Especialistas consideran que el lavado de dinero en el país no proviene únicamente del narcotráfico, sino de otro tipo de flujos, muchas veces promovido por la corrupción.

Un ejemplo claro y reciente de las arbitrariedades contra los trabajadores es el de Eliseo Maradiaga Andrade, quien era trabajador del Banco Central de Nicaragua, en el área de seguridad electrónica, quien fue corrido en el 2009 sin justa causa y violando el fuero sindical.

En el 80 por ciento de los casos que recurren de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se les confirma la pena impuesta en primera y segunda instancia.

La forma encontrada por las instituciones del Estado para invisibilizar el delito de femicidio en Nicaragua es, a criterio de defensoras de mujeres, la tipificación ese tipo de crímenes cometidos contra mujeres, como homicidio o asesinato.

Mi artículo Ilegalidades de las sentencias sobre el PLI y el PAC demuestra la instrumentalización política de la Sala Constitucional para dejar sin opciones a la oposición nicaragüense de participar en los próximos comicios generales.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) Florentín Meléndez, acusó este 23 de marzo al Ejército y a la Fiscalía de incumplir sentencias de dicho tribunal que ordenan "investigar y abrir expedientes judiciales" en casos de crímenes de guerra.

El gobierno hondureño propuso este lunes 16 de marzo aumentar las penas a pandilleros y aislar los reos más peligrosos, con dos leyes dirigidas a endurecer el combate al crimen organizado tras recientes asesinatos de gran impacto.

Después de serios señalamientos a fallos judiciales por parte de la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, quien las llamó “sentencia arbitrarias” para justificar el no cumplimiento de las órdenes de libertad para reos, el magistrado de facto de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, expresó ayer que cumplen con la ley.

Rafael Solís, magistrado de facto del poder judicial, defendió hoy las sentencias de jueces y magistrados diciendo que todas están apegadas a derecho, contrario a lo dicho por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales.