El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el pasado 30 de noviembre de los corrientes pidió al parlamento aprobar con carácter de urgencia tres leyes que en nombre de la defensa, seguridad y cuido de la soberanía, que establecen el reclutamiento y la subordinación de la sociedad y sus recursos al Ejército de Nicaragua, en caso de amenazas, agresiones o injerencia extranjera al país y de manera altamente sospechosa, para garantizar el “orden democrático establecido”. Esas leyes ponen al Ejército por encima del poder civil dándole amplias facultades constitucionales, dejando también abierto a instaurar una milicia popular llegando hasta el Servicio Militar, estableciendo un régimen militar al Estado, juzguen ustedes qué significa esto y espero que los mismos sandinistas se den cuenta que Ortega no ha cambiado en sus pretensiones guerreristas con el afán de mantener el poder a cualquier costo y recuerden las palabras del señor Tomás Borge, expresando “que hay FSLN para rato, cueste lo cueste”, y parece que ya empezaron a prepararse, para una eventual derrota electoral aprovechando la situación de Costa Rica.