrorismo, robo agravado, daño agravado, incendio, entre otros.

La Fiscalía señala que los acusados financiaban a varios “antisociales de Diriamba” que permanecían en los tranques. También los señala de ocultar armas y de quemar las oficinas de la Fiscalía. Según la acusación, durante la captura, le encontraron armas y dinero.

Orden de captura contra la “Comandante Masha”

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Nahomy Urbina Marcenaro, mejor conocida como la “Comandante Masha”, se mantuvo durante semanas en el tranque del colegio San José en Jinotepe protestando en contra del régimen orteguista. La joven, que tiene cáncer linfático, dijo que no sentía miedo a pesar de haber recibido amenazas de muerte.

El 5 de agosto, el Ministerio Público presentó una acusación en contra de Urbina y solicitó orden de captura en su contra. Se desconoce qué delitos le imputan. La “Comandante Masha” fue vista públicamente por última vez el 28 de julio en la marcha “Peregrinación por nuestros obispos, defensores de la verdad y la justicia”.

Once matagalpinos señalados de terrorismo

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Hugo Ríos Castillo trabaja en construcción, tiene 47 años y fue detenido el 23 de julio en el barrio La Esperanza, en Matagalpa. Ríos participó en las marchas y plantones en contra del gobierno. La Policía, presuntamente, le ocupó un arma hechiza y la Fiscalía lo acusó de portación y tenencia ilegal de armas. La audiencia inicial de este caso, programada para el 2 de agosto, no se realizó porque Ríos estaba en Managua en audiencia preliminar de otro proceso donde junto a 10 personas más, se les acusa de terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, robo agravado, secuestro extorsivo, tortura, entre otros delitos.

Junto a Ríos fueron acusados Roberto Cruz Altamirano y Nelly Roque Ordóñez, dirigentes del Movimiento 19 de Abril, y el estudiante Dilon Zeledón Ramos, quienes además tienen otras causas abiertas en su contra. En la lista de acusados también aparecen Sadie Tamara Rivas Siles, de 19 años; Eddie Soza Vásquez, de 25 años; Melisa Tórrez Cardoza, miembros del M19; María de los Ángeles López, de 32 años, quien, presuntamente, prestó su vivienda para un puesto médico improvisado; Arnulfo Lagos Sandoval, de 54 años, concejal por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Matagalpa y participó en las marchas; Marvin Ruiz y Arlen Josué López. Estas últimas siete personas no han sido detenidas. La audiencia inicial fue programada para el próximo 23 de agosto.

EL EQUIPO DE TRABAJO:

Jefa de Información Digital

Dora Luz Romero

Periodistas

Isela Baltodano, Martha Vásquez

Roberto Mora, Luis E. Martínez, Mynor García

Melvin Rodríguez, Lucía Vargas, Saúl Martínez, José Garth