La Ley de Seguridad Soberana (SS) pone prácticamente en un estado de emergencia a la población nicaragüense, dice la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos(CPDH), Karla Sequeira.

Un nuevo recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley 919, ley de Seguridad Soberana, presentó en la Corte Suprema de Justicia un grupo de representantes de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil

Seguridad Soberana entró en vigencia y Jurista dice que no debe ser acatada “porque roza con derechos políticos y constitucionales”.

Los diputados de la Bapli tienen hasta el jueves para presentar su dictamen de minoría, el cual estará respaldado con la consulta a especialistas en temas de Seguridad y organismos de la sociedad civil

El presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, mandó a la Asamblea Nacional el pasado 9 de octubre un anteproyecto de ley denominado Ley de Seguridad Soberana, cuyo contenido ha generado hondo temor.

La diputada Palacios explicó que “si el proponente de la Ley decide hacer una revisión de la misma, se lo pide a la Secretaría y se le envía la Ley”, contestando de esta manera a la pregunta de que si esta revisión significa que la iniciativa de Ley se le devolvió al ejecutivo.

Asegurada la reelección, a través de la infame sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el artículo 147, y fortalecido el control de los poderes del Estado a través de la resurrección de la vigencia del segundo párrafo del artículo 201 transitorio de la Constitución,