JANELYS CARRILLO BARRIOS
El miércoles empezaron a cumplir a medias una condena de seis y doce años de prisión respectivamente que impuso el Juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, Sabino Hernández, a los guatemaltecos Edgard Monterroso y Juan Pablo Galindo, declarados culpables de los delitos de estafa, defraudación y asociación para delinquir.
La comisión de estos delitos habría dejado pérdidas económicas a la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), por el orden de los dos millones de córdobas, mediante la instalación de una empresa llamada Internet Security System, S.A. (ISSSA).
Dicha empresa supuestamente fue concebida para prestar servicios de consulta telefónica de tarjetas de crédito, en razón de lo cual los guatemaltecos habían solicitado 20 líneas a ENITEL, robándole la señal satelital.
El 18 de mayo pasado, un Tribunal de Jurados halló culpables a Monterroso y Galindo por los citados delitos cometidos el año pasado, cuando este último dirigió las operaciones para que el primero instalara un telepuerto en un módulo del centro comercial Plaza Inter.
En el caso de Monterroso, el Juez Hernández le impuso tres años de prisión por el delito de estafa y tres por defraudación y asociación para delinquir, tomando en cuenta elementos atenuantes a su favor, tales como que no tiene antecedentes delictivos, no es una persona peligrosa y que actuó bajo una relación de dependencia con respecto a Galindo.
Pero en el caso de éste, el judicial más bien esgrimió una serie de agravantes como el hecho de haber introducido al país las computadoras, antenas y demás equipos “con ánimo de defraudar al fisco y ocultar el nombre y marca de las máquinas”. Cabe mencionar que Galindo fue procesado y condenado en ausencia.
Por esas razones, Hernández dictó seis años de prisión por el delito de estafa y seis por defraudación y asociación para delinquir contra Galindo.
El dictamen judicial también señala que no entregará a ENITEL los bienes incautados porque no calculó el monto de los mismos, diligencia que deberá practicarse a lo inmediato.
Asimismo, hizo ver que ENITEL se limitó a expresar que el perjuicio económico sufrido fue de dos millones de córdobas pero nunca lo probó jurídicamente por medio de la prueba pericial establecida para el caso.