El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) no avaló la actuación ilegal de la Procuraduría General de la República (PGR) ante el Poder Judicial, al rechazar una “invitación” que por escrito le hizo su titular, Hernán Estrada, para brindar acompañamiento en las audiencias orales de la Sala Penal que han sido convocadas por los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra.
En la ampliación los abogados señalan que el pasado martes, frente al Hotel Holiday Inn, Solís, megáfono en mano, ante sus seguidores y con la presencia de funcionarios judiciales y del abogado Cuadra se dedicó a incitar a la violencia y alterar el orden público.
Refieren los denunciantes que con el azuzamiento permanente de parte de Solís, éste logró exaltar y exacerbar los ánimos de un grupo de manifestantes hasta causar daños a la propiedad privada, “y lo peor, pusieron en grave riesgo la vida y seguridad física de las personas que se encontraban allí”.
En la misma señalan que amplían la denuncia en contra del presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, el orteguista Gerardo Rodríguez y del secretario del sindicato del Poder Judicial, Carlos Tinoco, “como coautores de los hechos delictivos y vandálicos”. Este último no goza de inmunidad. Insisten en que la Fiscalía cite a la Directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, para que informe sobre las acciones que tomaron para proteger la propiedad privada.
Consultado sobre la ampliación de la denuncia en su contra por los abogados, el ex magistrado Rafael Solís indicó que ya no seguirá brindando declaraciones sobre el tema, ni sobre el conflicto por la legalidad del decreto del presidente Daniel Ortega y la vigencia del segundo párrafo constitucional 201, que según él le permiten continuar como magistrado judicial aunque ya se venció su período. “Ya está todo normal en la Corte (lo cual no es cierto), no voy a seguir brindando declaraciones sobre esos temas. Quiero bajar el gas”, afirmó Solís.
Lulio Marenco manifestó que introducen la denuncia, aunque estimó que en la Fiscalía General de la República no han querido dar trámite a ninguna denuncia contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
(COLABORACIÓN DE EDUARDO CRUZ)
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Según la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, Estrada pretendió que ese organismo avalara la actuación ilegal de la PGR ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), invitándolos a “brindar acompañamiento” en casos relacionados con delitos sexuales.
Núñez calificó “de trampa” la invitación de Estrada, pues recordó que hay un antecedente cuando éste hizo graves advertencias desde la entrada principal de ese organismo en noviembre del 2008, después de los hechos violentos provocados por orteguistas, días después de los comicios municipales. “Si el comandante Daniel Ortega dispusiera llamar a las calles (a sus seguidores) no quedaría piedra sobre piedra sobre este país y sobre ninguna emisora y sobre ningún medio de comunicación que lo adversa. Gracias a Dios no lo ha hecho”, fue la frase de Estrada que recordó Núñez.
La defensora de derechos humanos señaló que en ocasiones anteriores Estrada ha invitado a ese organismo a participar en investigaciones, para después decir que es el Cenidh que no quiere colaborar.
“Quiere que el Cenidh se ponga al servicio de los intereses de la Procuraduría, eso es una trampa, un ardid, para después salir diciendo el Cenidh no quiere trabajar en la solución de los derechos humanos con el Gobierno”, manifestó Núñez.
Consideró que Estrada “llega como paracaidista para fortalecer la destrucción de la institucionalidad que ya han impulsado en la Corte Suprema de Justicia los ex magistrados que serán en la historia de Nicaragua de triste recordación: Rafael Solís y Armengol Cuadra”.
En cuanto a la invitación, el Cenidh respondió al procurador Estrada que la función de representar a las víctimas de los delitos sexuales corresponde exclusivamente al Ministerio Público.
El Cenidh le señaló a Estrada que “no puede legitimar la participación de la PGR en los casos de delitos sexuales ni en otros casos, en tanto es ilegal, dado que esa institución (la PGR) se está arrogando funciones que no le competen”.
Según Estrada, esta “intervención” es con el fin de “garantizar y tutelar que las acciones tendientes a resolver los conflictos y el restablecimiento del orden y el equilibrio social” se cumplan en esa institución.
Sin embargo, en la carta firmada por Núñez le instó a Estrada “abstenerse de participar en las audiencias convocadas por la Sala Penal, pues su actuación se está sumando al irrespeto y violencia institucional que afecta el derecho a la seguridad jurídica y garantías al debido proceso establecido en nuestra Constitución Política e instrumentos internacionales de derechos humanos de las partes procesales y de la sociedad en general”.
UTILIZACIÓN DE MAREROS
La presidenta del Cenidh criticó también la posible utilización de mareros salvadoreños en los sucesos violentos de los últimos días. Dijo que la confrontación no es entre sectores sociales que reclaman sus derechos, contra la autoridad pública, sino “confrontados a fuerzas delincuenciales contratadas y lanzadas a la calle para ejercer el terrorismo de Estado, que es lo que está ocurriendo en este país”.
“Yo no creo que las Maras Salvatruchas vengan patrióticamente a defender una causa que yo no sé si les pertenece”, dijo Núñez, tras apuntar que ha sido demostrado a través de vídeos de los medios televisivos y fotografías que ayer publicó LA PRENSA.
La presidenta del Cenidh también denunció que el organismo que preside “ha sido objetivizado”.
“Se está orquestando una nueva campaña desde los medios de comunicación, diciendo que una anciana, a mí no me importa que me digan anciana, está ridículamente llamando a la violencia, que estoy promoviendo el derramamiento de sangre, ésa es ignorancia”, sostuvo Núñez. Es por ello que invitó al orteguismo a que lean la Declaración Universal de Derechos Humanos, que indica que cuando los espacios se cierran y no hay posibilidad de defender los derechos humanos con la ley, “no te queda más que recurrir a la rebelión frente a la tiranía y la opresión”, lo que consideró ocurre en Nicaragua.
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