Las investigaciones de la Policía sobre la fuga de tres reos con una orden de libertad falsa, en la Penitenciaría de Chinandega, fueron extendidas a Managua, donde las autoridades detuvieron al abogado Ricardo Polanco, por estar presuntamente implicado en el hecho.
El caso, que ha cobrado relevancia porque permitió la fuga de tres narcos guatemaltecos, provocó no sólo la destitución y la baja deshonrosa del jefe del penal, Ramiro Jaén, y de la jefa del control de detenidos, María Emilia Mairena, por parte del Ministerio de Gobernación, sino también la detención de ambos, junto al abogado de esa localidad, Emilio Molina Peña.
Ayer la Policía Nacional remitió el informe de las investigaciones al Ministerio Público, confirmó la segunda jefa de Relaciones Públicas de la Policía, comisionada Vilma Rosa González.
La vocera policial se limitó a confirmar que los abogados Polanco Alvarado y Molina Peña, así como Jaén y Mairena, están detenidos y pasados a la orden del Ministerio Público, por los delitos de falsificación de material de documentos públicos, facilitar la evasión y quebrantamiento de sentencias. No obstante, González manifestó que aún continúan las investigaciones del caso, que será radicado en Chinandega.
Extraoficialmente se conoce que Polanco es el abogado que habría entregado el documento falso al abogado de Chinandega Emilio José Molina Peña, a quien la Policía detuvo en la frontera cuando junto con su cónyuge, de origen hondureño, pretendían abandonar el país.
- Bajo las órdenes del comisionado Marvin Ordóñez Palma, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, los agentes allanaron a las 5: 30 de la mañana del jueves la vivienda de los padres del abogado Emilio José Molina Peña, de 30 años, en el reparto Erick Ramírez, de Chichigalpa.
En los allanamientos se ocupó una serie de documentos, expedientes, fotocopias, escrituras, con énfasis en el protocolo.
La noche del jueves un médico y una enfermera atendieron al alcaide Ramiro Jaén Castillo, ante las recaídas por las dificultades de diabetes e hipertensión, luego se le trasladó a Managua para continuar las investigaciones, junto a la primera alguacil María Emilia Mairena, jefa del control penal.
El doctor Luis Pérez Carmona precisó que Jaén bajo ningún argumento se encuentra detenido y le han violentado las 12 horas reglamentarias para investigarlo desde la tarde del martes.
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De acuerdo con las fuentes, a Molina Peña le habrían pagado entre 10 mil y 15 mil dólares, sólo por presentar el documento falso casi a las 5:00 p.m., cuando el Poder Judicial salía de vacaciones el pasado 19 de diciembre, lo que permitió que los reos guatemaltecos Carlos Saúl Zúniga Pérez, César Augusto Jordán González y Olgeo Morales Hernández huyeran del país.
Otras fuentes señalan que tres agentes de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) habrían acompañado a Molina Peña al penal de esa localidad, para sacar a los tres narcotraficantes con la orden de libertad falsa y llevarlos hasta el puesto fronterizo de El Guasaule.
Como parte de las investigaciones, la Policía llamó a declarar al jefe de la DGME en Chinandega, confiaron las fuentes. González se limitó a aseverar que las investigaciones continúan.
Una fuente judicial indicó que lo normal en estos casos es que la Dirección de Migración y Extranjería otorgue un salvoconducto a los reos extranjeros para que puedan salir del país, lo que no se hizo en este caso de los reos guatemaltecos, cuyos pasaportes aún se mantienen bajo custodia de las autoridades nicaragüenses.
Cuando un reo tiene orden de libertad, las autoridades de cada penal deben verificar con la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional que el mismo no tenga cuentas pendientes con la justicia, lo cual tampoco se hizo en la liberación de los tres narcos guatemaltecos, añadió la fuente judicial.
A través de un comunicado emitido ayer, el Ministerio de Gobernación anunció que formó una comisión investigadora del caso, para establecer las responsabilidades en los hechos.
“La Dirección Superior del Ministerio de Gobernación ha girado las instrucciones necesarias para continuar profundizando la investigación policial y administrativa para adoptar las medidas ejemplares que la gravedad del caso amerita”, señala Gobernación en su comunicado.
La orden de libertad con membrete y sello de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también presentaba la supuesta firma del secretario de la Sala Penal, José Antonio Fletes, quien presentó la denuncia ante la Policía.
El presidente de la Corte, magistrado Manuel Martínez, afirmó que nunca en el Poder Judicial había ocurrido una falsificación de un documento de las altas autoridades judiciales, y que por lo tanto la Corte investigará a fondo el caso y no perdonará a quienes se encuentren involucrados.
El magistrado Martínez dijo que viajaría a Chinandega para hacer algunas averiguaciones y a ponerse en contacto con las autoridades policiales que se harán cargo de las investigaciones.
El presidente de la Sala Penal, Armengol Cuadra, para descartar cualquier posibilidad, ordenó que todos los empleados de dicha sala sean investigados.
Fletes indicó que él fue el primero en declarar en la Policía, donde explicó que la letra en el membrete de la sentencia falsificada es más pequeña que la oficial que se utiliza en la Sala Penal de la Corte, y además él siempre firma cada hoja de la sentencia invadiendo las letras de la misma y en la falsificada la firma aparece fuera de los bordes del escrito.
La sentencia falsificada dice que es la 274 de la Sala Penal en el año 2009, pero Fletes informó que el año pasado la Sala Penal sólo dictó 192 sentencias. Otra muestra de que son falsas la sentencia absolutoria a los tres narcos guatemaltecos y la orden de libertad a favor de ellos es que la sentencia falsa no está firmada por el magistrado Rafael Solís, quien estuvo en la audiencia de casación que se realizó a los procesados, explicó Fletes.
Según lo que dice la sentencia falsa, ésta se habría emitido el viernes 18 de diciembre del 2009, el último en que se laboró en el Poder Judicial durante el año pasado, pero la responsable de la oficina de Servicios Generales de la Corte, María Auxiliadora Calderón Flores, certificó que el abogado Emilio José Molina Peña no ingresó al recinto de la Corte durante el día 18 de diciembre del 2009.
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